Ecuador

Ecuador sienta un mal precedente para la protección ambiental en América Latina

En medio de dos decisiones que marcaron hitos históricos para la protección del ambiente y de las personas frente a la crisis climática, el gobierno de Ecuador decidió seguir el camino opuesto y sentar un precedente negativo para la defensa del derecho a un ambiente sano en América Latina.En julio pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia emitieron por separado dictámenes que esclarecen las obligaciones jurídicas de los Estados para actuar con urgencia y contundencia ante la emergencia climática. Mediante opiniones consultivas que resultaron de procesos participativos, los dos tribunales internacionales fijaron precedentes sustanciales hacia la justicia climática global. Pocos días después de emitidas ambas decisiones, y en total contrasentido con ellas, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fusionó el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica —en adelante Ministerio de Ambiente— con el Ministerio de Energía y Minas. Esto es un retroceso para Ecuador porque compromete aspectos fundamentales para la garantía de un ambiente sano como el licenciamiento y control ambiental, la gestión de áreas protegidas y la acción climática. También representa un riesgo para la región pues marca un camino equivocado que podría ser emulado en otros países dadas las condiciones geopolíticas y económicas del continente.  Un retroceso para la defensa del ambienteEl 24 de julio de 2025, el presidente ecuatoriano emitió el Decreto Ejecutivo 60, mediante el cual ordenó la fusión de varias dependencias del Estado —principalmente ministerios y subsecretarías—, la redistribución de competencias y la desvinculación laboral de 5 mil empleados del sector público.Entre los ministerios fusionados está el Ministerio del Ambiente, que será absorbido por el Ministerio de Energía y Minas, lo que convierte a Ecuador en el segundo país de la región en perder su autoridad ambiental en menos de dos años. El primero fue Argentina a finales de 2023.El retroceso que esto significa para la defensa del derecho a un ambiente sano —que incluye un clima sano, según reconoció el dictamen de la Corte Interamericana— puede ser explicado en tres dimensiones de análisis, detalladas a continuación. 1. El licenciamiento y control ambientalUna de las principales funciones del Ministerio del Ambiente es emitir licencias ambientales para la ejecución de proyectos de extracción de bienes naturales. Estas licencias son el resultado de un proceso de evaluación ambiental sumamente técnico que debe ser realizado de forma imparcial por un equipo multidisciplinario experto en el tema para cumplir plenamente con el principio de precaución y minimizar efectivamente los impactos ambientales. La fusión ministerial pone al proceso en manos de los mismos actores interesados en la ejecución de los proyectos minero-energéticos, socavando el principio de independencia. Además, resta la capacidad técnica y operativa de los equipos multidisciplinarios encargados de realizarla.    Por otro lado, de las licencias se derivan obligaciones que quienes proponen proyectos deben implementar para evitar daños ambientales y garantizar el derecho a un ambiente sano de todas y todos en Ecuador. En este sentido, la autoridad ambiental tiene la facultad de controlar el cumplimiento de dichas obligaciones y aplicar sanciones en caso contrario. La fusión ministerial traslada la facultad del control ambiental a la misma entidad interesada en promover los proyectos minero-energéticos, restando la independencia esencial para velar por el cumplimiento de la normativa y estándares ambientales.  