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Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros MediaVictoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida
La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.
La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.
En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.
AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.
Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.
AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.
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Em uma audiência perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as organizações da sociedade civil demonstrarão como as medidas adotadas pela administração de Jair Bolsonaro fazem o Brasil retroceder décadas na proteção dos direitos humanos. Rio de Janeiro, Brasil. No próximo dia 9 de maio, organizações da sociedade civil, em audiência perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), denunciarão a grave situação dos povos indígenas do Brasil diante das medidas adotadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, as quais representam grandes retrocessos na proteção dos direitos humanos e violam as obrigações internacionais do país nessa área. A audiência foi solicitada por diversas organizações da sociedade civil, como a Associação Interamericana para a Defesa do Meio Ambiente (AIDA), Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), International Rivers, Conectas, Fórum Teles Pires e Operação Amazônia Nativa, com o objetivo de estabelecer medidas e acordos para impedir novos retrocessos e exigir a reversão das ações do Governo que já foram tomadas e ameaçam os povos indígenas. A atividade faz parte do 172º Período de Sessões da Comissão que acontece na cidade de Kingston, Jamaica, entre 3 a 10 de maio. Representantes do Governo Federal devem participar da audiência pública. As organizações irão denunciar à CIDH como o governo Bolsonaro realizou alterações nas legislaturas, nas políticas públicas, nas políticas externas e em outras vias estruturais que violam a manutenção do modo de vida dos povos indígenas do Brasil, bem como seus direitos à vida, à cultura, à alimentação, a um ambiente saudável, ao acesso à água potável, à delimitação de suas terras ancestrais, entre outros. As novas medidas governamentais que diminuem a proteção legal e administrativa dos povos indígenas incluem: A transferência de funções-chave do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura; A precarização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Enfraquecimento do Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade e o processo de concessão de licenças ambientais; A ameaça de abertura das terras indígenas aos danos da mineração; As medidas adotadas pelo Ministério do Meio Ambiente que fragmentam o sistema legal responsável pela garantia de condições mínimas na proteção do meio ambiente e direitos indígenas; A transferência da competência de demarcação de terras indígenas da Fundação Nacional do Índio para o Ministério da Agricultura; A ameaça de retirar o Brasil do Acordo de Paris e outros tratados internacionais valiosos para a proteção do meio ambiente e dos direitos humanos. Além desses retrocessos, as organizações denunciam que a situação é agravada pelo aumento das taxas de desmatamento e invasão de terras indígenas, assim como nos índices de violência contra defensores do meio ambiente e dos direitos humanos. Consulte o informe apresentado perante à Comissão para a audiência Contatos de imprensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Eloy Terena (Brasil), Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), [email protected], +55 61 9695-1377
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Hoy México celebra el Día del Niño. El mejor regalo que millones de niños y niñas podrían, y deberían, recibir, es aire limpio y justicia climática. Es lo único que quisiera regalarles a mis hijos y que tristemente no podré, al menos no este año, puesto que Ciudad de México ha tenido mala calidad de aire 112 de los 120 días de 2019 (hasta hoy). Quienes vivimos en esta ciudad hemos sufrido la contaminación, particularmente en el último mes, en el que por siete días en total se declararon tres contingencias ambientales por ozono. En los últimos años, las contingencias ocurren durante la “temporada de ozono”, del 15 de febrero al 15 de junio, período en el que el ozono troposférico (el ozono presente en el aire que respiramos) supera los niveles máximos que la Norma Oficial Mexicana permite. Este gas, presente durante todo el año, se eleva porque a la quema de combustibles fósiles por vehículos e industrias se suma el cambio de condiciones meteorológicas: menos lluvia y vientos, y más radiación solar. Esto impide que la contaminación del aire que producimos constantemente se disperse de la ciudad hacia zonas aledañas. El aumento de ozono en el aire es grave debido a los daños que causa al ambiente y a la salud de las personas, en especial a la de