Project
Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
Partners:
Proyectos relacionados
Países miembros de la Organización Mundial del Comercio deben asumir la responsabilidad de lograr un acuerdo sobre subsidios pesqueros
Lamentamos que la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), realizada hoy en Ginebra, no haya logrado concretar un acuerdo sobre subsidios pesqueros, una medida urgente para lograr un manejo efectivo de nuestros recursos pesqueros, así como para garantizar la seguridad alimentaria mundial y los modos de vida de comunidades costeras. Reconocemos al mismo tiempo que las negociaciones se encuentran en una fase avanzada y que finalmente contamos con un borrador de texto. Queremos destacar el compromiso y la participación de las delegaciones de América Latina, entre ellas las de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Perú y Uruguay. Exhortamos a todos los países miembros de la OMC a que asuman la gran responsabilidad de lograr pronto un acuerdo. Tras dos décadas de negociaciones, los plazos para culminarlas y alcanzar un acuerdo se han incumplido repetidamente. Aunque las negociaciones comenzaron oficialmente en 2001, no fue hasta la Conferencia Ministerial de 2017 cuando los países se comprometieron a tomar acciones y a lograr un acuerdo en la siguiente conferencia, que iba a tener lugar en diciembre de 2020, pero que fue suspendida por la pandemia. Este compromiso responde además al cumplimiento de la meta 14.6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Esa meta establece que para 2020 se prohíban “ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la capacidad de pesca excesiva y la sobreexplotación pesquera”, así como “eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole, reconociendo que la negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco de la Organización Mundial del Comercio debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y los países menos adelantados”. Según estimaciones recientes, los gobiernos gastan 35 mil millones de dólares cada año para apoyar a sus sectores pesqueros, de los cuales 22 mil millones representan subsidios negativos, que promueven la sobrepesca. Esa práctica resulta en datos alarmantes, entre ellos que el 63% de las poblaciones de peces a nivel mundial necesitan ser reconstruidas y que, de acuerdo con un informe de la FAO de 2020, el 34% de ellas se pesca a niveles "biológicamente insostenibles”. Mientras el acuerdo se concreta, es necesario seguir trabajando para procurar la sostenibilidad de los recursos pesqueros. Instamos a los países miembros de la OMC a definir sin más demora compromisos en ese sentido a nivel nacional y regional. De nuestro lado, seguiremos trabajando de la mano de los gobiernos para lograr un acuerdo ambicioso. Es imperativo adoptar reglas sólidas, eliminar la posibilidad de crear vacíos jurídicos y aprovechar la oportunidad para establecer políticas oceánicas orientadas a lograr una mayor sostenibilidad, garantizando la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales y futuras, así como la conservación de nuestros recursos pesqueros. CONTACTO DE PRENSA Victor Quintanilla (México), [email protected], +525570522107
Leer más
Organizações internacionais pedem ao estado colombiano que proteja e garanta os direitos humanos e o meio ambiente saudável
As organizações internacionais que firmam este documento – dedicadas à defesa ambiental, climática e dos direitos humanos - expressam sua profunda preocupação com a grave crise humanitária e de direitos humanos na Colômbia, no contexto das manifestações sociais que vêm ocorrendo desde 28 de abril. Também rejeitam todas as formas de violência e reiteram a importância de respeitar os direitos humanos, a Constituição e o Estado de direito. De acordo com informações coletadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, desde o início dos protestos mais de 50 pessoas perderam suas vidas, 132 pessoas foram dadas como desaparecidas, e pelo menos 87 casos de violência sexual foram relatados. Organizações nacionais e internacionais de direitos humanos e a mídia registraram graves atos de abuso policial no contexto dos protestos, bem como a participação de civis em atos de repressão e ataques com armas de fogo contra manifestantes, com a anuência ou tolerância de alguns membros das forças de segurança pública. Tal como reconheceu a CIDH, "muitas das demandas dos protestos sociais estão intimamente relacionadas com os desafios estruturais subjacentes à profunda desigualdade social e à violência histórica no país, com efeitos especiais sobre as pessoas pertencentes a grupos étnico-raciais”. Portanto, destacamos a necessidade de reconhecer a justiça ambiental, a relação entre um meio ambiente saudável e os direitos humanos, a garantia dos direitos de acesso e o fortalecimento do Estado social de direito como elementos essenciais e necessários para superar a injustiça ambiental e climática. Nos solidarizamos com as exigências do movimento ambiental colombiano que reiterou pacificamente a urgência, entre outras coisas, de proteger a vida e a integridade dos defensores do meio ambiente; de parar o desmatamento, especialmente na Amazônia; de controlar os impactos da mineração; evitar o avanço da extração de combustíveis fósseis através de métodos que prejudicam as pessoas e os recursos hídricos; respeitar a consulta livre, prévia e informada e as consultas populares como mecanismos legais e legítimos de participação; e garantir a proteção integral