Project
Foto: UNFCCCSiguiendo las negociaciones climáticas en la ONU
Los fenómenos derivados de los cambios en el clima son cada vez más extremos e impactan con mayor dureza a comunidades de países en desarrollo. Vigente desde 1994, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece acciones para limitar el incremento de la temperatura promedio global y enfrentar los efectos de la crisis climática.
Los países parte de la Convención y del Acuerdo de París se reúnen cada año en la llamada Conferencia de las Partes (COP) para revisar sus compromisos, los avances en el cumplimiento de los mismos y los desafíos pendientes en la lucha global contra la crisis climática.
El Acuerdo de París fue adoptado en la COP21 de 2015. Busca fortalecer la respuesta mundial ante la emergencia climática, estableciendo un marco común de trabajo para todos los países en función de sus capacidades y mediante la presentación de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) que permitan:
- Limitar el aumento de las temperaturas globales a 2°C en comparación con los niveles preindustriales y continular los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C;
- Aumentar la capacidad de los países para adaptarse a los impactos del cambio climático; y
- Garantizar que el financiamiento responda al objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Nuestras áreas de trabajo
CRISIS CLIMÁTICA Y DERECHOS HUMANOS
La crisis climática, por su carácter transversal, tiene repercusiones en distintos ámbitos, geografías, contextos y personas. En ese sentido, el preámbulo del Acuerdo de París señala que es obligación de los Estados "respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional".
A través del litigio climático y la incidencia política, AIDA trabaja para lograr una transición energética justa y respetuosa de los derechos humanos y con enfoque de género.
AIDA en las COP
COP25: Chile-Madrid 2019
En la COP25, celebrada en Madrid, España, abogamos por la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en diversos temas de la agenda. Promovimos la incorporación de amplias salvaguardas socioambientales en la reglamentación del artículo 6 del Acuerdo de París, referido a los mercados de carbono. Seguimos de cerca la adopción del Plan de Acción de Género, así como la Red de Santiago, creada “para catalizar la asistencia técnica […] en países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático”. Impulsamos además la inclusión en los compromisos climáticos de los países de metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta.
COP26: Glasgow 2021
AIDA asistió a la COP26 en Glasgow, Escocia, llevando la voz de América Latina. Tras la cancelación de las negociaciones en 2020, la COP26 generó un momento importante para retomar las acciones de incidencia en cuanto al aumento de la ambición climática y el cierre del libro de reglas del Acuerdo de París. AIDA abogó por la inclusión de los más altos estándares de derechos humanos en las decisiones relativas a los mercados de carbono, el financiamiento climático y la regulación de las pérdidas y daños. Durante nuestra participación, brindamos información de fácil acceso sobre estos temas a nuestros aliados y socios en la región. Además, expusimos los avances del litigio climático en América Latina junto con nuestros aliados de Climate Action Network (CAN) y Climate Action Network Latin America (CANLA), entre otras otras redes y grupos de trabajo.
