Chile

Contaminación Tóxica, Océanos

Hablemos de las ballenas: ¿Qué pasa en Chile y cómo protegerlas?

¿Sabías que el cambio climático y la industria de la salmonicultura son de las grandes amenazas que enfrentan las ballenas actualmente? Conversamos con Susannah Buchan y Luis Bedriñana, científicos/as con amplia experiencia en torno a las ballenas en Chile, sobre el estado actual de conservación de estos cetáceos, los esfuerzos por protegerlos y los principales riesgos. PanelistasSusannah Buchan, oceanógrafa.Luis Bedriñana, biólogo marino.Moderó: Florencia Ortúzar, abogada, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación 

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Océanos, Derechos Humanos

Un avance para la participación de comunidades indígenas en decisiones que afectan sus territorios

Desde 2018, AIDA trabaja en alianza estratégica con Greenpeace Chile y ONG FIMA para excluir el cultivo industrial de salmón de las áreas protegidas de la Región de Magallanes, en plena Patagonia chilena, y para defender los derechos de las comunidades Kawésqar, habitantes ancestrales de los canales y fiordos de la zona. Estas comunidades lograron recientemente un triunfo legal importante que reconoce su derecho a participar en la evaluación ambiental de proyectos que afectan sus territorios y sus modos de vida. La empresa Nova Austral pretendía relocalizar nueve centros de cultivo de salmones (que ya están en operación) desde el Parque Nacional Alberto de Agostini hasta la Reserva Nacional Kawésqar. El Servicio de Evaluación Ambiental del gobierno chileno autorizó el traslado de cuatro de los nueve centros de cultivo sin implementar mecanismos de consulta a las comunidades Kawésqar y rechazando luego sus solicitudes de participación ciudadana. Lo hizo bajo el argumento de que no había efectos ambientales nocivos que las afecten. La autoridad ambiental ignoró las implicaciones de ese tipo que las granjas de salmón han tenido en la región de Los Lagos (extremo norte de la Patagonia) y que representan uno de los riesgos más graves de la expansión de la industria hacia el extremo sur de la Patagonia, una zona prístina. Esos efectos incluyen la contaminación biológica por la introducción de especies exóticas, el uso indiscriminado de antibióticos, las frecuentes fugas masivas de salmones, así como los alimentos y fecas que se depositan en el fondo marino generando pérdida total o parcial de oxígeno y mareas rojas. Asimismo, el órgano ambiental pasó por alto que la salmonicultura es incompatible con los objetivos de protección de la Reserva Nacional Kawésqar. Uno de ellos es “dar cumplimiento a las demandas fundamentales del pueblo Kawésqar”. De hecho, para la creación de la reserva, en 2018, se realizó un proceso de consulta indígena, en el cual se acordó excluir la acuicultura industrial de especies exóticas, considerando la fragilidad de los ecosistemas del área y el legado cultural indígena, estrechamente ligado al mar. Ante el atropello gubernamental, las comunidades Kawésqar —con apoyo de la coalición formada por AIDA, Greenpeace Chile y FIMA— llevaron el caso a la Corte Suprema de Justicia con la presentación de un recurso de protección de garantías constitucionales. El 31 de enero, la Corte hizo justicia y ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental iniciar procesos de participación ciudadana como paso previo a la autorización del traslado de los cuatro centros de cultivo de Nova Austral al interior de la Reserva Nacional Kawésqar. La sentencia adquiere trascendencia al tener en cuenta que el Estado chileno ha sido permanentemente cuestionado por los bajos estándares de cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, el instrumento internacional más importante para garantizar los derechos indígenas, entre ellos el derecho a la consulta previa. Una de las principales críticas es que la regulación de los mecanismos para incorporar la consulta indígena a la evaluación ambiental incentiva que esta no se realice. Esta crítica cobra más relevancia en los proyectos evaluados por Declaración de Impacto Ambiental, para los cuales se aplica un mecanismo consultivo de menor incidencia que la consulta y que además está sujeto a una gran discrecionalidad de parte de la autoridad para que se lleve a cabo. Además, justamente en esos casos, entre los que está la relocalización de granjas de salmón, la participación ciudadana no es obligatoria, como si lo es para proyectos evaluados por estudios de impacto ambiental. Esto disminuye más aún la posibilidad de las comunidades de hacerse escuchar en este tipo de procedimientos. Desde AIDA consideramos que el fallo de la Corte es un aporte a la profundización de la participación ciudadana como herramienta para mejorar la toma de decisiones ambientales. La decisión pone de relieve la voz de las comunidades indígenas en los asuntos que afectan su territorio ancestral. Además, amplía el ámbito geográfico de la participación ciudadana al reconocer que estas comunidades ejercen un interés legítimo en la conservación ambiental, rompiendo así con la idea de que la afectación directa depende solo de su proximidad al lugar de residencia de las personas. Finalmente, esperamos que este sea el primer paso para rechazar del todo la instalación de granjas de salmón en la Reserva Nacional Kawésqar, en cualquier área protegida y, en general, en los mares de la Patagonia chilena.  

