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Preservando el legado de la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo

Elevándose abruptamente desde las costas del Caribe colombiano, la Sierra Nevada de Santa Marta alcanza los 5.775 metros de altura en sus picos Bolívar y Colón. Es el sistema montañoso costero más alto del mundo y un sitio donde la sabiduría de la naturaleza y la indígena convergen.  

El macizo montañoso conforma un territorio único en el que existen todos los pisos térmicos y donde la variedad de ecosistemas, animales y plantas es exuberante. Allí el mar está muy cerca de montañas y de nevados cuyo deshielo forma ríos y lagunas.

Pueblos indígenas protegen y cuidan esta riqueza natural con la autoridad que heredaron de sus antepasados. Se trata de los pueblos Arhuaco, Kogi, Wiwa y Kankuamo. En su cosmovisión, el territorio es sagrado e implica la comunión entre seres humanos, animales, plantas, ríos, cerros y divinidades ancestrales.

Pero su opinión no ha sido tomada en cuenta para el desarrollo de proyectos en la zona. Actualmente la existencia de la Sierra Nevada de Santa Marta está gravemente amenazada por 251 concesiones mineras, proyectos de hidroeléctricas, ganadería, urbanizaciones extensivas y obras de infraestructura.

Muchas de las concesiones fueron otorgadas sin procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, lo que constituye una vulneración masiva, persistente y generalizada a sus derechos.

La minería —al implicar la contaminación y sedimentación de caudales— pone en riesgo la fuente de agua de los departamentos de Magdalena, César y Guajira, que se abastecen de los más de 30 ríos que nacen en la Sierra.

Todo ello ha hecho que este paraíso natural esté borde del no retorno, al igual que la vida tradicional de los pueblos indígenas, que depende enteramente de su territorio, de su espacio de sitios sagrados.

La Sierra alberga al parque arqueológico Ciudad Perdida, conocida como Teyuna, cuna de la civilización Tayrona y —según la tradición— origen de la naturaleza y corazón del mundo.

Los cuatro pueblos guardianes de la Sierra no están dispuestos a permitir que este legado natural y cultural desaparezca.

 


Océanos, Minería

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Por Haydée Rodríguez Cada año, la ballena gris protagoniza uno de los recorridos migratorios más largos: casi 20 mil kilómetros de ida y vuelta desde Alaska, donde se alimenta, hasta las aguas templadas de Baja California Sur, México, donde da a luz a sus crías y las cuida. Se ha calculado que para cuando una ballena gris haya cumplido 50 años, habrá recorrido el equivalente a un viaje de la Tierra a la Luna y de regreso. Este impresionante mamífero marino (llega a medir 15 metros de largo en su edad adulta) y su hazaña migratoria están en riesgo por un proyecto de minería marina. De ejecutarse como está propuesto, el proyecto dañará gravemente el entorno y las condiciones de vida de la ballena gris. A finales de febrero de este año, 2,652 ejemplares de ballena gris llegaron a las Lagunas Ojo de Liebre y San Ignacio en Baja California Sur, muy cerca de la Bahía de Ulloa. Fue la cifra más alta registrada en los últimos 19 años en el arribo de este cetáceo, actividad que además es fuente importante de ingresos para familias de la zona que viven del turismo sostenible generado con la observación de ballenas. Es justo en la Bahía de Ulloa donde la compañía Odyssey Marine Explorations pretende ejecutar el proyecto minero Don Diego. El camino para ello comenzó en septiembre de 2014, cuando la empresa presentó a la autoridad ambiental mexicana la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto. La mina Don Diego La mina comprende cinco áreas de trabajo en una superficie 91,267 hectáreas. Cada área será explotada por 10 años, lo que resulta en un proyecto de 50 años de vida. Con Don Diego se pretende extraer del fondo marino  350 millones de toneladas de arena fosfática, cantidad con la que se podría llenar 264 veces el Estadio Azteca.   Tal como ha sido propuesto, el proyecto podría traer graves e irreversibles impactos en una zona de alta biodiversidad marina e importancia pesquera. La ballena gris, al igual que otras especies de ballena y tortugas que habitan o transitan por la zona, dependen del sonido para comunicarse entre sí, mantenerse unidas y encontrar alimento. El proyecto Don Diego usará barcos de dragado para obtener la arena fosfática, produciendo gran ruido en el área y generando muy posiblemente la “modificación del comportamiento vocal o reacción sorpresiva” en las ballenas. Así lo señala la propia Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto (capítulo 4, página 229). Ese ruido pondrá en riesgo la sobrevivencia de las ballenas al causar cambios en su ruta migratoria y comportamiento, e interrumpir la lactancia de los ballenatos, entre otras posibles consecuencias. Los principales impactos del proyecto en el ecosistema marino AIDA presentó ante la autoridad ambiental mexicana sus comentarios a la MIA de Don Diego, señalando las razones ambientales por las que el proyecto no debería ser autorizado en las condiciones en las que fue planteado: La actividad minera propuesta alterará gravemente el ecosistema marino: grandes barcos dragarán el lecho marino extrayendo arena, pero también organismos vivos. El material dragado será separado para obtener la arena fosfática, y el material considerado no útil será devuelto al mar. Los sedimentos que regresan al mar pueden contener altos niveles de elementos tóxicos como Uranio y Torio, los cuales son expuestos en el proceso de separación para obtener fosfato.  Los tóxicos expuestos pueden ser transportados por otros organismos o consumidos por peces que luego llegarían a nuestra mesa. Es por ello que la industria minera de fosfato es considerada una las fuentes potenciales de contaminación radionuclear. Los sedimentos tóxicos expuestos, el ruido y el dragado pondrán en peligro a la ballena gris y otras especies vulnerables de ballena (jorobada y azul), así como a especies de tortuga que ya están en peligro como la tortuga caguama. Además de alterar el hábitat de especies marinas, el proyecto pondrá en riesgo actividades de pesca y turismo de las que dependen varias comunidades. En lugares como Nueva Zelanda y Namibia, los gobiernos, tras analizar proyectos similares, negaron los permisos o decretaron una moratoria a este tipo de actividad hasta que se demuestre que no genera impactos graves. El Gobierno mexicano debería seguir ese camino y aplicar el principio precautorio para evitar daños ambientales irreversibles. La Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto carece de información importante sobre sus posibles impactos en el ecosistema marino y las medidas para evitarlos. En sus comentarios, AIDA evidenció la necesidad de contar con información más detallada por parte de la empresa promotora de Don Diego sobre los impactos potenciales del proyecto. Así también lo hizo el Gobierno mexicano, quien analiza actualmente la MIA del proyecto luego de solicitar información adicional a la empresa. Nos interesa particularmente tener mayor información sobre los impactos del ruido y el dragado en el ecosistema marino-costero, y acerca del posible perjuicio a la pesca en la zona. Ante la duda, es mejor prevenir el daño que lamentar cuando éste sea un hecho.  La ballena gris aún tiene muchos kilómetros que recorrer. 