Proyectos relacionados
Solicitan Medidas Cautelares ante CIDH para Enfrentar Crisis de Salud Publica en La Oroya, Peru
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 21 de noviembre de 2005 Solicitan Medidas Cautelares ante CIDH para Enfrentar Crisis de Salud Publica en La Oroya, Peru Estudio de Marzo, 2005 encontró que el 99 por ciento de los niños en la ciudad están contaminados con plomo. SAN JOSÉ, COSTA RICA – La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Earthjustice y el Centro de Derechos Humanos y el Ambiente (CEDHA), en representación de un grupo de ciudadanos de La Oroya solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomar acciones inmediatas para proteger el derecho a la vida y la salud de los residentes de La Oroya, Perú. Los habitantes de La Oroya están siendo seriamente afectados debido a la grave contaminación generada por la operación de un complejo metalúrgico. En concreto, las organizaciones solicitaron a la Comisión que ordenara al Estado Peruano: Proveer diagnóstico y atención médica adecuados a los habitantes de La Oroya Implementar programas de educación y salud Asegurar una apropiada evaluación y seguimiento del “Plan de Adecuación y Manejo Ambiental” propuesto por la empresa Controlar efectivamente las emisiones atmosféricas del complejo Evaluar los niveles de contaminación en las casas Tomar medidas adicionales para asegurar que los niveles de plomo en sangre de los residentes de La Oroya cumplen con los estándares internacionales de salud. La urgencia de las medidas solicitadas en la ciudad andina de La Oroya, 175 kms. al este de Lima, se fundamenta en los elevados índices de contaminación que el complejo metalúrgico genera, particularmente por plomo, arsénico, cadmio y dióxido de azufre. Desde 1999 el Estado Peruano ha comprobado que casi la totalidad de los niños que habitan en los alrededores del complejo sufren de intoxicación con plomo, sin que se hayan implementado las medidas necesarias para remediar esta situación. El estudio más reciente, marzo del 2005, evidencia nuevamente que el 99 por ciento de los niños y niñas evaluados tienen niveles de plomo en sangre por encima de los límites establecidos por la Organización Mundial para la Salud, OMS, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y las normas peruanas. “Buscamos disminuir los altos niveles de plomo y otros contaminantes como cadmio, arsénico y dióxido de azufre en la ciudad, debido a que esto genera graves problemas de salud pública, incluyendo altos índices de enfermedades respiratorias como asma y bronquitis,” afirmó Martin Wagner, abogado de Earthjustice. De acuerdo con Romina Picolotti de CEDHA, “en lugar de proteger la salud de los habitantes, el Estado Peruano ha dilatado las medidas a implementar para el control de la contaminación y no ha exigido el cumplimiento de las normas ambientales y de protección de la salud pública”. “Esta omisión ha aumentado el riesgo para la salud, la vida y la integridad de los habitantes de La Oroya”, agregó Fernanda Doz Costas, abogada de CEDHA. En abril del 2005 el poder judicial ordenó también la implementación de medidas de protección, que fueron apeladas por el Estado Peruano, razón por la cual hasta el momento no se han cumplido. “No hay duda que los daños severos causados por la contaminación en La Oroya violan los derechos humanos fundamentales de sus residentes”, dijo Martin Wagner, abogado de Earthjustice. “La intervención de la Comisión Interamericana podría proteger a miles de niños y niñas y otras víctimas de daños futuros”. CONTACTOS: Carlos Chirinos, +511-4222720 ([email protected]) Romina Picolotti, CEDHA +54 (351) 425-6278 ([email protected]) Astrid Puentes, AIDA +52 (55) 5212-0141 ([email protected]) Martin Wagner, Earthjustice +1 (510) 550-6700 ([email protected])
Leer másJuez Ordena Medidas para Recuperación de Salud Pública en La Oroya
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 14 de abril de 2005 Juez Ordena Medidas para Recuperación de Salud Pública en La Oroya En Abril del 2005, el 22º Juzgado Civil de Lima ordenó al Ministerio de Salud del Perú (MINSA) y a la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), la implementación de medidas concretas para el mejoramiento de la crisis de salud pública en La Oroya, Perú, la ciudad donde la compañía estadounidense, Doe Run, opera un complejo metalúrgico de metales múltiples. La sentencia determinó que MINSA y DIGESA han incumplido las leyes de salud aplicables. Adicionalmente, la juez declaró que el gobierno no ha tomado acciones para proteger la salud de los afectados, a pesar que numerosos estudios evidencian la crisis de salubridad en La Oroya. La actividad metalúrgica produce una alta contaminación por metales pesados y dióxido de azufre. Según el último estudio realizado por DIGESA y por la compañía, la contaminación es tan alta que más del 99% de los niños menores de seis años, que habitan en el vecindario más cercano al Complejo—La Oroya Antigua—padecen de niveles de plomo en sangre mayores a los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Leer másAdmitido Amparo para Proteccion de las Tortugas Baulas, Costa Rica