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Derechos Indígenas, Océanos

Chile: Organizaciones llaman a la SMA a revocar autorización ambiental de Nova Austral

"Es incomprensible que ante un 'infractor serial', calificación que el propio superintendente dio a la empresa, no haya revocación del permiso ambiental. Las multas, que ya se han aplicado en casos anteriores de salmonicultura , no han tenido impacto sobre el desempeño de las empresas", señalaron desde las ONG FIMA, AIDA y Greenpeace, quienes calificaron como insuficientes las sanciones aplicadas por la autoridad.   Las organizaciones Greenpeace, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y ONG FIMA calificaron de insuficientes las sanciones aplicadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) a la empresa Nova Austral, y llamaron a no permitir que la empresa se instale en la Reserva Nacional Kawésqar. El organismo sancionó con cinco cargos, uno calificado como "gravísimo" por 1.013 Unidades Tributarias Anuales (UTA) y cuatro Leves por un total de 928.2 UTA (el equivalente a más de 1.200 millones de pesos), a la empresa de capitales noruegos Nova Austral S.A., titular del Centro Salmónidos Aracena 19, ubicado al interior del Parque Nacional Alberto de Agostini, en la Región de Magallanes. Los incumplimientos sancionados dicen relación con el ocultamiento de información que evitó que la SMA ejerciera sus atribuciones fiscalizadoras; inadecuado manejo de mortalidad y de residuos sólidos, incumplimiento de medidas preventivas en su Plan de Contingencias, además de un pretil de plataforma de ensilaje (estructura utilizada para el manejo de la mortalidad de los salmones) que presentaba daños estructurales. La infracción a cargo gravísimo fue porque eltitular no remitió copia digitalizada de la bitácora de control diario de mortalidad sometida a ensilaje en el centro, correspondiente al ciclo productivo 2016-2018. "Esta nueva sanción a la empresa Nova Austral muestra que estamos frente a proyectos que no dan garantías mínimas de protección del medio ambiente marino y que a pesar de eso, son aprobados sin una evaluación rigurosa por parte de la institucionalidad. Estamos hablando de procesos que causan daño ambiental en un Parque Nacional (de Agostini en este caso) y de una empresa que ya ha recibido numerosas sanciones. No parece razonable que se le continúe permitiendo actuar al margen de la normativa ambiental, instalándose en otra área protegida, como es la Reserva Nacional Kawésqar", señaló Ezio Costa, Director Ejecutivo de la ONG FIMA. Este procedimiento, se dio en el marco del escándalo que protagonizó la empresa Nova Austral en 2019, luego de que la investigación periodística “salmon leaks” revelara que la empresa falsificó información respecto a las cifras de mortalidades de salmones, en uno de sus centros ubicado en la Región de Magallanes. El caso, además de haber sido denunciado ante la Superintendencia de Medio Ambiente, es parte de una querella presentada por parte del Consejo de Defensa del Estado en contra de los ex ejecutivos de la empresa, por posible fraude al fisco. "Nuevamente la SMA se niega a revocar la resolución de calificación ambiental, teniendo las facultades legales para hacerlo, lo que es incomprensible y decepcionante. Vemos que aún ante los cargos más graves posibles, no hay cese del permiso ambiental. ¿Qué más tiene que pasar? Además de daño ambiental estamos ante una clara intención de esconderlo a través de la falsificación de información, lo que lo hace más grave y peligroso. La misma empresa, busca ahora relocalizar sus centros en la Reserva Kawésqar, en una actitud irresponsable, que sostenemos es completamente ilegal, y que afectará gravemente el medio ambiente y territorio indígena", señaló Estefanía González, Coordinadora de Campañas de Greenpeace. Desde AIDA, la abogada Florencia Ortuzar agregó: "Nova Austral cometió delitos gravísimos con consecuencias difíciles de cuantificar en espacios de alto valor ambiental, los mares patagónicos. Es en esas zonas donde la naturaleza tiene la posibilidad de regenerarse, si le damos la oportunidad. Mientras Nova Austral es sancionada por un lado, se está expandiendo por el otro. Las multas son merecidas, pero necesitamos una ejemplificación muchísimo más potente, coherente con el daño ocasionado. Es hora de que la SMA marque límites infranqueables, sancionando este caso gravísimo con revocación de la RCA. Una empresa que ha generado tanto daño en nuestro ambiente no puede seguir gozando de licencia para operar". CONTACTO DE PRENSA Victor Quintanilla, [email protected], +52 5570522107  

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Océanos, Contaminación Tóxica

