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Foto: Thomas Jundt / CC BY-NCVictoria: Cancelan concesión para mina Crucitas por daños al ambiente
En Costa Rica, un tribunal de alto nivel canceló por primera vez la concesión para un proyecto de minería a gran escala porque violaba leyes nacionales y conllevaba riesgos para el ambiente. AIDA contribuyó a establecer dicho precedente.
La empresa Industrias Infinito, con apoyo del gobierno anterior, planeaba construir Las Crucitas, una mina de oro a cielo abierto cuyos impactos traspasaban las fronteras del país.
La construcción y la operación de la mina amenazaban la supervivencia y el modo de vida de 32 comunidades que dependen del turismo y la pesca deportiva en una zona de gran belleza y pureza. Además, el proyecto ponía en riesgo al río San Juan, que fluye a lo largo de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, rodeado de una rica biodiversidad.
La lucha inició en 2008, cuando AIDA advirtió al Gobierno costarricense sobre las potenciales violaciones al derecho internacional e impactos ambientales que se debían considerar antes de permitir la implementación del proyecto. Recomendamos suspender las obras hasta que se garantizara el cumplimiento de las normas y se protegiera el ambiente y la salud humana
En noviembre de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica canceló la concesión para el proyecto, decisión que estuvo en línea con los argumentos presentados por AIDA y que reiteró la importancia de cumplir con las normas.
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Una reactivación transformadora en América Latina y el Caribe es posible y urgente. Este es el llamado que hacen más de 250 instituciones de la región, las cuales reconocen la amenaza y la oportunidad que representan los programas y medidas de reactivación económica que están implementando los gobiernos de la región a raíz de la pandemia del COVID-19. Con representantes de 16 países de América Latina, las organizaciones participantes coinciden en que frente a las crisis socioambiental y de justicia que enfrenta la región no es posible continuar con el “business as usual”; por el contrario, señalan, que las medidas y estrategias a implementar deben ayudar a subsanar la crisis socioambiental y asegurar que las brechas sociales sean atendidas correctamente en el corto plazo, con una visión a largo plazo. Reconociendo la ventana de oportunidad para emprender cambios estructurales en el actual modelo de desarrollo, atender las crisis climática y de biodiversidad, y los impactos multidimensionales de la pandemia, esta propuesta de Reactivación Transformadora en América Latina y el Caribe aglutina diversas voces para incidir en los tomadores de decisión a través de diversas instancias de encuentro y discusión multisectorial para la generación de propuestas, entre otras actividades. Desde el sentido de urgencia e inspirada en las movilizaciones sociales de la región, organizaciones de diversa índole y campo de acción abogan por una reactivación que promueva una economía baja en carbono y un sistema social más justo, con respuestas inclusivas, focalizadas, transparentes e integrales, con perspectiva de género y que fomenten una profunda reconstrucción valórica para una verdadera transformación sistémica. Unidas bajo el slogan Juntxs por una reactivación transformadora, las organizaciones elaboraron un pronunciamiento que promueve la necesidad de generar incentivos, empleos y oportunidades de desarrollo a través de reformas fiscales e inversiones en sectores no extractivos y bajos en carbono, la necesidad de reformular los indicadores para medir el bienestar y fortalecer un desarrollo social incluyente, orientado a fortalecer los procesos democráticos, la resiliencia comunitaria, el acceso a servicios básicos de calidad. Además promueve las soluciones basadas en la naturaleza para proteger y restaurar ecosistemas y la firma de tratados regionales como el Acuerdo de Escazú, además del cumplimiento de los compromisos climáticos y de biodiversidad multilaterales, y la agenda global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Hasta el momento han suscrito esta propuesta regional más de 550 representantes de la sociedad civil, sector privado, academia y gobiernos subnacionales de 16 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Climate Action Network Latinoamérica (CANLA), WWF, el Observatorio Latinoamericano para la Acción Climática (OLAC), el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Fundación Avina, Fundación Futuro Latinoamericano, WRI México, 350.org, la Universidad del Rosario de Colombia y el Municipio de Loreto en México, entre otros. Se puede conocer al resto de firmantes y adherir al pronunciamiento en la página web de la campaña: reactivaciontransformadora.com Frases de algunos miembros de la campaña Javier Dávalos, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) “La crisis