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Preservando el legado de la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo
Elevándose abruptamente desde las costas del Caribe colombiano, la Sierra Nevada de Santa Marta alcanza los 5.775 metros de altura en sus picos Bolívar y Colón. Es el sistema montañoso costero más alto del mundo y un sitio donde la sabiduría de la naturaleza y la indígena convergen.
El macizo montañoso conforma un territorio único en el que existen todos los pisos térmicos y donde la variedad de ecosistemas, animales y plantas es exuberante. Allí el mar está muy cerca de montañas y de nevados cuyo deshielo forma ríos y lagunas.
Pueblos indígenas protegen y cuidan esta riqueza natural con la autoridad que heredaron de sus antepasados. Se trata de los pueblos Arhuaco, Kogi, Wiwa y Kankuamo. En su cosmovisión, el territorio es sagrado e implica la comunión entre seres humanos, animales, plantas, ríos, cerros y divinidades ancestrales.
Pero su opinión no ha sido tomada en cuenta para el desarrollo de proyectos en la zona. Actualmente la existencia de la Sierra Nevada de Santa Marta está gravemente amenazada por 251 concesiones mineras, proyectos de hidroeléctricas, ganadería, urbanizaciones extensivas y obras de infraestructura.
Muchas de las concesiones fueron otorgadas sin procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, lo que constituye una vulneración masiva, persistente y generalizada a sus derechos.
La minería —al implicar la contaminación y sedimentación de caudales— pone en riesgo la fuente de agua de los departamentos de Magdalena, César y Guajira, que se abastecen de los más de 30 ríos que nacen en la Sierra.
Todo ello ha hecho que este paraíso natural esté borde del no retorno, al igual que la vida tradicional de los pueblos indígenas, que depende enteramente de su territorio, de su espacio de sitios sagrados.
La Sierra alberga al parque arqueológico Ciudad Perdida, conocida como Teyuna, cuna de la civilización Tayrona y —según la tradición— origen de la naturaleza y corazón del mundo.
Los cuatro pueblos guardianes de la Sierra no están dispuestos a permitir que este legado natural y cultural desaparezca.
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Sobre represas y cambio climático
(Columna publicada originalmente en El País) "Nuestro clima se está calentando a un ritmo alarmante y sin precedentes al que tenemos que responder con urgencia", concluyeron el 22 de noviembre pasado los representantes de casi 200 Estados del mundo, reunidos en Marruecos, para la décimosegunda Conferencia de las Partes (COP 22) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y la primera reunión de las Partes del Acuerdo de París. En efecto, debemos responder con urgencia, pero también con inteligencia. Hoy en día, miles de grandes represas están siendo planeadas y en construcción a nivel mundial para sumarse a las ya más de un millón de represas en más de la mitad de los ríos en el planeta. Solo en la Amazonía, hay cientos de proyectos de hidroeléctricas planeadas o en construcción. Muchos de ellas son promocionados como energía limpia y solución al cambio climático. Pero la realidad es otra. Investigadores de la Universidad del Estado de Washington (WSU) concluyeron recientemente, en un artículo publicado en la revista científica Bioscience, que las represas son una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), en particular de dióxido de carbono, de óxido nitroso y mayormente de metano. Este último es un gas 34 veces más potente que el dióxido de carbono (CO2). Esto implica que, lejos de ser una solución, las represas agravan el cambio climático. Hasta el momento, la evidencia científica apuntaba a que las emisiones contaminantes se presentaban en represas ubicadas en zonas tropicales. Pero la investigación de la WSU concluye que los embalses de todas las represas emiten GEI, sin importar su latitud ni propósito (generación de energía, control de inundaciones, navegación o riego). Para la investigación los científicos analizaron diferentes variables y métodos de medición de emisiones provenientes de embalses. Como resultado de ello concluyeron que, en el mundo, emiten aproximadamente el 1,3% de las emisiones de GEI generadas por la humanidad. Esto es más que las emisiones anuales de todo Canadá. Aún se requieren mayores estudios para cuantificar con exactitud la cantidad de emisiones provenientes de las represas y para entender cómo estas varían según las condiciones particulares de cada embalse. Por ahora, parece que variables como la eutrofización (el aumento de nutrientes en el agua que puede incrementar las algas) y la temperatura pueden ser relevantes. Hasta el momento las emisiones de cambio climático causadas por las represas no son contabilizadas. Sin embargo, cada día la atmósfera recibe dichas emisiones, aumentado los impactos al clima. Esto quiere decir que, a nivel mundial, las cuentas climáticas no cuadran. Por tanto, el estudio de la WSU