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Foto: UNFCCCSiguiendo las negociaciones climáticas en la ONU
Los fenómenos derivados de los cambios en el clima son cada vez más extremos e impactan con mayor dureza a comunidades de países en desarrollo. Vigente desde 1994, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece acciones para limitar el incremento de la temperatura promedio global y enfrentar los efectos de la crisis climática.
Los países parte de la Convención y del Acuerdo de París se reúnen cada año en la llamada Conferencia de las Partes (COP) para revisar sus compromisos, los avances en el cumplimiento de los mismos y los desafíos pendientes en la lucha global contra la crisis climática.
El Acuerdo de París fue adoptado en la COP21 de 2015. Busca fortalecer la respuesta mundial ante la emergencia climática, estableciendo un marco común de trabajo para todos los países en función de sus capacidades y mediante la presentación de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) que permitan:
- Limitar el aumento de las temperaturas globales a 2°C en comparación con los niveles preindustriales y continular los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C;
- Aumentar la capacidad de los países para adaptarse a los impactos del cambio climático; y
- Garantizar que el financiamiento responda al objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Nuestras áreas de trabajo
CRISIS CLIMÁTICA Y DERECHOS HUMANOS
La crisis climática, por su carácter transversal, tiene repercusiones en distintos ámbitos, geografías, contextos y personas. En ese sentido, el preámbulo del Acuerdo de París señala que es obligación de los Estados "respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional".
A través del litigio climático y la incidencia política, AIDA trabaja para lograr una transición energética justa y respetuosa de los derechos humanos y con enfoque de género.
AIDA en las COP
COP25: Chile-Madrid 2019
En la COP25, celebrada en Madrid, España, abogamos por la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en diversos temas de la agenda. Promovimos la incorporación de amplias salvaguardas socioambientales en la reglamentación del artículo 6 del Acuerdo de París, referido a los mercados de carbono. Seguimos de cerca la adopción del Plan de Acción de Género, así como la Red de Santiago, creada “para catalizar la asistencia técnica […] en países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático”. Impulsamos además la inclusión en los compromisos climáticos de los países de metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta.
COP26: Glasgow 2021
AIDA asistió a la COP26 en Glasgow, Escocia, llevando la voz de América Latina. Tras la cancelación de las negociaciones en 2020, la COP26 generó un momento importante para retomar las acciones de incidencia en cuanto al aumento de la ambición climática y el cierre del libro de reglas del Acuerdo de París. AIDA abogó por la inclusión de los más altos estándares de derechos humanos en las decisiones relativas a los mercados de carbono, el financiamiento climático y la regulación de las pérdidas y daños. Durante nuestra participación, brindamos información de fácil acceso sobre estos temas a nuestros aliados y socios en la región. Además, expusimos los avances del litigio climático en América Latina junto con nuestros aliados de Climate Action Network (CAN) y Climate Action Network Latin America (CANLA), entre otras otras redes y grupos de trabajo.
Proyectos relacionados
Carbón, un combustible condenado al entierro. El final de una era y la promesa de una transición justa
El informe expone cinco razones por las cuales se debe terminar con la extracción y quema de carbón desde la perspectivas económica, política, ambiental, climática y de derechos humanos. Además, presenta argumentos en favor de la descarbonización de la matriz energética de América Latina mediante un proceso enmarcado en la justicia climática que respete los derechos humanos y la equidad de género. Latinoamérica puede y debe dirigir sus esfuerzos hacia un sistema energético basado en energías renovables no convencionales, amable con el ambiente, respetuoso de las personas y sostenible en el tiempo. Esta publicación se realiza con base en un análisis de tendencias, no de coyunturas específicas, de la trayectoria del carbón hacia escenarios de descarbonización y de transición energética. Está dedicada a todas esas personas que han resistido incansablemente la intromisión del carbón en sus territorios y que han trabajado por evidenciar sus impactos y buscar soluciones. Descarga el informe
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La pesca latinoamericana está en riesgo