sanitaria y la crisis climática aquejan a todo el planeta y con mayor fuerza a las personas y países más vulnerables. Algunas medidas de recuperación amenazan con profundizar el modelo fracasado que nos ha traído a este momento de la historia. Por ello, las acciones frente a la pandemia por COVID-19 deben sin duda estar enmarcadas en el camino que recomienda la ciencia para afrontar el cambio climático, buscando una transición justa y respetuosa de los derechos humanos hacia un modo de vida más justo, resiliente y sostenible.” Carola Mejía, Grupo de Financiamiento Climático América Latina (GFLAC) / OLAC “La actual crisis sanitaria nos revela la urgencia de enfocar los paquetes de reactivación hacia acciones que atiendan oportunamente la crisis climática, aumenten la resiliencia de los grupos vulnerables, garanticen el bienestar de la población y se apliquen en el marco de nuevos modelos de desarrollo que antepongan el bien común y el cuidado del planeta, a los intereses de unos pocos. América Latina merece reinventarse, aún estamos a tiempo”. Karla Maass, Climate Action Network (CAN) “La sociedad civil de América Latina se está organizando trás una reactivación transformadora. Hoy, frente al freno global de la economía, tenemos una oportunidad única para preguntarnos qué mundo queremos construir y quienes serán los actores. Buscaremos alianzas y tejeremos redes para un mejor futuro. Buscaremos unir fuerzas para que, desde múltiples campos de acción y bajo diversas estrategias, podamos promover transformaciones a nuestra forma de relacionamiento con la naturaleza y entre nosotros mismos. Desde la ciencia climática se nos advierte que solo tenemos 10 años para descarbonizar nuestros sistemas sociales en un 45%. La ruta es clara, otra vía nos llevará a que la vida en el planeta tal y como la conocemos habite exclusivamente en libros” Felipe Pino, ONG FIMA (Chile) “La fragilidad de nuestro sistema económico ha quedado expuesta producto de una crisis sanitaria cuyo origen se relaciona, en parte, con la depredación desregulada de los bienes comunes naturales a escala global. Las actuales grietas del orden económico, reconocidas por la gran mayoría de la comunidad internacional, ya habían sido advertidas desde hace décadas por los pueblos de América Latina y el Caribe, quienes han vivido en carne propia las consecuencias tempranas de la crisis climática y ecológica. La actual pandemia nos ofrece un punto de quiebre a las lógicas que han llevado a la humanidad a desarrollarse al borde de los límites planetarios, y en donde tenemos una oportunidad única de transformar nuestro modelo hacia uno que ponga la vida de las personas y ecosistemas como eje central del desarrollo de una vez y para siempre. La sostenibilidad ya no es una opción, es la única alternativa viable.” CONTACTO CON PRENSA Javier Dávalos (Ecuador), AIDA, [email protected], +593 97 924 0275
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Hasta el momento han suscrito esta propuesta regional más de 550 representantes de la sociedad civil, sector privado, academia y gobiernos subnacionales de 16 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Climate Action Network Latinoamérica (CANLA), WWF, el Observatorio Latinoamericano para la Acción Climática (OLAC), el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Fundación Avina, Fundación Futuro Latinoamericano, WRI México, 350.org, la Universidad del Rosario de Colombia y el Municipio de Loreto en México, entre otros. Se puede conocer al resto de firmantes y adherir al pronunciamiento en la página web de la campaña: reactivaciontransformadora.com Frases de algunos miembros de la campaña Javier Dávalos, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) “La crisis sanitaria y la crisis climática aquejan a todo el planeta y con mayor fuerza a las personas y países más vulnerables. Algunas medidas de recuperación amenazan con profundizar el modelo fracasado que nos ha traído a este momento de la historia. Por ello, las acciones frente a la pandemia por COVID-19 deben sin duda estar enmarcadas en el camino que recomienda la ciencia para afrontar el cambio climático, buscando una transición justa y respetuosa de los derechos humanos hacia un modo de vida más justo, resiliente y sostenible.” Carola Mejía, Grupo de Financiamiento Climático América Latina (GFLAC) / OLAC “La actual crisis sanitaria nos revela la urgencia de enfocar los paquetes de reactivación hacia acciones que atiendan oportunamente la crisis climática, aumenten la resiliencia de los grupos vulnerables, garanticen el bienestar de la población y se apliquen en el marco de nuevos modelos de desarrollo que antepongan el bien común y el cuidado del planeta, a los intereses de unos pocos. América Latina merece reinventarse, aún estamos a tiempo”. Karla Maass, Climate Action Network (CAN) “La sociedad civil de América Latina se está organizando trás una reactivación transformadora. Hoy, frente