marca un hito para entender el verdadero papel de las represas y el cambio climático. Es esencial entonces tomarlo en cuenta en las políticas, normas, programas y análisis científicos. Así, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC); organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Verde del Clima; autoridades nacionales y empresas, deben incorporar en sus evaluaciones las emisiones contaminantes, actuales y futuras, de las represas. Solo así tendremos las cuentas claras y evitaremos que, por ignorar una situación ya probada, continuemos incrementando el cambio climático que ya nos afecta a todos. Aunque en mayor medida a quienes están en situación más vulnerable. Vale recordar que las represas causan también graves impactos en el ambiente y en los derechos humanos. Son proyectos muy costosos y que toman décadas entre la planeación y la implementación. De otra parte, en los últimos años ya se están dando resultado soluciones viables para reemplazar la necesidad de represas. En el caso de la energía hay otras fuentes más eficientes, baratas y rápidas que podrían implementarse. Como se dice popularmente: "Las cuentas claras y el chocolate espeso". Tener claridad y asegurar que todas las fuentes que contribuyen significativamente al cambio climático sean tomadas en cuenta, es una tarea esencial para responder con la urgencia, efectividad e inteligencia requerida. Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo, ya no tenemos más tiempo que perder.
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La Oroya: Una década de lucha y espera por justicia
Desde el día en que nació, Isabel* ha respirado aire tóxico. En los 13 años de su joven vida, ha tenido metales pesados en la sangre.Su ciudad natal, La Oroya, una pequeña comunidad en los Andes peruanos, fue catalogada en 2007 como uno de los lugares más contaminados del mundo. Un complejo metalúrgico ha operado ahí por cerca de un siglo, con muy poca regulación y sin brindar atención a la salud.Los niños como Isabel son los que más sufren por la contaminación tóxica. Sus cuerpos y cerebros en desarrollo son extremadamente vulnerables al plomo y otros metales pesados, los cuales inhiben el crecimiento y suelen provocar daños permanentes.Casi todas las niñas y niños de La Oroya tienen metales pesados en su sangre en niveles que superan los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, muchos residentes sufren enfermedades respiratorios crónicas.Los problemas de salud de la población son resultado directo de la indiferencia por el ambiente de la empresa a cargo del complejo y de quienes viven alrededor del mismo. Y la responsabilidad del Estado peruano yace en su inacción. Es por ello que un grupo de residentes se unió para luchar por la salud de sus hijas e hijos, y por el futuro de la ciudad.El padre de Isabel, Pablo, ha sido uno de los voceros de la lucha de la comunidad contra el gobierno y la empresa estadounidense responsable de contaminar su aire, sus tierras e incluso su agua. No ve otro camino más que continuar en la lucha."¿Qué tipo de mundo dejaremos a nuestros hijos si no defendemos nuestra tierra, si no defendemos nuestra biodiversidad?”, dijo recientemente Pablo en una entrevista. Un grupo de 65 residentes se unieron como peticionarios en un caso que AIDA y otras organizaciones llevaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace 10 años. Desde entonces, 14 personas más han agregado sus nombres a la queja; cuatro han muerto. Hoy, todavía esperan por justicia.En 2007, la Comisión otorgó medidas cautelares, por las cuales solicitó al Estado peruano adoptar las medidas pertinentes para diagnosticar a los beneficiarios y brindar tratamiento a quienes están en una situación de peligro de daño irreparable.Desde entonces, aunque la calidad del aire en La Oroya ha mejorado, el mismo sigue siendo contaminado y el sistema de salud solicitado aún es lamentablemente inadecuado. Hasta ahora, la Comisión no ha presentado su informe sobre los méritos del caso (es decir si hubo o no violaciones a los derechos humanos en el caso analizado). El hallazgo de un mérito incluiría recomendaciones más enérgicas. Si el Estado continuara sin responder, AIDA llevaría el caso a juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Por ahora, lo único que los peticionarios pueden hacer es esperar un poco más.A pesar de los años, no cesaremos en la lucha hasta que las personas de La Oroya vean justicia. Creemos que su valentía y lucha tendrán impactos más allá de su comunidad al sentar un precedente para casos futuros a lo largo del continente americano. Una victoria establecería, en el ámbito de la legislación internacional, que los daños por contaminación tóxica son violaciones a los derechos humanos.Esto significaría un futuro mejor no sólo para Isabel y La Oroya, sino también para las comunidades donde las empresas, con poca visión al futuro, tiren sus desechos tóxicos.__* El nombre real fue cambiado por protección de privacidad.
