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Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa
El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.
Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.
Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.
Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.
Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.
A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.
Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.
Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.
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COP25: Organizaciones piden a gobiernos mejorar la calidad del aire y con ello frenar la crisis climática
En una carta abierta, organizaciones sociales y ambientales de América Latina y de todo el mundo instan a los gobiernos a limitar los contaminantes climáticos de vida corta en sus compromisos climáticos internacionales, los cuales deben presentar ante Naciones Unidas hasta marzo de 2020. Madrid, España. Los gobiernos de los países miembro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático deben incluir metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) en sus nuevos compromisos climáticos. Así lo solicitaron más de 100 organizaciones de varios países en una carta abierta presentada hoy durante la vigésimo quinta Conferencia de las Partes (COP25) de la Convención y en el marco del Día de los Derechos Humanos. “Apuntar a la mitigación de los contaminantes climáticos de vida corta implica reducir el calentamiento del planeta en el corto plazo y, al mismo tiempo, avanzar en la descontaminación de las ciudades”, señaló Javier Dávalos, Coordinador del Programa de Cambio Climático de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Estos contaminantes también son conocidos como “súper contaminantes climáticos” porque contribuyen a la crisis climática con mucha más intensidad que el dióxido de carbono (CO2). Y, como su nombre indica, tienen una permanencia relativamente corta en la atmósfera, desde días hasta décadas; a diferencia del CO2, que puede durar incluso milenios en la atmósfera. Los principales CCVC son el carbono negro, el metano, el ozono troposférico y los hidrofluorocarbonos (HFC). Además, los CCVC degradan la calidad del aire, afectan zonas glaciales y reducen el rendimiento de los cultivos. La mala calidad del aire es el problema ambiental que más vidas cobra a nivel mundial. Cada año, más de 4 millones de personas mueren por los daños que la contaminación atmosférica causa en la salud. Los beneficios de reducir las emisiones de los CCVC ha sido respaldada por la ciencia. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC, por sus siglas en inglés), que agrupa a expertos y expertas en el tema, resaltó que para enfrentar el calentamiento global debemos incorporara a los esfuerzos la mitigación de los contaminantes que no sean CO2, específicamente el carbono negro y el metano. Asimismo, más de 11 mil científicos de todo el mundo destacaron que la pronta reducción de los CCVC reduciría el calentamiento en más de 50% para las próximas décadas. “Con la próxima actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), se abre la posibilidad de apostar por la mitigación de estos contaminantes y de contribuir efectivamente a la lucha contra la crisis climática y la mala calidad del aire”, dijo Florencia Ortúzar, abogada de AIDA. El plazo para la actualización vence en marzo de 2020. Por ello, las organizaciones solicitan en la carta que los gobiernos incluyan hasta esa fecha metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta —y que detallen cómo van a implementar, monitorear y reportar su progreso— en los nuevos compromisos que presenten ante Naciones Unidas. "Las soluciones necesarias para reducir y eliminar cada uno de los cuatro contaminantes climáticos de vida corta no son un misterio. Son conocidas y han sido probadas. Pero necesitamos que los gobiernos prioricen estas soluciones para poder evitar los peores impactos de cambio climático", comentó Amanda Maxwell, directora de proyectos en Latinoamérica para el Consejo para la Defensa de Recursos Naturales (NRDC por sus siglas en inglés). Además de la carta abierta, las organizaciones lanzaron una petición ciudadana en línea para