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Foto: UNFCCCSiguiendo las negociaciones climáticas en la ONU
Los fenómenos derivados de los cambios en el clima son cada vez más extremos e impactan con mayor dureza a comunidades de países en desarrollo. Vigente desde 1994, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece acciones para limitar el incremento de la temperatura promedio global y enfrentar los efectos de la crisis climática.
Los países parte de la Convención y del Acuerdo de París se reúnen cada año en la llamada Conferencia de las Partes (COP) para revisar sus compromisos, los avances en el cumplimiento de los mismos y los desafíos pendientes en la lucha global contra la crisis climática.
El Acuerdo de París fue adoptado en la COP21 de 2015. Busca fortalecer la respuesta mundial ante la emergencia climática, estableciendo un marco común de trabajo para todos los países en función de sus capacidades y mediante la presentación de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) que permitan:
- Limitar el aumento de las temperaturas globales a 2°C en comparación con los niveles preindustriales y continular los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C;
- Aumentar la capacidad de los países para adaptarse a los impactos del cambio climático; y
- Garantizar que el financiamiento responda al objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Nuestras áreas de trabajo
CRISIS CLIMÁTICA Y DERECHOS HUMANOS
La crisis climática, por su carácter transversal, tiene repercusiones en distintos ámbitos, geografías, contextos y personas. En ese sentido, el preámbulo del Acuerdo de París señala que es obligación de los Estados "respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional".
A través del litigio climático y la incidencia política, AIDA trabaja para lograr una transición energética justa y respetuosa de los derechos humanos y con enfoque de género.
AIDA en las COP
COP25: Chile-Madrid 2019
En la COP25, celebrada en Madrid, España, abogamos por la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en diversos temas de la agenda. Promovimos la incorporación de amplias salvaguardas socioambientales en la reglamentación del artículo 6 del Acuerdo de París, referido a los mercados de carbono. Seguimos de cerca la adopción del Plan de Acción de Género, así como la Red de Santiago, creada “para catalizar la asistencia técnica […] en países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático”. Impulsamos además la inclusión en los compromisos climáticos de los países de metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta.
COP26: Glasgow 2021
AIDA asistió a la COP26 en Glasgow, Escocia, llevando la voz de América Latina. Tras la cancelación de las negociaciones en 2020, la COP26 generó un momento importante para retomar las acciones de incidencia en cuanto al aumento de la ambición climática y el cierre del libro de reglas del Acuerdo de París. AIDA abogó por la inclusión de los más altos estándares de derechos humanos en las decisiones relativas a los mercados de carbono, el financiamiento climático y la regulación de las pérdidas y daños. Durante nuestra participación, brindamos información de fácil acceso sobre estos temas a nuestros aliados y socios en la región. Además, expusimos los avances del litigio climático en América Latina junto con nuestros aliados de Climate Action Network (CAN) y Climate Action Network Latin America (CANLA), entre otras otras redes y grupos de trabajo.
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Pronunciamiento de AIDA sobre la muerte de miles de peces en Costa Rica
Ante la muerte de anchovetas —especie de la que dependen para su nutrición aves, mamíferos marinos y otros peces—, se debe analizar a detalle el caso y, al dar con la causa del hecho, se debe dar una solución integral al problema a nivel nacional y regional. San José, Costa Rica. El 15 de febrero pasado, miles de peces de la especie anchoveta, aparecieron muertos a lo largo de 2 kilómetros del golfo de Nicoya, en varias playas de Puntarenas. Aunque expertos de la Universidad Nacional de Costa Rica descartaron que el hecho se deba a las toxinas que producen las algas o a una eventual marea roja —que ocurre por la excesiva proliferación de microalgas)—, las autoridades todavía no saben con exactitud las causas. La anchoveta es una especie que contribuye de gran manera al equilibrio del entorno marino en el que habita. Muchas especies de aves y mamíferos marinos, así como otros peces, dependen de la anchoveta como fuente vital de nutrición, pues es rica en proteínas. A propósito del hecho, Gladys Martínez, abogada del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA señaló: “Es clave que se analice detalladamente los factores que causaron esta muerte masiva de anchovetas para poder determinar qué las está afectando y evitar que una situación similar se repita. Una vez encontrada la causa, se debe implementar una solución que tenga un enfoque ecosistémico, es decir que tenga en cuenta todos los componentes del entorno marino. Adicionalmente, es importante que Costa Rica trabaje en dar una solución integral al problema tanto a nivel nacional como regional, pues la anchoveta es una especie común de diferentes países y aunque no es altamente migratoria, se traslada en espacios cortos. Debido a ello, los países fronterizos deben unir esfuerzos”. Contacto de prensa: Gladys Martínez, AIDA, [email protected], +506 8321 4263
Leer más16 Avances en 2016: Una Revisión Anual
Con tu apoyo y el de nuestros socios, AIDA logró avances importantes en la defensa del ambiente y los derechos humanos en 2016.
