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Foto: Thomas Jundt / CC BY-NCVictoria: Cancelan concesión para mina Crucitas por daños al ambiente
En Costa Rica, un tribunal de alto nivel canceló por primera vez la concesión para un proyecto de minería a gran escala porque violaba leyes nacionales y conllevaba riesgos para el ambiente. AIDA contribuyó a establecer dicho precedente.
La empresa Industrias Infinito, con apoyo del gobierno anterior, planeaba construir Las Crucitas, una mina de oro a cielo abierto cuyos impactos traspasaban las fronteras del país.
La construcción y la operación de la mina amenazaban la supervivencia y el modo de vida de 32 comunidades que dependen del turismo y la pesca deportiva en una zona de gran belleza y pureza. Además, el proyecto ponía en riesgo al río San Juan, que fluye a lo largo de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, rodeado de una rica biodiversidad.
La lucha inició en 2008, cuando AIDA advirtió al Gobierno costarricense sobre las potenciales violaciones al derecho internacional e impactos ambientales que se debían considerar antes de permitir la implementación del proyecto. Recomendamos suspender las obras hasta que se garantizara el cumplimiento de las normas y se protegiera el ambiente y la salud humana
En noviembre de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica canceló la concesión para el proyecto, decisión que estuvo en línea con los argumentos presentados por AIDA y que reiteró la importancia de cumplir con las normas.
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EN EL DÍA MUNDIAL DEL OCÉANO: Una carta abierta
Si algo hemos aprendido de la pandemia COVID-19 es que todos estamos intrínsecamente conectados, entre nosotros y con el mundo natural. Sin un equilibrio y una cooperación mayores no podemos sobrevivir como especie. El bienestar humano está en el centro de lo que hacemos. Nuestro trabajo para proteger el océano está impulsado por el hecho de que la humanidad necesita un planeta sano que pueda sostener la vida, por el bien de nuestros hogares, salud, medios de vida y alimentación. La ruptura de nuestras vidas a causa de la COVID-19 ha llevado a muchos a pensar en esto y en cómo reconstruirnos mejor, aprendiendo de la pandemia a lograr un mator equilibrio y a proteger las bases que hacen posible la vida en la Tierra. Hacerlo es una una necesidad. No podemos darnos el lujo de elegir entre los caminos que dañan el mundo natural y los que no. Si continuamos dañando la naturaleza al ritmo que lo hemos estado haciendo, nuestro mundo no será capaz de sostener el bienestar humano, desde los empleos hasta la seguridad alimentaria y la salud. Hemos recibido una dura advertencia. Una vez que salgamos de esto y empecemos a reconstruirnos, necesitamos hacerlo de forma que protejamos los fundamentos de los que dependen todos los seres humanos, siendo el más importante de ellos un planeta capaz de sostener la vida humana. Se presionará a los gobiernos para que abandonen las protecciones ambientales a fin de facilitar operaciones industriales, para que privilegien la economía de corto plazo y el aumento de los puestos de trabajo por encima de otras consideraciones. Esto será presentado como una elección —escoger a la humanidad por encima de la naturaleza—, pero no es una elección real. Por el bien de la humanidad, debemos alcanzar el equilibrio con el mundo natural, una coexistencia que en última instancia nos permita prosperar. Si no logramos ese equilibrio ni actuamos para hacerlo mejor ahora, la ruptura en nuestras vidas se hará más grande y nos enfrentaremos a otros y más graves desastres globales. Pedimos a los gobiernos que protejan el bienestar humano y que tomen decisiones que mantengan funcionando al planeta azul bajo nuestros pies. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente Deep Sea Conservation Coalition Ecology Action Centre Global Fishing Watch Global Ocean Trust Greenovation Hub High Seas Alliance International Programme on the State of the Ocean Marine CoLABoration Marine Conservation Institute Marine Conservation Society Oceans North Our Fish Seas at Risk Shark Project International Turkish Marine Research Foundation One Ocean
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Continuidad de actividades extractivas pone en mayor riesgo a pueblos indígenas y campesinos ante la pandemia
En casi todos los países de América Latina, los gobiernos han implementado medidas sanitarias y de aislamiento social para contener la propagación de la pandemia COVID-19. En el marco de esas restricciones, han establecido excepciones para actividades consideradas esenciales, entre ellas la atención de emergencias, la prestación de servicios de salud o la comercialización y abastecimiento de bienes de primera necesidad. No obstante, los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Perú también han eximido de las restricciones a las actividades mineras y petroleras por considerarlas de interés nacional. El trato excepcional otorgado a las actividades extractivas en algunos países de la región ha incrementado significativamente la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, así como los riesgos y amenazas que enfrentan debido a que estas operaciones se realizan en sus territorios. Además, la entrada y salida de trabajadores sin cumplir con las debidas medidas sanitarias, disminuye la efectividad de las acciones de protección adoptadas por estos pueblos, como los cercos epidemiológicos o el aislamiento social. De ese modo, se genera un aumento en la propagación del virus y en el número de personas contagiadas. A ello se suma que, en la práctica, estas poblaciones rurales cuentan con poco o nulo acceso a los servicios de salud y sanitaros necesarios para atender una crisis sanitaria como la generada por la COVID-19. A nivel regional, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) ha demandado a los Estados garantizar el acceso a la salud y alimentación de los pueblos y nacionalidades indígenas de la Panamazonía, así como intensificar la vigilancia y protección de los territorios “invadidos por petroleros, mineros, madereros y personas ajenas”. La situación particular de cada país es la siguiente: BOLIVIA A fines de marzo, el gobierno emitió un Decreto Supremo estableciendo que las empresas que “prestan servicios de abastecimiento de gasolina, gas, diésel y otros carburantes” tienen autorización para continuar sus operaciones de “forma ininterrumpida”. La decisión ha generado preocupación en organizaciones indígenas. “En Tarija y parte de Santa Cruz, así como en El Chaco siguen trabajando las empresas petroleras con total normalidad. Hay cambio de personal que llega en vehículos continuamente. Nuestro temor es que lleven el virus para las comunidades indígenas”, dijo a Mongabay el líder indígena Alex Villca, miembro de la Coordinadora de Defensa de Territorios Indígena, Originario, Campesino y Áreas Protegidas (Contiocap). ECUADOR La organización de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) alertó al gobierno nacional de la detección de dos casos positivos de coronavirus (COVID 19) entre los trabajadores del Bloque 16, que estaría operado por la empresa Repsol YPF. La organización pidió al gobierno adoptar protocolos especiales para “la protección de territorios y poblaciones indígenas”, adoptando medidas de control y restricción para las actividades del personal de las empresas petroleras que se “encuentren operando de manera legal en territorios indígenas y evitar la propagación de la pandemia”. Repsol Ecuador S.A informó en un comunicado que los dos casos positivos corresponden a trabajadores de una empresa contratista que, tras someterse previamente a pruebas, no ingresaron a las operaciones de la empresa. PERÚ El de marzo, el gobierno emitió un Decreto Supremo para combatir crisis sanitaria derivada de la pandemia en el territorio nacional. La norma dispone restricciones al derecho de libertad de tránsito, eximiendo de esa medida a determinadas actividades asistenciales y económicas consideradas esenciales. La minería no era una de ellas. Sin embargo, mediante un Oficio, el Ministerio de Energía y Minas incluyó a la minería dentro de las actividades esenciales que deben ser ejercidas aún en cuarentena para asegurar mínimas operaciones, pero sin afectar la integridad de los trabajadores y las comunidades. Lo hizo luego de que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas señalaran por separado que la industria minera no puede detenerse. La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú criticó esa determinación. La presencia de operaciones mineras y petroleras en territorios indígenas “pone en riesgo la vida y la salud” de esos pueblos, expresó. El marco de la pandemia, los Estados deben implementar estrategias sanitarias integrales y concertadas para respetar, garantizar y proteger los derechos de las comunidades indígenas y campesinas cercanas a proyectos de explotación minera o petrolera y a otras actividades que las pongan en riesgo.
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Diálogo internacional fortalece la búsqueda de justicia ambiental en Bolivia
Un ciclo de conversatorios integró en un diálogo virtual a expertos y expertas de varios países de América Latina con magistrados, jueces y abogados de Bolivia bajo el objetivo de fortalecer capacidades para promover el acceso a justicia ambiental en el país. Durante cinco días, expertos y expertas de varios países de América Latina participaron junto con magistrados, jueces y abogados de Bolivia en un ciclo de conversatorios virtuales diseñado para la generación de conocimiento, la reflexión, el análisis y el intercambio de experiencias. El objetivo fue establecer un diálogo orientado a fortalecer las capacidades técnicas y jurídicas de las autoridades competentes en la resolución y el tratamiento adecuado de conflictos socioambientales en el país. El ciclo de conversatorios sobre Derecho Ambiental en América Latina “Litigio ambiental estratégico” se realizó del 25 al 29 de mayo bajo la organización del Tribunal Agroambiental de Bolivia y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). El evento virtual congregó a profesionales del derecho ambiental y de ciencias aplicadas a esa materia de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica. Cumpliendo su función especializada y frente a la urgente necesidad de brindar acceso a la justicia ambiental en Bolivia, el Tribunal Agroambiental convocó a expertos juristas e ingenieros ambientales comprometidos con la defensa del medioambiente para fortalecer los conocimientos e intercambiar experiencias, con diálogos entre los países hermanos, quienes han coincidido en las dificultades que se tienen a momento de garantizar el ejercicio de los derechos colectivos y difusos de la población. “Era importante discutir como ciudadanos y autoridades sobre la ausencia de normas claras e informadas a la población, la falta de participación de los interesados en la solución y la carencia de políticas de gestión ambiental, así como de la urgencia de estrategias para la protección efectiva del ambiente y de las comunidades que dependen de él”, dijo Ángela Sánchez Panozo, Presidenta del Tribunal Agroambiental. “Hicimos énfasis en las temáticas relacionadas con la importancia de la evidencia científica y pericial en materia ambiental con base en las experiencias de otros países de la región en la administración de justicia ambiental”. El panel incluyó a Juan Sebastián Lloret, Secretario Letrado de la Procuración General del Ministerio Público de Salta, Argentina; Andrés Ángel, geólogo colombiano y asesor científico de AIDA; Luciano Merini, investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Anguil, Argentina; Carlos Lozano Acosta, jurista colombiano y Abogado Sénior del Programa de Agua Dulce de AIDA; Marcelo Hernández, ingeniero forestal y Ministro Técnico del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, Chile; Marcella Ribeiro, abogada brasileña del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA; Enrique Ulate Chacón, Presidente del Tribunal Agrario de Costa Rica; Elva Terceros Cuéllar, Magistrada del Tribunal Agroambiental de Bolivia; y Maribel Ruiz Molina, Jueza Agroambiental de Uncía (Potosí, Bolivia). “La Cortes ambientales son una fórmula innovadora y Bolivia ha recorrido un camino importante con el Tribunal Agroambiental, sin duda Latinoamérica puede aprender muchísimo de esta experiencia”, expresó Carlos Lozano, Abogado Sénior de AIDA. “Es importante apoyar estos esfuerzos mediante un diálogo experto con especialistas de toda la región y este ciclo de conversatorios fue un paso firme en ese sentido”. Casi 1.300 personas se registraron sin costo para asistir a los conversatorios dirigidos a Magistrados del Tribunal Agroambiental, jueces agroambientales, funcionarios judiciales, abogados y abogadas en la materia. El evento fue transmitido paralelamente y en vivo por Facebook. Los conversatorios abordaron temas diversos y cruciales para el logro de justicia ambiental como los derechos humanos ambientales, aspectos generales de la evidencia técnica, la ciencia como prueba judicial, la prueba en el proceso ambiental, la admisibilidad y valoración de la prueba, la relación entre derechos humanos y ambiente, las experiencias ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos humanos, los regímenes de protección de los derechos humanos y el ambiente en Bolivia, y la competencia y acciones agroambientales en base a las experiencias de Bolivia y Costa Rica. “Las buenas prácticas dadas a conocer en estos cinco días nos demuestran que debemos seguir trabajando en este camino y que la protección del ambiente está en nuestras manos, como autoridades, y en la de los ciudadanos y abogados litigantes”, expresó Sánchez Panozo al cerrar el evento. “Quiero alentar a los juristas y a los otros profesionales especialistas en la materia a seguir con los intercambios legales y técnicos y con el compromiso de brindar la justicia ambiental que merece la población”. Encuentra aquí más información del evento. Contactos de prensa: Rudy Paco (Bolivia), Tribunal Agroambiental, rpaco@organojudicial.gob.bo Victor Quintanilla (México), AIDA, vquintanilla@aida-americas.org, +5215570522107
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