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Foto: UNFCCCSiguiendo las negociaciones climáticas en la ONU
Los fenómenos derivados de los cambios en el clima son cada vez más extremos e impactan con mayor dureza a comunidades de países en desarrollo. Vigente desde 1994, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece acciones para limitar el incremento de la temperatura promedio global y enfrentar los efectos de la crisis climática.
Los países parte de la Convención y del Acuerdo de París se reúnen cada año en la llamada Conferencia de las Partes (COP) para revisar sus compromisos, los avances en el cumplimiento de los mismos y los desafíos pendientes en la lucha global contra la crisis climática.
El Acuerdo de París fue adoptado en la COP21 de 2015. Busca fortalecer la respuesta mundial ante la emergencia climática, estableciendo un marco común de trabajo para todos los países en función de sus capacidades y mediante la presentación de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) que permitan:
- Limitar el aumento de las temperaturas globales a 2°C en comparación con los niveles preindustriales y continular los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C;
- Aumentar la capacidad de los países para adaptarse a los impactos del cambio climático; y
- Garantizar que el financiamiento responda al objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Nuestras áreas de trabajo
CRISIS CLIMÁTICA Y DERECHOS HUMANOS
La crisis climática, por su carácter transversal, tiene repercusiones en distintos ámbitos, geografías, contextos y personas. En ese sentido, el preámbulo del Acuerdo de París señala que es obligación de los Estados "respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional".
A través del litigio climático y la incidencia política, AIDA trabaja para lograr una transición energética justa y respetuosa de los derechos humanos y con enfoque de género.
AIDA en las COP
COP25: Chile-Madrid 2019
En la COP25, celebrada en Madrid, España, abogamos por la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en diversos temas de la agenda. Promovimos la incorporación de amplias salvaguardas socioambientales en la reglamentación del artículo 6 del Acuerdo de París, referido a los mercados de carbono. Seguimos de cerca la adopción del Plan de Acción de Género, así como la Red de Santiago, creada “para catalizar la asistencia técnica […] en países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático”. Impulsamos además la inclusión en los compromisos climáticos de los países de metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta.
COP26: Glasgow 2021
AIDA asistió a la COP26 en Glasgow, Escocia, llevando la voz de América Latina. Tras la cancelación de las negociaciones en 2020, la COP26 generó un momento importante para retomar las acciones de incidencia en cuanto al aumento de la ambición climática y el cierre del libro de reglas del Acuerdo de París. AIDA abogó por la inclusión de los más altos estándares de derechos humanos en las decisiones relativas a los mercados de carbono, el financiamiento climático y la regulación de las pérdidas y daños. Durante nuestra participación, brindamos información de fácil acceso sobre estos temas a nuestros aliados y socios en la región. Además, expusimos los avances del litigio climático en América Latina junto con nuestros aliados de Climate Action Network (CAN) y Climate Action Network Latin America (CANLA), entre otras otras redes y grupos de trabajo.
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Mecanismo de rendición de cuentas del BID admite reclamación contra Hidroituango
En medio de la crisis humanitaria de largo plazo que se vive en cuenca del río Cauca por causa de la hidroeléctrica, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco admitió la queja presentada por el Movimiento Ríos Vivos contra el proyecto. Washington D.C. El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) declaró elegible la reclamación que el Movimiento Ríos Vivos presentó contra el proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Para el MICI, la queja cumple con todos los requisitos que, de conformidad con sus políticas, se deben cumplir para que sea admitida. Por lo tanto, el proceso sigue adelante y pasa a una fase de consulta. El junio pasado, comunidades afectadas por la construcción de la represa Hidroituango en el departamento de Antioquia, presentaron una reclamación ante el MICI. La queja fue presentada en la sede del organismo, ubicada en la capital de Estados Unidos. En ella solicitan que esa instancia de rendición de cuentas indague si el BID, tanto su brazo público como privado, cumplió o no sus propios estándares sociales y ambientales a la hora de invertir en el proyecto. Las comunidades afectadas, representadas por el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, resaltan en la queja que las políticas del Banco establecen que los proyectos en los que invierta deben ser sostenibles, participativos y respetuosos de la legislación nacional, lo que no ha ocurrido con Hidroituango. El proyecto no contó con una evaluación de impacto ambiental adecuada, no permite la participación de las comunidades ni el acceso a información, y se ha desarrollado en un contexto de violaciones a derechos humanos y uso desproporcionado de la fuerza. Asimismo, ha puesto