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Preservando el legado de la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo
Elevándose abruptamente desde las costas del Caribe colombiano, la Sierra Nevada de Santa Marta alcanza los 5.775 metros de altura en sus picos Bolívar y Colón. Es el sistema montañoso costero más alto del mundo y un sitio donde la sabiduría de la naturaleza y la indígena convergen.
El macizo montañoso conforma un territorio único en el que existen todos los pisos térmicos y donde la variedad de ecosistemas, animales y plantas es exuberante. Allí el mar está muy cerca de montañas y de nevados cuyo deshielo forma ríos y lagunas.
Pueblos indígenas protegen y cuidan esta riqueza natural con la autoridad que heredaron de sus antepasados. Se trata de los pueblos Arhuaco, Kogi, Wiwa y Kankuamo. En su cosmovisión, el territorio es sagrado e implica la comunión entre seres humanos, animales, plantas, ríos, cerros y divinidades ancestrales.
Pero su opinión no ha sido tomada en cuenta para el desarrollo de proyectos en la zona. Actualmente la existencia de la Sierra Nevada de Santa Marta está gravemente amenazada por 251 concesiones mineras, proyectos de hidroeléctricas, ganadería, urbanizaciones extensivas y obras de infraestructura.
Muchas de las concesiones fueron otorgadas sin procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, lo que constituye una vulneración masiva, persistente y generalizada a sus derechos.
La minería —al implicar la contaminación y sedimentación de caudales— pone en riesgo la fuente de agua de los departamentos de Magdalena, César y Guajira, que se abastecen de los más de 30 ríos que nacen en la Sierra.
Todo ello ha hecho que este paraíso natural esté borde del no retorno, al igual que la vida tradicional de los pueblos indígenas, que depende enteramente de su territorio, de su espacio de sitios sagrados.
La Sierra alberga al parque arqueológico Ciudad Perdida, conocida como Teyuna, cuna de la civilización Tayrona y —según la tradición— origen de la naturaleza y corazón del mundo.
Los cuatro pueblos guardianes de la Sierra no están dispuestos a permitir que este legado natural y cultural desaparezca.
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Blog invitado de Javiera Valencia Espinoza, geógrafa y especialista en cambio climático, Fundación Terram. Es la tercera vez que la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet asiste a un segmento de alto nivel en la Conferencia de las Partes (COP) de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es, por ende, la tercera ocasión en la que un primer mandatario de Chile realiza un gesto político que destaca la importancia de contar con un acuerdo mundial para frenar los impactos del cambio climático. El discurso de Bachelet en la COP22 —realizada del 7 al 18 de noviembre en Marrakech, Marruecos— fue propositivo. Mencionó avances importantes, como la entrega de la Estrategia Nacional de Cambio Climático de Recursos Vegetacionales o que el Acuerdo de París ya se encuentra en el Congreso chileno a la espera de su ratificación. También destacó la creación de la Agencia de Cambio Climático (instancia de articulación público-privada que pretende abordar temáticas de adaptación y mitigación), el enfoque de género y protección de la infancia para las políticas públicas relacionadas; y la meta de lograr un 70% de energías renovables al 2050. Asimismo, la Jefa de Estado abordó el liderazgo de Chile en la protección de los océanos —junto con Francia y Mónaco— y su implicancia con el Acuerdo de París. Finalmente, se refirió al avance en la entrega de documentos técnicos a la Secretaria de Naciones Unidas, como la Tercera Comunicación Nacional y el Segundo Reporte Bienal de Actualización. Sin embargo, desde la sociedad civil no sólo agradecemos el correcto discurso, sino que también solicitamos consistencia y coherencia real entre lo que se menciona y lo que se hace a diario. Así, se necesita financiamiento concreto para las medidas adoptadas y para la implementación de las llamadas Contribuciones Nacionales Determinadas (o NDC por sus siglas en inglés), porque también es imprescindible aumentar la ambición de éstas últimas, y además, generar acciones en distintos niveles, especialmente para paliar los efectos el cambio climático a nivel local. En las Conferencias de las Partes, se presentan grandes oportunidades para hacer gestos políticos de importancia, pero necesitamos traducir los buenos discursos en medidas concretas y eficaces, ya que tiempo es de lo que menos disponemos para actuar frente al calentamiento global. La vulnerabilidad de Chile es muy alta y es valorable que la Presidenta señale que nuestro modelo de crecimiento no es sustentable y que necesitamos migrar a una sociedad baja en carbono. El problema es cómo implementarlo, partiendo por la necesaria voluntad de todos los sectores técnicos-políticos de la administración del Estado. La toma de decisiones debe incorporar transparencia —y acceso a la información—, además de una real inclusión de la sociedad civil (no solo privados), especialmente para aquellas medidas que impactan directamente a los territorios, sus comunidades y ecosistemas. Con el Acuerdo de París se abrió un gran espacio para que la toma de decisiones sea respetuosa y con visión de largo plazo para evitar impactos dañinos. Existe una oportunidad para que, desde el compromiso que tiene Chile en la materia, el avance sea propositivo y se elaboren las reformas necesarias para modificar las actuales carencias en materia ambiental, y no seguir cometiendo los mismos errores — “sin dar paso atrás” — como lo mencionó Bachelet en su discurso.