los niños y niñas. Según la Organización Panamericana de la Salud, el ozono en el aire puede, entre otras cosas, afectar la función pulmonar, dificultando la respiración. Así, el grupo vulnerable a la contaminación incluye también a personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores y atletas. Por ello las autoridades recomiendan a la población, sobre todo a los grupos vulnerables, abstenerse de realizar actividades al aire libre durante las contingencias, en particular entre las 13 y las 19 horas. Otras medidas incluyen aumentar la restricción vehicular y reducir el consumo de gas licuado de petróleo. Por todo lo anterior, la “temporada de ozono” no es un fenómeno nuevo, sorpresivo ni normal. No es normal que los padres nos resignemos a su presencia cada año y que nuestros hijos no puedan celebrar su cumpleaños al aire libre o salir con sus amigos al parque. Entiendo la imposibilidad de controlar las lluvias, el sol y el viento, pero el ozono es otra historia. De hecho, existen medidas que se podrían y deberían estar implementando hace años para evitar que la temporada de ozono sea inevitable en Ciudad de México. Algunas de ellas, plenamente identificadas, incluyen la mejora de la calidad de las gasolinas y de la tecnología vehicular y de fuentes fijas; asegurar infraestructura segura y adecuada de transporte público y de bicicletas; y controlar efectivamente la flota vehicular del transporte privado y público, y las fuentes fijas. Pero hasta ahora las acciones han sido incompletas, ineficientes y están estancadas para solucionar el problema de fondo. La mejora de la calidad de aire durante el desabasto de gasolina en la ciudad, demostró que dichas soluciones son posibles. De otra parte, las acciones destinadas a disminuir la contaminación del aire podrían tener un doble beneficio. El ozono troposférico es un gas de efecto invernadero que agrava el cambio climático. Es un contaminante climático de vida corta pues se queda en la atmósfera algunas semanas. Esto implica que las acciones para controlarlo tienen un efecto casi inmediato en la salud humana, de los ecosistemas y en el clima. México tiene entonces la oportunidad de cumplir sus obligaciones internacionales contra el cambio climático, además de mejorar la salud de millones de personas que vivimos en ciudades. Por tanto, la temporada de ozono requiere un cambio estructural y urgente de políticas públicas, de leyes y de su aplicación. Urge incluir una perspectiva de derechos humanos que priorice el interés público y la salud de niños, niñas y demás personas, por encima de la movilidad vehicular. No son medidas sencillas de elaborar e implementar, pero es esencial dar los primeros pasos si queremos alcanzar resultados algún día. Los esfuerzos gubernamentales requieren del apoyo de toda la sociedad. Las empresas deben contribuir a la implementación de soluciones, actuando con debida diligencia. La academia, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y demás sectores debemos aportar nuestro conocimiento y participación para asegurar que los planes y programas sean ambiciosos y efectivos, y promuevan una transición justa. Cada residente de la ciudad tiene el deber de contribuir. Precisamente el Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Ambiente, Profesor David Boyd, publicó hace unas semanas un informe reiterando la obligación de los Estados de garantizar el derecho a un aire limpio y el deber de las empresas en contribuir. Su informe tiene recomendaciones relacionadas con el ozono troposférico que podrían ser muy útiles para las autoridades mexicanas. Disfrutar de un aire limpio es un derecho pendiente. Hoy en Ciudad de México viven casi dos millones de niños y niñas (de 0 a 14 años), incluyendo los míos. Ellos y gran parte de los más de 35 millones de niños y niñas de todo el país podrían gozar de un aire limpio, pues la mayoría vive en ciudades y poblaciones con problemas de calidad del aire. Según el comercio organizado, la celebración del Día del Niño en México implica un gasto de 17 mil millones de pesos (900 millones de dólares) en regalos, monto que podría destinarse a que autoridades, empresas y particulares implementen acciones para que los niños y niñas del país tengan algo más valioso: respirar un aire que no ponga en peligro su salud. Ello estaría alineado con el objetivo de quienes instituyeron la celebración del Día del Niño en México desde 1924 y con la intención de Naciones Unidas de establecer un día al año para honrar la importancia de los derechos de la infancia. La contaminación atmosférica es, lamentablemente, un problema regional y mundial. Perú y Colombia celebran también a sus niños y niñas este mes. Estando sus ciudades entre las más contaminadas, lo reflexionado aquí puede aplicarse también a esos países y al continente. El regalo para mis hijos este año será continuar trabajando para una mejor calidad del aire en Ciudad de México, para construir junto con otros el camino hacia un futuro, espero cercano, con justicia climática.
