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Foto: UNFCCCSiguiendo las negociaciones climáticas en la ONU
Los fenómenos derivados de los cambios en el clima son cada vez más extremos e impactan con mayor dureza a comunidades de países en desarrollo. Vigente desde 1994, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece acciones para limitar el incremento de la temperatura promedio global y enfrentar los efectos de la crisis climática.
Los países parte de la Convención y del Acuerdo de París se reúnen cada año en la llamada Conferencia de las Partes (COP) para revisar sus compromisos, los avances en el cumplimiento de los mismos y los desafíos pendientes en la lucha global contra la crisis climática.
El Acuerdo de París fue adoptado en la COP21 de 2015. Busca fortalecer la respuesta mundial ante la emergencia climática, estableciendo un marco común de trabajo para todos los países en función de sus capacidades y mediante la presentación de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) que permitan:
- Limitar el aumento de las temperaturas globales a 2°C en comparación con los niveles preindustriales y continular los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C;
- Aumentar la capacidad de los países para adaptarse a los impactos del cambio climático; y
- Garantizar que el financiamiento responda al objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Nuestras áreas de trabajo
CRISIS CLIMÁTICA Y DERECHOS HUMANOS
La crisis climática, por su carácter transversal, tiene repercusiones en distintos ámbitos, geografías, contextos y personas. En ese sentido, el preámbulo del Acuerdo de París señala que es obligación de los Estados "respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional".
A través del litigio climático y la incidencia política, AIDA trabaja para lograr una transición energética justa y respetuosa de los derechos humanos y con enfoque de género.
AIDA en las COP
COP25: Chile-Madrid 2019
En la COP25, celebrada en Madrid, España, abogamos por la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en diversos temas de la agenda. Promovimos la incorporación de amplias salvaguardas socioambientales en la reglamentación del artículo 6 del Acuerdo de París, referido a los mercados de carbono. Seguimos de cerca la adopción del Plan de Acción de Género, así como la Red de Santiago, creada “para catalizar la asistencia técnica […] en países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático”. Impulsamos además la inclusión en los compromisos climáticos de los países de metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta.
COP26: Glasgow 2021
AIDA asistió a la COP26 en Glasgow, Escocia, llevando la voz de América Latina. Tras la cancelación de las negociaciones en 2020, la COP26 generó un momento importante para retomar las acciones de incidencia en cuanto al aumento de la ambición climática y el cierre del libro de reglas del Acuerdo de París. AIDA abogó por la inclusión de los más altos estándares de derechos humanos en las decisiones relativas a los mercados de carbono, el financiamiento climático y la regulación de las pérdidas y daños. Durante nuestra participación, brindamos información de fácil acceso sobre estos temas a nuestros aliados y socios en la región. Además, expusimos los avances del litigio climático en América Latina junto con nuestros aliados de Climate Action Network (CAN) y Climate Action Network Latin America (CANLA), entre otras otras redes y grupos de trabajo.