2. La gestión de áreas protegidasNo es un secreto que las áreas protegidas en Ecuador están sumamente debilitadas. Los despidos de guardaparques, la infraestructura inadecuada y recortes presupuestarios sostenidos desde 2019 han impedido el manejo adecuado del territorio protegido. Como resultado, la minería ilegal ha proliferado en su interior. La reciente decisión presidencial implica perder la independencia financiera y administrativa para la gestión de áreas protegidas, dejando supeditado el cuidado del territorio a los intereses del sector minero y petrolero. El Decreto Ejecutivo 60 no responde a las necesidades urgentes de protección territorial ni garantiza el sistema nacional de áreas protegidas. Por el contrario, aumenta el riesgo de reproducción de actividades mineras ilegales en ellas. 3. La acción climáticaEn términos climáticos, las contradicciones también son muy evidentes. Con la desaparición de la autoridad ambiental, las acciones de mitigación y adaptación climáticas en el país estarán supeditadas a las decisiones de un ministerio cuyo fin es promover proyectos de hidrocarburos y minería. El financiamiento climático se verá diluido en la administración del sector energético, con el riesgo de no llegar a los territorios donde más se necesita.Otro riesgo es que los proyectos de generación de energía renovable con potencial de aportar a una transición energética justa repliquen los errores del pasado fósil en materia ambiental y de derechos humanos. Esto puede ocurrir si no se aplican estrictos procesos de evaluación ambiental y de consentimiento social, los cuales se deben garantizar con procesos claros, personal técnico suficiente e institucionalidad ambiental independiente. ¿Por qué lo sucedido en Ecuador es un mal ejemplo para la región?Es importante encender las alarmas a nivel regional pues América Latina está bajo la amenaza de la profundización y radicalización del extractivismo como modo de producción económica, que busca abrirse paso incluso a costa de los mecanismos de protección territorial y de derechos humanos.Entregar las competencias de la autoridad ambiental a los sectores energético, petrolero y minero —que por su naturaleza priorizan el desarrollo de actividades extractivas y que históricamente han carecido de un enfoque de derechos humanos— configura un escenario regresivo y sienta un precedente negativo para los países del continente que afrontan presiones intensas de intereses económicos para sacrificar sus bienes naturales. También es una ofensa a la lucha por la justicia ambiental y climática que el movimiento ambientalista latinoamericano ha construido arduamente.  El cambio de rumbo que necesitamosA nivel nacional y regional se requieren medidas urgentes que sean avances frente a la crisis ambiental y climática. Estas incluyen:Fortalecer los procesos de evaluación de impacto ambiental aplicados a proyectos de extracción de bienes naturales, lo que incluye dotarlos de mayor independencia financiera, administrativa y operativa.Robustecer el personal técnico vinculado al licenciamiento y control ambiental, así como a la gestión de áreas protegidas.Fomentar la capacidad de control y auditoría ambiental con mecanismos transparentes y participativos.Garantizar procesos de consulta previa, libre e informada que cumplan con estándares internacionales.Mejorar las condiciones de empleo de guardaparques, así como implementar la mejor ciencia, tecnología e infraestructura disponibles en la gestión de áreas protegidas.Adoptar acciones climáticas centradas en los territorios, que permitan el flujo directo de financiamiento hacia quienes realmente lideran los esfuerzos de mitigación de gases de efecto invernadero: comunidades campesinas e indígenas. 

