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Preservando el legado de la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo
Elevándose abruptamente desde las costas del Caribe colombiano, la Sierra Nevada de Santa Marta alcanza los 5.775 metros de altura en sus picos Bolívar y Colón. Es el sistema montañoso costero más alto del mundo y un sitio donde la sabiduría de la naturaleza y la indígena convergen.
El macizo montañoso conforma un territorio único en el que existen todos los pisos térmicos y donde la variedad de ecosistemas, animales y plantas es exuberante. Allí el mar está muy cerca de montañas y de nevados cuyo deshielo forma ríos y lagunas.
Pueblos indígenas protegen y cuidan esta riqueza natural con la autoridad que heredaron de sus antepasados. Se trata de los pueblos Arhuaco, Kogi, Wiwa y Kankuamo. En su cosmovisión, el territorio es sagrado e implica la comunión entre seres humanos, animales, plantas, ríos, cerros y divinidades ancestrales.
Pero su opinión no ha sido tomada en cuenta para el desarrollo de proyectos en la zona. Actualmente la existencia de la Sierra Nevada de Santa Marta está gravemente amenazada por 251 concesiones mineras, proyectos de hidroeléctricas, ganadería, urbanizaciones extensivas y obras de infraestructura.
Muchas de las concesiones fueron otorgadas sin procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, lo que constituye una vulneración masiva, persistente y generalizada a sus derechos.
La minería —al implicar la contaminación y sedimentación de caudales— pone en riesgo la fuente de agua de los departamentos de Magdalena, César y Guajira, que se abastecen de los más de 30 ríos que nacen en la Sierra.
Todo ello ha hecho que este paraíso natural esté borde del no retorno, al igual que la vida tradicional de los pueblos indígenas, que depende enteramente de su territorio, de su espacio de sitios sagrados.
La Sierra alberga al parque arqueológico Ciudad Perdida, conocida como Teyuna, cuna de la civilización Tayrona y —según la tradición— origen de la naturaleza y corazón del mundo.
Los cuatro pueblos guardianes de la Sierra no están dispuestos a permitir que este legado natural y cultural desaparezca.
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Los gobiernos del mundo trabajan en el texto de negociación de un nuevo acuerdo global para combatir el cambio climático, el cual será suscrito en diciembre, durante la Conferencia de París de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de, y entrará en vigencia el 2020. En AIDA abogamos para que el nuevo acuerdo climático sea un instrumento que permita afrontar de forma adecuada los cambios extremos en el clima y sus efectos, especialmente en los países más vulnerables. “Queremos que el nuevo acuerdo climático ayude a implementar los acuerdos existentes de forma efectiva y que fortalezca los compromisos asumidos por los países en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático; no podemos comenzar de cero y el nuevo acuerdo no debe reemplazar a la Convención, sino mejorar su implementación”, afirma Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA. Con miras a la Conferencia de París, los delegados de diferentes países se reúnen para trabajar en los elementos que servirán como base del “paquete de París”. El paquete incluye un nuevo acuerdo climático (compromisos generales) y una decisión (disposiciones que podrían cambiar con el tiempo), instrumentos que servirán para implementar las obligaciones adoptadas bajo la Convención. La siguiente reunión se realizará en Bonn, Alemania, del 31 de agosto al 4 de septiembre. A fin de aportar positivamente a la construcción del texto de negociación del nuevo acuerdo climático y del texto de la decisión, AIDA elaboró comentarios dirigidos a los negociadores y orientados a fortalecer dos temas clave: el financiamiento de las actividades para combatir el cambio climático, y la protección de los derechos humanos al llevar a cabo dichas actividades. En cuanto al financiamiento climático, los comentarios enfatizan la necesidad de que el nuevo acuerdo climático ayude a movilizar esos recursos económicos de forma efectiva, adecuada, suficiente y predecible, estableciendo compromisos en términos concretos como de responsabilidades y plazos. Sobre el segundo punto, en los comentarios pedimos que en el acuerdo de París los países se comprometan a proteger los derechos humanos en todas las acciones relacionadas con el cambio climático, un compromiso que ya asumieron en los Acuerdos de Cancún de 2010 y que debe ser reafirmado en el nuevo y jurídicamente vinculante acuerdo climático para asegurar su cumplimiento. Los países ya se han comprometido a dar 100 mil millones de dólares para la lucha contra el cambio climático a partir del 2020. “La decisión sobre financiamiento climático a tomarse en París debe entonces dar certeza de que los países harán los esfuerzos necesarios para garantizar el cumplimiento de ese compromiso a partir del 2020; de ese modo será posible confiar en que el nuevo acuerdo climático funcionará realmente”, explica Rodríguez. ¡Conoce más de nuestros comentarios (en inglés) sobre financiamiento climático y derechos humanos para el nuevo acuerdo climático!