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En América Latina hay más de 400 pueblos indígenas, varios de ellos habitan en el 80% de las áreas protegidas de la región, de acuerdo a la FAO. Su conocimiento ancestral para relacionarse con los ecosistemas que les rodean está reconocido como una forma de asegurar un ambiente sano y hacer frente al cambio climático. Sin embargo, pocas veces aprendemos de ellos y escuchamos lo que necesitan para continuar protegiendo los recursos. Pu’amé es la expresión en cora para decir “tú primero”. Se utiliza para ceder el paso, pero también como expresión de respeto cuando alguien está hablando y se le invita a proseguir, “continúa, te estoy escuchando”. Julián López, líder indígena náyeri y hablante de cora, me lo explicó durante una reunión de miembros de la sociedad civil con representantes de comunidades rurales de Nayarit, México. Fuimos a escucharlos. En esta reunión pu’amé se convirtió en una guía perfecta para prestar atención y comprender. Escuchar a los representantes de los pueblos indígenas es enfrentarse a cosmovisiones completamente distintas cuando has vivido en medio de una visión urbana y occidental del mundo. Mientras nuestra forma de vida se enfoca en consumir explotando los recursos para generar una ganancia inmediata y grande para seguir consumiendo, los pueblos indígenas ven en la tierra una fuente que requiere cuidados y agradecimiento por proveer de alimento y salud. Este choque de visiones ha provocado que los derechos de los pueblos indígenas sean violados incesantemente, poniendo en riesgo no sólo su integridad cultural, sino su propia vida. Mientras Julián me enseña algunas palabras en su lengua materna, el cora, me dice que para lograr un diálogo real con los pueblos hay que entenderlos. Visiones opuestas del desarrollo En la reunión, para hablar del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, hay representantes mexicaneros y coras de la zona alta y baja de la cuenca del río San Pedro Mezquital. Las preocupaciones son muchas: de construirse la hidroeléctrica o cualquier otro megaproyecto, ¿cuál sería el destino de sus hijos, de los sitios sagrados que comparten con otros pueblos, del equilibrio natural, de la vida en el río, de la calidad de los peces? Odilón de Jesús López, náyeri, expresa preocupado que “no han valorado que cuidar la naturaleza es para un bien de todos”. Cuestiona los comentarios cerrados que ha recibido por defender el río y los sitios ceremoniales. “¿Para qué nos sirve un lugar sagrado? Llevo ofrendas para dar las gracias de que hay buena vida”. Julián levanta la mano y cuestiona las formas diferentes de ver el desarrollo. “¿El desarrollo a costa de qué? Nosotros no podemos competir con la forma en que ellos ven el desarrollo, porque ellos ven dinero. ¿Qué queremos nosotros en nuestros pueblos?” Julián nos recuerda que la riqueza está en el aire limpio, en un río lleno de peces. Pero también habla de algo crucial: la pobreza. Es cierto que los pueblos indígenas buscan proteger su tierra y su cultura, pero Julián también admite que no hacer nada tampoco es una opción. Hay familias que no tienen ni para ofrecer lo básico a sus hijos: salud, educación y alimentación balanceada. Pero afirma que eso no se obtendrá destruyendo lo que los rodea. “¿Y si nos capacitan para usar los bosques de manera sustentable?”, sugiere. Los representantes de la cuenca baja, mexicaneros casi todos, le dan la razón. Ellos quieren aprender a explotar los recursos río abajo para siempre tener trabajo. Sin embargo, Julián menciona algo que a todos preocupa: la inseguridad. Él mismo ha sido víctima de amenazas y hostigamiento desde que se opone a la hidroeléctrica. En una visita a México, el Relator de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos señaló que las personas activistas indígenas y ambientalistas, cuya labor está relacionada con proyectos a gran escala de minería, energía e infraestructura, son las personas defensoras más criminalizadas. Julián conoce la situación