Patricia Rengel

David Cañas

Manuel Morales

Javier Dávalos Gonzalez

Amazonía: Las complejidades y desafíos de su protección

Por Vania Albarracín y José David Castilla* La protección de la Amazonía es uno de los principales desafíos en la región. Hacerle frente implica coordinación y cooperación entre Estados, pueblos y organizaciones. En ese contexto, el Foro Social Panamazónico (FOSPA) nace de la necesidad de pensar a la Panamazonía —región conformada por los países que tienen jurisdicción o territorio en la cuenca del río Amazonas, y/o tienen cobertura de selva y/o pertenecen al Tratado de Cooperación Amazónica (TCA)— desde todas sus complejidades. El FOSPA es un espacio regional de articulación, reflexión e intercambio entre pueblos indígenas, movimientos sociales y sociedad civil de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Venezuela y Surinam. La unión de tantos actores alrededor de la Amazonía se debe a que se trata de un ecosistema megadiverso y estabilizador climático global que contiene más del 13% de todas las especies vegetales y animales conocidas y que descarga anualmente 6.600 km³ de agua dulce al océano Atlántico, equivalentes a entre el 16 y 20% de la escorrentía mundial. Por ello, es esencial considerar la interconexión e interdependencia entre la Amazonía y otros ecosistemas de la región. Los ecosistemas marino-costeros, los humedales andinos, las sierras y los bosques están conectados a lo largo del continente y deben ser reconocidos como parte de una estrategia integral de protección. El territorio amazónico enfrenta problemas graves de deforestación y degradación ecosistémica, lo que ha generado una alerta sobre la llegada del denominado punto de no retorno. Esto se refiere a la pérdida del equilibrio ecológico y las funciones climáticas de la Amazonía, lo que traería repercusiones globales negativas incalculables. El FOSPA realiza encuentros bianuales en distintas ciudades y subregiones de la Amazonía para dialogar acerca de la vulneración de derechos humanos, ambientales, territoriales y de la naturaleza que aquejan a la región, así como para plantear alternativas que surjan desde las comunidades locales y los pueblos indígenas que la habitan La onceava versión del FOSPA tuvo lugar del 12 al 15 de junio de 2024 en las ciudades de Rurrenabaque y San Buenaventura, en la región amazónica de Bolivia. Del encuentro surgió una declaración conjunta en defensa de la vida, los pueblos y la naturaleza. AIDA participó en el encuentro y compartimos a continuación nuestro balance del mismo respecto de los principales acuerdos, los vacíos para su implementación y lo que falta para garantizar la protección de la Amazonía.   Los acuerdos 1. Las amenazas de la minería Las amenazas de la minería para la región amazónica se traducen en dos problemas centrales: la promoción e impactos de nuevos extractivismos (como la minería de cobre) y la contaminación de mercurio de la minería de oro. En el encuentro se evidenció la necesidad de prohibir el comercio mundial de mercurio y de crear estrategias multinacionales para combatir su uso en la minería de oro, en cumplimiento del Convenio de Minamata. Además, se abogó por un enfoque biocultural en la evaluación de los impactos de la minería, reconociendo la interrelación entre biodiversidad y culturas indígenas, el papel fundamental de las mujeres en la conservación y reproducción de la vida, así como la participación de la sociedad civil en espacios de decisión, garantizando su transparencia y su plena divulgación.   2. Una Amazonía libre de extractivismos Una de las principales preocupaciones de las comunidades, pueblos y organizaciones que participaron en el encuentro es la presencia de distintos tipos de extractivismo en la región amazónica. Identificaron que sus derechos son vulnerados y amenazados por proyectos de extracción y transporte de hidrocarburos, por la explotación de minerales de transición como el oro y el cobre, así como por la implementación de políticas públicas relacionadas con la transición energética. Una de las propuestas más relevantes al respecto fue generar una declaratoria multifactorial y plurinacional de la Amazonía como zona libre de combustibles fósiles y de minería, no solo como una consigna, sino como un horizonte político, social y ambiental para la protección de la vida en todas sus formas. Esta propuesta debe ser evaluada en el contexto de las distintas tensiones y realidades sociales de la región.   