Sushi con salmón, daños por montón

Por Claudia Arancibia y Florencia Ortúzar, abogada de AIDA El consumo de sushi se ha masificado tanto en occidente que es posible disfrutarlo casi en todas partes. Uno de los ingredientes favoritos es el vanagloriado salmón. Pero… ¿qué hay detrás del salmón que consumes? El salmón chileno no se desarrolla de forma natural, como muchos otros peces que las costas del país ofrecen. La mayoría se cultiva en hacinamiento, en balsas-jaulas flotando en los mares de la Patagonia. Allí poco pueden moverse, sufren los embates de parásitos y enfermedades contagiosas y reciben altas dosis de químicos, colorantes y antibióticos. La industria salmonera en Chile ha tenido un rápido pero descontrolado crecimiento. Se trata hoy de la segunda industria principal del país, posicionándolo como el segundo principal productor de salmón a nivel mundial. Pero en su camino ha vulnerado normas de protección ambiental y sanitaria, dañando ecosistemas en varias regiones. La región más amenazada es la Patagonia, reconocida mundialmente por su asombrosa belleza y exuberante biodiversidad. Sus milenarios bosques albergan flora y fauna endémica. Sus mares y costas son hogar de ballenas, delfines y orcas, entre muchas otras especies. Con frecuencia, los efectos adversos de la salmonicultura son invisibles a los ojos. Al ocurrir bajo el mar y en zonas remotas, los daños a la vida marina se manifiestan cuando son prácticamente irreparables. Por eso es importante saber qué es lo que realmente implica ese salmón que adorna tu sushi. Ballenas en peligro Hace poco circuló en redes sociales un video escalofriante que graficaba el intento desesperado de una ballena azul por abrirse paso entre cientos de buques. El video se basó en un estudio científico, publicado en febrero de 2020, que confirmó que el 83% de todos los barcos involucrados correspondía a la industria acuícola. Según la investigación, la ballena azul, el mamífero más grande del mundo y especie en peligro de extinción, debe enfrentarse hasta a 900 embarcaciones al día en las aguas de la Patagonia chilena, una de sus principales zonas de alimentación. En esa área, donde ballenas y salmonicultura conviven, existen registros de colisiones con resultado de muerte para ballenas en los años 2009, 2014 y 2017. Mares asfixiados Pero las ballenas no son las únicas especies que sufren la invasión salmonera. El cultivo intensivo de salmón implica la descarga excesiva de materia orgánica al mar debido a la acumulación de alimentos no consumidos y heces, el mal manejo de la muerte de peces y, en suma, la cantidad de peces cultivados por metro cuadrado. Lo anterior, sumado a otros factores relacionados con el clima y con los lugares donde están los centros (que por lo general registran bajo recambio de aguas), lleva a que se generen condiciones anaeróbicas, traducidas en la disminución y pérdida del oxígeno disuelto en el agua, necesario para que la vida prospere. Según los registros de las autoridades encargadas de regular y fiscalizar a la industria, en los últimos años, alrededor de la mitad de los centros de cultivo evaluados en Magallanes operan en condiciones anaeróbicas. Esto significa que en aquellos lugares hay menos oxígeno que el requerido para un ambiente sano. La descarga excesiva de nutrientes también es un factor que incide (entre otros) en la aparición de las temidas mareas rojas o cafés, donde las floraciones algales nocivas (FAN) agotan severamente el oxígeno disuelto. Así hemos visto episodios de varazones masivas de moluscos, peces e incluso ballenas que cubren kilómetros de playas, dejando un panorama desolador. El pasado 1 de abril, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura comenzó a informar de una serie de mortalidades masivas afectando a varios centros de cultivo de salmones en las regiones de Los Lagos y Aysén. Al 12 de abril, la mortalidad acumulada superaba las 5.500 toneladas. Hasta ahora poco se ha dicho de las consecuencias de este desastre para los ecosistemas. Lo que sabemos es que varias áreas protegidas han sido afectadas, incluyendo el Área Marina Costera Protegida Fiordo Comau-San Ignacio de Huinay (Los Lagos), las aguas del Parque Nacional Isla Magdalena, el Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) Pitipalena-Añihue, la Reserva Forestal Las Guaitecas y el Santuario de la Naturaleza Estero de Quitralco (Aysén). La científica Vreni Haussermann manifestó gran preocupación por el fiordo Comau, conocido por sus inusuales y frágiles bancos de corales, que podrían sufrir graves daños e incluso morir por las disminuciones de oxígeno o hipoxia generadas por las FAN. Depredadores exóticos sueltos Otro impacto que frecuentemente protagoniza la industria viene de los escapes masivos de salmones. Al ser una especie carnívora, el salmón en libertad depreda a las especies nativas y compite por su hábitat. No existe por el momento información suficiente sobre los impactos a los ecosistemas de estos escapes. Entre 2010 y 2018, según datos oficiales, hubo 87 eventos de escapes, con un promedio de casi 10 escapes por año. Se estima que entre 2010 y 2017 se liberaron al océano un promedio anual de 410.000 especies. En junio de 2020, hubo una fuga masiva de aproximadamente 900.000 salmones de un centro salmonero en la región de Los Lagos. Una investigación finalizada en 2019 concluyó que las poblaciones de la especie nativa de Puye Grande, presente en la zona sur del país, disminuyeron en casi 99% durante el último siglo debido a la introducción de truchas y salmones. Lo anterior significa una pérdida del 10 al 20% de la diversidad genética de la zona. Las empresas siempre se excusan en el clima, a veces extremo, de los lugares donde operan. Antibióticos Los daños de la salmonicultura no se restringen a la esfera ambiental. En Chile, el uso de antibióticos en esa industria es mayor que en cualquier otro país. Según la ONG Oceana, Chile utilizó 1.386 veces más antibióticos que Noruega en 2017 para la misma producción de salmón y, en 2018, hubo empresas que produjeron aproximadamente 30.000 toneladas de salmón utilizando más de 20.000 kilogramos de antibióticos, con un índice de consumo de antibióticos de 799,39 gramos por tonelada de salmón. El abuso de antibióticos lleva a la resistencia bacteriana, es decir que las enfermedades se tornan resistentes a los antibióticos. Lo anterior ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud como una de las principales amenazas a la salud pública a las que se enfrenta la humanidad. Comer sushi con salmón es, en otras palabras, consumir un coctel de antibióticos. Y el precio no lo pagas únicamente tú en dinero, sino que también corre por cuenta de la salud de los ecosistemas y especies de la Patagonia chilena. Con todo esto, ¿seguirías considerando que el salmón que consumes es natural, sano y nutritivo? Quizás no. Pero no te desanimes, que no es necesario dejar el exquisito legado de los japoneses, ya que siempre puedes decir “quiero sushi, ¡pero sin salmón!”  