Proyectos relacionados
Comisión Interamericana pide atender con urgencia daños a pueblos indígenas a causa de la represa Belo Monte
Entre las conclusiones preliminares de su visita a Brasil, la Comisión llamó la atención de autoridades y de la sociedad para solucionar urgentemente las reiteradas violaciones de derechos que sufren pueblos indígenas. Resaltó el caso de la comunidad indígena Muratú de Paquiçamba (Pará) afectada por la implementación de la represa Belo Monte. Río de Janeiro, Brasil. Al finalizar su visita al país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a las autoridades y sociedad en general visibilizar, atender y resolver con urgencia la violación reiterada de los derechos humanos de pueblos indígenas. Resaltó el caso de la comunidad indígena Muratú, afectada por los daños ambientales causados por la implementación de la represa Belo Monte. En Brasil, los pueblos indígenas “sufren episodios frecuentes de violencia y falta de atención por parte de los servicios públicos, además de enfrentar dificultades y obstáculos crecientes para la demarcación de sus tierras…”, dijo la Comisionada Antonia Urrejola Noguera, Relatora para Brasil, al presentar las conclusiones preliminares. "Brasil ha sido uno de los mayores violadores de derechos humanos de los pueblos indígenas. En la reunión con la Comisión, la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) presentó estos casos y expresó su preocupación en el escenario político actual, en el cual el discurso de odio y de racismo ha sido casa vez mayor, incluso por la vía institucional", afirmó Luiz Eloy Terena, asesor jurídico de la APIB. El pasado 7 de noviembre, una delegación de la CIDH visitó la Aldea Muratú, en la Tierra Indígena Paquiçamba, estado de Pará, una de las comunidades indígenas afectadas por la represa Belo Monte. Es la primera vez que la Comisión visita el área. Allí escucharon testimonios de indígenas y ribereños, que luchan por mantener su modo de vida tradicional pese a la muerte de miles de peces, la contaminación del rio Xingú, el despojo forzado de sus tierras sin una reubicación adecuada y el desarrollo de proyectos productivos inadecuados culturalmente. Líderes de la aldea denunciaron que estos daños afectan en mayor medida a mujeres y niños y niñas. La Comisión también escuchó a representantes de la ciudad de Altamira, la más próxima a la hidroeléctrica. “Resaltamos la importancia de la visita histórica de la Comisión a la Aldea Muratú, y el reconocimiento de los impactos negativos que la represa Belo Monte ha causado en los derechos humanos de los habitantes del Xingú”, expresó Astrid Puentes Riaño, Codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Corresponde ahora al gobierno de Brasil adoptar las decisiones y recomendaciones de la Comisión, cumpliendo con las normas de derecho y la protección de las personas en su país”. En esa visita, las personas afectadas se mostraron especialmente preocupadas por la implementación, el próximo año, de un plan de manejo del caudal del río Xingú, denominado hidrograma de consenso, que dejaría sin agua suficiente para subsistir a las comunidades indígenas y ribereñas de la zona, así como a especies de plantas y animales. “Los comisionados tuvieron la oportunidad de confirmar la gravedad de los impactos y la urgencia de revisar los criterios para definir el caudal residual que el río Xingu debe mantener en la región de la Vuelta Grande para garantizar la subsistencia física y la cultura de los ribereños e indígenas”, comentó Biviany Rojas, del Instituto Socioambiental (ISA). En 2011, las comunidades indígenas y ribereñas del Xingú —representadas por AIDA, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH) y Justiça Global— presentaron una denuncia contra Brasil por el caso ante la CIDH. Ese mismo año, la Comisión otorgó medidas de protección urgente para los pueblos indígenas afectados. El caso inició formalmente en diciembre de 2015 y, en mayo de este año, las organizaciones presentamos nuestros argumentos finales. Con base en ellos y los argumentos del Estado brasileño, la Comisión publicará un informe en el que concluya si hubo o no violaciones a los derechos humanos, pudiendo emitir recomendaciones para que Brasil las repare. Demostrar avances y respeto a los derechos de los pueblos indígenas —en casos como Xucuru, el de los pueblos del Xingú y Guyraroka— representan una oportunidad importante para Brasil hacia el fortalecimiento del estado de derecho y del progreso del país. Contactos de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Isabel Harari (Brasil), ISA, [email protected], +5561998261213
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Comissão Interamericana de Direitos Humanos pede reparação aos impactados por Belo Monte