3. Garantías para una transición energética justa y popular La transición energética justa y popular fue otro de los puntos relevantes del encuentro. Las comunidades originarias y los pueblos indígenas plantearon la necesidad de descolonizar el concepto de transición energética y plantear un proceso que surja de ellas, que históricamente han sufrido los impactos del extractivismo. El llamado fue a implementar una transición energética donde se reparen estos impactos y se restauren los ecosistemas afectados  Para lograr este objetivo son necesarios procesos de cierre y salida responsable de proyectos, además de procesos de transición que incorporen los más altos estándares de derechos humanos y la perspectiva de las comunidades afectadas.    Los vacíos prácticos 1. Compromiso insuficiente de cooperación regional En la onceava versión del FOSPA se evidenció el escaso compromiso político de los gobiernos miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), reflejado en la falta de acuerdos firmes y de mecanismos de participación efectiva. Esto favorece las políticas extractivistas y debilita la protección de los derechos de los pueblos indígenas y los de la naturaleza. Es esencial que la OTCA revise y fortalezca sus estructuras para asegurar que los compromisos internacionales se implementen y que las comunidades panamazónicas tengan un rol activo y decisivo en la formulación de políticas.   2. Exclusión de los pueblos y comunidades originarias de las decisiones La exclusión de los pueblos indígenas y comunidades originarias amazónicas en los procesos de toma de decisiones es evidente. Esto conduce a políticas y acuerdos que no satisfacen sus necesidades y realidades. Un claro ejemplo de esto son las Conferencias de las Partes (COP) sobre cambio climático y biodiversidad, donde la representación indígena no es genuina o sustantiva, lo que resulta en que no se valore su conocimiento ancestral y su rol fundamental en la protección de la biodiversidad y del clima.   3. Ausencia de un mecanismo vinculante La implementación de acuerdos alcanzados en espacios como el FOSPA ha sido insuficiente y, en muchos casos, inexistente. Este fue uno de los principales reclamos de los pueblos indígenas y las comunidades originarias. Al no tener un carácter vinculante, y al no ser tan relevante para la perspectiva estatal, muchas de las solicitudes quedan enfrascadas en el terreno de lo declarativo. Aunque el FOSPA es esencial para la integración panamazónica y la construcción de alternativas desde los territorios, se requiere un esfuerzo conjunto para fortalecer su vínculo con las y los tomadores de decisiones, promover la participación activa de las comunidades y hacer del foro una plataforma de movilización y acción.   El camino a recorrer El próximo encuentro del FOSPA será en dos años, pero la protección efectiva de la región panamazónica no puede esperar.   En el corto plazo, es necesario realizar acciones concretas para mitigar los impactos en el ecosistema y adoptar medidas de cooperación regional para garantizar su protección integral y transfronteriza. Entre otras cosas, es necesario y urgente: Lograr un consenso regional y diseñar un plan para garantizar la declaratoria de la Amazonía como zona libre de combustibles fósiles y de toda forma de extractivismo. Coordinar una articulación andino-amazónica y costera para la defensa integral de los territorios, demandando acciones concretas contra la minería con un enfoque biocultural. Exigir marcos normativos de debida diligencia en materia ambiental y de derechos humanos en los Estados amazónicos y en los países de origen  de las empresas para obligar a estas a cumplir con estándares internacionales en estas dos áreas. Instar a los Estados a que apliquen los principios de prevención y de precaución y que eleven su estándar en los proyectos que puedan tener impactos en la Amazonía. Diseñar un mecanismo de cierre y salida de los proyectos asociados a la extracción de combustibles fósiles en la región amazónica. Garantizar la participación activa, representativa y vinculante de las comunidades y pueblos panamazónicos en los foros internacionales donde se decide acerca de la naturaleza, por ejemplo en próxima Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad (COP16 en Colombia) y las próximas Conferencias de la ONU sobre el Cambio Climático (COP29 en Azerbaiyán y COP30 en Brasil).   *Vania Albarracín Silva es abogada del Programa de Ecosistemas de AIDA y José David Castilla Parra es abogado del Programa de Derechos Humanos y Ambiente.  

