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Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros MediaVictoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida
La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.
La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.
En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.
AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.
Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.
AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.
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El Gobierno mexicano ha desatendido recomendaciones de las OSC que integran el Grupo Focal. Falta de inclusión de comunidades afectadas, poca transparencia y ausencia de actores vitales para el Programa, entre las principales omisiones. Ciudad de México, México. A mediados del 2015 el gobierno mexicano inició los trabajos para la creación del Programa Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos en México (PNEDH), y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), dependencia que lidera este proceso, hasta la fecha no ha presentado una hoja de ruta adecuada ni una línea de tiempo que permita conocer los pasos que seguirá su creación. El PNEDH debería ser un instrumento que permita la implementación de medidas de protección a los derechos humanos frente al comportamiento de empresas y gobiernos, incluyendo cambios o ajustes en la legislación, la planeación del desarrollo y las políticas públicas, por lo que resulta indispensable que durante su creación cuente con mecanismos de acceso a información, transparencia, monitoreo y divulgación de todo el proceso, además de la participación oportuna de todos los actores interesados. La apertura a la participación de la sociedad civil ha sido un paso importante para la creación del PNEDH, sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que conforman el Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos en México han solicitado a SEGOB la integración de comunidades indígenas, campesinas, agrarias, ejidales, urbanas y sindicatos independientes que han sido afectados por las actividades de las empresas en el país, pero la demanda de incluirlas de forma transparente, participativa, incluyente e informada desde el inicio y durante la elaboración del Programa no ha sido atendida. Las OSC denuncian que aún no se cuenta con un borrador del documento del Programa ni una metodología clara para compartir con los grupos afectados (comunidades y colectivos) y otros actores relevantes como secretarías e instancias gubernamentales, personas u organismos que defienden los derechos humanos, representaciones diplomáticas, empresas, bancos y agencias de cooperación para el desarrollo e instituciones financieras internacionales. De acuerdo con este Grupo, este Plan debe de contener requisitos que aseguren el respeto a los derechos ambientales y laborales en los proyectos y las cadenas de valor de todas las empresas, así como de evaluaciones de impacto en derechos humanos, fortaleciendo las evaluaciones de impacto ambiental y social ya creadas por la Ley vigente, garantizando que la planeación del desarrollo nacional se construya con base en criterios de sustentabilidad social, ambiental y de derechos humanos, y así proteger a las personas defensoras de derechos humanos. De igual forma, las empresas públicas del Estado deben de contar con mecanismos de respeto y protección a los derechos humanos, tanto al interior como hacia el exterior de las mismas. Esta denuncia de las omisiones del proceso se basa en el trabajo de las organizaciones del Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos en México, las cuales han identificado prioridades a través de un diagnóstico nacional y hecho recomendaciones al gobierno que no han sido atendidas. Las OSC mencionadas seguirán informando a la sociedad civil sobre el proceso de creación del PNEDH, en conjunto con las otras organizaciones y grupos que se integren. El Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos en México es una coalición de OSC que promueve y defiende los marcos jurídicos existentes para asegurar que las corporaciones nacionales e internacionales no cometan violaciones a los derechos humanos, y está conformado por: Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); y Oxfam México, y es acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).