al freno global de la economía, tenemos una oportunidad única para preguntarnos qué mundo queremos construir y quienes serán los actores. Buscaremos alianzas y tejeremos redes para un mejor futuro. Buscaremos unir fuerzas para que, desde múltiples campos de acción y bajo diversas estrategias, podamos promover transformaciones a nuestra forma de relacionamiento con la naturaleza y entre nosotros mismos. Desde la ciencia climática se nos advierte que solo tenemos 10 años para descarbonizar nuestros sistemas sociales en un 45%. La ruta es clara, otra vía nos llevará a que la vida en el planeta tal y como la conocemos habite exclusivamente en libros” Felipe Pino, ONG FIMA (Chile) “La fragilidad de nuestro sistema económico ha quedado expuesta producto de una crisis sanitaria cuyo origen se relaciona, en parte, con la depredación desregulada de los bienes comunes naturales a escala global. 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Pueblo indígena en México pide que Ley Minera sea declarada inconstitucional
Organizaciones internacionales entregan Amicus Curiae a la Corte Suprema mexicana en respaldo a la acción legal del pueblo Maseual del estado de Puebla. Se entregan también más de 4 mil firmas de apoyo ciudadano recabadas a través de change.org.mx Ciudad de México. Organizaciones internacionales de la sociedad civil han respaldado la demanda interpuesta por el pueblo indígena maseual de Cuetzalan del Progreso, asentado en la Sierra Norte del estado mexicano de Puebla, en contra de la Ley Minera, solicitando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ésta sea declarada inconstitucional debido a que viola derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Earthjustice, el Environmental Defender Law Center (EDLC) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) han decidido apoyar la causa, elaborando sendos Amicus curiae para entregar a la SCJN a fin de ofrecer argumentos encaminados a reforzar el litigio emprendido por el Consejo Maseual Altepetajpianij y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA). El sentido de los Amicus curiae, al igual que la demanda de amparo promovida en marzo de 2015, es que la Ley Minera no fue consultada de forma previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas. Por tanto, no incorporó los valores y visión indígena, lo que significa que no se desarrollaron mecanismos para proteger y respetar los derechos humanos de los pueblos indígenas, ello a pesar de que un gran número de concesiones mineras se encuentran sobre sus territorios. Pero, sobre todo, dicha Ley contraviene sus derechos a la libre determinación sobre su territorio, porque asigna a la actividad minera un carácter prioritario, que la pone por encima de las demás actividades, amenazando así las formas de vida que las comunidades han decidido mantener. “Las concesiones mineras no pueden ser otorgadas únicamente con base en la legislación minera. Se aplica obligatoriamente a situaciones como la presente un marco legal más amplio, de jerarquía superior, fundado en los derechos humanos y en el derecho ambiental y en la interrelación entre los dos temas. Este marco normativo más amplio y obligatorio condiciona y limita la concesión de títulos mineros cuando se trate de tierras y territorios”, señala EDLC en las conclusiones de su Amicus. “Nuestra aportación presentada en el Amicus destaca que las obligaciones internacionales vinculan al estado mexicano a celebrar consultas previas, libres e informadas con los pueblos indígenas antes de aprobar cualquier instrumento legislativo que les afecten, especialmente a sus derechos territoriales. Esto también incluye la forma en la que se explotan los recursos naturales que se encuentran en sus territorios, lo que se aplica directamente al caso de la Ley Minera” señaló Guillermo Zúñiga, abogado de Earthjustice. “La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en México, tiene la oportunidad de sentar un precedente ejemplar para la región en materia de protección de derechos indígenas”, señaló Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA. “A su vez, la Suprema Corte puede aprender de la experiencia regional, adoptando los estándares relevantes que tribunales de otros países han proveído en favor de pueblos indígenas, como se evidencia en nuestro Amicus”. Finalmente, también se hicieron llegar a la ministra y ministros integrantes de la Segunda Sala de la SCJN cartas de apoyo de otros pueblos indígenas asentados en México, Colombia, Brasil, Bolivia y Guatemala, así como las 4.091 firmas recabadas hasta el 26 de junio, respaldando la petición lanzada a través de la plataforma change.org.mx. CONFERENCIA DE PRENSA Contactos Ricardo Ruiz (México), CEMDA, 5559644162, [email protected] Victor Quintanilla (México), AIDA, 5570522107, [email protected] Robert Valencia (Estados Unidos), Earthjustice, [email protected]
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