Yasuní: Crece la ambición climática gracias al pueblo de Ecuador

La decisión del pueblo ecuatoriano de dejar el petróleo en el subsuelo en una parte del Parque Nacional Yasuní, en plena Amazonía, es una respuesta a la historia de contaminación de la tierra, el agua y el aire de las comunidades amazónicas tras 50 años de explotación petrolera. Es además una muestra de ambición climática esperanzadora que debe ser reconocida y respaldada a nivel regional y global. El 20 de agosto pasado, en una consulta popular nacional, el pueblo ecuatoriano optó por detener la extracción petrolera en el bloque 43 ITT (Ishpingo, Tiputini, Tambococha), uno de los tres en producción dentro del parque. Con esta decisión, la población de Ecuador dio un paso importante hacia la transición ordenada para dejar una parte del petróleo bajo tierra. Implementarla es una obligación legal para el gobierno ecuatoriano. De hacerlo de manera adecuada, respetando los principios de transición justa y salida responsable, Ecuador será el primer país en cumplir con las demandas que el Secretario General de la ONU y los organismos científicos y energéticos —como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y la Agencia Internacional de la Energía— vienen haciendo a los actores nacionales acerca de un abandono progresivo de la explotación de combustibles fósiles. Resulta clave ahora que la sociedad civil regional y global acompañe la salida responsable de las operaciones petroleras en el bloque 43 del Yasuní, en el término establecido (18 meses calendario), aplicando veedurías independientes y apoyando alternativas de transición justa para el territorio y sus habitantes.   ¿Cómo se llegó a este resultado? Este avance importante para la protección del Yasuní, un ecosistema clave para la adaptación y mitigación de la crisis climática mundial, es fruto de diversos factores, previos a la decisión del 60% del pueblo ecuatoriano el pasado 20 de agosto. Entre ellos están: La lucha histórica de los movimientos indígenas por la defensa territorial y el acompañamiento de varios sectores de la sociedad civil que dieron origen a la Iniciativa Yasuní ITT, que trató de conseguir una compensación económica de la comunidad internacional, que entregaría fondos equivalentes a una parte de las ganancias de la comercialización, a cambio de dejar el crudo bajo tierra. La creación del colectivo social Yasunidos en el año 2013, a raíz del cese de la Iniciativa Yasuní ITT, para oponerse a la declaración de interés nacional de la explotación petrolera del Yasuní, realizada por parte de la Asamblea Nacional de Ecuador. La lucha incansable de este y otros colectivos, que demostró el fraude realizado por el Consejo Nacional Electoral ante su pedido de consulta popular en 2014, antes del inicio de la explotación petrolera. La decisión de la Corte Constitucional de dar paso a la consulta y el reconocimiento de la violación de los derechos de participación de los miles de personas que firmaron el pedido de consulta en 2014.   ¿Qué implica la decisión? Esta histórica decisión tiene implicaciones nacionales, regionales y mundiales, como se detalla a continuación. A nivel nacional, el resultado de la consulta implica —según el dictamen de la Corte Constitucional—, adoptar las siguientes medidas: i) suspender las actividades de extracción; ii) no iniciar actividades nuevas ni firmar nuevos contratos; iii) tomar medidas para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario; iv) tomar medidas de reparación a la naturaleza; v) otras acciones. Todas ellas son oportunidades para generar un espacio de transición justa en la zona. La decisión implica el reconocimiento y reparación de los derechos humanos a la participación de miles de ecuatorianos/as que pudieron decidir con su voto el destino de esta zona, además de la protección de los derechos humanos relacionados con la vida y protección los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que habitan el Parque Yasuní. Se trata de un paso que promueve la conservación del Parque Nacional Yasuní y de su enorme biodiversidad al ser parte de la Amazonía, un ecosistema regulador del clima y clave para la adaptación a la crisis climática a nivel mundial. Con la adecuada implementación de esta decisión, Ecuador dejará de emitir alrededor de 400 millones de toneladas de CO2, asociadas a la explotación petrolera de alrededor de 58 mil barriles diarios, que ahora debe ser suspendida. El resultado de la consulta contempla un plazo de 18 meses calendario para suspender la explotación petrolera y dejar el crudo bajo tierra de forma indefinida. Con ello se asoma el gran reto de implementar una medida que puede ser ejemplar para el mundo: el cierre y abandono responsable de un campo petrolero en la Amazonía.   Los retos para la implementación Para ser exitoso, el proceso de salida responsable en el bloque 43 debe garantizar: i) la protección del territorio para evitar la deforestación ilegal y ii) el cuidado de las comunidades con el fin de brindarles alternativas económicas (investigación, bioconocimiento, bioeconomía y turismo sostenible, entre otras). Además, su implementación requiere espacios de veeduría y observatorios ciudadanos locales, así como el respaldo de la comunidad internacional y regional a través de mecanismos financieros y de capacitación técnica. Esa es la promesa de los programas de trabajo de Transición Justa y de Mitigación generados en las negociaciones climáticas. Ante el llamado urgente a que los mayores emisores de carbono del mundo dejen rápidamente de quemar combustibles fósiles, el pueblo de Ecuador ha respondido con un avance importante hacia la transición, uno que comienza desde abajo, en una geografía determinada de la Amazonía. Por ello, su decisión debe ser reconocida en la plataforma para la Acción Climática Mundial (NAZCA por sus siglas en inglés) de la ONU, que recoge la acción climática de actores no estatales. También es fundamental que el próximo gobierno ecuatoriano selle este compromiso climático incluyéndolo en la actualización de sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Implementar la decisión del pueblo ecuatoriano en la consulta popular para proteger el Parque Nacional Yasuní es una obligación legal a nivel local y un precedente exitoso que puede impulsar la necesaria transición energética a nivel mundial.  