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Derechos Indígenas, Océanos

Chile: Informe señala que aprobación de salmoneras en Reserva Nacional Kawésqar es ilegal

El documento elaborado por organizaciones nacionales e internacionales apunta a la incompatibilidad entre este tipo de industria y el objeto de protección de la zona, en la cual, aún sin contar con un plan de manejo establecido, ya existen 57 concesiones salmoneras, 113 en trámite y se han aprobado 6 resoluciones de calificación ambiental luego de la creación de la Reserva.   Las comunidades Kawésqar Atap, As Wal Lajep, Grupos Familiares Nómades del Mar, Residentes Río Primero e Inés Caro, entregaron a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) un informe técnico elaborado por las ONG FIMA, Greenpeace y AIDA (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente), que busca aportar información respecto al grave impacto que la industria salmonera genera en los ecosistemas marinos, para ser considerado en el plan de manejo que la entidad de gobierno debe elaborar y ejecutar para dar cumplimiento a la protección de las aguas marinas que conforman la Reserva Nacional Kawésqar. "Hoy CONAF debe garantizar el cumplimiento de lo que se estableció en la Consulta Indígena y prohibir explícitamente la salmonicultura en el plan de manejo de la Reserva, esta definición es clave para la salud futura de los ecosistemas marinos patagónicos", explica Estefanía González, Coordinadora de campañas de Greenpeace "La falta de regulación interna que existe sobre las áreas protegidas, ha permitido una interpretación que arbitrariamente le ha abierto la puerta a la instalación de 57 concesiones salmoneras dentro de esta área protegida y más de 1.000 en toda la zona austral, con desastrosas consecuencias expresadas en el daño ambiental provocado por esta industria, hoy la salmonicultura es completamente incompatible con la mantención de ecosistemas marinos sanos", agrega. Proceso histórico para la protección de los mares australes La creación de la Reserva Nacional Kawésqar en 2018 fue un hito clave para la participación de las comunidades y personas de este pueblo originario en la decisión sobre los ecosistemas que componen su territorio ancestral. En esa oportunidad, a través de la consulta indígena se estableció expresamente la necesidad de proteger las aguas y de impedir el desarrollo de actividades como la salmonicultura, considerando la particular situación de fragilidad ecosistémica del área y el legado cultural Kawésqar, firmemente ligado al mar. En el informe, las organizaciones llegan a la conclusión de que la salmonicultura es una actividad incompatible con los objetivos de protección de las Reservas Nacionales, desde el punto de vista legal y ecosistémico, y en particular con la Reserva Nacional Kawésqar debido a la gran cantidad de riesgos que implica la actividad. Entre los daños que esta industria causa, se encuentran la contaminación biológica al introducir especies exóticas, el uso indiscriminado de antibióticos, las periódicas fugas masivas de salmones y los alimentos y fecas que se depositan en el fondo marino los cuales generan condiciones anaeróbicas y mareas rojas. Todo lo anterior pone en peligro un área marina con una diversidad única en el mundo y que el mismo Estado ha decidido proteger. "Permitir la salmonicultura en la Reserva Nacional Kawésqar haría inútil la protección entregada al área. Este punto ha sido reconocido incluso por la dirección nacional de CONAF que al ser consultada en 2019 por la contraloría sobre el cultivo de salmones dentro de áreas protegidas, señaló que de acuerdo con el marco legal vigente nacional e internacional, entre los que se encuentran la Convención de Washington, no sería admisible una actividad como la salmonicultura en un área que protege el ecosistema marino", agrega Victoria Belemmi, abogada de ONG FIMA. Pronunciamiento de Contraloría Por su parte, AIDA presentó un escrito ante la Contraloría General de la República para que esta se pronuncie respecto de la aprobación de un proyecto de ampliación de biomasa de un centro de salmonicultura ubicado en la Reserva Alacalufes, hoy Reserva Nacional Kawésqar, que se encontraba operando en condiciones anaeróbicas. "La aprobación de este proyecto implicó que se autorizó aumentar la producción de salmones en una zona donde ya había evidencia de que la capacidad de carga del lugar estaba superada. El hecho de que el centro estaba ubicado en las aguas bordeando la Reserva Alacalufes (hoy Kawésqar) lo hace aún más grave", comenta Florencia Ortúzar, abogada de AIDA. El bajo nivel de oxígeno que afectaba las aguas fue evidenciado por documentación oficial que reconoce la normativa para ese fin - la Caracterización Preliminar del Sitio que el titular del centro presentó para solicitar la ampliación y varios informes preliminares (INFA) que confirmaban la situación-. Con la aprobación, el centro adquirió autorización para casi triplicar su producción original. Subpesca había notado la situación, incluso interponiendo una observación al respecto dentro del proceso. Sin embargo, poco después emitió su pronunciamiento conforme al proyecto. Luego, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) aprobó el proyecto mediante RCA (Resolución de Calificación Ambiental). Consulte aquí el informe Contacto de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107  