Por Magie Rodríguez, AIDA, y Ernesto Fernández Monge, The Pew Charitable Trusts Texto publicado originalmente en Delfino. La pesca es fundamental para la economía latinoamericana y, para muchas de las personas que allí viven, una forma de vida. No obstante, esta industria centenaria también está en riesgo. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la región produce 21,5 millones de toneladas métricas de pescado cada año, la cuarta parte de la producción anual mundial. Y, en Latinoamérica, alrededor de 2,3 millones de personas participan en la pesca. Sin embargo, la industria está perdiendo frente a las agresivas flotas extranjeras, provenientes en su mayoría de Europa y Asia, que pescan dentro de las zonas económicas exclusivas (ZEE) de Latinoamérica y en las áreas que están fuera de ellas. A diferencia de los buques nacionales, estas flotas suelen beneficiarse de una financiación sustancial de sus gobiernos de origen, la cual les permite pescar fuera de las aguas de sus propios países. Estas subvenciones a la pesca —destinadas a incrementar la capacidad— son dañinas y pagan el combustible y otros gastos, reducen artificialmente el costo de la pesca y permiten a las flotas pescar en áreas donde, de otro modo, no resultaría rentable hacerlo. Después de más de dos décadas de conversaciones, los 164 gobiernos miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) están más cerca que nunca de acordar un nuevo tratado vinculante a nivel mundial que podría frenar las subvenciones dañinas que permiten a las flotas pescar tanto en aguas de otros países como en altamar. La pesca en altamar, en la periferia de las aguas de otra nación, puede perjudicar a las pesquerías de un país en parte porque permite a los buques extranjeros capturar especies migratorias, como atunes o marlines, antes de que ingresen a la ZEE. Mientras las y los ministros de comercio se preparan para reunirse en Ginebra en una conferencia ministerial de la OMC —del 12 al 15 de junio—, los líderes y lideresas de Latinoamérica deberían presionar por un acuerdo de subvenciones a la pesca que ayude a quienes se dedican a la pesca en sus países a competir mejor con las flotas extranjeras. Para ello, es preciso insistir en que el acuerdo elimine todas las subvenciones de aumento de la capacidad que apuntalan la llamada pesca en aguas distantes y permiten más pesca de la que el mercado sostendría en otras circunstancias. Cada año, los gobiernos de todo el mundo distribuyen 22.000 millones de dólares en subvenciones dañinas a la pesca y, de esa suma, casi dos tercios provienen de solo seis países y de la Unión Europea. El objetivo de aproximadamente un tercio de ese monto, 7.200 millones de dólares, es ayudar a países a pescar en las ZEE de otras naciones y en altamar, en el límite de esas aguas territoriales, según una nueva herramienta basada en investigaciones desarrollada por científicos de la Universidad de California, Santa Bárbara, con fondos de The Pew Charitable Trusts. El aumento de la pesca en aguas distantes se ve impulsado por una triste realidad: tras haber agotado las poblaciones de peces en sus propias aguas, las grandes naciones pesqueras buscan otros lugares para llenar sus redes. Las islas Galápagos de Ecuador llegaron a los titulares el año pasado cuando investigaciones revelaron que en solo un mes, 300 embarcaciones chinas pasaron 73.000 horas pescando en las afueras de la ZEE que rodea las Galápagos. Además, la herramienta muestra por ejemplo que 180 barcos de solo cuatro países (China, Corea del Sur, Taipei Chino y España) pasaron un total de 84.000 horas de pesca en la ZEE de Argentina en 2018. Eso es el equivalente a 9,6 años en el agua. Y ese cometido fue posible gracias a cerca de 92 millones de dólares en subvenciones dañinas. Resulta alentador que líderes y lideresas de la región hayan apoyado durante mucho tiempo la reducción de las subvenciones en aguas distantes: Argentina, Chile y Uruguay copatrocinaron una propuesta de la OMC en 2019 para prohibir tales subvenciones y, en julio de 2021, el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay declaró que tal prohibición tendría “el enorme potencial de tener un impacto significativo en el estado de los océanos y en el sustento de las comunidades pesqueras”. Sin embargo, las grandes naciones pesqueras buscan atenuar el texto del posible acuerdo de la OMC para poder seguir pescando en aguas de otros países. Es por eso que las y los ministros de comercio de Latinoamérica deben seguir presionando para que se eliminen las subvenciones en aguas distantes, ayudando así a garantizar que los peces de sus aguas lleguen principalmente a sus buques, a restituir la ventaja competitiva a las y los pescadores de la región, así como a sostener una industria vital —y una forma de vida— en todo el continente.