Proteger el Parque Nacional Yasuní en Ecuador puede impulsar la necesaria transición energética justa a nivel mundial

La decisión del pueblo ecuatoriano en la consulta del 20 de agosto tiene el potencial no solo de frenar la explotación petrolera en la Amazonía, sino también de generar un impacto transformador a nivel nacional e internacional como resultado de reconocer el valor de un ecosistema clave para la estabilización del clima global y la necesidad de transitar a la producción de energía renovable y sostenible.   El próximo 20 de agosto, habrá una consulta popular en la que el pueblo ecuatoriano tendrá la oportunidad de decidir un alto definitivo a la explotación petrolera en una parte del Parque Nacional Yasuní, una de las zonas más biodiversas del planeta, ubicada en la Amazonía. La consulta busca detener la extracción petrolera en el bloque ITT (Ishpingo, Tiputini, Tambococha), uno de los tres en producción dentro del parque. El Parque Nacional Yasuní es Reserva de la Biósfera por la UNESCO y múltiples estudios científicos han demostrado su valor e importancia en términos de biodiversidad y por ser hogar del pueblo Waorani y de los grupos en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane. Al ser la Amazonía una región interconectada y compartida por ocho países —Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela— y por Guayana Francesa, un departamento francés de ultramar, lo que ocurre en una parte de ella afecta al resto. Además, al ser megadiversa y servir como estabilizador climático global, la importancia de la selva amazónica es mundial. Los ojos del mundo estarán atentos a que Ecuador opte por proteger su territorio amazónico, lo que puede tener un impacto transformador no solo en el país, sino también en América Latina y en el mundo al enviar un mensaje claro que reconoce el valor ecológico y social de la Amazonía para materializar la necesaria transición energética y la protección de los derechos humanos. Javier Dávalos, Coordinador del Programa de Clima de AIDA, expresa lo siguiente: “Después de años de lucha incansable de organizaciones sociales y de movimientos indígenas, Ecuador puede lograr un avance importante en la protección de un ecosistema clave para la adaptación y mitigación de la crisis climática a nivel mundial, así como para la sobrevivencia de pueblos indígenas, tradicionales y en aislamiento voluntario. Salvaguardar el clima para esta y las futuras generaciones exige que la producción de combustibles fósiles entre en un declive controlado de inmediato y que la generación de energía renovable avance con urgencia y como parte de una transición justa. Ecuador puede ser pionero en mostrar al mundo cómo la sociedad civil es capaz de impulsar la transición energética justa que el mundo necesita, dejando atrás las zonas de sacrificio ambiental y social que la industria de los combustibles fósiles ha propiciado.  Puede ser un ejemplo de construcción de alternativas energéticas basadas en la garantía de los derechos humanos y los de la naturaleza, y de combate efectivo de la triple crisis que el mundo enfrenta con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación”. Contexto La iniciativa de frenar definitivamente la explotación petrolera en una parte de la Amazonía se alinea con las recomendaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y de la Agencia Internacional de la Energía de mantener bajo tierra cifras que van del 30% a las dos terceras partes de las reservas petroleras como condición para mantener el incremento de la temperatura promedio del planeta por debajo de los 2°C, respecto a los niveles preindustriales, y evitar así efectos catastróficos. La consulta popular en Ecuador ocurrirá pocas semanas después de que el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, declarara el inicio de la era de la “ebullición climática”, apuntando a la necesidad de cambios concretos para afrontar la emergencia y crisis producida por el calentamiento del planeta. Asimismo, esta consulta llegará poco después del cierre de la Cumbre Amazónica en Brasil, donde los ocho países amazónicos habrán discutido cómo determinar un camino sostenible para la selva amazónica. "Es hora de eliminar los combustibles fósiles para proteger la Amazonía", dijo hace poco Gustavo Petro, Presidente de Colombia, quien exhortó a que los países con territorio amazónico y sus socios en el Norte Global se comprometan a frenar la explotación de combustibles fósiles para proteger el derecho a una transición justa y acelerar el paso a hacia una economía pospetrolera. Contacto de prensa: Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107  