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Derechos Indígenas, Océanos, Contaminación Tóxica

Resistencia legal frente a los daños de la salmonicultura en Chile

Por Claudia Arancibia (AIDA), Victoria Belemmi (FIMA) y Estefanía González (Greenpeace Chile) Las comunidades indígenas Kawésqar, Atap, As Wal Lajep, Grupos Familiares Nómades del Mar, Residentes Río Primero e Inés Caro sostienen actualmente una lucha contra los daños ambientales de la expansión de la industria salmonera a la Región de Magallanes, la más prístina del país. La presencia de este pueblo en los fiordos y canales patagónicos se remonta a 6.000 años atrás. En febrero pasado, las comunidades Kawésqar y las organizaciones que apoyan la defensa de sus tierras y mares obtuvieron una importante victoria legal. Después de que en 2018 el Tercer Tribunal Ambiental rechazara los reclamos de la comunidad Kawésqar As wal Lajep en contra de la autorización de una salmonera en el Lago Balmaceda, Magallanes, la Corte Suprema de Justicia dio vuelta la sentencia y anuló el permiso ambiental, puesto que la evaluación ambiental del proyecto no consideró las observaciones de las comunidades locales. El precedente es sumamente importante ya que el máximo tribunal del país reconoció el valor de la participación indígena en la evaluación ambiental de proyectos susceptibles de afectar territorios ancestrales. Reafirmó también la obligación del Estado de respetar el proceso de consulta indígena y de cumplir con lo dispuesto en la legislación ambiental nacional y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Chile. El fallo de la Corte Suprema es un paso adelante en el entendimiento de que la participación de las comunidades indígenas, locales y tradicionales —además de ser un derecho— es un insumo valioso para la toma de decisiones sobre el desarrollo. En noviembre de 2020, en otro avance legal importante, el Tercer Tribunal Ambiental reconoció que la falta de oxígeno en aguas de la Patagonia chilena se relaciona con la operación de centros salmoneros. La situación había sido denunciada ante la Superintendencia del Medio Ambiente, pero dicha entidad desconoció la relación de causalidad entre la salmonicultura y esos daños ambientales, argumentando que muchas veces, la disminución de oxígeno se debía a causas naturales como las corrientes marinas, la geografía de la zona y el cambio climático. La sentencia emitida por el Tribunal Ambiental, tras conocer el caso, constituye un precedente clave, pues asocia la producción industrial de salmón con el peligroso porcentaje de zonas con bajos niveles de oxígeno en los mares de la Patagonia chilena. Estas condiciones, conocidas como anaerobismo, se deben a la gran cantidad de materia orgánica (alimento no consumido y heces) que la industria salmonera descarga en el mar, al manejo inadecuado de los peces muertos y a la cantidad de peces cultivados por metro cuadrado, que supera la capacidad de carga de las aguas. ¿Y las sanciones? Pese a los avances descritos, las autoridades chilenas todavía enfrentan problemas graves para fiscalizar adecuadamente la salmonicultura y para evitar los daños que su expansión está causando. Un problema es que las sanciones impuestas a las empresas infractoras no han sido suficientemente ejemplificadoras ni disuasivas. A pesar de múltiples procedimientos sancionatorios en contra de varias empresas, no se observan esfuerzos por mejorar estándares sanitarios y ambientales, antecedentes que no han sido considerados por las autoridades ambientales a la hora de otorgarles permisos para operar. Un ejemplo es el escándalo protagonizado por la empresa Nova Austral S.A., conocido como “Salmon Leaks”. En 2019, una investigación periodística destapó que la empresa escondía la información real de la cantidad de peces que moría diariamente en las granjas ubicadas en el Parque Nacional Alberto de Agostini, en Magallanes. Posteriormente, un segundo reportaje reveló que además la empresa adulteraba con maquinaria pesada el fondo marino —prácticamente muerto— para esconder su condición anaeróbica y obtener permiso para seguir cultivando salmones en espacios marinos biológicamente deteriorados. La Corte de Apelaciones de Punta Arenas sancionó estos hechos con la multa máxima y con la suspensión de un ciclo productivo. Posteriormente, en 2020, el Consejo de Defensa del Estado demandó a la empresa por posible fraude debido a que cobraba beneficios tributarios de la Ley Navarino incumpliendo su obligación de “efectuar un uso racional de los recursos naturales de la región de Magallanes, preservando la naturaleza y el medioambiente”. Producto de ello, la Tesorería General de la República retuvo cuatro pagos que cubren hasta cuatro meses de subsidios de la ley. Pese a los múltiples escándalos y sanciones impuestas, la empresa sigue publicitando la “sustentabilidad” de su salmón como el rasgo principal de su producción. El futuro de la Reserva Kawésqar Previa aprobación del Servicio de Evaluación Ambiental, Nova Austral ahora busca relocalizar cuatro de sus concesiones acuícolas al interior de la Reserva Nacional Kawésqar, mientras que otros seis proyectos están actualmente en evaluación ambiental para lo mismo. Lo más grave es que esta reserva no cuenta aún con un Plan de Manejo que salvaguarde sus objetivos de protección, lo que la deja expuesta a impactos graves tanto a su riqueza ecosistémica como a los derechos ancestrales de las comunidades indígenas Kawésqar. Es urgente que la incompatibilidad de la salmonicultura con los objetivos de creación de la reserva quede expresada de manera clara en el plan de manejo con la prohibición de esta actividad. Tenemos mucho que aprender de las comunidades Kawésqar, que reafirman la protección de los mares del archipiélago patagónico como la base para proteger su cosmovisión, su identidad cultural y sus modos de vida. ¿Qué necesita el resto del país para defender con el mismo énfasis una zona vital no sólo para Chile, sino para el mundo?  

