Project
Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa
El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.
Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.
Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.
Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.
Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.
A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.
Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.
Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.
Proyectos relacionados
Tribunal de arbitraje del Banco Mundial se niega a escuchar a afectados por minería en Santurbán
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), parte del Banco Mundial, declinó aceptar un escrito legal (Amicus Curiae) que iba a ser presentado por el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán y organizaciones internacionales aliadas. Bucaramanga, Bogotá, Washington, Ottawa, Ámsterdam. Organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil rechazaron la respuesta negativa del Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) a aceptar un escrito legal (Amicus Curiae) dentro del proceso del arbitraje internacional de Eco Oro Minerals Corp. contra Colombia. En esa instancia cursa una demanda de arbitraje internacional contra la nación andina por parte de la empresa canadiense en mención, que pretende ejecutar el proyecto de minería aurífera Angostura en el páramo de Santurbán, ubicado al nororiente del país. La demanda cuestiona las decisiones adoptadas por el Estado colombiano para proteger sus páramos, humedales de alta montaña que son fuente natural de agua para el 70% de sus habitantes. El arbitraje fue iniciado ante el CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial que está a cargo de la resolución de controversias entre inversionistas y Estados. Colombia podría ser condenada a pagar $746 millones de dólares, una sanción sin precedentes para el país. “En el momento en que los Estados de Latinoamérica acogen los principios de democracia ambiental con la adopción del Acuerdo de Escazú, el CIADI va en dirección contraria. Es lamentable que ante el movimiento regional por transparencia y participación el CIADI se constriña aún más, solo generando más ira y desconfianza, no solo ante este mecanismo, sino frente al sistema de arbitraje de inversores contra Estados a nivel mundial”, declaró Carla García Zendejas, abogada del Center for International Environmental Law (CIEL). “Las comunidades afectadas por la minería en Santurbán deben ser escuchadas y pueden aportar elementos cruciales para el caso”, sostuvo Carlos Lozano, abogado sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Las organizaciones consideran que el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán tiene un interés significativo en el resultado del proceso, y que la experticia que habrían podido proveer al Tribunal habría sido de ayuda para una mejor decisión del caso. Del mismo modo, urgen al CIADI a ampliar la participación ciudadana y transparentar sus procedimientos para la toma de decisiones, trascendentales para el interés público de los países cuyos Estados son sometidos a su jurisdicción. Encuentre aquí más información. Contactos de prensa: Alix Mancilla, Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, [email protected], +57 311 2439273 Carla García Zendejas, CIEL, [email protected], +1 202 374 2550 Carlos Lozano Acosta, AIDA, [email protected], +57 300 56 40 282 Kirsten Francescone, MiningWatch Canada, [email protected], +14373459881 Kristen Genovese, SOMO, [email protected], +31 65 277 3272, Manuel Perez Rocha, Institute for Policy Studies, [email protected] +1 240 838 6623
Leer más
Peces herbívoros y arrecifes de coral: una relación que debemos proteger
Los peces herbívoros tienen colores vibrantes y se alimentan de macroalgas, principalmente de las macroalgas que cubren a los arrecifes de coral. Juegan un rol fundamental en la salud de esos entornos marinos, pues los limpian de las algas que les quitan luz y oxígeno. Este papel se considera vital para el mantenimiento de su equilibrio ecológico y para su sobrevivencia. Recomendaciones para su preservación Es urgente implementar medidas orientadas a mantener e incrementar la salud y capacidad de recuperación de los arrecifes de coral, y a preservar a las comunidades de peces herbívoros que son vitales para ello. Se requiere: Establecer y adoptar estrategias firmes de gestión de pesca y conservación que lleven a la recuperación de poblaciones de peces herbívoros, en particular de peces loro. Esto incluye iniciativas de ordenamiento pesquero, entre ellas el establecimiento de vedas temporales y espaciales, así como cuotas estrictas de pesca. Otras medidas incluyen la diversificación pesquera. En el Caribe, se podría promover la pesca del pez león, una especie invasora, como alternativa económica para cientos de comunidades pesqueras. Establecer áreas protegidas marinas o zonas de recuperación pesquera donde se prohíba la captura de peces a fin de brindar una protección más efectiva. Estas áreas o zonas, e incluso hábitats críticos deben decretarse con la urgencia y pertinencia debido a que son considerados un refugio para ejemplares juveniles y adultos. Esto permitiría que especies funcionales, como los peces herbívoros, logren completar su ciclo de vida y contribuyan así a la resiliencia de entornos marinos claves como los arrecifes de coral. Estandarizar el monitoreo de la población de peces e implementar alternativas de manejo. Esto permitiría contar con información óptima sobre la población de peces herbívoros, lo que facilitaría su manejo. Entre las alternativas a considerar está la restauración de arrecifes, medida ya adoptada en varias zonas de México. Promover una gestión integral regional que involucre a las autoridades locales para compartir experiencias y establecer herramientas compartidas de manejo y conservación. Crear e implementar normas y leyes que permitan la conservación de arrecifes y peces herbívoros, el manejo pesquero adecuado y el combate efectivo de amenazas originadas en la sobrepesca, el turismo y el desarrollo costero de bajo impacto, que cuente además con una planificación técnica y científica.
Leer más
¿Cómo las fugas de metano del fracking agravan el cambio climático?