Cúpula da Amazônia: 6 propostas para preservar a floresta por meio da cooperação regional

A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, um ecossistema megadiverso e um estabilizador climático global que desempenha um papel fundamental no ciclo da água na América do Sul. Além disso, a região abriga centenas de povos indígenas, ribeirinhos e comunidades locais. Apesar de sua riqueza e importância cultural, a Amazônia está ameaçada pela colonização e apropriação de terras, desmatamento, incêndios e atividades extrativistas, entre outras coisas. Como a região é compartilhada por oito países - Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela - e pela Guiana Francesa (território ultramarino francês), sua preservação exige esforços regionais. O Tratado de Cooperação Amazônica (TCA), assinado em 1978 pelos oito países amazônicos, promove o desenvolvimento sustentável dos territórios amazônicos com foco na cooperação e na pesquisa científica. Em 1998, com uma emenda ao tratado, os países criaram a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) para fortalecer e aprimorar o processo de cooperação. A OTCA é hoje o único bloco socioambiental da América Latina e a arena mais importante para estabelecer uma forte coordenação regional para preservar o bioma amazônico. Entretanto, essa organização intergovernamental ainda não atingiu seu potencial. Ela tem enfrentado obstáculos de financiamento, dependendo de fontes internacionais em várias ocasiões. Por outro lado, não permitiu a participação efetiva da sociedade civil.                     Nos dias 8 e 9 de agosto, a cidade de Belém do Pará, no Brasil, sedia a Cúpula da Amazônia 2023 - a quarta reunião dos presidentes dos Estados que compõem o TCA. Diante da oportunidade que essa reunião representa para revitalizar a OTCA em prol dos territórios amazônicos, apresentamos 6 propostas para preservar esse ecossistema por meio da cooperação regional.   1. Reformar os órgãos da OTCA para permitir a participação pública É urgente atualizar o TCA e restaurar a OTCA para garantir a ampla participação da sociedade civil, incluindo as reuniões dos órgãos de governança da OTCA e a criação de sua Agenda Estratégica para a Cooperação Amazônica. As atas dessas reuniões devem ser tornadas públicas. Essas e outras medidas são essenciais para que os estados amazônicos cumpram suas obrigações nos termos do Acordo de Escazú, um tratado regional que reconhece o direito do público de acessar informações sobre questões ambientais.   2. Promover a inclusão, o diálogo e a coordenação com os habitantes da região Os povos indígenas, as comunidades ribeirinhas e as comunidades locais que vivem na Amazônia têm desempenhado um papel fundamental na sua proteção. Ao longo dos séculos, seus conhecimentos têm possibilitado a conservação da floresta. Portanto, os esforços para preservar esse ecossistema devem começar pelo reconhecimento, valorização e proteção dessa rede de conhecimento ancestral, promovendo sua participação na tomada de decisões e garantindo seus direitos, de acordo com os tratados internacionais para a proteção dos direitos humanos.   3. Proteção dos defensores ambientais Quatro dos países amazônicos - Brasil, Colômbia, Equador e Peru - estão entre os países com os maiores riscos para os defensores ambientais e territoriais, especialmente os defensores indígenas e ribeirinhos. Apesar disso, a OTCA não tem uma estratégia para lidar com essa grave situação. A Organização deve garantir aos defensores ambientais um ambiente seguro e favorável para seu trabalho, tarefa que também deve incluir um programa para a proteção das mulheres defensoras na Amazônia.   4. Combate efetivo ao uso de mercúrio na mineração de ouro O uso de mercúrio na mineração de ouro em pequena escala é devastador para as comunidades e os ecossistemas da Amazônia. Em nível regional, a OTCA deve adotar uma resolução ou um programa para tratar diretamente dessa questão. E, em nível internacional, os Estados membros devem agir como um bloco para pressionar por emendas à Convenção de Minamata sobre Mercúrio, de modo que o tratado proíba a comercialização do metal pesado e seu uso na mineração de ouro em pequena escala.   