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Océanos

Chile no logra avanzar hacia la adecuada fiscalización de la industria salmonera

Un sumario administrativo realizado al interior del Sernapesca para investigar irregularidades graves en concesiones de salmonicultura terminó absolviendo de todos los cargos a los funcionarios implicados, sin argumentos válidos. Tras conocerse los resultados de las auditorías llevadas a cabo en 2016 por la Contraloría General de la República a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) y al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), que evidenciaron irregularidades graves en concesiones de salmonicultura, el Sernapesca realizó un sumario administrativo para investigar los hechos y establecer responsabilidades al interior del organismo. Pero los funcionarios objeto del sumario fueron absueltos de todos los cargos sin argumentos suficientes. Las auditorías identificaron que una importante cantidad de concesiones operaba en condiciones anaeróbicas (generando falta o ausencia de oxígeno), que titulares de concesiones (al menos 100) tomaron muestras en sitios diferentes para comprobar el retorno de las condiciones aeróbicas, que el 31% de los centros revisados operaba fuera del área autorizada de concesión y que el Sernapesca no estaba verificando que las concesiones no cayeran en causal de caducidad por no iniciar sus operaciones luego de un año de su entrega material. Pese a la gravedad que implica que un porcentaje importante de las concesiones esté generando condiciones anaeróbicas —en las cuales la vida marina no puede prosperar—, el sumario no abordó esa falta. Con relación a los otros cargos, los funcionarios llamados a declarar deslindaron toda responsabilidad sin justificaciones válidas. Para mencionar sólo algunos ejemplos, se excusaron de las concesiones desplazadas aduciendo a un rango de tolerancia del desplazamiento que contradice la ley, carece de fundamentos científicos y que además en muchos casos se incumple; se excusaron de haber tomado muestras en sitios diferentes en el hecho de que las concesiones estaban desplazadas; y para explicar la falta de declaraciones para concesiones caducadas, argumentaron que no existen disposiciones legales ni reglamentarias que ordenen al Sernapesca constatar de oficio la caducidad de una concesión, lo que no puede ser una excusa para permitir que empresas sigan manteniendo sus concesiones cuando legalmente caducaron. Con base en el proceso descrito, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), ONG FIMA y Greenpeace Chile consideramos que pese a la intención declarada por las autoridades, todavía enfrentamos problemas graves en la fiscalización de la salmonicultura en Chile y el adecuado freno a su expansión. La generación de anaerobismo, que está ocurriendo en muchas de las concesiones de salmonicultura, es un problema ambiental gravísimo y muchas veces irreversible. Los lugares sin oxígeno rápidamente se convierten en verdaderos desiertos submarinos donde la vida no prospera. La concientización de este problema, sin embargo, es muy baja porque ocurre debajo del agua, donde no podemos verlo. Los organismos a cargo de regular y fiscalizar la industria tienen un trabajo fundamental. La Contraloría dio un paso importante al llevar a cabo las auditorías a Subpesca y Sernapesca. Ahora necesitamos que los organismos se hagan cargo de las debilidades evidenciadas y se pongan a la altura del trabajo importantísimo que tienen de fiscalizar y sancionar a la industria. Instamos a la Contraloría General de la República a dar un seguimiento adecuado a las auditorías de 2016. Está claro que la fiscalización a la industria, así como la imposición de sanciones cuando corresponde, no está funcionando como debería y los mares del sur de Chile no pueden seguir desprotegidos. Urge avanzar hacia el freno de la expansión de una industria que ha demostrado ser incompatible con la salud de los ecosistemas marinos y llevar adelante las sanciones correspondientes que deriven y abran los procesos para la caducidad de concesiones y permisos ambientales de los centros involucrados en los graves impactos ambientales. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107  

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Cambio Climático, Fortalecimiento de Capacidades

