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Foto: UNFCCCSiguiendo las negociaciones climáticas en la ONU
Los fenómenos derivados de los cambios en el clima son cada vez más extremos e impactan con mayor dureza a comunidades de países en desarrollo. Vigente desde 1994, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece acciones para limitar el incremento de la temperatura promedio global y enfrentar los efectos de la crisis climática.
Los países parte de la Convención y del Acuerdo de París se reúnen cada año en la llamada Conferencia de las Partes (COP) para revisar sus compromisos, los avances en el cumplimiento de los mismos y los desafíos pendientes en la lucha global contra la crisis climática.
El Acuerdo de París fue adoptado en la COP21 de 2015. Busca fortalecer la respuesta mundial ante la emergencia climática, estableciendo un marco común de trabajo para todos los países en función de sus capacidades y mediante la presentación de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) que permitan:
- Limitar el aumento de las temperaturas globales a 2°C en comparación con los niveles preindustriales y continular los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C;
- Aumentar la capacidad de los países para adaptarse a los impactos del cambio climático; y
- Garantizar que el financiamiento responda al objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Nuestras áreas de trabajo
CRISIS CLIMÁTICA Y DERECHOS HUMANOS
La crisis climática, por su carácter transversal, tiene repercusiones en distintos ámbitos, geografías, contextos y personas. En ese sentido, el preámbulo del Acuerdo de París señala que es obligación de los Estados "respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional".
A través del litigio climático y la incidencia política, AIDA trabaja para lograr una transición energética justa y respetuosa de los derechos humanos y con enfoque de género.
AIDA en las COP
COP25: Chile-Madrid 2019
En la COP25, celebrada en Madrid, España, abogamos por la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en diversos temas de la agenda. Promovimos la incorporación de amplias salvaguardas socioambientales en la reglamentación del artículo 6 del Acuerdo de París, referido a los mercados de carbono. Seguimos de cerca la adopción del Plan de Acción de Género, así como la Red de Santiago, creada “para catalizar la asistencia técnica […] en países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático”. Impulsamos además la inclusión en los compromisos climáticos de los países de metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta.
COP26: Glasgow 2021
AIDA asistió a la COP26 en Glasgow, Escocia, llevando la voz de América Latina. Tras la cancelación de las negociaciones en 2020, la COP26 generó un momento importante para retomar las acciones de incidencia en cuanto al aumento de la ambición climática y el cierre del libro de reglas del Acuerdo de París. AIDA abogó por la inclusión de los más altos estándares de derechos humanos en las decisiones relativas a los mercados de carbono, el financiamiento climático y la regulación de las pérdidas y daños. Durante nuestra participación, brindamos información de fácil acceso sobre estos temas a nuestros aliados y socios en la región. Además, expusimos los avances del litigio climático en América Latina junto con nuestros aliados de Climate Action Network (CAN) y Climate Action Network Latin America (CANLA), entre otras otras redes y grupos de trabajo.
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La conservación de tiburones en Costa Rica está en riesgo
En Costa Rica, el futuro del tiburón martillo, especie amenazada, depende de una decisión del gobierno. Si el gobierno deja de exportar productos de ese animal por un año, la población de esa especie podría recuperarse. De lo contrario, su supervivencia estaría en grave peligro. Ésa es la recomendación del concejo científico en el país de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites). La Convención es un tratado internacional para impedir que el comercio amenace la supervivencia de animales y plantas silvestres. De las cerca de 100 especies de tiburones y rayas que Costa Rica alberga, un 15% está en peligro de extinción debido a la sobrepesca y a la destrucción o degradación de los entornos marinos. Y, según el consejo científico de la Convención, la población de tiburón martillo, enlistada como especie en peligro en 2014, ha sufrido reducciones de hasta un 90% de su tamaño histórico. Por ello, en abril de este año, el consejo científico recomendó prohibir la exportación de productos elaborados a base de tiburón martillo por al menos un año, hasta que se demuestre una mejoría en la salud de la población de la especie o una disminución en su pesca. El rol del sector pesquero Poco después de conocida la recomendación de los expertos científicos de la Convención, el Gobierno costarricense emitió un decreto ejecutivo que puso en manos del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el procedimiento técnico y administrativo, respectivamente, para autorizar la exportación de las especies de tiburones amenazadas o en peligro de extinción. Sin embargo, para Mario Espinoza Mendieta, investigador de la Universidad de Costa Rica, el problema radica en que tanto el Incopesca como el Ministerio de Agricultura y Ganadería han tendido a favorecer los intereses del sector productivo por encima de la conservación de especies amenazadas. La Junta Directiva del Incopesca, menciona Espinoza, está representada por diferentes sectores de pesca del país, cuyos intereses no siempre se alinean con la protección y explotación sostenible de los recursos marinos. “Eso hace que la balanza se vaya más hacia el sector productivo”, explica Espinoza, también miembro del consejo científico de la Convención. En el pasado, el Incopesca fue incluso cuestionado por no imponer sanciones a barcos camaroneros a los que se encontró pescando dentro de áreas protegidas. El comercio de tiburón La exportación de productos de tiburón es legal en Costa Rica, mientras respete las regulaciones establecidas por la Convención. Pero el aleteo, práctica que consiste en cortar las aletas del tiburón y lanzar el cuerpo al mar, no está permitida y ha sido controlada de mejor manera en el país. En febrero pasado, un tribunal emitió la primera sanción penal por aleteo contra una empresaria taiwanesa que llevó a puerto aletas de tiburón desprendidas del cuerpo del animal y unidas con alambre. AIDA y Conservación Internacional ayudaron en la resolución del caso, asesorando con argumentos de derecho internacional el trabajo de la Fiscalía. Las aletas de tiburón son muy codiciada en países asiáticos, que las considera un manjar. Se estima que el valor del producto sea de 100 dólares el kilo o que incluso supere esa cifra. Una decisión responsable En la región, los gobiernos de Colombia y Ecuador han desarrollado campañas para proteger al tiburón martillo. En Costa Rica, el Incopesca es responsable ahora del futuro de esa especie. Ojalá su labor incluya el criterio científico. El estado actual de la población de ese animal es frágil y una mala decisión podría dañarle seriamente. También peligra la conservación de otras especies amenazadas de tiburón, como el tiburón gris, una de las principales en el sector pesquero de Costa Rica. El criterio de sostenibilidad debe primar por encima del económico si el país quiere preservar su riqueza natural para el futuro y ser ejemplo de conservación en el continente.
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