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Por Sandra Moguel Como representante de AIDA en la 12ª Conferencia de las Partes de la Convención Ramsar sobre Humedales de Importancia Prioritaria Internacional, que actualmente tiene lugar en Punta del Este, Uruguay, tuve la oportunidad de entrevistar a Eugenio Barrios, Director del Programa de Agua de WWF México, organización que apoya al Gobierno de México en la presentación de una propuesta de resolución sobre reservas de agua para la conservación de humedales. Las resoluciones aprobadas en el marco de la Conferencia brindan soluciones a los problemas que los países enfrentan para aplicar adecuadamente la Convención. SM: ¿Qué es una reserva de agua y para qué sirve? EB: Una reserva de agua es un volumen de agua determinado a través de un procedimiento de evaluación de caudal ecológico. Este volumen tiene una funcionalidad ecológica y, administrativamente, se obtiene de la repartición de agua. Es un volumen de agua que anualmente no se asigna a ningún uso y permanece en el ambiente para cumplir funciones como la conservación de humedales y de todos los servicios ambientales que éstos prestan. SM: ¿Cuál es el objetivo del borrador de resolución sobre reservas de agua que se está presentando en la Conferencia? EB: A partir de la experiencia del Programa Nacional de Reservas de Agua en México, desarrollamos una resolución que pretende llenar un gran vacío dentro de la Convención, que es el de asegurar legalmente el agua con la que funcionan los humedales. Hay muchas resoluciones y se habla mucho de cómo conservar los humedales. Se habla de la tierra, de actividades productivas y de un sin fin de elementos, pero el agua siempre se ha dejado de lado al agua, pues no ha habido una actitud decidida de la Convención y de las Partes Contratantes de la Convención para llenar ese vacío. Se dice que es una Convención de agua, pero a fin de cuentas sigue sin haber esos compromisos. Lo que hace la resolución es traer a la mesa la conservación de humedales con el manejo integrado de recursos hídricos, el cual es una herramienta muy poderosa para la conservación de los humedales.   Para saber más, escucha la entrevista completa arriba.

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La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) llama a los Estados Parte de la Convención de Ramsar a proteger efectivamente los humedales en las Américas. Las Partes Contratantes de América Latina deben proteger y usar racionalmente los arrecifes de coral, manglares y páramos en su territorio. Para alcanzar esta visión, demanda que las Partes Contratantes realicen una adecuada evaluación de impacto ambiental, planificación y ordenamiento en relación con los humedales. En particular, para proyectos de infraestructura turística, portuaria e hidroeléctrica, así como para industrias extractivas de minería y aquellas que usa fractura hidráulica. Solicita la inclusión en el Registro Montreux de humedales clave como Bahía de Panamá (Panamá), Marismas Nacionales, el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (México), el Complejo Lagunar del Otún y la Ciénaga Grande de Santa Marta (Colombia). Alienta a las Partes Contratantes a que amplíen los mecanismos de participación existentes, para asegurar que se incluya a la sociedad civil en el manejo de los humedales. 

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