que la causa sea apoyada con las firmas de personas de todo el mundo. Ambos problemas, la crisis climática y la mala calidad del aire, afectan de manera más grave a los grupos y segmentos más vulnerbales de la población, entre ellos niños y niñas, mujeres embarazadas y adultos mayores. Por ello su resolución es un asunto de derechos humanos. Lee la carta dirigida a gobiernos. Lee y firma la petición ciudadana. Contactos de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Fabiola Nuñez, NRDC, [email protected], +1 (646) 889-1405 Renata Assumpção (Brasil), Instituto Alana, [email protected] Ricardo Ruiz (México), CEMDA, [email protected], +5215559644162
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Seis medidas para vestir nuestras acciones de justicia climática
El 2 de diciembre pasado, inició en Madrid la vigésimo quinta Conferencia de las Partes (COP25) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es una reunión vital para el planeta en la que debería aumentarse la ambición y compromisos entre tres y cinco veces más que los actuales si queremos preservar la vida como la conocemos hoy. Al momento hay más anuncios que acciones, por lo cual quiero compartir seis medidas que podrían ayudar a que avancemos hacia los resultados que el planeta necesita. El panorama no es alentador, por ello la urgencia del cambio. Cada día se evidencian mayores daños por la crisis climática, en especial para quienes están en mayor situación de vulnerabilidad. Según el informe de la Brecha de Emisiones de Naciones Unidas, éstas siguen subiendo y las acciones en curso no son suficientes para alcanzar las reducciones necesarias. Y en un evidente debilitamiento político y financiero, países que antes lideraron acciones climáticas hoy se retiran o se niegan cumplir los acuerdos. A esto se suman las protestas sociales, especialmente en América Latina. Gobiernos de Ecuador, Chile y Colombia declararon toques de queda en las últimas semanas para atender la grave situación en sus países, al punto que la COP25 fue movida de Santiago de Chile a Madrid. En algunas situaciones hubo abuso de la fuerza, causando varias personas muertas y cientos de otras heridas. Esto evidencia la urgencia de atender el llamado social, ver y hacernos cargo de la desigualdad, de construir soluciones y países donde quepamos todas las personas. Por ello una cosa es clara: vamos mal y hay que componer el rumbo. Necesitamos cambios profundos tanto en los sistemas de energía, transporte y alimentación como en los procesos de negociación, toma de decisión e implementación de las acciones climáticas. Esto es esencial para alcanzar lo antes posible al pico máximo de emisiones globales, reducirlas a la mitad para 2030 y llegar a cero emisiones en 2050. Indudablemente se están haciendo esfuerzos importantes con inversiones billonarias por parte de gobiernos, empresas, organizaciones y personas. Pero no es suficiente. Es esencial hacer un alto y evaluar qué está sirviendo y qué no, qué debemos seguir haciendo y qué deberíamos hacer diferente. Estas seis medidas podrían ayudar para que las acciones climáticas sean efectivas y contribuyan a lograr justicia climática: 1. Incluir, en serio, los derechos humanos como elemento transversal Aunque ha sido una petición de movimientos sociales, indígenas, campesinos y de organizaciones por décadas, hasta el momento no se cristaliza. Responder a este llamado es vital para aumentar la ambición y la responsabilidad que tanto se requieren. Si bien los Acuerdos de Cancún y de París se refieren a la importancia de respetar los derechos humanos, su implementación no ha incluido realmente esta perspectiva. Ello a pesar de que los organismos de derechos humanos han recordado a los Estados que es su obligación hacerlo, y a que científicas y científicos del IPCC resaltaran la importancia de abordar la desigualdad social y de incluir el conocimiento de las comunidades indígenas como elemento fundamental para resolver la crisis climática. 