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Preservando el legado de la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo
Elevándose abruptamente desde las costas del Caribe colombiano, la Sierra Nevada de Santa Marta alcanza los 5.775 metros de altura en sus picos Bolívar y Colón. Es el sistema montañoso costero más alto del mundo y un sitio donde la sabiduría de la naturaleza y la indígena convergen.
El macizo montañoso conforma un territorio único en el que existen todos los pisos térmicos y donde la variedad de ecosistemas, animales y plantas es exuberante. Allí el mar está muy cerca de montañas y de nevados cuyo deshielo forma ríos y lagunas.
Pueblos indígenas protegen y cuidan esta riqueza natural con la autoridad que heredaron de sus antepasados. Se trata de los pueblos Arhuaco, Kogi, Wiwa y Kankuamo. En su cosmovisión, el territorio es sagrado e implica la comunión entre seres humanos, animales, plantas, ríos, cerros y divinidades ancestrales.
Pero su opinión no ha sido tomada en cuenta para el desarrollo de proyectos en la zona. Actualmente la existencia de la Sierra Nevada de Santa Marta está gravemente amenazada por 251 concesiones mineras, proyectos de hidroeléctricas, ganadería, urbanizaciones extensivas y obras de infraestructura.
Muchas de las concesiones fueron otorgadas sin procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, lo que constituye una vulneración masiva, persistente y generalizada a sus derechos.
La minería —al implicar la contaminación y sedimentación de caudales— pone en riesgo la fuente de agua de los departamentos de Magdalena, César y Guajira, que se abastecen de los más de 30 ríos que nacen en la Sierra.
Todo ello ha hecho que este paraíso natural esté borde del no retorno, al igual que la vida tradicional de los pueblos indígenas, que depende enteramente de su territorio, de su espacio de sitios sagrados.
La Sierra alberga al parque arqueológico Ciudad Perdida, conocida como Teyuna, cuna de la civilización Tayrona y —según la tradición— origen de la naturaleza y corazón del mundo.
Los cuatro pueblos guardianes de la Sierra no están dispuestos a permitir que este legado natural y cultural desaparezca.

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Con ocasión del Día Mundial de los Humedales, el Presidente de Panamá sancionará la Ley de la República que ratifica la condición de área protegida del sitio. CIAM y AIDA aplauden la decisión que fortalece la protección de un ecosistema clave para la biodiversidad, la provisión de agua dulce y la lucha contra el cambio climático. Ciudad de Panamá, Panamá. En un acto oficial en el Día Mundial de los Humedales, el Presidente Juan Carlos Varela sancionará la ley que confirma la condición de área protegida del Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá, la cual fue establecida inicialmente por Resolución Administrativa. El gobierno fortalece así la protección legal de un ecosistema vital para la provisión de agua dulce, la reproducción de especies de alto valor comercial y alimenticio, la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático. "Recibimos con agrado una ley que evidencia la importancia que este espacio tiene para el ambiente y las poblaciones de sus alrededores. Proteger las 85,652 hectáreas que componen el territorio marino-costero de los humedales de la Bahía de Panamá es misión de todos", afirmó Brooke Alfaro, Presidente de la Junta Directiva del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM). La Bahía es uno de los sitios de anidación y descanso más importantes del mundo para aves migratorias y hogar de especies amenazadas. Sus manglares ayudan a combatir el cambio climático al capturar el carbono de la atmósfera, y a mitigar sus efectos, al servir de amortiguamiento costero frente a huracanes y tormentas. En 2003, fue declarado sitio de importancia mundial bajo la Convención Ramsar, tratado internacional para la conservación de humedales. "Felicitamos al Gobierno panameño porque esta ley es un gran avance para la protección del humedal y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado, y sirve como ejemplo para otros países de la región. La ley enfatiza los conceptos de uso racional, enfoque ecosistémico y características ecológicas del humedal contenidos en la Convención Ramsar", dijo Haydée Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Durante el proceso de aprobación de la norma, el equipo legal y científico de CIAM, con apoyo de AIDA, contribuyó al fortalecimiento del proyecto de ley para asegurar que éste garantice un manejo racional de los recursos del humedal. Ambas organizaciones acompañarán y apoyarán al Gobierno de Panamá en la implementación de la ley. "Debemos establecer un plan de manejo adecuado para asegurar la protección del humedal para las generaciones presentes y futuras", agregó Rodríguez. "Gracias al apoyo de la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, la Corte Suprema de Justicia, diputados y gobierno, se ha logrado garantizar la protección del Humedal Bahía de Panamá", dijo Alfaro. En los últimos años, el lugar ha sido impactado por la expansión de proyectos inmobiliarios, con la consecuente canalización de sus ríos, su drenaje y el relleno de áreas naturales. Con la nueva ley, se prohíben actividades que atenten contra la integridad ecológica del sitio y se reafirman además los límites del área, mismos que sólo podrán ser modificados mediante otra ley.