Curso de introducción a la regulación eléctrica

El curso fue impartido por Daniela Martínez, abogada experta en regulación energética. Estuvo dirigido especialmente a integrantes de ONG ambientales con interés en comprender, proponer y fiscalizar políticas públicas en el sector eléctrico, de manera que estas contribuyan a la mitigación del cambio climático, particularmente a la descarbonización de la matriz energética en Chile.El curso de cuatro sesiones fue diseñado a partir de dos políticas públicas con gran relevancia en Chile: la descarbonización y el futuro proyecto de ley anunciado por el gobierno para introducir la figura del comercializador en el segmento de distribución (Ley Larga o Ley Marco de Distribución). Con estas políticas públicas como punto de partida, se abordó la regulación y funcionamiento del sector eléctrico chileno con un marcado enfoque regulatorio económico, buscando entregar a las y los particioantes una mejor comprensión de este sector y de los incentivos de sus actores. GrabacionesPrimera sesión: Segunda sesión: Tercera sesión: Cuarta sesión: 

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Océanos

Diferentes ONG alertan: “Mares de la Patagonia se preparan para una nueva invasión salmonera”

Greenpeace, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la ONG FIMA denunciaron que desde mañana las restricciones que existían para nuevos proyectos de salmonicultura en las regiones de Los Lagos y Aysén, los cuales estaban congelados, quedarán sin efecto y se teme que alrededor de 100 nuevas iniciativas productivas aprovechen la oportunidad para instalarse de manera “express” en las ya saturadas aguas del sur del país. A esto, se deben sumar las 168 solicitudes de nuevos proyectos salmoneros en trámite para ubicarse en las aguas de la Región de Magallanes. Desde las organizaciones medioambientalistas aclararon que en la actualidad ya hay más de mil concesiones para el desarrollo de la salmonicultura aprobadas en la Patagonia chilena (533 concesiones aprobadas en Los Lagos, 722 en Aysén y 127 en Magallanes), que están causando enormes e impredecibles daños al ambiente, por lo que sería un despropósito aumentar la afectación que la actividad ya ha generado en extensas zonas de las aguas de estas regiones. Señalan la necesidad de contar con una ley que prohíba la expansión de la industria. “En medio de la expansión de la pandemia, la industria salmonera pretende avanzar entre gallos y medianoches en la ocupación de más espacios en las aguas del sur del país. Es una situación incomprensible si se toman en cuenta las graves acusaciones que han existido a las malas prácticas de algunas de sus principales empresas y los reiterados daños medioambientales generados por sus continuos desastres; fugas de salmones, mortandades masivas, contaminación del mar, que han arrasado con los ecosistemas. Es urgente que hoy se prohíba la aprobación de cualquier proyecto de salmonicultura, además de no permitir la expansión de los proyectos existentes” dijo Estefanía González, coordinadora del área de océanos de Greenpeace.  Por su parte, Ezio Costa Director de la ONG FIMA planteó: “La ley que impedía, en base a antecedentes técnicos fundados, la aprobación de proyectos de salmonicultura en las regiones de Los Lagos y Aysén, hoy deja de estar vigente lo que representa una amenaza para los ecosistemas de estas zonas. El Gobierno en lugar de tomar medidas para proteger estas regiones, ha dictado un Decreto que no continúa con esta moratoria y sólo prohíbe el ingreso de nuevas solicitudes. No impide que las concesiones que ya están en trámite y hasta hoy se encontraban paralizadas, continúen ahora su tramitación” Comunidades de la zona austral también expresaron su rechazo a la posibilidad de que se instalen nuevos proyectos salmoneros en la Patagonia. “Es el momento en que el gobierno detenga el crecimiento de la industria salmonera en la Patagonia. Está claro que es una actividad que saturó la capacidad del mar en Chiloé y Aysén y ahora están haciendo lo mismo en Magallanes. Sencillamente el ecosistema marino reventó en esta parte del país y es incomprensible que siquiera se piense en seguir entregando autorizaciones a una industria que ha aniquilado el mar donde están instalados”, señaló Álvaro Montaña, dirigente de la agrupación Defendamos Chiloé. Por su parte, desde la Región de Aysén, Nelson Millatureo, representante de las comunidades indígenas de Islas Huichas expresó que “nosotros vivimos en un archipiélago que ya tiene 300 concesiones salmoneras autorizadas que van a ser lapidarias en el momento que estén funcionando todas. Estamos absolutamente en contra que la industria salmonera siga operando y expandiéndose en nuestros territorios porque nos ha traído pobreza,contaminación, nos enferma y no han respetado la zonas de pesca artesanal para desarrollarnos de manera sustentable. Lamentablemente, hoy nuestro territorio es una zona de sacrificio”. Mientras tanto, en Magallanes también expresaron su preocupación por la situación: “El decreto que impide nuevas solicitudes de concesión en Magallanes es completamente insuficiente para mantener controlada a la industria salmonera, pues aunque ya no pueden ingresar más solicitudes, sí se pueden seguir tramitando las existentes. Hoy la realidad es que tenemos más canales australes llenos de balsas salmoneras, escasa fiscalización y la nula voluntad de establecer una moratoria que permita resguardar de manera apropiada el mar de la Patagonia”, planteó Leticia Caro, representante de la Comunidad Kawésqar Grupos familiares Nómades del Mar. Desde las ONG entregaron su respaldo a las comunidades de las tres regiones, y realizaron un llamado a frenar la expansión de la industria en la región con una moratoria que frene la entrega de concesiones e impida la ampliación de proyectos.  “Hasta ahora la industria se ha expandido sin respaldo ni información científica que permita asegurar el resguardo de los ecosistemas y los resultados han sido desastrosos: infecciones, zonas desprovistas de oxígeno que no permiten el desarrollo de la vida, mortalidades masivas. Es una irresponsabilidad gravísima permitir aún más expansión”, explicó Florencia Ortúzar de AIDA.  Las organizaciones ambientalistas anunciaron el patrocinio de diferentes causas y denuncias respecto de la operación y tramitación de proyectos de  salmonicultura en la Patagonia. contacto de prensa Victor Quintanilla, [email protected], +5215570522107  

