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Foto: Suzanne LivingstoneVictoria: Declaran zona restringida a refugio de tortugas baulas
En mayo del 2008, en dos fallos separados, el Gobierno de Costa Rica adoptó una postura a favor de las tortugas baulas y en contra de los intereses comerciales empeñados en construir dentro del territorio protegido de estas especies en peligro de extinción.
Las tortugas baulas —una especie contemporánea de los dinosaurios— viven en constante peligro en su hábitat costarricense. La mala planificación y la ausencia de un proceso de vigilancia terminaron por destruir las playas de anidamiento en Flamingo y Tamarindo.
Esta vez las empresas constructoras tenían sus mirada puesta en el Parque Nacional Marino las Baulas (PNMB), hábitat protegido de algunas de las playas de anidamiento de tortugas baulas, uno de los más importantes del Océano Pacífico oriental.
Se implementó una reglamentación municipal de zonificación que autorizaría la construcción dentro de una parte del PNMB. No obstante, AIDA y CEDARENA, su socio local, junto con el Leatherback Trust (Fundación de Tortugas Baulas), montaron una exitosa campaña en defensa del parque.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló la reglamentación municipal de zonificación, dejando a salvo a las tortugas baulas y a sus playas de anidamiento. Este fallo vino luego de otra victoria jurídica por parte de AIDA, CEDARENA y Justicia por la Naturaleza, quienes exigimos al gobierno expropiar los terrenos privados que caían dentro de los límites del PNMB y que, de lo contrario, estarían destinados a ser patios de recreo para turistas.
La tortuga baula aún está bajo amenaza por la urbanización turística, la pesca, la caza furtiva, el robo de huevos de tortuga y la contaminación. No obstante, AIDA y sus socios han demostrado que la ley se puede utilizar para hacer cambios importantes.
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Por Héctor Herrera, asesor legal de AIDA y coordinador de la Red de Justicia Ambiental en Colombia, @RJAColombia El informe más reciente del Clean Air Institute da cuenta que Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal (México), Cochabamba (Bolivia), Santiago (Chile), Lima (Perú), Bogotá y Medellín (Colombia), Montevideo (Uruguay) y San Salvador (El Salvador) son las 10 ciudades con el aire más contaminado en América Latina. En todas ellas, los niveles de contaminación están por encima del estándar de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En la mayoría de las grandes ciudades de la región la escena que se repite es la de un cielo gris con buses o camiones que escupen humo negro a los transeúntes. El ruido de las cosas al caer, novela de Juan Gabriel Vásquez ganadora del Premio Alfaguara 2011, transcurre en escenarios como el siguiente: “En la esquina de la carrera Cuarta, el denso tráfico de la tarde progresaba lentamente, en fila india, hacia la salida de la avenida Jiménez. Encontré un espacio para cruzar la calle por delante de una buseta verde cuyas luces, recién encendidas, habían traído a la vida el polvo de la calle, el humo de un tubo de escape, una llovizna incipiente.” La descripción corresponde a Bogotá, pero bien podría referirse a Monterrey o a San Salvador. Las personas que viven en las grandes urbes latinoamericanas lo hacen arrinconadas a diario por el humo, respirando las micro-partículas de carbono negro, ozono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre que contiene el aire contaminado por actividades como el transporte urbano, la industria o la generación de electricidad. A veces nos quejamos cuando un camión pasa y nos escupe un chorro de humo directamente a la cara. Pero el descontento desaparece casi al instante cuando pensamos que no depende de nosotros y nosotras cambiar esos automóviles por unos menos contaminantes, y sí de las decisiones de políticos y burócratas que van más allá de nuestro alcance. En todo caso, al ser parte de esta realidad no sólo regional sino global, es importante entender que respirar aire con altas concentraciones de contaminantes disminuye la calidad de vida y produce enfermedades y muertes prematuras. El informe del Clean Air Institute también aborda estos impactos a la salud pública y ofrece recomendaciones para afrontar la problemática. Sin embargo, las consecuencias de la contaminación del aire no se limitan al ámbito de la salud pública. Se traducen además de manera preocupante en el cambio climático dado que el carbono negro y el ozono son parte de los llamados contaminantes climáticos de vida corta (CCVC). A diferencia del dióxido de carbono, que permanece más de un siglo en la atmósfera, el tiempo de vida de los CCVC es de días o décadas. Estos contaminantes contribuyen con más fuerza que el dióxido de carbono al cambio climático y si redujéramos drásticamente su emisión, podríamos obtener pronto resultados positivos en la mitigación de los efectos del cambio climático. La página de AIDA sobre CCVC describe en detalle los principales contaminantes de este tipo, y explica los escenarios donde se puede promover su reducción. Lo mencionado anteriormente cobra relevancia en un escenario donde la población y la cantidad de automóviles crece sostenidamente en América Latina, a diferencia delas medidas de control y reducción de contaminantes del aire. Entonces, sea por salud pública o por cambio climático, sea por nuestros pulmones o el bienestar de las futuras generaciones, sea para poder disfrutar del atardecer sin una muralla de gases contaminantes que nos impidan ver el sol, el mar o las montañas; es vital procurar un aire más limpio y natural en las ciudades del continente.