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Érase una vez cuando los cigarros servían para curar la tos, el maquillaje con plomo estaba de moda y el DDT, un insecticida altamente tóxico para el ambiente y las personas, se utilizaba en los jardines donde jugaban niños y niñas. Lo que ahora nos escandaliza, en su tiempo era completamente normal e incluso se creía más beneficioso que dañino para la humanidad. Y fue gracias a la ciencia que pudimos saber que el cigarro, el plomo y el DDT son nocivos para la salud. Lo mismo ocurre ahora con las represas. La fotografía de una represa rodeada de árboles puede ser engañosa, así como alguna vez sucedió con la publicidad del cigarro, acompañada por la imagen de un médico que lo recomendaba. En los últimos años, hemos visto que los daños de las represas al equilibrio de los ecosistemas y a las comunidades cercanas, son proporcionalmente mayores a los beneficios que prometen. Hace poco, un estudio confirmó algo mucho más preocupante: las represas contribuyen al cambio climático. A finales de 2016, investigadores de la Universidad del Estado de Washington concluyeron que todos los embalses, no sólo los construidos en zonas tropicales, generan 1.3 por ciento del total de gases de efecto invernadero producidos por la humanidad. Las represas, evidenciaron, son una fuente “subestimada” de emisiones contaminantes, principalmente metano, un contaminante 34 veces más dañino que el dióxido de carbono. La noticia no se ha asimilado. Las represas continúan apareciendo como fuente de energía verde. Hay países que se jactan de que su energía es casi en su totalidad verde, pero al ver sus reportes, la mitad —o más— es energía hidroeléctrica: la que proviene, especialmente, de grandes represas. Vulneración de derechos humanos Incluso antes de saber del nuevo estudio, ya se había documentado que las represas provocan graves daños a las comunidades y al ambiente. Uno de ellos es la ruptura del estilo de vida. Los habitantes de zonas afectadas por represas deben adaptarse a las nuevas condiciones ambientales que implica el cambio de flujo en los ríos, las inundaciones o la migración de especies. Pero no es lo único, muchas comunidades son víctimas además de desplazamiento forzado y caen en la pobreza. Un ejemplo de ello es lo que pasó con la represa Belo Monte, en la cuenca del río Xingú, en la Amazonía de Brasil. En AIDA, hemos trabajado de la mano con los pobladores —indígenas y ribereños—que vieron caer los árboles que les rodeaban, la expansión de tierra roja como mancha en medio de la selva, la ausencia de peces en sus aguas y la desaparición de pequeñas islas. Además, en la ciudad más cercana a la represa, las condiciones de vida se vieron muy afectadas. Esta historia se repite millones de veces en el mundo. Según el estimado de International Rivers, para el año 2015, se habían construido 57,000 grandes represas, que implican la interrupción de más de la mitad de los ríos del mundo y el desplazamiento de al menos 40 millones de personas. ¿Qué podemos hacer? Aunque el estudio de la Universidad del Estado de Washington pueda sorprender a los países o empresas que promueven la construcción de represas, la salud del planeta requiere acciones efectivas que detengan esa tendencia equivocada. Las represas pueden convertirse en los cigarros del mundo, un sitio de por sí impactado por serios tipos de contaminación. Existen opciones mucho más amigables con el ambiente y que no implican los impactos sociales, económicos y climáticos de las represas. Un ejemplo de esperanza es el brindado por el pueblo Munduruku en Brasil. El año pasado, su lucha dio frutos con la cancelación de una represa hidroeléctrica en el río Tapajós, su fuente de vida. Esa noticia fue el resultado de acciones respaldadas con pruebas, entre ellas el caso Belo Monte. Recientemente, la comunidad se reunió para pensar qué soluciones existen ante las amenazas que todavía deben afrontar. Las alternativas deben estudiarse caso por caso y con base en los recursos disponibles. Estas incluyen la descentralización de las fuentes generadoras de energía, los proyectos a pequeña escala y el uso de tecnología solar y eólica, siempre acompañado de procesos adecuados de consulta a las comunidades. Hay soluciones energéticas que no son la mejor decisión para una comunidad que otra. En el financiamiento se debe evaluar cuidadosamente qué proyectos apoyar, analizando a detalle los impactos socioambientales. Puede sonar que a la larga todas las decisiones que tomamos son malas, pero no es momento para desanimarse. Hoy contamos con la información científica para cuidar nuestro planeta. Hemos dejado de producir no sólo maquillaje, sino otros productos con plomo; el número de fumadores ha disminuido para dar paso a espacios de convivencia más limpios; y el DDT se usa cada vez menos, acompañado de esfuerzos para tener insecticidas que controlen las plagas y sean biodegradables. Por tanto, en cuestión de represas, sólo es cuestión de re-pensar nuestra forma de producir energía y preservar los ríos que aun fluyen libres.