A Comissão destacou o caso do povo Juruna, da Terra Indígena Paquiçamba (PA), que vive próximo a barragem e sofre graves causadas pela implantação do empreendimento. Rio de Janeiro, Brasil. No encerramento de sua visita ao país, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) chamou a atenção das autoridades e da sociedade em geral para visibilizar, atender e solucionar urgentemente a situação de repetida violação dos direitos humanos dos povos indígenas. A CIDH também destacou o caso do povo Juruna, afetado pelos danos socioambientais causados pela implementação da usina hidrelétrica (UHE) Belo Monte, no Pará. No Brasil, os povos indígenas "sofrem episódios de frequentes episódios de violência e falta de atenção por parte dos serviços públicos, além de enfrentar dificuldades e obstáculos crescentes na demarcação de suas terras",disse Antônia Urrejola Noguera, relatora da CIDH para o Brasil, ao apresenataras conclusões preliminares. "O Brasil tem sido um dos maiores violadores dos direitos humanos dos povos indígenas. Nessa audiência com a CIDH, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) levou esses casos e a preocupação com o cenário político atual, onde o discurso de ódio e racismo tem sido cada vez maior, inclusive pela via institucional" relatou Luiz Eloy Terena, assessor jurídico da Apib. No último dia 7 de novembro, a delegação da CIDH visitou a aldeia Mïratu, na Terra Indígena Paquiçamba, do povo Juruna, uma das comunidades indígenas afetadas pela barragem de Belo Monte. É a primeira vez que a Comissão visita o local. Ali, a CIDH ouviu os depoimentos de indígenas e ribeirinhos que lutam para manter seu modo de vida tradicional apesar da morte de milhares de peixes, da contaminação do Xingu, do despejo forçado de suas terras sem um remanejamento para perto do rio e o desenvolvimento de projetos produtivos inadequados. As lideranças relataram que esses impactos afetam de maneira diferenciada à mulheres e crianças. A Comissão também ouviu representantes da cidade de Altamira. "Nós ressaltamos a importância da visita histórica da Comissão à TI Paquiçamba, , que reconheceu os impactos negativos que Belo Monte causou nos direitos humanos dos habitantes do Xingu", disse Astrid Puentes, codiretora da Associação Interamericana para a Defesa do meio ambiente (AIDA). "Corresponde agora ao governo do Brasil adotar decisões e recomendações da CIDH, cumprindo com normas de direito e à proteção das pessoas de seu país". Durante a visita as pessoas se mostraram particularmente preocupadas com a implementação, no próximo ano, do plano de manejo para o fluxo do rio Xingu, chamado de Hidrograma de Consenso. O hidrograma não prevê um fluxo de água suficiente que garanta a sobrevivência das comunidades indígenas e ribeirinhas da região, e pode levar à extinção diversas espécies de plantas e animais. "Os comissionários tiveram a oportunidade de confirmar a gravidade dos impactos e a urgência de revisar os critérios para definir a vazão residual que o rio Xingu deve manter na região da Volta Grande para garantir a subsitência física e cultura dos ribeirinhos e indígenas", comenta Biviany Rojas, Instituto Socioambiental (ISA). Em 2011, as comunidades do indígenas e ribeirinhas do Xingu, representadas pela AIDA, Sociedade Paraense para a Defesa dos Direitos Humanos (SDDH), Movimento Xingu Vivo para Sempre, Prelazia do Xingu, CIMI e Justiça Global, apresentaram uma denúncia contra o Brasil pelo caso. No mesmo ano, a Comissão concedeu medidas urgentes de protecção aos povos indígenas afetados. O caso foi iniciado formalmente em dezembro de 2015 e, em maio deste ano, as organizações apresentaram os argumentos finais. Com base nesse documento e nos argumentos do estado brasileiro, a Comissão publicará um relatório no qual concluirá se houve ou não violações aos direitos humanos, podendo emitir recomendações de reparação que deverão ser cumpridas pelo Brasil. Contatos de Imprensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], + 521 5570522107 Isabel Harari (Brasil), ISA, [email protected], + 5561998261213
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Detrás de las represas: inversiones del BNDES en Belo Monte e Hidroituango
Para cambiar es esencial conocer. Para conocer, dialogar. Y, para dialogar, presentamos este informe. Analizamos la aplicación de los estándares internacionales existentes para hidroeléctricas a partir de dos de las inversiones más importantes del BNDES: Hidroituango y Belo Monte. Del análisis se desprenden evidencias y se ofrecen conclusiones y recomendaciones que brindarán al Banco, a las organizaciones y a las comunidades involucradas, elementos concretos para contribuir en la mejora del desempeño futuro de la institución financiera. Esperamos que estos aportes fortalezcan el diálogo con el BNDES facilitando la identificación de opciones hacia un mayor cumplimiento de los valores que el Banco ha adoptado, particularmente la transparencia y la responsabilidad social y ambiental. Lee el informe completo Descarga el Resumen Ejecutivo Lee el informe en portugués Descarga el Resumen Ejecutivo en portugués Lee el Resumen Ejecutivo en inglés
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