2. Participación efectiva de las personas y comunidades afectadas, como sujetos, en la planeación, discusión, decisión y monitoreo de las acciones climáticas Los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, las y los jóvenes, son de los grupos más afectados por la crisis climática. Además, las comunidades locales han protegido millones de hectáreas de bosques y otras áreas naturales, esenciales para la resiliencia climática. A pesar de ello, aún son muy reducidos los espacios de participación para estos actores y casi nulos los de decisión, en las COP y en otras instancias. Asegurar que las discusiones y decisiones sean realmente diversas es un paso esencial para incrementar la ambición y la efectividad climática. Las comunidades deben considerarse sujetos de derechos, no simplemente objetos de proyectos y acciones de protección. 3. Distribución equitativa de fondos Vivimos en medio de una inmensa desigualdad, donde la riqueza, la propiedad y los privilegios son de unos pocos, mientras las mayorías asumen los impactos negativos. La crisis climática es en parte resultado de ello. Aunque América Latina es la región más desigual del planeta, la desigualdad está subestimada, de acuerdo con la CEPAL. Por ello la distribución de recursos económicos y humanos debe atender esta realidad, asegurando que el Sur Global acceda verdaderamente a las oportunidades para participar en igualdad de condiciones hacia una verdadera justicia climática. Ello aumentaría la posibilidad de encontrar soluciones alternativas y replicar las ya en curso. 4. Rendición de cuentas de los responsables de la crisis climática Quienes están causando la crisis climática deberían responder por ésta en lugar de continuar gastando millones de dólares en su negación y en atacar a quienes buscan la rendición de cuentas y la justicia climática. Este es uno de los grandes obstáculos para avanzar y, por lo mismo, es tiempo de nombrar a los responsables y exigirles hacerse cargo, reparar el daño, en lugar de aceptar más paños de agua tibia y acciones voluntarias ineficaces. 5. Perspectiva femenina, desde el amor maternal Con esto me refiero a la necesidad de rescatar una perspectiva de colaboración, de dialogar en serio para llegar a consensos, asumiendo responsabilidades por encima de las diferencias y de la competencia. Incluyamos una perspectiva que priorice el cuidado de la Tierra, de la naturaleza y de las personas. Dejemos de poner por encima los intereses económicos y la visión de corto plazo. Enfoquemos nuestros esfuerzos en acordar cómo sí podemos alcanzar la justicia climática, saliendo de la negación y de las excusas sobre por qué no se puede. 6. Incluir los verdaderos costos de la crisis climática: sociales, económicos, ambientales y humanos Hasta el momento la mayoría de las evaluaciones económicas se ha centrado en calcular el costo de la transición a una economía de cero emisiones. Si bien hay cálculos de lo que implica no implementar la transición, éstos no son integrales, ignorando impactos sociales, ambientales y culturales. Esto es particularmente importante para regiones como América Latina, que además de sufrir pérdidas humanas y culturales, están perdiendo su riqueza natural sin siquiera conocer lo que implica. En todo caso, las y los científicos concluyen que los cambios serán más costosos entre más tiempo demoren. Esta COP25 podría ser una gran oportunidad para incorporar las anteriores y otras medidas frente a la emergencia climática. A estas alturas, insistir en lo mismo, solo cambiando de ciudad europea como sede, es un sinsentido que traerá más frustraciones y fracasos. No hacerlo será condenar a millones de personas más en el mundo a que sufran las consecuencias de la crisis climática y de soluciones inadecuadas que afectan sus derechos. La realidad es indiscutible, lo que hace impostergable poner el rostro humano a las soluciones, incluyendo los derechos humanos como eje transversal de las acciones climáticas. Si no lo hacemos, las acciones resultantes de la Conferencia de las Partes y de otras se parecerá al emperador del cuento de los Hermanos Grimm. Saldrán al desfile desnudas, luciendo con orgullo un costoso traje hecho con la ambición climática, insuficiente para lo que el planeta necesita. En lugar de ello, podemos cubrir la acción climática con el traje de la justicia climática, uno visible, uno que debemos tejer en conjunto. Si no se hace, seguirá habiendo niñas y muchas personas más gritando que el emperador está desnudo. El problema es que ya no tendremos mucho tiempo más para remediarlo.