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Julgamento decisivo pode liberar licenciamento para projeto de mineração da Belo Sun no Pará
Licenciamento ambiental do projeto da maior mina de ouro a céu aberto no Brasil é alvo de oito ações judiciais por irregularidades nos estudos de impacto ambiental. Decisão favorável à Belo Sun pode abrir precedente para restringir de forma ilegal conteúdo de consulta aos povos tradicionais e sancionar violação de direitos humanos. Altamira (PA) - O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) julgará nesta segunda-feira, dia 25 de abril, duas ações decisivas que podem abrir o caminho para o início das obras do Projeto Volta Grande, da mineradora canandense Belo Sun, em Senador José Porfírio, no Pará, e com isso abrir precedentes para licenciamentos ambientais irregulares. A empresa promete construir a maior mina de ouro a céu aberto do Brasil na Volta Grande do Xingu, na Amazônia, um dos locais com maior biodiversidade do mundo que já enfrenta os impactos da hidrelétrica de Belo Monte. Em 2017, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) suspendeu uma segunda licença concedida pelo governo paraense, a de instalação do empreendimento, condicionando a mineradora a um processo de consulta prévia aos povos indígenas afetados, de acordo com a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). A Justiça também exigiu da empresa a elaboração do Estudo de Componente Indígena (ECI), nos parâmetros exigidos pela Funai (Fundação Nacional do Índio), sobre os impactos do projeto sobre povos indígenas. Na audiência do dia 25 o tribunal revisitará esse processo. A mineradora afirma ter cumprindo as exigências, que são constestadas pelo Ministério Público Federal (MPF). A primeira ação julgará qual órgão é competente para conduzir o licenciamento do empreendimento: o Ibama, órgão federal, ou a Semas (Secretaria Estadual do Meio Ambiente) do Pará, que hoje é responsável pelas licenças ambientais para a obra. Por considerar que Belo Sun terá impacto em projetos de assentamento federais e em terras indígenas, além dos impactos cumulativos com Belo Monte, o MPF argumenta que o licenciamento deveria ter sido conduzido pelo Ibama. A segunda ação julga um pedido da Belo Sun sobre acórdão anterior do tribunal. Esse acórdão suspende o licenciamento do empreendimento até que seja elaborado o estudo do componente indígena nos moldes requisitados pela Funai e até que seja realizada a consulta prévia, livre e informada dos povos indígenas afetados. Segundo o pedido da Belo Sun e do Estado do Pará, tanto o estudo do componente indígena quanto a consulta já teriam sido feitos. "Se o TRF-1 julgar procedente o pedido da Belo Sun, estaremos diante de um perigoso precedente, que restringe de forma ilegal o conteúdo da consulta prevista nos artigos 6, 15 e 16 da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e sanciona a violação dos direitos humanos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais da Volta Grande do Xingu. Uma decisão nesse sentido legitimaria as ilegalidades praticadas pela Belo Sun e abriria as portas para a exploração da mais nova fronteira aurífera da Amazônia, que, se viabilizada, seguramente levará ao ecocídio, à destruição sistemática, da região já fragilizada da Volta Grande", afirma Ana Carolina Alfinito, assessora jurídica da Amazon Watch, organização que integra a Aliança Volta Grande do Xingu. O MPF afirma que não houve consulta de fato às populações e que o estudo realizado tem falhas - pesquisadores consideram o projeto inviável. O argumento da Procuradoria é baseado em um parecer produzido em fevereiro por pesquisadores do Observatório de Protocolos Comunitários de Consulta e Consentimento Prévio Livre e Informado, a pedido do próprio MPF. O Projeto Volta Grande da Belo Sun afeta potencialmente os povos indígenas Juruna, da Terra Indígena Paquiçamba, Arara, da Terra Indígena Arara da Volta Grande, os isolados da Terra Indígena Ituna-Itatá e os grupos indígenas "desaldeados", isto é, aqueles que ocupam tradicionalmente territórios ainda não reconhecidos formalmente pelo Estado brasileiro. Esses grupos habitam territórios bem próximos ao local em que o empreendimento está planejado. É o caso da população que mora na Ilha da Fazenda, Ressaca e Galo, além das comunidades São Francisco (Juruna), Iawa (Kuruaya), Jericoá II (Xipaia), Kanipá (Xipaia) e Kaniamã (Xipaia). A comunidade São Francisco, por exemplo, está a apenas 600 metros da área, de modo que sofreria graves impactos diretos, o que torna ainda mais grave sua exclusão da avaliação diferenciada de impactos e do processo de consulta. Ainda