en peligro la vida de miles de personas, que han tenido que ser evacuadas de forma improvisada por la crisis de la represa. Esto contradice los estándares sociales y ambientales que el BID debe aplicar en sus inversiones. La hidroeléctrica pretende ser la más grande de Colombia. El MICI atiende denuncias de personas y comunidades afectadas por proyectos de desarrollo financiados por el BID. Las comunidades afectadas por Hidroituango, asentadas en la cuenca del río Cauca y sus afluentes, son acompañadas en el proceso de queja por el Center for International Environmental Law (CIEL), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el International Accountability Project (IAP). El reclamo ocurre en medio de una crisis humanitaria en la zona de construcción de la hidroeléctrica y de una creciente violencia contra las personas que defienden su territorio y agua frente al proyecto. Los miembros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia han sufrido múltiples amenazas, intimidaciones y violación de sus derechos. Además, la región donde está ubicada la represa ha sido históricamente afectada por la violencia y el conflicto armado. Encuentra aquí más información del caso. Contactos de prensa: Isabel Zuleta, Movimiento Ríos Vivos Antioquia, +57 3217347264, [email protected] Carla García, Center for International Environmental Law, [email protected] Astrid Puentes, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Carlos Lozano, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Alexandre Sampaio, International Accountability Project, [email protected]
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En medio de la crisis humanitaria de largo plazo que se vive en cuenca del río Cauca por causa de la hidroeléctrica, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco admitió la queja presentada por el Movimiento Ríos Vivos contra el proyecto. Washington D.C. El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) declaró elegible la reclamación que el Movimiento Ríos Vivos presentó contra el proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Para el MICI, la queja cumple con todos los requisitos que, de conformidad con sus políticas, se deben cumplir para que sea admitida. Por lo tanto, el proceso sigue adelante y pasa a una fase de consulta. El junio pasado, comunidades afectadas por la construcción de la represa Hidroituango en el departamento de Antioquia, presentaron una reclamación ante el MICI. La queja fue presentada en la sede del organismo, ubicada en la capital de Estados Unidos. En ella solicitan que esa instancia de rendición de cuentas indague si el BID, tanto su brazo público como privado, cumplió o no sus propios estándares sociales y ambientales a la hora de invertir en el proyecto. Las comunidades afectadas, representadas por el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, resaltan en la queja que las políticas del Banco establecen que los proyectos en los que invierta deben ser sostenibles, participativos y respetuosos de la legislación nacional, lo que no ha ocurrido con Hidroituango. El proyecto no contó con una evaluación de impacto ambiental adecuada, no permite la participación de las comunidades ni el acceso a información, y se ha desarrollado en un contexto de violaciones a derechos humanos y uso desproporcionado de la fuerza. Asimismo, ha puesto en peligro la vida de miles de personas, que han tenido que ser evacuadas de forma improvisada por la crisis de la represa. Esto contradice los estándares sociales y ambientales que el BID debe aplicar en sus inversiones. La hidroeléctrica pretende ser la más grande de Colombia. El MICI atiende denuncias de personas y comunidades afectadas por proyectos de desarrollo financiados por el BID. Las comunidades afectadas por Hidroituango, asentadas en la cuenca del río Cauca y sus afluentes, son acompañadas en el proceso de queja por el Center for International Environmental Law (CIEL), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el International Accountability Project (IAP). El reclamo ocurre en medio de una crisis humanitaria en la zona de construcción de la hidroeléctrica y de una creciente violencia contra las personas que defienden su territorio y agua frente al proyecto. Los miembros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia han sufrido múltiples amenazas, intimidaciones y violación de sus derechos. Además, la región donde está ubicada la represa ha sido históricamente afectada por la violencia y el conflicto armado. Encuentra aquí más información del caso. Contactos de prensa: Isabel Zuleta, Movimiento Ríos Vivos Antioquia, +57 3217347264, [email protected] Carla García, Center for International Environmental Law, [email protected] Astrid Puentes, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Carlos Lozano, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Alexandre Sampaio, International Accountability Project, [email protected]
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El primer tratado jurídicamente vinculante del mundo para proteger alta mar: Comienza en la ONU una negociación histórica