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Como parte de un gran equipo de trabajo de AIDA, junto con mis colegas Andrea Rodríguez y Víctor Quintanilla, participé en diciembre pasado de la 20ª Conferencia de Estados Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 20) en Lima, Perú. Fue una gran experiencia y aprendizaje. Las negociaciones climáticas son un mundo aparte. En él se discuten muchos temas al mismo tiempo. Gobiernos, organizaciones y personas avanzan en sus agendas sobre mitigación, adaptación, financiamiento, Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional o INDCs por sus siglas en inglés (Intended Nationally Determined Contributions), daños y perjuicios, responsabilidades comunes pero diferenciadas, y otros asuntos. El objetivo común es lograr compromisos vinculantes para enfrentar al cambio climático. Fueron dos semanas, mucho más en los últimos días, de intensas negociaciones para abonar el camino hacia un nuevo acuerdo vinculante que sería adoptado en la COP21 de París. El resultado fue el Llamado de Lima a la Acción Climática, un documento aprobado en tiempos extra y como una medida de emergencia de la Presidencia de la COP para que ésta no concluyera sin un acuerdo. Del documento ya se escribió bastante, calificado por unos como un éxito y por otros como un fracaso. Ha recibido críticas positivas y negativas. Yo me limitaré a señalar un punto clave y ausente del Llamado de Lima: el reconocimiento de que el cambio climático interfiere con el goce de los derechos humanos. Detrás de los tecnicismos y las negociaciones, está el rostro humano del cambio climático. De hecho, Mary Robinson, Ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ahora Enviada Especial del Secretario General de la ONU para el Cambio Climático, advirtió que éste es "el mayor problema de derechos humanos del siglo XXI". Y eso no es todo. Expertos y relatores de Naciones Unidas han requerido a los Estados parte de la Convención Marco incluir en el acuerdo a ser adoptado en París este año un lenguaje que establezca que todas las Partes deben, en todas las medidas relativas al cambio climático, promover, respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos para todos y todas. Así lo hicieron 28 expertos y relatores especiales de la ONU en una carta abierta del 17 de octubre de 2014, enviada con ocasión de la reunión en Bonn del Grupo Ad Hoc de Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban para una acción reforzada (ADP)[1]. También ocurrió en un llamado del 10 de diciembre, realizado por más de 70 expertos independientes y relatores especiales de la ONU con ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos. AIDA, junto con colegas de varias organizaciones de la sociedad civil, ha estado involucrada activamente, entre otros temas, para que se incorpore, no sólo un lenguaje integral, adecuado y operativo en materia de derechos humanos, sino para que las acciones emprendidas para mitigar el cambio climático respeten los derechos humanos. Es ese contexto y durante la Conferencia de Lima, tuve la oportunidad de conocer a Máximo Ba Tiul, indígena Maya Poqomchi de Guatemala y representante del Consejo de Pueblos de Tezulutlán. Máximo participó en persas actividades de la COP llevando el mensaje de los pueblos indígenas de Guatemala afectados por la hidroeléctrica Santa Rita, proyecto registrado en 2014 bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la Convención. El MDL establece que los países industrializados que en virtud del Protocolo de Kioto han asumido el compromiso de reducir o limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, puedan implementar proyectos de reducción de emisiones en países en desarrollo para obtener créditos por reducciones certificadas de las emisiones (RCE). El problema es que en la implementación de varios de estos proyectos se han violado derechos humanos. El Estado guatemalteco no consultó ni obtuvo el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas afectados antes de autorizar Santa Rita. Aún más, el proyecto ha generado la oposición de las comunidades, las cuales han obtenido como respuesta el hostigamiento de la Fuerza Pública y la criminalización de sus líderes. La represión y violencia ha llegado a tal punto que en agosto de 2013 un trabajador de la empresa que buscaba atentar contra la vida de los líderes comunitarios asesinó a los niños David y Ageo, de 11 y 13 años respectivamente. En agosto de 2014, la violencia recrudeció con una campaña represiva de la Policía contra las comunidades. En esa ocasión, más de 1,000 agentes estatales incursionaron en la zona y se registraron agresiones contra los miembros de la comunidad, entre los que había mujeres embarazadas, adultos mayores, niños y niñas que se vieron obligados a huir. En lo que parece ser el mundo al revés, el proyecto ha violado y continúa violando los derechos humanos; los crímenes, violencia y hostigamiento permanecen en la impunidad; y el proyecto ostenta una certificación del MDL. De cara al público, en uno de los eventos de la COP, Máximo se preguntó: ¿Por qué se tienen que violar los derechos humanos para mitigar los efectos del cambio climático? La respuesta: solo silencio. Casos como el de la represa Santa Rita en Guatemala, la represa Barro Blanco en Panamá y otros tantos proyectos registrados bajo el MDL, nos recuerdan la necesidad imperativa de que los derechos humanos sean incorporados en todas las acciones climáticas y que ello sea vinculante en el nuevo acuerdo climático de París. De no ser asi, la lucha por la defensa de los derechos de las comunidades de líderes y lideresas como Máximo Ba Tiul en Guatemala y Weni Bagama en Panamá, con quienes tuve el honor de compartir en Lima, será un llamado más sin respuesta en la búsqueda de soluciones y compromisos frente al cambio climático. ¡El momento es hoy y ahora, mañana será muy tarde! [1] La ADP es un órgano subsidiario del cual debe emanar un instrumento legal vinculante que sea adoptado en París durante la COP21.