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Por María José Veramendi Villa, @MaJoVeramendi En Perú, cada año mueren alrededor de 400 niños y niñas a causa del frío. Supe de esas dramáticas cifras hace unas semanas cuando leí una columna titulada Morir de indiferencia, escrita por la congresista Verónika Mendoza. Me pregunté entonces con verdadera indignación: ¿Cómo es posible que los niños y niñas mueran de frío en un país que se vanagloria por sus riquezas mineras, su gran atractivo para la inversión extranjera, su potencial turístico y culinario, y por ser sede de eventos mundiales importantes como la Conferencia de Estados Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático? Además de la falta de voluntad política de nuestros gobernantes, preocupados más por lucir bien en las fotos de los grandes eventos, encontré la respuesta en una párrafo clave de la columna de Mendoza: “¿De dónde podría emanar esa voluntad política si a nadie conmueve, a nadie indigna que mueran esos niños, quizás porque suelen estar ‘lejos’, suelen ser campesinos, suelen hablar quechua o aymara?” Lamentar antes que prevenir El 18 de julio de 2015, el gobierno emitió un Decreto Supremo para declarar Estado de Emergencia en algunos distritos y provincias del país debido a las heladas. El primer párrafo del decreto menciona que “todos los años y de manera recurrente, entre los meses de mayo a setiembre, se presentan en nuestro país fenómenos meteorológicos relacionados con bajas temperaturas, como son las heladas en nuestras zonas altoandinas, observándose en las últimas temporadas manifestaciones extremas de dichos fenómenos meteorológicos con temperaturas muy por debajo de los 0ºC…”. Si los fenómenos climáticos ocurren cada año, ¿por qué no prevenir sus impactos? En 2004, información del Tyndall Centre de la Universidad de Manchester dio cuenta que Perú es el tercer país más vulnerable a los efectos del cambio climático, la causa principal de fenómenos como las heladas cada vez más intensas. Indiferencia ante la vulneración de derechos humanos La indiferencia en Perú no sólo se manifiesta en los niños y niñas que mueren de frío en comunidades alejadas, sino también La Oroya, ciudad ubicada a sólo 175 kilómetros de Lima. Allí y en un contexto de contaminación industrial extrema, la población, incluidos niños y niñas, sufre hace muchos años la violación de su derechos a la vida y a la salud. El 11 de agosto pasado, un paro organizado por los trabajadores del Complejo Metalúrgico de La Oroya y el consecuente cierre de la carretera central, la vía más importante de acceso al centro del país, encendió las alarmas de la ciudad, pero no aquellas que nos deberían alertar cuando se sobrepasan los límites de contaminación, sino las de una demanda social largamente desatendida. El Complejo Metalúrgico, propiedad de la empresa Doe Run Perú, está a la venta y en proceso de liquidación. De acuerdo con información hecha pública, ningún interesado presentó una oferta económica por considerar que los estándares ambientales peruanos son muy estrictos. En respuesta, los trabajadores tomaron la carretera exigiendo al Estado flexibilizar dichos estándares para que el complejo sea vendido y ellos conserven su fuente de trabajo. Las medidas de protesta dejaron como saldo un muerto y más de 60 heridos. Fueron levantadas tras la firma de un acuerdo de cinco puntos, el cual no hace referencia a los derechos a la vida y la salud de la población de La Oroya. En una ciudad que ha sido contaminada sin control durante más de 90 años, la empresa Doe Run Perú ha logrado prórrogas continuas para cumplir con sus obligaciones ambientales. En julio de 2015, obtuvo una nueva prórroga de 14 años para que el complejo cumpla con los estándares ambientales. Pero ¿qué pasa con la vida y la salud de las personas? El Estado no ha hecho que los estándares ambientales se cumplan en La Oroya. Tampoco ha salvaguardado plenamente la salud de sus pobladores: Los estados de alerta de calidad de aire no se activan adecuadamente. El centro de salud y los médicos a cargo de la estrategia de metales pesados son escasos y enfrentan el riesgo constante de que quedarse sin recursos para seguir trabajando. El Estado insiste en solicitar el levantamiento de las medidas de protección de la vida y la salud que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó en 2007 a favor de un grupo de pobladores de La Oroya. Alzando la voz Los niños y niñas son más vulnerables al frío como lo son a los efectos de la contaminación industrial. Sin embargo, el Estado sólo interviene en su ayuda en momentos de crisis o cuando ya es demasiado tarde. Suena a cliché, pero los niños y niñas son nuestra esperanza. ¡Hagámonos escuchar para que no mueran de frío y para que no los intoxiquen! De no hacerlo, seremos también víctimas de la enfermedad de la indiferencia.
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Estimado Monseñor Barreto, Por medio de la presente, desde la Asociación Interamericana para la Defensa de Ambiente (AIDA), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y la Escuela de Salud Pública y Justicia Social de la Universidad de Saint Louis Missouri, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento y admiración por el trabajo que día a día realiza en defensa de los derechos humanos vinculados con la protección de un ambiente sano en América Latina y en particular en La Oroya. En AIDA y APRODEH trabajamos para defender el bienestar de comunidades en situación de desventaja y expuestas a la grave degradación ambiental proveniente en particular de industrias extractivas y de infraestructura. A partir de nuestro trabajo en La Oroya desde hace casi 20 años y actuando en representación de las víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el apoyo científico de la Escuela de Salud Pública y Justicia Social de la Universidad de Saint Louis Missouri, hemos tenido la oportunidad de reunirnos con Usted en diversas ocasiones y conocer de cerca su trabajo comprometido por la salud de sus habitantes. Con ocasión de la presentación de la Carta Encíclica Laudato Si’ del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común, desde AIDA, APRODEH y la Escuela de Salud Pública y Justicia Social de la Universidad de Saint Louis Missouri queremos agradecerle por contribuir, con su trabajo constante, dedicación y valentía en defensa del ambiente y de la población en situación de vulnerabilidad, a este largo proceso para que la Encíclica sea una realidad. Consideramos que la Encíclica es un momento histórico que renueva y le da un gran impulso a nuestro trabajo y a la necesidad de cambios sustanciales en el planeta. Agradecemos además la mención al trabajo de las organizaciones, así como su afán por integrar minería y cuidado del ambiente, inversión y defensa de la dignidad de la persona. Sin más por el momento, nos ponemos a sus órdenes para continuar trabajando conjuntamente en defensa de las personas y el ambiente. Voces como la de Usted son imprescindibles en nuestra región. Siga adelante, Monseñor.
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