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Los anuncios de la Presidenta de Chile en la COP22
Blog invitado de Javiera Valencia Espinoza, geógrafa y especialista en cambio climático, Fundación Terram. Es la tercera vez que la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet asiste a un segmento de alto nivel en la Conferencia de las Partes (COP) de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es, por ende, la tercera ocasión en la que un primer mandatario de Chile realiza un gesto político que destaca la importancia de contar con un acuerdo mundial para frenar los impactos del cambio climático. El discurso de Bachelet en la COP22 —realizada del 7 al 18 de noviembre en Marrakech, Marruecos— fue propositivo. Mencionó avances importantes, como la entrega de la Estrategia Nacional de Cambio Climático de Recursos Vegetacionales o que el Acuerdo de París ya se encuentra en el Congreso chileno a la espera de su ratificación. También destacó la creación de la Agencia de Cambio Climático (instancia de articulación público-privada que pretende abordar temáticas de adaptación y mitigación), el enfoque de género y protección de la infancia para las políticas públicas relacionadas; y la meta de lograr un 70% de energías renovables al 2050. Asimismo, la Jefa de Estado abordó el liderazgo de Chile en la protección de los océanos —junto con Francia y Mónaco— y su implicancia con el Acuerdo de París. Finalmente, se refirió al avance en la entrega de documentos técnicos a la Secretaria de Naciones Unidas, como la Tercera Comunicación Nacional y el Segundo Reporte Bienal de Actualización. Sin embargo, desde la sociedad civil no sólo agradecemos el correcto discurso, sino que también solicitamos consistencia y coherencia real entre lo que se menciona y lo que se hace a diario. Así, se necesita financiamiento concreto para las medidas adoptadas y para la implementación de las llamadas Contribuciones Nacionales Determinadas (o NDC por sus siglas en inglés), porque también es imprescindible aumentar la ambición de éstas últimas, y además, generar acciones en distintos niveles, especialmente para paliar los efectos el cambio climático a nivel local. En las Conferencias de las Partes, se presentan grandes oportunidades para hacer gestos políticos de importancia, pero necesitamos traducir los buenos discursos en medidas concretas y eficaces, ya que tiempo es de lo que menos disponemos para actuar frente al calentamiento global. La vulnerabilidad de Chile es muy alta y es valorable que la Presidenta señale que nuestro modelo de crecimiento no es sustentable y que necesitamos migrar a una sociedad baja en carbono. El problema es cómo implementarlo, partiendo por la necesaria voluntad de todos los sectores técnicos-políticos de la administración del Estado. La toma de decisiones debe incorporar transparencia —y acceso a la información—, además de una real inclusión de la sociedad civil (no solo privados), especialmente para aquellas medidas que impactan directamente a los territorios, sus comunidades y ecosistemas. Con el Acuerdo de París se abrió un gran espacio para que la toma de decisiones sea respetuosa y con visión de largo plazo para evitar impactos dañinos. Existe una oportunidad para que, desde el compromiso que tiene Chile en la materia, el avance sea propositivo y se elaboren las reformas necesarias para modificar las actuales carencias en materia ambiental, y no seguir cometiendo los mismos errores — “sin dar paso atrás” — como lo mencionó Bachelet en su discurso.
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