5. Providenciar a execução dos acordos ambientais internacionais Com base em uma estratégia regional de reconhecimento do direito ambiental internacional para a proteção da Amazônia e de seus habitantes, a OTCA deve assessorar os Estados Partes para o cumprimento de tratados ambientais, como a Convenção sobre Diversidade Biológica. Também deve apoiar os Estados na inclusão de localidades, sistemas de conhecimento, tradições e expressões culturais de comunidades ribeirinhas e povos indígenas que estejam ameaçados e em listas de atenção e apoio internacional prioritário, como as Reservas da Biosfera e o Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO, bem como as Zonas Úmidas de Importância Internacional da Convenção de Ramsar.   6. Promover uma visão diferente de desenvolvimento para a região amazônica A OTCA deve promover uma visão de desenvolvimento que leve em conta as comunidades e inclua os problemas de desmatamento, queimadas e a expansão da fronteira extrativista por meio da integração internacional. Também é necessário articular esforços regionais para deter a expansão da fronteira petrolífera e defender o estabelecimento de uma moratória para a extração de combustíveis fósseis na Amazônia. Além disso, deve promover reformas legais que desencorajem a expansão da mineração ilegal e seus impactos.   Olhando para o futuro A floresta amazônica e o potencial de cooperação regional para preservá-la estão em um momento crítico. O ponto de não retorno para a Amazônia - o ponto em que os níveis de desmatamento superam sua capacidade de regeneração - não é mais um cenário futuro. Entretanto, após vários anos de pouca ação dentro da OTCA, a Cúpula Amazônica deste ano e a reativação do Parlamento Amazônico em 2022 renovam a esperança de cooperação regional para preservar a floresta. Na mesma linha, os presidentes do Brasil e da Colômbia anunciaram recentemente suas metas para conter o desmatamento ilegal nos territórios amazônicos até 2030. Considerando as ameaças atuais à Amazônia e a obrigação da OTCA de promover a cooperação regional, seus Estados membros deveriam aproveitar esse momento para providenciar à organização um financiamento mais regular e permanente. Isso é necessário para implementar programas eficazes de longo prazo e, especialmente, para implementar essas seis propostas. A sociedade civil também deve aproveitar ao máximo as oportunidades de advocacy com a OTCA e seus órgãos, incluindo a participação nos Diálogos Amazônicos, que serão realizados de 4 a 6 de agosto como um prelúdio da Cúpula. Os esforços conjuntos regionais e transfronteiriços são suficientemente poderosos para salvar um ecossistema vital para a região e para o mundo. VERSÃO EM ESPANHOL  

Aportes para el litigio climático desde Ecuador

El objetivo de este seminario web fue difundir el conocimiento acerca de los casos de litigio climático en Ecuador, resaltando sus similitudes con litigios en otros países y analizando sus particularidades. A partir de esta reflexión, identificamos los aportes de los casos ecuatorianos puedan al ámbito regional e internacional del litigio climático. PanelMario Melo, abogado y profesor universitario ecuatoriano: Fundamentos del litigio climático en Ecuador.Julio Prieto, abogado de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT): Caso Niñas vs. gobierno por autorización de la quema y venteo de gas en mecheros de campos petroleros en la Amazonía ecuatoriana.Carla Luzuriaga y Diana Herrera, relatoras para la jurisdicción de Ecuador de la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe: Exposición de casos de Ecuador en la Plataforma.Moderó: Javier Dávalos, coordinador del Programa de Clima, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación Presentaciones1. Presentación de Julio Prieto: 2. Presentación de Carla Luzuriaga y Diana Herrera: