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Foto: Thomas Jundt / CC BY-NCVictoria: Cancelan concesión para mina Crucitas por daños al ambiente
En Costa Rica, un tribunal de alto nivel canceló por primera vez la concesión para un proyecto de minería a gran escala porque violaba leyes nacionales y conllevaba riesgos para el ambiente. AIDA contribuyó a establecer dicho precedente.
La empresa Industrias Infinito, con apoyo del gobierno anterior, planeaba construir Las Crucitas, una mina de oro a cielo abierto cuyos impactos traspasaban las fronteras del país.
La construcción y la operación de la mina amenazaban la supervivencia y el modo de vida de 32 comunidades que dependen del turismo y la pesca deportiva en una zona de gran belleza y pureza. Además, el proyecto ponía en riesgo al río San Juan, que fluye a lo largo de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, rodeado de una rica biodiversidad.
La lucha inició en 2008, cuando AIDA advirtió al Gobierno costarricense sobre las potenciales violaciones al derecho internacional e impactos ambientales que se debían considerar antes de permitir la implementación del proyecto. Recomendamos suspender las obras hasta que se garantizara el cumplimiento de las normas y se protegiera el ambiente y la salud humana
En noviembre de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica canceló la concesión para el proyecto, decisión que estuvo en línea con los argumentos presentados por AIDA y que reiteró la importancia de cumplir con las normas.
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3 formas de mantener la esperanza ante la crisis climática
Quienes trabajamos en temas ambientales nos exponemos a un bombardeo interminable de noticias que repiten una y otra vez: “el tiempo se acabó y nuestros días están contados”. Y, a decir verdad, pocas veces parece exageración: ahí están los informes del IPCC, los incendios en Australia, la desilusión de la COP25, burlas al movimiento juvenil, asesinatos y amenazas a defensores ambientales En reuniones casuales, porque saben que me dedico a temas ambientales, me preguntan qué pueden hacer por nuestro planeta. Comenzamos por hablar de frenar la generación de basura. Aunque suena muy básico, implica tener conversaciones muy largas y acaloradas. ¿Por qué? Significa cuestionar nuestra forma de consumir, transportarnos, alimentarnos y vestir. Debemos mirar críticamente nuestro estilo de vida y preguntarnos qué significa para cada uno tener calidad de vida. La basura puede verse y es el residuo último de una cadena de emisiones, explotación de tierras, especies y personas. Todo está conectado y es imposible desprenderse de nuestro impacto como individuos en la degradación del planeta. Y en esa cadena de pensamientos, muchos caemos en episodios –más o menos severos—de “ecoansiedad”. Es un padecimiento real que cada vez se detecta más y que, de no tratarse, puede, como toda enfermedad mental, ser peligrosa para nuestra salud e integridad. En 2017, la Asociación Americana de Psicología (APA en inglés) describió la ecoansiedad como un “miedo crónico a la catástrofe ambiental… Observar los lentos y aparentemente irrevocables impactos del cambio climático y estar preocupado por el futuro de uno mismo, de los niños y de las futuras generaciones”. Lo peculiar de este sentimiento es que puede detenernos. Podemos creer que absolutamente nada es útil y —por tanto— dejar de vigilar y de exigir, ser más laxos con nuestros hábitos de consumo y, en suma, contribuir mucho más al problema. Hay muchas sugerencias de lo que podemos hacer, pero con lo que pude recolectar es posible dividir nuestras acciones en tres planos: individual, comunitario y político-ciudadano-consumidor. Primero lo primero: estar bien uno mismo Una regla general para ayudar a otros es ayudarse a uno mismo. La crisis climática afecta nuestra salud física (enfermedades respiratorias y cardiovasculares), nuestra seguridad alimentaria y de vivienda, nuestros derechos humanos y nuestra salud mental. De acuerdo a la APA, las respuestas emocionales son normales y las emociones negativas son necesarias para tomar decisiones y tener una vida plena. Pero el exceso de ellas y la falta de un plan futuro para resolver el problema puede interferir en nuestras habilidades de planeación, pensamiento racional y comportamiento. Esto sin contar que quienes sufren pérdidas por una catástrofe ambiental (huracanes, sequías e inundaciones) pueden desarrollar estrés postraumático. Para enfrentar estas emociones, la APA sugiere: Confiar en nuestra propia capacidad de resiliencia y saber que podemos superar los obstáculos. Ser optimistas y aprender de nuestras experiencias. Cultivar la autoregulación y ser conscientes de nuestras emociones para tener estrategias a largo plazo, saberlas detectar evita que los episodios se agraven. Encontrar un sentido personal. A unos sirve la fe y la religión; a otros, la pertenencia a una comunidad o meditar. El punto es tener espacios que den una sensación de paz. Las acciones individuales sí ayudan y muchos individuos unidos a la misma causa sí generan un cambio. Evitemos autoflagelarnos por todo lo que no hacemos, empecemos contando lo que sí hacemos. ¿Cuántas emisiones evitamos al andar en bici? ¿Cuántas bolsas plásticas no van a llegar al mar? ¿Cómo nuestro consumo local ayuda a la economía de nuestros vecinos y a nuestro entorno? Y siempre, siempre, tengamos una dosis de naturaleza que nos inspire. Segundo: nuestros círculos más inmediatos Recién se prohibieron las bolsas plásticas de un solo uso en la Ciudad de México. Más de una persona dijo que se estaba violando su derecho a comprar como le parezca, otros dijeron no tener idea de cómo hacer sus compras ahora. Llevo años usando bolsas de tela. Podría solo haber presumido eso, regocijarme por mi buena actitud ambientalista y alardear en redes sociales. Pero, ¿por qué no compartir recomendaciones? Algunas ideas que ya aplico en mi casa fueron bien recibidas por algunos vecinos y amigos. Incluso les parecieron prácticas. Generar lazos, quizás breves, son un paso para fortalecer nuestra unidad comunitaria. También me sirve mucho mantener el buen humor cuando se puede. Acercarnos a asociaciones vecinales, ser voluntarios en organizaciones con cuyas causas coincidimos; donar dinero, habilidades o equipo es dar ese paso más allá de nuestras acciones individuales. ¿Tienes un amigo que quiere disminuir su consumo de carne? ¡Ofrécele tus mejores recetas vegetarianas! ¿Sabes programar o diseñar? ¿Eres fuerte o tienes un automóvil de carga? Seguro hay grupos a los cuales tus habilidades les serían de gran ayuda. Por cierto, en AIDA siempre buscamos voluntarios. La APA revisa muy bien los impactos de la crisis climática en la salud mental de las comunidades. No son los mismos en una ciudad, una zona de alto riesgo por desastres o en comunidades indígenas. Las comunidades afectadas enfrentan la pérdida de cohesión social y de lugares de importancia espiritual o de recreación; así como el incremento de violencia de todo tipo, incluyendo la racial pues crecen las acusaciones a ciertos grupos. Además, la pérdida de identidad rompe la unión de estas comunidades, como está ocurriendo con las sociedades inuit de Groenlandia o, como hemos visto en AIDA, con los grupos indígenas y ribereños desplazados en el Amazonas. Tercero (y lo siento): tenemos que hablar de política y participación ciudadana Es probable que este tema no te guste, pero aquí también haces falta. No es lo mismo la contaminación por aguas negras de tu hogar que las descargas industriales sin tratar en un río. Podrías andar siempre en bicicleta, pero vivir en un país que es permisivo con industrias emitiendo gases volátiles cancerígenos y de efecto invernadero sin culpa alguna. Lo cierto es que nuestra muy buena voluntad individual –nada despreciable— no tiene tanto impacto como la voluntad (y obligación) de los gobiernos e industrias de hacer bien las cosas y procurar la salud de todas las personas y especies. Ciertamente, en América Latina la elección de nuestros representantes locales no funciona como en Estados Unidos. Pero eso no elimina nuestra responsabilidad de elegir y exigir representantes con una visión de un futuro limpio y resiliente, de mostrar que nos interesa. Una columna de Emma Marris en el New York Times lo explica muy bien: “La crisis climática no se resolverá con sacrificio personal. Se resolverá eligiendo a las personas correctas, aprobando las leyes correctas, elaborando las regulaciones correctas, firmando los tratados correctos y respetando aquellos ya firmados, particularmente con las naciones indígenas. Se resolverá haciendo que rindan cuentas las compañías y personas que han ganado miles de millones a costa de la atmósfera que compartimos”. El balance que en AIDA buscamos Estamos orgullosos de contar en nuestro equipo con personas apasionadas por el ambiente. Como individuos, compartimos nuestros avances e ideas en el plano personal para procurar un mejor planeta. A nivel comunitario, todos y todas aportamos a esta organización, y hay quienes organizan eventos y se unen a grupos ciudadanos y vecinales. Y a nivel de política pública y participación ciudadana, en AIDA trabajamos por la justicia ambiental, empoderamos comunidades con el conocimiento y herramientas que necesitan para exigir sus derechos y vigilarlos, llevamos casos emblemáticos ante la justicia y otras instancias relevantes para que empresas y gobiernos asuman sus obligaciones. Creemos que un futuro limpio y justo es posible.