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El sol nace en el río Grande de Tárcoles. Guacamayas descansan en los árboles de alrededor y, en la orilla, cocodrilos se asoman imponentes. Cientos de turistas se detienen a fotografiar del paisaje cuando, dentro del cauce, la corriente arrastra un pedazo de chatarra. Esta es la dinámica en el caudal del Grande de Tárcoles, el río más contaminado no sólo de Costa Rica, sino de toda Centroamérica. Si bien el país ha logrado grandes avances para dejar atrás el uso de combustibles fósiles en la generación de energía, aún tiene mucho por hacer en cuanto a manejo de desechos. El origen de la contaminación Son dos las razones principales para la excesiva contaminación del gigantesco río: la creciente urbanización y la burocracia gubernamental. Por un lado, en su enorme caudal —aproximadamente 4,2% del territorio costarricense— desembocan todas las aguas sucias del Gran Área Metropolitana del país. En 2013, el informe del Estado de la Nación reveló que sólo un 4% del total de las aguas residuales del país eran tratadas antes de ir a los ríos. Lo que ocurre en el Grande de Tárcoles es un gran ejemplo de las consecuencias de esa deficiencia. Actualmente, el río es la “alcantarilla” de la zona urbana. Recibe un equivalente a 100 piscinas olímpicas de agua sin tratamiento proveniente de la zona urbana, según el Instituto de Acueductos y Alcantarillados. Sus aguas han sido también víctima de leyes anticuadas que por años favorecieron la actividad económica y el vertido de los desechos de sectores comerciales, por encima de la salud ambiental del río. También en el ámbito legal, aunque se estableció el pago de una multa por el vertido de aguas residuales y agentes contaminantes al río, la medida no fue respetada. Como resultado, la cantidad de derrames ilegales de agua sucia, basura tecnológica o chatarra al Grande de Tárcoles permaneció igual de alta. Gracias a todo esto, el laboratorio de análisis ambiental de la Universidad Nacional calcula que si no se adoptan medidas más efectivas, para el año 2040, la recuperación del río sería imposible Esto comenzó a saturar de contaminación al río hasta llegar a la actual y crítica situación actual. Riqueza ambiental en riesgo A pesar de la contaminación, la riqueza biológica en la desembocadura del río es exorbitante. Allí habita la población de cocodrilo americano más grande del país y alrededor de 50 especies de aves. Además, el río desemboca y alimenta con sus aguas al manglar de Guacalillo, hogar de una gran variedad de especies animales. En ese sitio están cuatro de las cinco especies de manglar observadas de Costa Rica. Por otro lado, este rico ecosistema aporta pesca y turismo para la subsistencia de las comunidades locales, quienes se enorgullecen de la belleza natural del lugar. Lo que se ha hecho y lo que falta Se han hecho esfuerzos por mitigar el impacto de la contaminación en el río y rescatar su gran biodiversidad. Uno de ellos es la puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas Los Tajos, que limpia un 20% de las aguas que llegan al Grande de Tárcoles. También está el aporte de campañas aisladas de limpieza. En 2007, una limpieza del río recolectó de sus aguas una cantidad aproximada de mil neumáticos. Esto favoreció la emisión de un decreto en favor de las comunidades locales y con la intención de garantizarles su derecho a un ambiente sano. El decreto reconoce la importancia biológica del río y el deterioro que ha sufrido, creando la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles, cuyo objetivo es planificar vías alternas y sostenibles para proteger al río. Sin embargo, son necesarias acciones más significativas para la recuperación total del Tárcoles antes que el daño sea irreparable. La Comisión no ha sido capaz al momento de mitigar significativamente la contaminación. Requiere una mejor organización y recursos para actuar. Además, haciendo partícipes a las comunidades locales, la Comisión necesita poner manos a la obra y realizar limpiezas masivas de la cuenca del Grande de Tárcoles. Además, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados debe actuar eficientemente para tratar adecuadamente las aguas residuales, prevenir derrames ilegales y limpiarlo para restaurar la salud de este gigante enfermo. El reto es grande, pero la belleza natural del caudal hace que un esfuerzo mayor valga la pena.
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