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Marcelo Salazar, Instituto Socioambiental (ISA) Traducción de AIDA del blog publicado originalmente por ISA Jarliel murió cuando se sumergía a 25 metros de profundidad para pescar. Uno de sus hermanos culpa a la represa Belo Monte por haber llevado a los peces hacia aguas profundas, cuando antes estaban en cascadas o en aguas poco hondas, obligando así a los pescadores a inmersiones más peligrosas. Jarliel Juruna o “Jarla”, de 20 años, murió el 26 de octubre al sumergirse para pescar acari marrom, un tipo de pez. Estaba a unos 25 metros de profundidad cuando dejó de respirar y, ya sin vida, fue jalado a la superficie. Fue una tragedia para la Aldea Mïratu, en la Tierra Indígena Paquiçamba, una tragedia para los Juruna* de la Volta Grande, y una tragedia para el río Xingú, en la Amazonía brasileña. Dejó a sus padres, hermanos, esposa e hijo recién nacido sin saber qué hacer ni a dónde ir, atónitos… En un silencio casi absoluto, Giliarde Juruna, cacique de la Aldea Mïratu y hermano de Jarliel, mantuvo la mirada fija en el bosque detrás de la casa de paja donde está la cocina de la comunidad. Otro de sus hermanos, Jair Juruna, el “Negão”, estaba indignado: “Nunca necesitamos pescar acari en aguas tan profundas, pero con la represa los peces que estaban justo allí, en la cascada y en las aguas poco hondas, desaparecieron, y tenemos familias que mantener. Norte Energía (empresa constructora de la represa) está jugando con nosotros. ¿Dónde están los proyectos productivos? Si las cosas estuvieran funcionando, tendríamos otros trabajos y no arriesgaríamos nuestras vidas para mantener a nuestras familias. Ahora miren los resultados”. Al otro lado del continente, en Perú, Bel Juruna representaba a su pueblo en una reunión con otros líderes indígenas de América Latina. Allí hablaba justamente de la violencia ejercida por Belo Monte sobre su comunidad y sobre el Xingú. Cuando se enteró de la noticia, quedó destrozada. No pudo llegar a tiempo al entierro de Jarliel, su hermano más joven y a quien ayudó a criar. Jarla era un joven alegre y juguetón, muy dedicado, que estaba concluyendo el bachillerato y soñaba con pronto entrar a la universidad. Era uno de los guerreros de su pueblo, estuvo en varias de las ocupaciones pacíficas de la represa Belo Monte para luchar por los derechos de los indígenas del Xingú. Algún día, la historia completa detrás de Belo Monte será contada y los impactos reales de la represa en la vida de las comunidades del Xingú, serán reconocidos. Que Jarla se sume ahora al gran guerrero Mïratu en otro plano y una sus esfuerzos a los de quienes se quedaron en la tierra para luchar contra Belo Monte y contra otras formas de destrucción de las comunidades indígenas y tradicionales del Xingú. *Los dueños del río Los Yudja, o Juruna, como son conocidos en la región, viven en las islas y márgenes del Xingú. Son los “dueños del río” por el gran conocimiento que tienen del caudal y por haber migrado, en los últimos siglos, de la naciente hasta la cabecera. La Aldea Mïratu es una de las aldeas de la Tierra Indígena Paquiçamba, ubicada a poco más de 10 kilómetros por debajo de uno de los embalses de la hidroeléctrica Belo Monte. Este pueblo sufre diferentes impactos, uno de ellos en la actividad pesquera. En colaboración con la Universidad Federal del Pará y el ISA, y con el apoyo de la Fundación Mott, los Juruna realizan un monitoreo independiente de la pesca, el cual revela los daños que esa actividad ha sufrido en los últimos años. Jarliel era uno de las personas que hacía ese seguimiento en la aldea Mïratu.