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¿Por qué las mujeres son tan importantes en la búsqueda de justicia ambiental?
Columna publicada originalmente en La Silla Rota Las mujeres han tenido un rol fundamental en la conservación y defensa del planeta. La luchas pasadas y presentes por justicia climática y ambiental y por los derechos de los animales han sido, en una proporción importante, luchas de mujeres. Pero la estrecha relación entre las mujeres y el ambiente no escapa a las desigualdades que caracterizan a las sociedades actuales. Los contextos de pobreza, exclusión e inequidad se entrecruzan con los impactos de la devastación ambiental y la crisis climática. Y, por lo general, las mujeres los sufren de manera diferencial y agravada. En desastres, por ejemplo, las mujeres pueden sufrir los mayores daños y las tasas de mortalidad son notablemente superiores en comparación con los hombres. Ellas, en razón a los roles que desempeñan en sus comunidades pueden desarrollar menos capacidades para responder a emergencias derivadas de catástrofes. Porque no aprendieron a nadar o a trepar árboles, porque están pendientes de sus hijos menores o de las personas mayores en la familia, o porque deben usar ropa que dificulta su movilidad para reaccionar rápidamente. Además, por razones históricas y culturales, enfrentan barreras más fuertes para acceder a la información y participación sobre situaciones que afectan su derecho a un ambiente sano. Y tienen mayores dificultades para acceder a la justicia o a los mecanismos de reparación de daños. Por su parte, las mujeres que desarrollan roles en el ámbito público, participando de asuntos políticos, enfrentan a menudo nuevas cargas de trabajo que, por lo general, un hombre en la misma situación no asumiría. Al mismo tiempo, enfrentan riesgos y obstáculos más intensos para desarrollar su liderazgo. Ante este panorama, el enfoque de género —entendido como el mecanismo dirigido a garantizar la valoración integral de los impactos que cualquier acción tiene para hombres, mujeres y para quienes no se identifican dentro de estas categorías— es fundamental para hacer visibles las asimetrías, superar las barreras de discriminación y remover los escenarios de exclusión que impiden a las mujeres disfrutar de sus derechos en condiciones de igualdad. El enfoque de género busca que tales diferencias sean incluidas en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de cualquier intervención a nivel, político, económico y social. La perspectiva de género es indispensable para potenciar el liderazgo de las mujeres, que se hace cada vez más vital en la búsqueda de justicia climática y ambiental. En efecto, el desarrollo de las teorías ecofeministas ofrece al mundo novedosas y transformadoras alternativas que reflexionan sobre las lógicas que están llevando a la destrucción de la naturaleza y los impactos que traen consigo para la vida hombres, mujeres y demás seres sentientes. Además de ser las más afectadas, las mujeres son también sujetos activos con un papel clave en las soluciones a la crisis climática y en la preservación de la naturaleza.