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Zonas de Sacrificio: La injusticia de vivir en un ambiente que no está sano
En Chile, 40% de la energía que se produce y consume proviene de la quema de carbón. Esa enorme cantidad de energía la generan apenas 28 plantas termoeléctricas, concentradas en cinco localidades a lo largo del país. Son las llamadas Zonas de Sacrificio, cuyos habitantes han sido sometidos a vivir inmersos en medio de la contaminación, con su salud dañada, niños con problemas de aprendizaje y mares envenenados. El grave perjuicio que implica habitar una de estas zonas ha sido documentado ampliamente. Uno de los esfuerzos más recientes en ese sentido es un informe que la ONG Chile Sustentable encargó a la Universidad Católica de Chile, el cual evidencia que vivir en una Zona de Sacrificio se traduce en mayores riesgos de enfermar y de morir prematuramente. El estallido social que el país vive actualmente representa una oportunidad histórica de transformación. Empujado por la voz de su gente y teniendo a su cargo la Presidencia de las negociaciones climáticas internacionales, Chile puede liderar un cambio estructural de redistribución de cargas y beneficios, tanto sociales como ambientales, que lo lleve a ser un país más limpio y más justo. El camino hacia la descarbonización En junio y tras un año de discusiones con la industria y otros actores interesados, el Presidente Sebastián Piñera anunció un esperado cronograma de descarbonización. Fruto de un acuerdo, la industria se comprometió a cerrar todas sus plantas a carbón antes del 2040. Por positiva que parezca, al analizar a fondo la propuesta, es posible concluir que no es suficiente para lograr la justicia que tanto merecen las personas afectadas por la quema de carbón. El cronograma establece fechas específicas para el cierre de las ocho plantas más antiguas al 2024, pero no da fechas ni detalles sobre el cierre efectivo de las 20 plantas restantes, dejándolo a la merced de la buena voluntad de las próximas administraciones. En esos términos, no hay forma de garantizar que el plan vaya a ejecutarse realmente. Además, esperar 20 años tampoco parece un trato aceptable para quienes ya han cargado demasiado y por demasiado tiempo, ni para el equilibrio climático del planeta, que no esperará tanto antes de colapsar. Otra crítica que recibió la propuesta del gobierno es que poco después de ser anunciada, la empresa Engie inauguró una nueva central eléctrica de carbón en Mejillones, Zona de Sacrifico ubicada al norte del país. La nueva planta tiene más del doble de la capacidad operativa de las dos termoeléctricas de Tocopilla que la misma empresa habría cerrado tras la firma del plan de descarbonización. Pero no todo son malas noticias. Un mes antes de que estallaran las protestas sociales en Chile, el gobierno dio señales de una meta de descarbonización más ambiciosa. En septiembre, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que solicita al Presidente adelantar en diez años, al 2030, el cierre de las termoeléctricas a carbón. La solicitud se basa en un estudio encargado por la ONG Chile Sustentable a la consultora Kas Ingenieros. La investigación evidencia la factibilidad técnica y económica de alcanzar la meta de descarbonización al 2030. La crisis social en el país estalló en plena búsqueda de un acuerdo vinculante para concretar ese avance. El estallido social en Chile Chile vive hoy un momento histórico. El descontento social —generado por las injusticias, la desigualdad y la falta de equidad que los segmentos más vulnerables de la población han soportado por años— desencadenó múltiples protestas que aún no amainan en intensidad. Lo que pasa en Chile es un espejo de lo podría ocurrir en muchos países del mundo, sobre todo en América Latina. El pasto en muchos lugares está seco y cualquier chispa podría encender la movilización social, destapando ollas que por años han acumulado descontento y presión. Las cifras muestran que el país ha crecido y que hay menos pobreza, pero ni los beneficios ni las cargas se han repartido equitativamente. Las autoridades han fallado. La confianza se está acabando y la desilusión aumenta. Las Zonas de Sacrificio son un ejemplo muy claro del problema estructural que aqueja a la sociedad: ciertas comunidades cargan con los costos y no disfrutan de los beneficios, situación que es inaceptable en estos tiempos. Un nuevo rumbo es posible Los incendios, las inundaciones y otros eventos extremos que provocan daños cuantiosos en la vida de las personas muestran que la naturaleza no dejará de protestar hasta que la respetemos. La sociedad también está pidiendo lo suyo, y con una urgencia que ha ganado la atención de los tomadores de decisión. Cambios que parecían imposibles ciertamente ya no lo son. No es que las demandas sociales sean más importantes que las ambientales o viceversa. Las demandas ambientales son también demandas sociales. Aunque la crisis climática y la contaminación nos afectan a todos, el daño es mucho mayor para las personas más vulnerables. Los cambios en favor de nuestro planeta pueden y deben hacerse con un enfoque de justicia social y en armonía con la naturaleza. En el caso de Chile, la descarbonización —y con ella el fin de las Zonas de Sacrificio— es el cambio que nos llevará a ser un mejor país. Porque una de las más grandes injusticias es tener que vivir en un ambiente que no está sano.
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