de acordo com o documento do MPF, a Belo Sun apenas coletou depoimentos das comunidades afetadas, sem que houvesse espaço para que os indígenas se manifestassem e influenciassem o projeto, como deveria ocorrer em um processo efetivo de consulta. Uma decisão de 2012 da Corte Interamericana de Direitos Humanos prevê que a consulta deveria ocorrer "em todas as fases de planejamento e desde as primeiras etapas". A mesma decisão da Corte determina que a consulta prévia é uma responsabilidade do Estado, que não poderia ser delegada a empresas privadas, "muito menos à interessada na extração dos recursos. Há registro de reuniões em que apenas representantes da Belo Sun e de algumas das comunidades indígenas participaram, sem a presença de órgãos públicos", destaca o parecer do Observatório. Em depoimento à Repórter Brasil, Lorena Kuruaya conta que a comunidade Iawá, composta por membros dos povos Xipaya e Kuruaya e uma das afetadas pelo projeto da Belo Sun, encaminhou diversos pedidos à Funai para que fosse consultada, mas não obteve resposta. "Precisamos ter conhecimento sobre o projeto, sobre explosões e uso do cianeto, pois tememos o ocorrido em Brumadinho e Mariana. Até o presente momento, fomos invisibilizados do processo de consulta", diz uma carta de 2020 assinada por membros da comunidade. Em outro comunicado conjunto, segundo reportagem da Repórter Brasil, moradores da Iawá e das comunidades Kanipá, Jericoá I e Jericoá II informaram à Funai que nenhuma delas havia sido "procurada, consultada, ou mesmo informada" sobre as implicações do empreendimento e solicitaram mediação do órgão indigenista para apresentação de explicações, planos de execução e possíveis impactos ambientais. "Uma decisão favorável à Belo Sun significa que o Estado brasileiro, assim como no caso de Belo Monte, vai ficar novamente do lado das grandes empresas ignorando completamente os impactos socioambientais que virão desse projeto", aponta a advogada Marcella Ribeiro, do programa de Direitos Humanos da AIDA - Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente. "Os polígonos que estão sendo estudados vão além da área do rio e se estendem às áreas indígenas. Em alguns anos provavelmente veremos exploração de ouro em áreas adjuntas. E caso o PL 191 seja aprovado, essas terras indígenas vão se tornar um grande garimpo", afirma. Falhas e impactos do projeto da Belo Sun De acordo com especialistas, o projeto da mineradora Belo Sun na Volta Grande do Xingu tem graves falhas estruturais, as quais não foram claramente apresentadas às comunidades impactadas no processo de consulta. Estudos dos impactos ambientais realizados pela mineradora desconsideram tanto possíveis impactos sísmicos na barragem de rejeitos que seria construída quanto os impactos cumulativos que ela causaria junto com a barragem da usina de Belo Monte. A barragem projetada para a mina teria tamanho semelhante à barragem da Vale que rompeu em Mariana em 2015, causando o maior crime ambiental do Brasil. Um parecer de especialista em Geologia e Mineração, Dr. Steven H. Emerman, diz que pelo menos nove milhões de metros cúbicos de rejeitos tóxicos podem atingir o rio Xingu e percorrer mais de 40 quilômetros em duas horas, provocando danos irreversíveis. Esses rejeitos conteriam metais altamente tóxicos, como cianeto, arsênico e mercúrio, podendo causar o risco de ecocídio do rio Xingu pelo empreendimento. Além disso, o projeto da Belo Sun fica a somente dez quilômetros da principal barragem no rio Xingu, construída para a Usina Hidrelétrica de Belo Monte. A exploração da mineradora prevê explosões 24 horas por dia para arrancar ouro da terra, durante no mínimo 12 anos. Há o risco de que as explosões impactem a estabilidade da barragem de Belo Monte e da própria Belo Sun, o que não foi considerado até agora. A própria Belo Monte, em comunicado recente, alertou para os riscos da implantação do projeto na região. Outros estudos apontam impactos como a alteração no ciclo reprodutivo da fauna, desmatamento e/ou queimada, poluição de recurso hídrico e poluição do solo. Aliança Volta Grande do Xingu Esta comunicação é uma iniciativa da Aliança Volta Grande do Xingu, composta por organizações e movimentos sociais do Brasil e do mundo. A Aliança apoia a defesa da vida e da dignidade na região da Volta Grande do Xingu e sua permanente proteção contra projetos de infraestrutura como a hidrelétrica Belo Monte e a mina de Belo Sun. Compõem a Aliança: AIDA, Amazon Watch, Earthworks, International Rivers, Instituto Socioambiental - ISA, Mining Watch, Movimento Xingu Vivo para Sempre e Rede Xingu+.
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