das bacias hidrográficas e dos ecossistemas estratégicos como bens comuns. Exortamos o Estado da Colômbia a garantir o marco internacional ambiental e de direitos humanos destinada a promover a governança e a justiça climática e ambiental. Instamos, especialmente, o Estado colombiano a: Reconhecer a relação interdependente e indivisível entre proteção ambiental, desenvolvimento sustentável e direitos humanos, conforme destacado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Garantir e respeitar os direitos humanos consagrados no direito internacional, especialmente o direito ao protesto social como manifestação do direito à liberdade de expressão e de reunião pacífica, como insiste a ONU. Promover canais eficazes de diálogo para que os membros do movimento ambiental colombiano, em sua qualidade de defensores do meio ambiente, possam levantar seus pontos de discussão no âmbito de protestos sociais pacíficos. Tudo isso deve ocorrer respeitando e garantindo os mecanismos de participação ambiental. Reforçar os direitos de acesso em matéria ambiental como elemento essencial para evitar conflitos ambientais. Neste sentido, enfatizamos a urgência de que o Estado colombiano ratifique o Acordo de Escazú como um mecanismo para garantir a implementação dos direitos de acesso à informação ambiental, participação pública nas decisões ambientais e acesso à justiça em matéria ambiental. Proteger a vida e a integridade dos defensores do meio ambiente, que são ameaçados, atacados e assassinados no exercício de suas funções. Garantir a devida diligência ambiental e o cumprimento dos princípios de prevenção e precaução em projetos que possam gerar impactos ambientais. Fortalecer as estruturas nacionais destinadas a alinhar as indústrias extrativas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Convenção sobre Diversidade Biológica, a Convenção de Minamata e o Acordo de Paris. Implementar as ações necessárias para cumprir o Acordo de Paris, alinhando os compromissos climáticos nacionais com o acordo e estabelecendo um caminho claro para a descarbonização e redução do uso de outros combustíveis fósseis, como parte de uma transição energética baseada na justiça climática. Finalmente, instamos o Estado colombiano a promover espaços reais de diálogo para avançar no reconhecimento dos pontos mencionados acima, promovendo uma agenda que reconheça os problemas socioambientais do país, a relação entre a satisfação dos direitos humanos e a garantia de viver em um ambiente saudável com justiça ambiental e climática, e a urgência de incorporar uma análise ambiental, climática e territorial nas soluções para superar a crise. Assinam: 350.org América Latina ABColombia Acceso a la Justicia Arbeitsgruppe Schweiz Kolumbien ask! Asociación de pescadores artesanales del golfo de Fonseca Honduras APAGOLF Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente Asociación Movimiento SER Asociación Pro Derechos Humanos Bicitekas ac CAFOD Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación Centro de Capacitacion Social Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM) Centro de Información sobre Empresas y Derechos humanos, CIEDH Clima21 - Ambiente y Derechos Humanos Comisión de Derechos Humanos de El Salvador Comisión de Derechos Humanos, COMISEDH Comisión Ecuménica de Derechos Humanos Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador CUCOMITAE DKA Austria Earthrights International Federación Agrominera del sur de Bolívar Foundation for the Conservation of the Earth Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) Fundación para la Promoción de los Derechos Humanos y Justicia de Paz Fundación Tláloc, México Fuscamina Colombia Germanwatch Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC) Instituto de Estudios Ecuatorianos Instituto Socioambiental –ISA International Women's Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW Asia Pacific) Justiça nos Trilhos Laboratorio de Cambio Social, Chile Lok Shakti A bhiysn OCA Observatorio Conflictos Ambientales ONG Defensoría Ambiental Oxfam Parents For Future Argentina Sinestesia ONG SOCIEDADE PARAENSE DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS - SDDH TANDARI Asamblea de Jóvenes por la Sostenibilidad (Ecuador)
Leer más
Organizaciones internacionales llaman al estado colombiano a proteger y garantizar los derechos humanos y el ambiente sano
Versión en portugués Las organizaciones internacionales abajo firmantes —dedicadas a la defensa del ambiente, el clima y los derechos humanos— expresamos nuestra profunda preocupación ante la grave crisis humanitaria y de derechos humanos que se vive en Colombia en el marco de las protestas sociales que han tenido lugar desde el pasado 28 de abril. Asimismo, rechazamos toda forma de violencia y reiteramos la importancia de respetar los derechos humanos, la Constitución y El Estado de Derecho. Según información recabada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde el inicio de las protestas, más de 50 personas habrían perdido la vida, 132 personas fueron reportadas como desaparecidas y se denunciaron al menos 87 casos de violencia sexual. Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y medios de comunicación han registrado graves hechos de abuso policial en el marco de las protestas, así como la participación de civiles en actos de represión y en ataques con armas de fuego en contra de las personas manifestantes, actuación que tendría la aquiescencia o tolerancia de algunos miembros de la fuerza pública. Tal como lo reconoció la CIDH, “muchas de las demandas de las protestas sociales guardan estrecha relación con los desafíos estructurales que subyacen a la profunda desigualdad social y la violencia histórica en el país, con especial afectación en las personas pertenecientes a los grupos étnico-raciales”. Por ello, resaltamos la necesidad de reconocer la justicia ambiental, la relación entre el ambiente sano y los derechos humanos, la garantía de los derechos de acceso y el fortalecimiento del Estado social de derecho como elementos esenciales y necesarios para superar la injusticia ambiental y climática. Adicionalmente, nos solidarizamos con las reivindicaciones del movimiento ambiental colombiano que ha reiterado pacíficamente la urgencia, entre otras cosas, de proteger la vida e integridad de los defensores y defensoras ambientales; detener la deforestación, especialmente en la Amazonía; controlar los impactos de la minería; evitar de avance de la extracción de combustibles fósiles a través de métodos que dañan a las personas y los recursos hídricos; respetar la consulta previa, libre e informada y las consultas populares como mecanismos legales y legítimos de participación; y de garantizar la protección integral de las cuencas hidrográficas y ecosistemas estratégicos como bienes comunes. Instamos al Estado de Colombia a garantizar el marco ambiental internacional y de derechos humanos dirigido a promover la gobernanza y la justicia climática y ambiental. Urgimos especialmente a que el Estado colombiano: Reconozca la relación de interdependencia e indivisibilidad entre la protección del ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos, tal como lo resaltó la Corte IDH. Garantice y respete los derechos humanos consagrados en el derecho internacional, especialmente el derecho a la protesta social como una una expresión del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica como ha insistido la ONU. Promueva los canales de diálogo efectivos para que, quienes hacen parte del movimiento ambiental colombiano, en su calidad de defensores y defensoras ambientales, puedan dirigir sus puntos de discusión en el marco de las protestas sociales pacíficas. Todo ello, en respeto y garantía a los mecanismos de participación ambiental. Fortalezca los derechos de acceso en materia ambiental como elementos esenciales para evitar conflictos ambientales. En este sentido, enfatizamos la urgencia de que el Estado colombiano ratifique el Acuerdo de Escazú como mecanismo para garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en las decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Proteja la vida e integridad de las personas defensoras ambientales, quienes son amenazadas, atacadas y asesinadas en el ejercicio de sus acciones. Garantice la debida diligencia ambiental y el cumplimiento de los principios de prevención y precaución en proyectos que puedan generar impactos ambientales. Fortalezca los marcos nacionales orientados a que las industrias extractivas estén alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Convenio de Minamata y el Acuerdo de París. Implemente las acciones necesarias para dar cumplimiento al Acuerdo de París, alineando los compromisos climáticos nacionales a lo dispuesto por el acuerdo y fijando un camino claro hacia la descarbonización y la reducción del uso de otros combustibles fósiles, en el marco de una transición energética que tenga como base a la justicia climática. Finalmente, instamos al Estado colombiano a que promueva espacios de diálogo reales para avanzar en el reconocimiento de los puntos señalados; propiciando una agenda donde se reconozca la problemática socioambiental del país, la relación entre la satisfacción de los derechos humanos y la garantía de vivir en un ambiente sano con justicia ambiental y climática, y la urgencia de incorporar un análisis ambiental, climático y territorial a las soluciones para superar la crisis. Suscriben: 350.org América Latina ABColombia Acceso a la Justicia Arbeitsgruppe Schweiz Kolumbien ask! Asociación de pescadores artesanales del golfo de Fonseca Honduras APAGOLF Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente Asociación Movimiento SER Asociación Pro Derechos Humanos Bicitekas ac CAFOD Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación Centro de Capacitación Social Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM) Centro de Información sobre Empresas y Derechos humanos, CIEDH Clima21 - Ambiente y Derechos Humanos Comisión de Derechos Humanos de El Salvador Comisión de Derechos Humanos, COMISEDH Comisión Ecuménica de Derechos Humanos Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador CUCOMITAE DKA Austria Earthrights International Federación Agrominera del sur de Bolívar Foundation for the Conservation of the Earth Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) Fundación para la Promoción de los Derechos Humanos y Justicia de Paz Fundación Tláloc, México Fuscamina Colombia Germanwatch Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC) Instituto de Estudios Ecuatorianos Instituto Socioambiental –ISA International Women's Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW Asia Pacific) Justiça nos Trilhos Laboratorio de Cambio Social, Chile Lok Shakti A bhiysn OCA Observatorio Conflictos Ambientales ONG Defensoría Ambiental Oxfam Parents For Future Argentina Sinestesia ONG SOCIEDADE PARAENSE DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS - SDDH TANDARI Asamblea de Jóvenes por la Sostenibilidad (Ecuador)
Leer más