Nueva York. Comienzan hoy en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las negociaciones de un tratado para conservar y proteger casi dos tercios del océano, en el marco de lo que se considera generalmente la mayor oportunidad de esta generación para cambiar el rumbo del deterioro y la pérdida de diversidad del océano. Tras un decenio de debates en la ONU, la Conferencia Intergubernamental (CIG), de dos semanas de duración, es la primera de una serie de cuatro sesiones de negociación que se desarrollarán hasta 2020 con vistas a lograr un nuevo tratado jurídicamente vinculante para proteger la biodiversidad marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional* (AFJN), conocidas comúnmente como la alta mar. El océano situado más allá de las 200 millas marinas (370 kilómetros) de las costas de un país se considera aguas internacionales – “la alta mar” - y se comparte globalmente. No existe una legislación suprema que salvaguarde su biodiversidad ni su papel vital en la prestación de servicios – tales como la generación de oxígeno y la regulación del clima. “La alta mar cubre la mitad de nuestro planeta y es vital para el funcionamiento del océano entero y de toda la vida en la Tierra. El sistema actual de gobernanza de la alta mar es débil, fragmentario e inadecuado para abordar las amenazas a las que nos enfrentamos ahora en el siglo XXI, derivadas del cambio climático, la pesca ilegal y la sobrepesca, la contaminación por plásticos y la pérdida de hábitats. Esta es una oportunidad histórica para proteger la biodiversidad y las funciones de la alta mar mediante compromisos jurídicamente vinculantes”, declaró Peggy Kalas, Coordinadora de la High Seas Alliance, una alianza entre más de 40 organizaciones no gubernamentales y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). El papel clave del océano en la mitigación del cambio climático, que incluye la absorción de un 90% del calor adicional y de un 26% del exceso de dióxido de carbono creados por fuentes humanas, ha tenido un efecto devastador sobre el propio océano. Gestionar los múltiples factores de estrés añadidos que se ejercen sobre él permitirá aumentar su resiliencia ante el cambio climático y la acidificación, y protegerá ecosistemas marinos únicos en su especie, muchos de los cuales quedan aún por explorar y descubrir. Dado que se trata de aguas internacionales, las medidas de conservación necesarias solo pueden introducirse a través de un tratado global. El profesor Alex Rogers de la Universidad de Oxford, que ha proporcionado evidencia para fundamentar el proceso de la ONU de cara a un tratado, afirmó: “La mitad de nuestro planeta consistente en alta mar está protegiendo la vida terrestre frente a los peores impactos del cambio climático. Y a pesar de ello, estamos haciendo muy poco para salvaguardarla o para proteger la vida dentro del océano, intrínseca a nuestra supervivencia colectiva. Proteger la biodiversidad de la alta mar, implantando la buena gobernanza y la ley en el océano entero, es sin duda lo más importante que podemos hacer para cambiar el rumbo del corazón azul de nuestro planeta”. A través de la ONU, los estados debatirán cómo proteger y conservar la alta mar mediante el establecimiento de: Áreas Marinas Protegidas (AMP): Las AMP gozan de amplio reconocimiento como elemento esencial para construir la resiliencia del océano, pero sin tratado no hay un mecanismo que posibilite su creación en la alta mar. Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA): Aunque ciertas actividades se encuentran parcialmente reguladas en algunas áreas de la alta mar, no existe un marco jurídico para la realización de EIA con vistas a prevenir un potencial daño ambiental. Reparto de beneficios y transferencia tecnológica: A muchos países les preocupa no poderse beneficiar de la investigación sobre las especies de alta mar y perder así el acceso a nuevos recursos genéticos marinos de enorme alcance potencial, tales como el descubrimiento de recursos genéticos marinos (RGM) que podrían ofrecer nuevos usos farmacéuticos y nutracéuticos, entre otros. Las negociaciones también se centrarán en mejorar los mecanismos de creación de capacidad y transferencia tecnológica en países en desarrollo dentro del ámbito de la alta mar. Gladys Martínez, abogada sénior del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), parte de la High Seas Alliance, dijo: “Esperamos que en esta conferencia intergubernamental se logren avances importantes hacia la creación de un tratado para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en alta mar. Estamos especialmente complacidos de ver el compromiso de los Estados latinoamericanos al inicio de esta importante negociación”. Notas para los redactores: * ‘Áreas fuera de la jurisdicción nacional’ son las áreas del océano situadas fuera de las ZEE y de las plataformas continentales de los distintos estados, es decir, a más de 200 millas marinas de la costa en la mayoría de los casos. Incluye también la alta mar, la Zona de mar profundo definida en la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CDM, o también CONVEMAR o CNUDM), que es el fondo oceánico profundo situado más allá de las plataformas continentales de los Estados ribereños. Para más información, visite: http://highseasalliance.org El proceso hasta hoy: Cronograma del Tratado Contactos de prensa Victor Quintanilla (México), [email protected], +521 5570522107 Mirella von Lindenfels (en la ONU, durante las negociaciones), +44 7717 844 352
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