PARA PUBLICACION INMEDIATA 30, Marzo 2005 CONTACTOS: Rolando Castro, CEDARENA, (506) 283-7080, [email protected] Anna Cederstav, AIDA (510) 550-6748, [email protected] ADMITIDO AMPARO PARA PROTECCION DE LAS TORTUGAS BAULAS SAN JOSE, Costa Rica—La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica admitió para su estudio un Recurso de Amparo interpuesto en contra de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), la Municipalidad de Santa Cruz y el Ministerio de Hacienda, adicionando al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), por la violación del derecho constitucional a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derivado de la falta de protección del Parque Nacional Marino Las Baulas (PNMB). En su Resolución, la Sala Constitucional solicitó informes a los demandados y suspendió las autorizaciones de las construcciones en el Parque. El amparo, interpuesto por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), y sus organizaciones participantes costarricenses, el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA) y Justicia para la Naturaleza (JPN), busca la protección efectiva del PNMB, creado en 1995 con el fin de proteger la anidación de tortugas marinas Baula o Laúd. La demanda se interpuso para impedir construcciones dentro del parque nacional que afectarían el ecosistema en el que estas tortugas anidan. Las tortugas baula son animales jurásicos, contemporáneos de los dinosaurios y sobrevivientes de la época de las glaciaciones, declaradas internacionalmente como en peligro crítico de extinción. Esta especie requiere de condiciones particulares para la anidación, por lo cual el impacto de los seres humanos en las playas y las luces de las construcciones propuestas tendrían una severa afectación sobre ella. Para asegurar el cumplimiento de estas condiciones se creó el Parque Nacional Marino Las Baulas, que incluye las playas de Carbón, Ventanas, Langosta y Playa Grande, constituyéndose en la zona más importante de anidación de esta especie en el Océano Pacífico Oriental. De hecho, el 80% de las tortugas baula que anidaron en Costa Rica entre el 2001 y 2002 lo hicieron en el PMNB. Otras playas de anidación en Costa Rica ya han sido destruidas, como Flamingo y Tamarindo, por la falta de planificación. “Buscamos evitar que pase lo mismo en el Parque Marino Las Baulas,” afirmó Anna Cederstav, Directora de Programas de AIDA. “Costa Rica tiene una oportunidad importante para proteger esta especie que es patrimonio de la humanidad, además de ser un valioso recurso económico para el país.” La Procuraduría General de la República, en un informe del 2004, exhortó a las autoridades a abstenerse de autorizar construcciones en el Parque, dada la fragilidad de las baulas. Sin embargo, esta recomendación no se ha cumplido hasta el momento, ni las autoridades han acatado sus funciones. La Municipalidad de Santa Cruz debe velar por los intereses locales y la protección del ambiente de su jurisdicción. LA SETENA, por su parte, debe velar para que los proyectos que se construyan en áreas ambientalmente frágiles como las áreas protegidas, no causen impactos negativos en estas. El MINAE debe expropiar los terrenos necesarios para consolidar el Parque y el Ministerio de Hacienda tiene la obligación de destinar los recursos necesarios para realizar las expropiaciones. Las ONGs interpusieron el recurso de amparo debido al incumplimiento de estas obligaciones. Además, para evitar el daño irreparable que las construcciones pueden causar, mientras se realizan los procesos de expropiación. “La suspensión de las obras y de los permisos envía un claro mensaje a la SETENA y a la Municipalidad que entratándose de parques nacionales se debe actuar con sumo cuidado y no aprobar proyectos que pongan en peligro el fin mismo del parque”, aseguró Rolando Castro, abogado de CEDARENA. “Confiamos en que la Sala Constitucional decidirá a favor de las tortugas baula, especie que como ha dicho la Sala no nos pertenece por ser un recurso compartido y altamente migratorio. El PNMB tiene un gran potencial como destino turístico y científico, y es una fuente importante de ingresos económicos”. Este caso sentaría un importante precedente ya que hay otros parques nacionales bajo un riesgo similar, no sólo en Costa Rica sino en toda la región.
Leer más