de los defensores en toda la región y dice no sentirse solo en la lucha por proteger los ríos, pero también sabe que el riesgo está en todas partes. “Si en Colombia matan a un defensor, a nosotros también nos hacen daño”. Las mujeres y la Madre Tierra Si en general la situación es complicada para los hombres indígenas que buscan hacer oír sus voces, lo es más para las mujeres que deciden también opinar acerca de su territorio. Marcelina López, líder náyeri, habla con una voz muy suave y baja, mira hacia sus manos, y comienza a quejarse de lo difícil que ha sido luchar por su comunidad. De repente, con la voz clara y fuerte nos muestra su problema: “Las autoridades me tratan mal porque ven que soy indígena y mujer. Claro, somos pobres, indígenas; pero somo ricos con nuestra Madre Tierra”. Marcelina habla luego de lo poco que se les ha consultado para hacer proyectos de desarrollo, de la compra de consentimiento de la comunidad a través de servicios municipales y del discurso constante de que ellos, los pueblos, no saben ver “más allá”, hacia el progreso. “No entienden que no explotamos algunas cosas porque tenemos miedo de contaminarnos y el río está primero”. Gila de la Cruz, náyeri, más tímidamente, da la razón a Marcelina. Nos cuenta que, como mujer, sólo le quieren consultar temas relacionados con los niños y ella tiene una opinión sobre el río, los servicios en su comunidad y la producción de alimentos. Ejemplifica con un proyecto de drenaje que no aprueba ni ella ni gran parte de la comunidad. Los que vivimos en ciudades nos quedamos callados sin entender por qué algo que creemos necesario es rechazado. Nos pide no malentenderla, pero que las cosas no se imponen sólo porque siempre se han hecho así. Está preocupada porque no les han explicado todo. “Ponen los tubos, ¿y luego qué? ¿A dónde se va a ir el agua? ¿Al río? ¿No podemos reutilizar el agua?” Entonces, la queja de Gila tiene todo el sentido:0 el río podría estar en riesgo y las autoridades no les explican nada más y la regañan por cuestionar el proyecto. “Hay otras opciones, lo he visto. Hay alternativas, formas de hacerlo más sustentable y no contaminar el agua”. Enojada, afirma que sus opiniones no han sido escuchadas porque es mujer. necesitamos escuchar a las voces indígenas Todos los representantes de los pueblos coinciden en algo: no quieren ser vistos como una oposición cerrada sin deseos de tener una mejor vida. Piden diálogo. Entre sus actividades como campesinos, artesanos y pescadores, se dan tiempo para organizarse, aprender acerca de sus derechos, dominar un idioma que no es el suyo y llevar sus preocupaciones a las instituciones correspondientes. Cada uno conoce perfectamente que existen vías sustentables para mejorar su calidad de vida sin afectar su entorno. Julián pide que se establezca un entendimiento de todas las partes. “¿Podemos trabajar juntos? ¿Organizaciones, gobiernos e indígenas? Sí”. Julián pide capacitaciones, aprender de infraestructura, de economía socialmente responsable. Gila y Marcelina se han dedicado a buscar otras opciones más sustentables para producir sus alimentos, para construir, de salubridad. “Sólo necesitamos que nos enseñen”, dice Gila. Como humanidad, estamos atravesando un periodo en el que es necesario cuestionar todos los esquemas: nuestra forma de consumir, de utilizar los recursos, de la comodidad. Los pueblos indígenas han vivido por siglos de manera mucho más sustentable que las sociedades construidas bajo la mentalidad de la revolución industrial. Son, de varias maneras, ejemplos y oportunidades para reaprender, cambiar y mejorar. “Un día habrá un espacio público donde no exista miedo, donde pueda decir todo”, dice Gila acerca de los avances conseguidos en los últimos años, del espacio ganando lentamente. “Deben escucharnos a las mujeres, creen que debemos estar en casa, pero nos estamos organizando”. Marcelina le dice con satisfacción: “Sí se siente cuando uno lucha por la vida”.
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