Las he visto más veces de las que puedo recordar, pero nunca dejan de impactarme: llamas de más de tres metros de altura, quemando gas en la planta de procesamiento de BP en Whiting, Indiana, Estados Unidos. La instalación está cerca de donde crecí, así que por mucho tiempo me han asombrado esas antorchas. Cuando era pequeña, mi hermana pensaba que eran volcanes y en mi familia ha sido usual llamarlas así. Convertir residuos de metano en dióxido de carbono (CO2) mediante la quema es una práctica habitual en la producción de gas y petróleo. Ello hace que los “volcanes” sean un rasgo común de la perforación y fractura hidráulica o fracking para extraer hidrocarburos. Ver columnas de CO2 siendo escupidas directamente al aire impacta, pero también enfurece: es la metáfora visual de un mundo que funciona con energía sucia. Aun así, cuando se trata de fracking, los volcanes y sus emisiones de carbono no son el mayor problema. Lo más peligroso es con frecuencia difícil de ver, incluso invisible. La contaminación atmosférica causada por el fracking, la más grave, se debe a fugas de metano. El metano es un gas de efecto invernadero cuyo potencial de generar calentamiento global es 86 veces más grande que el del dióxido de carbono en un periodo de 20 años, de acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Se filtra sigilosamente a nuestra atmósfera en cada punto de la cadena de suministro de gas, algo indetectable sin equipos sofisticados y pruebas constantes. De acuerdo con la NASA, la industria del gas y el petróleo es responsable por el incremento mundial de las emisiones de metano, superando incluso a los vertederos y a la producción de lácteos. Muchas de estas emisiones vienen de gasoductos con fugas de pozos de fracking. Aunque muchos de los daños del fracking —la contaminación de aguas subterráneas y un incremento en los sismos de origen humano, entre otros— están bien documentados, la contaminación atmosférica que causa implica una batalla más difícil de librar porque no hay imágenes que muestren convenientemente ese impacto. Pero el hecho de que no podamos ver cómo el metano se fuga al aire no implica que el daño sea menor: las partículas tóxicas se aferran a la garganta como manos invisibles; el metano causa hemorragias nasales y asma; las fugas de gas presionan el cerebro produciendo convulsiones y dolores de cabeza; los aditivos tóxicos hacen que los bebés nazcan prematuramente, con bajo peso y con defectos que ponen en riesgo su vida. Las fugas de metano son especialmente preocupantes en términos del cambio climático. Con la fuga a la atmósfera de menos del 2 por ciento del metano transportado por una tubería, el gas deja de ser supuestamente más “limpio” que incluso el carbón. Estudios recientes muestran que los campos de fracking en Estados Unidos registran fugas en niveles tremendamente desiguales, algunas de hasta el 12 por ciento. En otras palabras, sólo unos cuantos pozos son responsables por una cantidad extrema de contaminación. Pero ello significa también que parte de la solución está en nuestras manos: reparar las fugas en esos campos altamente contaminantes sería de gran ayuda para la regulación del clima. Detener y reparar las fugas requiere una supervisión constante y cuidadosa, pero es una tarea rentable que a menudo se paga sola. Las compañías de gas pueden patrullar sus propias líneas de distribución, buscando y reparando fugas. Los reguladores neumáticos pueden ser reemplazados con otros mejores. Sin embargo, este cuidado extra es precisamente contra el que luchan los impulsores del fracking: la industria gasífera en Estados Unidos ha negado y minimizado por mucho tiempo la gravedad de las fugas en sus tuberías. Al igual que la contaminación por gases de efecto invernadero que lo causa, el cambio climático es un desastre de paso lento. Es una emergencia difusa y larga que, en un mundo que vive el instante, no es lo suficientemente dramática para decisiones a corto plazo. Por lo general se habla de ella cuando ya es demasiado tarde. Alternativas al fracking Pero los tiempos están cambiando. Y la solución al calentamiento global no está únicamente en la reparación de fugas. No podemos solamente mitigar un problema que amenaza nuestra vida, tenemos que ponerle fin. En lugar de perpetuar nuestra dependencia del gas, debemos invertir en una transición justa y movernos hacia fuentes de energía económicamente sostenibles, como la solar y la eólica. Los sistemas de distribución de gas, y su mantenimiento, son tan costosos como tóxicos, y pronto se volverán obsoletos. Debemos pelear por una mejor regulación de nuestro sistema energético mientras construimos alternativas para un mejor mañana. Eso es especialmente importante en partes del mundo que recién le están abriendo las puertas al fracking. Mientras en el Norte global es algo omnipresente, en América Latina el fracking apenas comienza, con la perforación de cerca de 5,000 pozos en los últimos años. Comunidades y defensores/as de derechos humanos de todo el continente han luchado mucho para conseguir prohibiciones o restricciones al fracking. Piden que sus países no caigan en la trampa: los daños serían mayores debido a una débil regulación y agravarían el cambio climático. En octubre del año pasado, testificaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los daños que el fracking ha causado en toda América Latina. Liliana Ávila, abogada sénior de AIDA, explicó que la contaminación causada por el fracking vulnera derechos humanos básicos y que los defensores y defensoras ambientales enfrentan violencia cuando protegen sus territorios de la industria del gas. Parte de la batalla por una transición global y justa hacia una economía equitativa y sostenible implica reconocer los daños que son más difíciles de ver, incluidos aquellos que al principio son invisibles. Son los daños silenciosos, que ocurren en periodos largos de tiempo, los que ahora nos están alcanzando.
Leer más