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El rol de la sociedad civil en el Fondo Verde del Clima
El cambio climático es real y sus efectos llegaron para quedarse. A nivel mundial, los países han decidido que, para salir del lío, deben actuar juntos. Pero más allá de intenciones, poco hemos avanzado. Una opción que podría dar resultados y en la que pongo mis esperanzas es el Fondo Verde del Clima (FVC), el principal mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Se trata de una institución novedosa y con la capacidad de mover grandes cantidades de dinero, de los países ricos a los países en desarrollo. Con esos recursos, los países más vulnerables y con menor capacidad financiera podrán desarrollar acciones de mitigación y adaptación para hacerle frente al cambio climático. El Fondo está integrado por diversos actores, y uno de ellos es la sociedad civil, que cumple un rol fundamental en asegurar que la entidad tome en cuenta las necesidades de las poblaciones locales, en especial de las más vulnerables, a la hora de aprobar financiamiento para programas y proyectos de lucha contra el cambio climático. El trabajo del Fondo en la práctica El Fondo es un mecanismo complejo en el que interactúan diversos actores. Su Junta Directiva la integran 24 miembros, 12 representantes de los países desarrollados y 12 de los países en vías de desarrollo, y está encargada de gobernar y supervisar el Fondo. Las decisiones adoptadas por la Junta son implementadas por la Secretaría Independiente. El Fondo se relaciona con los países receptores del financiamiento a través de las Autoridades Nacionales Designadas o Puntos Focales, entidades designadas por cada nación. Asimismo, el Fondo acredita a instituciones nacionales, regionales o internacionales para que canalicen los recursos económicos mediante la presentación y ejecución de propuestas climáticas. Estas son las llamadas Entidades Acreditadas. Finalmente, están los observadores de la sociedad civil y del sector privado. En las reuniones de la Junta Directiva, solo pueden participar los “observadores activos”: dos de la sociedad civil y dos del sector privado. Los demás observadores permanecen en una sala contigua y dan seguimiento a las reuniones a través de pantallas de televisión. La toma de decisiones En la práctica, el Fondo se ha ido construyendo en las reuniones de su Junta Directiva, realizadas cada tres meses. En ellas se discuten y deciden las políticas que dan forma al fondo, se acredita a entidades que harán propuestas de programas y proyectos a financiar, y se aprueban las propuestas de mitigación y adaptación a implementar con financiamiento del Fondo. En octubre pasado, tuve la fortuna de participar, como observadora de la sociedad civil, en la 14va reunión, celebrada en Songdo, Corea del Sur, sede del Fondo. Pude ver en terreno cómo funciona este complejo mecanismo internacional, y sobre todo, cuál es el aporte de la sociedad civil, que se lleva a cabo contra viento y marea. Lo digo porque las condiciones de su trabajo no son fáciles, partiendo porque sus representantes, muchas veces de países con pocos recursos, deben financiar sus costos de vuelo y estadía para asistir a las reuniones. Por otro lado, la sociedad civil goza apenas de un derecho a voz, que pueden ejercer sólo los dos observadores activos que están en la sala de reuniones, y únicamente si los Copresidentes de la Junta Directiva lo autorizan. El valioso aporte de la sociedad civil Todas las intervenciones de la sociedad civil son discutidas, preparadas y perfeccionadas en equipo, implicando muchas veces desvelo, ya que los temas a tratar son amplios y complejos. En la práctica, estos aportes quedan siempre relegados para el final de las discusiones y, cuando el tiempo escasea, algo que es común, muchas veces el derecho a hablar no llega a ser otorgado. Esto puede resultar muy frustrante, ya que se pierde un aporte crucial. Entre otras cosas, la sociedad civil aporta en cada política que se discute para elevar cada vez más los estándares del Fondo. Además, estudia cada propuesta de financiamiento y se comunica con las comunidades potencialmente afectadas o beneficiadas por ellas para entender lo que implican realmente los proyectos y programas, más allá de lo que aparece en el papel. Por ello el trabajo informal que la sociedad civil hace “tras bambalinas” es muy importante. Se trata de la labor que se realiza en los recesos, a la hora de la comida, en los pasillos. De a poco, la sociedad civil construye relaciones con las personas que sí tienen poder de decidir (miembros de la Junta y consejeros), para compartir con ellos sus ideas, preocupaciones y sugerencias. Los resultados de esta incidencia se ven poco a poco. El Fondo Verde del Clima es esperanzador porque sus lineamientos están correctamente planteados: busca promover un cambio transformacional y paradigmático, promete transparencia, y sus decisiones las toman representantes de países desarrollados y países en vías de desarrollo con igual peso. Tiene el mandato de promocionar la “apropiación doméstica” de los programas y proyectos que financia, esto es, que sean guiados por las necesidades y prioridades que los mismos países beneficiados han determinado. Además, tiene la obligación de actuar con un enfoque de género. Sin embargo, también tiene problemas y carencias. La participación de la sociedad civil es crucial, precisamente para lo último. Al no responder a ningún gobierno, partido político u otro interés, la sociedad civil vela por la protección del medio ambiente, por el respeto de los derechos humanos, y por la correcta participación e inclusión de las personas que están siendo afectadas directamente por el cambio climático. La participación física de representantes de la sociedad civil en las reuniones de la Junta Directiva del Fondo es necesaria para que el trabajo del Fondo Verde siga avanzando, siempre tomando en cuenta las voces de las comunidades directamente afectadas o beneficiadas por el financiamiento y que son también las más vulnerables al cambio climático. ¡Conoce más del Fondo en nuestro sitio web!
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