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Cambio Climático, Derechos Humanos

Fortaleciendo el llamado ciudadano a la acción climática

Cuando Cristina Briseño supo que la vigésimo quinta Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP25) se trasladaría de Santiago a Madrid, tuvo ganas de llorar. “Tenía mucha fe en la presión que un evento tan gigante como ese pondría sobre temas ambientales que requieren acciones urgentes en Chile”, me contó. A sus 46 años, Cristina —una ciudadana chilena que siempre tuvo la inquietud de apoyar causas ambientales— se enlistó como voluntaria para ayudar en la realización de la Cumbre Social por la Acción Climática, prevista como evento paralelo a la COP25 y que, pese al cambio de sede, se mantuvo firme. “Se perdió la oportunidad de discutir temas de vulnerabilidad ante el cambio climático en un país tan vulnerable como Chile”, dijo Ingrid Wehr, Directora de la Oficina Regional Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll, durante la Cumbre. Pero no todo estuvo perdido. La razón del cambio de sede de la COP25 fue el estallido social en Chile, un momento histórico donde los segmentos más vulnerables de la población se están haciendo escuchar. En ese contexto, la Cumbre Social por la Acción Climática demostró que la ciudadanía tiene mucho que decir en materia ambiental y mucho que aportar a la lucha contra la crisis climática. “Al final, uno debe seguir luchando con las herramientas que tiene”, me dijo Cristina. La Cumbre que persistió Organizada por la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) —plataforma que agrupa a más de 130 organizaciones de diversos sectores de Chile— la Cumbre tuvo lugar en el Centro Cultural Tío Lalo Parra del municipio de Cerrillos, ubicado en el sector surponiente de la ciudad de Santiago y donde se iba a celebrar la COP25 oficial. Caracterizado por una gran cantidad de terrenos baldíos y sin uso, Cerrillos tiene una apariencia desértica y terrenos erosionados. “Hacer la Cumbre allí implicó descentralizar una problemática que tiende a ser discutida en grandes ciudades o en los lugares más céntricos de las capitales”, piensa Cristina.   En sus 10 días de duración, del 2 al 11 de diciembre, la Cumbre alojó un centenar de actividades para discutir temas relacionados con la crisis climática, enfatizando la necesidad de acciones más ambiciosas para enfrentarla. Hubo de todo: conversatorios, conferencias, talleres, exposiciones artísticas, obras de teatro y actividades interactivas. Se habló de muchos temas. Mientras en una sala se debatía sobre el activismo y los conflictos socioambientales o acerca del rol de los jóvenes como agentes de cambio, en otra se explicaba en detalle los impactos de la crisis climática en el océano y las pesquerías. Ciudadanos, investigadores, activistas y representantes de comunidades reflexionaron juntos. A partir de sus experiencias, evidenciaron que la crisis social en Chile es también una crisis ambiental que bien refleja la desigualdad que azota a toda la región. “La SCAC, que nació teniendo entre sus metas principales la celebración de la Cumbre paralela a la COP25, logró algo importantísimo para el movimiento ambiental del país”, opinó Florencia Ortúzar, abogada de AIDA, quien participó en un evento sobre descarbonización y transición justa de la Cumbre. “Logró la unión de los grupos ambientales, desde los más pequeños y jóvenes hasta los más grandes y consolidados. Ahora todos estamos conectados”. La voz de Latinoamérica Históricamente, las negociaciones climáticas internacionales no han respondido a las demandas de la sociedad civil de América Latina. Por ello son tan valiosos los esfuerzos para incluir el posicionamiento de la región y la voz de su ciudadanía en la discusión climática. Esa inclusión quedó plasmada en el Manifiesto Latinoamericano por el Clima, elaborado con la participación presencial y remota de cientos de personas y organizaciones a lo largo de la región, y lanzado simultáneamente en la Cumbre Social de Chile y en un evento similar organizado por la sociedad civil en Madrid. El documento es un llamado a vivir en un mundo mejor y a tomar las acciones necesarias para lograrlo bajo nueve ejes: agua, naturaleza, transición energética, nuevo modelo de desarrollo, mujeres; pueblos originarios, indígenas, étnicos y tribales, y afrodescendientes; derechos humanos y cambio climático; justicia climática; y gobernanza climática. Si algo caracterizó al 2019 fue el despertar de la conciencia global en torno a la gravedad de la crisis climática y la urgencia de enfrentarla juntos. También despertó la conciencia social y con ella las voces de los más desvalidos exigiendo justicia. Ambos despertares no son coincidencia, sino las caras de una misma moneda. El llamado de justicia social y justicia ambiental se está escuchando en todo el mundo, mostrándonos una ventana de oportunidad para cambiar las cosas. Por eso es fundamental que la acción climática tenga a los derechos humanos como elemento transversal.  

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