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Aprendiendo de Mendoza, Argentina: “El agua no se negocia”
A finales del año pasado, los ciudadanos de Mendoza, Argentina, fueron protagonistas de una de las manifestaciones sociales más relevantes de la provincia. El objetivo era contundente: la defensa del agua. Personas de todas las edades, miembros de ONG, asambleas ambientalistas y movimientos antimineros, científicos y académicos salieron a las calles exigiendo al gobierno local dar marcha atrás a la modificación de la Ley 7722, conocida como “la guardiana del agua” o “ley del pueblo”. Es una norma fundamental para la protección del agua en Mendoza porque prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias químicas tóxicas en las actividades mineras, las cuales contaminan gravemente ríos, lagos y otras fuentes naturales de agua. Promulgada el 21 de junio de 2007, esta ley es resultado de una larga lucha por parte de la sociedad civil. Un retroceso en la protección ambiental El gobierno pretendía modificar la Ley 7722 con otra norma, la Ley 9209, que permitía “el uso de sustancias químicas [entre ellas el cianuro], mezclas o disoluciones de ellas, que aseguren la sostenibilidad del proyecto [minero]”. La justificación para eliminar la prohibición del uso de cianuro y otros elementos tóxicos era “garantizar la sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos naturales, con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico y asegurar el cumplimiento de la actividad minera”. El uso de cianuro en la minería legal es cada vez es menos frecuente debido a los riesgos que implica su fabricación, transporte y uso. Los compuestos de cianuro suelen ser altamente tóxicos en su forma gaseosa o disueltos en agua. Teniendo en cuenta que el límite de cianuro en agua potable para consumo humano seguro es cuatro gotas por litro, las concentraciones usadas en minería presentan riesgos bastante altos. Además, existe abundante evidencia de derrames y pérdidas de cianuro en instalaciones mineras durante su transporte y de múltiples casos de muerte masiva de fauna en instalaciones mineras, particularmente de aves migratorias. Por si fuera poco, la modificación legislativa buscaba flexibilizar los procedimientos de control y vigilancia ambientales pues establecía que ya no era obligatorio que la Declaración de Impacto Ambiental de un proyecto minero fuera ratificada por ley, bastando únicamente la firma de un funcionario de la Secretaría de Ambiente de la provincia para autorizar el proyecto. Ello atentaba contra la efectividad de la Ley 7722. Estos cambios promovidos por el gobierno de Mendoza vulneraban los principios de protección ambiental del país, entre ellos el de sustentabilidad, contenidos en la Constitución y otras normas de carácter nacional que las provincias están obligadas a cumplir y enriquecer. Por ejemplo, el artículo 41 de la Constitución establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. La respuesta ciudadana La movilización en contra de esta modificación, que pretendía dar vía libre al uso de sustancias de altísimo impacto ambiental, superó cualquier precedente y se convirtió en un ejemplo para toda la región al lograr revertir una iniciativa ya aprobada por los legisladores de Mendoza. La desaprobación social de la nueva ley se multiplicó. Bajo los lemas "el agua no se negocia” y “el agua vale más que el oro”, la sociedad organizada de Mendoza expresó su rechazo. Las manifestaciones populares, las más grandes de la historia de Mendoza, comenzaron el 22 de diciembre. Al día siguiente, 50 mil personas se reunieron al frente de la Casa de Gobierno Provincial tras un recorrido de más de 100 kilómetros iniciado en la población de San Carlos, en el Valle de Uco, y que pasó por los pueblos aledaños. Las personas movilizadas tenían la misma reivindicación: La Ley 7722 no se toca. Pese al evidente rechazo popular, el Gobernador de Mendoza promulgó la reforma. Miles de vecinos autoconvocados se concentraron en el kilómetro cero —entre las calles San Martín y Garibaldi— de la capital provincial para exigir la derogación de la norma. El 26 de diciembre, ante la constante y creciente presión social, el Gobernador anunció que no reglamentaría la nueva ley. Esa medida paliativa no convenció y las movilizaciones se intensificaron. El Gobernador decidió entonces dar marcha atrás a la modificación de la Ley 7722 y el viernes 27 anunció que iba a enviar un proyecto de ley para derogarla, lo que finalmente ocurrió el lunes 30. El caso de Mendoza deja una lección valiosa a todos los países América Latina: Cuando la ciudadanía conoce y toma conciencia de la importancia de la naturaleza y de la magnitud de los peligros que enfrenta, es muy difícil doblegarla. Los conflictos socioambientales no solo responden a quiénes detenten el control de los recursos naturales, sino también a las consideraciones de afectaciones en un entramado social bastamente complejo. Para los seres humanos y no humanos, la naturaleza es parte constitutiva de nuestra identidad, cultura y costumbres. Somos parte de ella y ella de nosotros. Es una red viva e interconectada. Por ello debemos ser sus principales defensores. La actualización pronta y necesaria del concepto de “desarrollo sustentable” es uno de los desafíos del Derecho Ambiental en el siglo XXI. No podemos concebir un desarrollo que atente contra la naturaleza e ignore los derechos humanos. Conoce más sobre el uso de cianuro en la minería.
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