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En el Golfo de México, 27 arrecifes de coral forman una cordillera submarina que recorre seis islas en un área que se extiende por millas. Allí, cientos de especies coloridas de peces, erizos y estrellas de mar, y pastos marinos conviven con una abundante variedad de otras formas de vida. Se trata del Sistema Arrecifal Veracruzano, el mayor ecosistema de coral en el Golfo. Desafortunadamente, la ampliación del Puerto de Veracruz, aprobada recientemente por el Gobierno mexicano, dañará el conjunto de arrecifes y a las criaturas que dependen de él para sobrevivir. El proyecto también afectará a la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, cercana a los arrecifes y una joya de la Costa Esmeralda de México, porque en el sitio se explotará una mina de roca basáltica para usarla en la construcción del puerto. La autoridad ambiental aprobó el desarrollo portuario en 2013. Lo hizo pese a que México declaró Área Natural Protegida al Sistema Arrecifal Veracruzano en 1992, y a que el país es parte de la Convención Ramsar, un tratado intergubernamental para la protección de humedales de importancia internacional que incluye a los arrecifes de Veracruz. Se considera humedales a los páramos, manglares y arrecifes de coral. A pesar de la importancia reconocida del Sistema Arrecifal Veracruzano, el gobierno ha reducido oficialmente el tamaño del área protegida para dar paso a un puerto más grande. "Ahora es un buen momento para llamar la atención de los líderes y diplomáticos mundiales sobre la acciones no sostenibles de México", dijo Sandra Moguel, abogada de AIDA. México se prepara para ser la sede, el próximo año, de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, un tratado internacional para conservar la rica diversidad de la vida en la Tierra. AIDA y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en representación de 13 organizaciones e individuos, han enviado una carta al Secretariado del Convenio (una organización internacional neutral integrada por funcionarios públicos internacionales, responsables ante la Conferencia de las Partes y sus órganos subsidiarios, y vinculados al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente). En la carta se solicita principalmente dos cosas al Secretariado: evaluar los daños que la ampliación del puerto causará, y pedir que México revoque la autorización del proyecto debido a los impactos graves que tendrá sobre la diversidad de vida en los arrecifes. "Nos preocupa la forma en la que el gobierno autorizó este proyecto de desarrollo", afirmó Moguel. "México ha roto su compromiso internacional de proteger la rica biodiversidad dentro de su territorio, particularmente aquella que está dentro de áreas naturales protegidas". El equipo del Programa de Protección Marina de AIDA ha trabajado en casos similares en México y en toda la región, ganando experiencia en leyes nacionales e internacionales que permitan la protección de los arrecifes de coral. Y ha elaborado un informe que sintetiza el conocimiento adquirido durante esos años de trabajo: La Protección de los Arrecifes de Coral en México: Rescatando la Biodiversidad Marina y sus Beneficios para la Humanidad. "Queremos interesar e informar a las personas que trabajan en la protección de humedales", señaló Moguel. "Existe una gran variedad de herramientas legales a su alcance, de las cuales posiblemente no están al tanto", añadió. "Además de describir nuestro propio trabajo legal en este tema, en el informe discutimos el poder de los tratados y compromisos internacionales que las naciones deben cumplir". El informe explica la importancia de los arrecifes de coral en el mundo —particularmente en México—, explora estudios de caso, expone tratados y obligaciones internacionales relevantes, y ofrece una mirada inspiradora sobre las mejores prácticas en la región. Gladys Martínez, abogada sénior del programa marino de AIDA, dijo que informes como éste buscan crear mayor conciencia sobre los medios legales disponibles para proteger los humedales, y resaltar los diferentes métodos que los tomadores de decisiones pueden usar. "AIDA selecciona casos emblemáticos como los de México para ilustrar problemas ambientales que son recurrentes en todo el continente", indicó Martínez. "Las amenazas al Sistema Arrecifal Veracruzano son una señal de que los países tienen la necesidad urgente de tomar medidas efectivas para proteger los arrecifes de coral y cumplir con sus obligaciones internacionales". AIDA ha lanzado una campaña para financiar los esfuerzos continuos del programa marino para proteger a los corales de la región. Nuestro trabajo brinda a defensores y tomadores de decisiones recursos prácticos, recomendaciones y las herramientas necesarias para mejorar la protección de los arrecifes de coral. Tu donativo apoyará directamente este trabajo, y hará posible un futuro más brillante para la espléndida variedad de vida que existe en los arrecifes de coral de América Latina.
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