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The figure of a saint multiplies that day. It is exchanged and venerated near an abundant water flow and opposite Muxatena, a rock formation of singular beauty. multicolored flowers are offered up in exchange for health, food, work and other favors. So every June 24, the indigenous community Cora (Nayeri) celebrates the Day of San Juan and also celebrates life, physical and spiritual, associated with the river San Pedro Mezquital, the only free of dams in the Mexican Sierra Madre Occidental. The basin was born in Durango and fed into its mouth to National Marshes, a wetland of international importance and home to 20% of mangroves (swamp forests) of Mexico. On the river, north of the State of Nayarit, the Federal Electricity Commission (CFE) aims to build the hydroelectric dam Las Cruces, project poses serious impacts on the environment and human rights of indigenous peoples inhabiting the area between Cora them. AIDA, together with local scientific organizations and prepares legal arguments in environmental and human rights issues to prevent the Environmental Impact Statement (EIS) for the project is authorized by the Mexican government, which would lead to execution. In addition, AIDA began a national campaign to inform the reasons why Las Cruces should not be built. In that sense, we launched a website exclusively the case. Arguments against the Las Cruces project Among them we can mention the following: The increased sedimentation caused by blocking the natural flow of the river would damage the mangroves of National Wetlands. The MIA project does not assess the cumulative environmental impacts and failure in using the best scientific information available. The construction of the dam would involve forced people and communities whose compensation is not mentioned in the MIA displacement. The indigenous peoples of the area were not consulted to obtain their consent to the feasibility studies of the project and its construction. Lower river flow affect daily activities (agriculture, livestock, fishing, oyster farming, among others) of nearby communities base their livelihood. Muxatena ceremonial centers as would be under water, a blow to the spiritual life and the ancient culture of the natives of the place. Rapid fall from the top of a rock and armfuls force move from one extreme to another. The swim is already part of their free time and one of the many links that local residents have with the River San Pedro Mezquital. With your help we will prevent many river ecosystems are destroyed by large dams as Las Cruces! Thank you!
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La hidroeléctrica Las Cruces y la consulta previa Por Sandra Moguel, asesora legal de AIDA, @sandra_moguel El río San Pedro Mezquital nace en Durango y desemboca en el corazón del humedal más grande de México: Marismas Nacionales. Esta cuenca es hogar de los pueblos indígenas Cora, Tepehuanos, Mexicaneros y Huicholes. Alberga bosques de abeto en la cuenca alta y de manglar en la cuenca baja; y es hábitat de jaguares, cocodrilos de río, guacamayas verdes y tortugas marinas. La vida de las comunidades ribereñas gira en torno al río. Construyen bardas con las piedras de la cuenca y en ella realizan actividades recreativas como la pesca y la natación. Sus creencias religiosas también tienen como base al San Pedro. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) propone construir la presa hidroeléctrica Las Cruces en la parte central del Estado de Nayarit, sobre el río San Pedro. La Manifestación de Impacto Ambiental señala que el mega proyecto estará ubicado a 65 Km al norte de la ciudad de Tepic y que tendrá una capacidad de 240 MW, divididos en tres unidades generadoras con capacidad de 80 MW, y una cortina de concreto de 188 metros de altura, medida desde su base. La publicación de AIDA Grandes Represas en América ¿Peor el remedio que la enfermedad? cita la definición de la Comisión Mundial de Represas (CMR), según la cual las grandes represas son aquellas cuya cortina mide 15 metros o más desde la base hasta la cresta o, que tienen una cortina de menor altura pero con gran capacidad de almacenaje de agua. La misma CMR ha dicho que “las grandes represas producen una serie de impactos violentos… [que] son más negativos que positivos y, en muchos casos, han conducido a la pérdida irreversible de especies y ecosistemas.” Consulta previa e informada La hidroeléctrica afectará la vida de pueblos indígenas que no fueron consultados sobre el proyecto. Los embalses de Las Cruces, sitios en los que el agua del río quedará aprisionada, impactarán centros ceremoniales indígenas como La Muxatena, importante para el pueblo Cora (Náyeri). Actualmente los creyentes llegan caminando a ese sitio para llevar la ofrenda por un milagro o favor solicitado. De ejecutarse el proyecto, deberán nadar hacia el lugar, lo cual impedirá que mantengan sus tradiciones y creencias religiosas. Por otro lado, la represa afectará actividades cotidianas de las mujeres Cora como cocinar y lavar ropa pues éstas requieren agua del río en volumen y calidad suficientes. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas obligan a México a consultar previamente a las comunidades indígenas cuyos recursos naturales podrían afectarse por proyectos gubernamentales, incluso desde el momento en que se inician los estudios de factibilidad para su construcción. La consulta previa responde al derecho de los pueblos indígenas de ser tomados en cuenta cuando se realicen proyectos dentro de sus territorios para garantizar su integridad. Así pueden ejercer además su derecho al desarrollo económico, social y cultural. El objetivo de la consulta previa es facilitar recursos para que estos pueblos planifiquen, ejerzan y controlen sus recursos naturales, entre ellos el agua. Aunque en México se han realizado varios ejercicios de consulta previa a pueblos indígenas, aún no se tiene una ley que permita estandarizar ese proceso. Sin embargo, los distintos tratados internacionales en materia de derechos humanos arrojan suficiente luz para efectuarlo. En 2010, en el caso de la hidroeléctrica Chan 75 en Panamá, James Anaya, Relator Especial de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, señaló en su informe (en inglés)que “ (…) las empresas suelen argumentar que su responsabilidad se limita al cumplimiento de la legalidad vigente en los países en los que operan; sin embargo, este es un argumento evidentemente limitado y que no ofrece soluciones suficientes en aquellos casos en los que las normas existentes son insuficientes o inexistentes en relación con los estándares internacionales, o, simplemente, los pueblos indígenas afectados no son oficialmente reconocidos como tales.” De otro lado, el Artículo 1 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PDESC) dispone que no podrá privarse a un pueblo “de sus propios medios de subsistencia.” Por esto y al proponer y aprobar la construcción y operación de Las Cruces, el Estado mexicano debe garantizar el acceso suficiente al agua para la agricultura de subsistencia para los pueblos indígenas del lugar. Las autoridades mexicanas debieron no sólo hacer la consulta, sino recabar también el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas usuarios del río San Pedro Mezquital. No pueden argumentar que han velado por impedir que la hidroeléctrica interfiera con los derechos territoriales y al agua de los indígenas porque no realizaron una consulta auténtica con los afectados. No suministraron información completa sobre la represa y tampoco notificaron con anticipación razonable la ejecución del proyecto. Derecho al agua y sectores económicos El Consejo Intercomunitario del río San Pedro Mezquital agrupa a representantes de distintos sectores económicos y de la sociedad civil que discuten temas de gobernanza de la cuenca. Su preocupación es que con la construcción y operación de Las Cruces, el volumen de agua del río San Pedro Mezquital disminuirá, afectando actividades productivas: agricultura, ganadería, extracción forestal, pesca, cultivo de camarón y ostricultura. Los impactos alcanzarán también a ciertas actividades recreativas, así como a prácticas religiosas y culturales. Es de tomar en cuenta que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (CDESC) ha reconocido al derecho humano al agua como indispensable para vivir dignamente y como condición necesaria para la realización de otros derechos humanos como la alimentación, la vivienda adecuada y la salud. Obligación con tratados internacionales La Observación General No. 15 del CDESC señala que los Estados Partes, el mexicano entre ellos, deben adoptar estrategias y programas amplios e integrados para asegurar que las generaciones presentes y futuras dispongan de agua suficiente y salubre. En el caso de Las Cruces, México incumple esta recomendación cuando: ·No realiza una prueba real de la disminución de los recursos hídricos por extracción insostenible o contención del caudal; ·No brinda claridad ni información detallada sobre el proyecto, por ejemplo acerca del plan de reasentamiento para los desplazados y el plan de salud para los posibles afectados por los embalses; ·No justifica que el proyecto no desencadenará en la degradación de Marismas Nacionales; y ·No hace una evaluación social que demuestre una verdadera participación pública. Estas son algunas razones por las cuales el proyecto hidroeléctrico Las Cruces no debe autorizarse, ni mucho menos construirse. ¡Defendamos el San Pedro Mezquital! Para mayor información visita la página de AIDA sobre el caso.
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