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La vigésimo segunda Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP22), realizada en Marrakech, Marruecos, permitió avances en cuanto al financiamiento que los países en desarrollo necesitan para afrontar los impactos de los cambios extremos en el clima. Sin embargo, las decisiones en ese rubro no fueron lo suficientemente ambiciosas. Contar con recursos económicos suficientes y predecibles es fundamental para planificar y ejecutar actividades de mitigación y adaptación. La COP22, la primera conferencia tras la puesta en vigencia del Acuerdo de París, sirvió para comenzar a establecer los procedimientos para implementar el nuevo pacto global adoptado en la COP21 de París, en diciembre del año pasado. “El encuentro mandó además un mensaje político al mundo: los compromisos establecidos bajo el Acuerdo de París se mantienen por encima de los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, cuyo vencedor desconoció la existencia del cambio climático”, señala Andrea Rodríguez, abogada de AIDA y quien participó como miembro de la sociedad civil en la conferencia mundial en Marrakech. Financiando la lucha contra el cambio climático En materia de financiamiento, componente clave de la lucha contra el cambio climático, se dieron avances importantes. Uno de ellos fue que los países en desarrollo presentaron una hoja de ruta, un plan para movilizar 100 mil millones de dólares a partir del 2020, compromiso contemplado ya por el Acuerdo de París. Aunque el plan es válido, las acciones de los países deben ser más ambiciosas para lograr la meta financiera y garantizar que los recursos económicos estarán disponibles cuando sean requeridos. Por otro lado, en la COP22 se hicieron recomendaciones al Fondo Verde del Clima, el mayor mecanismo financiero para canalizar recursos económicos hacia programa y proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático. Se esperaba que las recomendaciones vayan más en línea con el Acuerdo de París y con instrumentos de planeación adoptados bajo las Naciones Unidas. No obstante, fueron más en el sentido de incrementar el acceso directo al financiamiento y continuar apoyando la preparación de los países para que sus propuestas sean aprobadas con mayor facilidad. AIDA, junto con sus aliados, organizó dos eventos paralelos a la conferencia para analizar los avances alcanzados al momento en torno al Fondo desde la perspectiva de varios de los actores involucrados en el proceso. Los panelistas enfatizaron la necesidad de fortalecer capacidades a nivel nacional para que las propuestas de financiamiento presentadas ante el Fondo sean planificadas y diseñadas con base en las necesidades prioritarias de cada país. En ese contexto, se abordó también la importancia de fortalecer el rol de los actores no gubernamentales en la toma de decisiones para que las mismas resulten en propuestas más integrales y legítimas. En las dos semanas de negociación, hubo incertidumbre sobre la continuidad del Fondo de Adaptación. La decisión adoptada en el tema menciona que el Fondo servirá a la implementación del pacto global y su continuidad fue garantizada gracias al aporte de cuatro países (Alemania, Bélgica, Italia y Suecia) por 81 millones de dólares. Finalmente, en cuanto al financiamiento a largo plazo, se decidió priorizar la movilización de recursos públicos y garantizar apoyo financiero para acciones de adaptación, con una mayor participación del sector privado. Lo que se esperaba eran nuevos compromisos financieros para el periodo posterior al 2020, pero ello no ocurrió.
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