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Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros MediaVictoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida
La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.
La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.
En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.
AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.
Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.
AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.
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Con tu apoyo y el de nuestros socios, AIDA logró avances importantes en la defensa del ambiente y los derechos humanos en 2016.
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El cambio climático es real y sus efectos llegaron para quedarse. A nivel mundial, los países han decidido que, para salir del lío, deben actuar juntos. Pero más allá de intenciones, poco hemos avanzado. Una opción que podría dar resultados y en la que pongo mis esperanzas es el Fondo Verde del Clima (FVC), el principal mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Se trata de una institución novedosa y con la capacidad de mover grandes cantidades de dinero, de los países ricos a los países en desarrollo. Con esos recursos, los países más vulnerables y con menor capacidad financiera podrán desarrollar acciones de mitigación y adaptación para hacerle frente al cambio climático. El Fondo está integrado por diversos actores, y uno de ellos es la sociedad civil, que cumple un rol fundamental en asegurar que la entidad tome en cuenta las necesidades de las poblaciones locales, en especial de las más vulnerables, a la hora de aprobar financiamiento para programas y proyectos de lucha contra el cambio climático. El trabajo del Fondo en la práctica El Fondo es un mecanismo complejo en el que interactúan diversos actores. Su Junta Directiva la integran 24 miembros, 12 representantes de los países desarrollados y 12 de los países en vías de desarrollo, y está encargada de gobernar y supervisar el Fondo. Las decisiones adoptadas por la Junta son implementadas por la Secretaría Independiente. El Fondo se relaciona con los países receptores del financiamiento a través de las Autoridades Nacionales Designadas o Puntos Focales, entidades designadas por cada nación. Asimismo, el Fondo acredita a instituciones nacionales, regionales o internacionales para que canalicen los recursos económicos mediante la presentación y ejecución de propuestas climáticas. Estas son las llamadas Entidades Acreditadas. Finalmente, están los observadores de la sociedad civil y del sector privado. En las reuniones de la Junta Directiva, solo pueden participar los “observadores activos”: dos de la sociedad civil y dos del sector privado. Los demás observadores permanecen en una sala contigua y dan seguimiento a las reuniones a través de pantallas de televisión. La toma de decisiones En la práctica, el Fondo se ha ido construyendo en las reuniones de su Junta Directiva, realizadas cada tres meses. En ellas se discuten y deciden las políticas que dan forma al fondo, se acredita a entidades que harán propuestas de programas y proyectos a financiar, y se aprueban las propuestas de mitigación y adaptación a implementar con financiamiento del Fondo. En octubre pasado, tuve la fortuna de participar, como observadora de la sociedad civil, en la 14va reunión, celebrada en Songdo, Corea del Sur, sede del Fondo. Pude ver en terreno cómo funciona este complejo mecanismo internacional, y sobre todo, cuál es el aporte de la sociedad civil, que se lleva a cabo contra viento y marea. Lo digo porque las condiciones de su trabajo no son fáciles, partiendo porque sus representantes, muchas veces de países con pocos recursos, deben financiar sus costos de vuelo y estadía para asistir a las reuniones. Por otro lado, la sociedad civil goza apenas de un derecho a voz, que pueden ejercer sólo los dos observadores activos que están en la sala de reuniones, y únicamente si los Copresidentes de la Junta Directiva lo autorizan. El valioso aporte de la sociedad civil Todas las intervenciones de la sociedad civil son discutidas, preparadas y perfeccionadas en equipo, implicando muchas veces desvelo, ya que los temas a tratar son amplios y complejos. En la práctica, estos aportes quedan siempre relegados para el final de las discusiones y, cuando el tiempo escasea, algo que es común, muchas veces el derecho a hablar no llega a ser otorgado. Esto puede resultar muy frustrante, ya que se pierde un aporte crucial. Entre otras cosas, la sociedad civil aporta en cada política que se discute para elevar cada vez más los estándares del Fondo. Además, estudia cada propuesta de financiamiento y se comunica con las comunidades potencialmente afectadas o beneficiadas por ellas para entender lo que implican realmente los proyectos y programas, más allá de lo que aparece en el papel. Por ello el trabajo informal que la sociedad civil hace “tras bambalinas” es muy importante. Se trata de la labor que se realiza en los recesos, a la hora de la comida, en los pasillos. De a poco, la sociedad civil construye relaciones con las personas que sí tienen poder de decidir (miembros de la Junta y consejeros), para compartir con ellos sus ideas, preocupaciones y sugerencias. Los resultados de esta incidencia se ven poco a poco. El Fondo Verde del Clima es esperanzador porque sus lineamientos están correctamente planteados: busca promover un cambio transformacional y paradigmático, promete transparencia, y sus decisiones las toman representantes de países desarrollados y países en vías de desarrollo con igual peso. Tiene el mandato de promocionar la “apropiación doméstica” de los programas y proyectos que financia, esto es, que sean guiados por las necesidades y prioridades que los mismos países beneficiados han determinado. Además, tiene la obligación de actuar con un enfoque de género. Sin embargo, también tiene problemas y carencias. La participación de la sociedad civil es crucial, precisamente para lo último. Al no responder a ningún gobierno, partido político u otro interés, la sociedad civil vela por la protección del medio ambiente, por el respeto de los derechos humanos, y por la correcta participación e inclusión de las personas que están siendo afectadas directamente por el cambio climático. La participación física de representantes de la sociedad civil en las reuniones de la Junta Directiva del Fondo es necesaria para que el trabajo del Fondo Verde siga avanzando, siempre tomando en cuenta las voces de las comunidades directamente afectadas o beneficiadas por el financiamiento y que son también las más vulnerables al cambio climático. ¡Conoce más del Fondo en nuestro sitio web!
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En una decisión histórica, un tribunal de Puntarenas condenó a prisión a una empresaria que llevó a puerto aletas de tiburón separadas del cuerpo del animal, práctica ilegal en Costa Rica, con el objetivo de comercializarlas luego fuera del país. La acusación de la Fiscalía fue apoyada por organizaciones de la sociedad civil que argumentaron la vulneración de normas nacionales e internacionales que protegen la fauna marina. Puntarenas, Costa Rica. El 7 de febrero pasado, el Tribunal de Juicio de Puntarenas impuso una sanción penal de seis meses de prisión contra una empresaria taiwanesa que llevó a puerto aletas de tiburón desprendidas del cuerpo del animal y unidas con alambre, práctica conocida como aleteo y considerada ilegal por normas nacionales e internacionales. El objetivo de la empresaria era vender en el exterior únicamente las aletas. Es la primera vez que el comercio ilegal de aletas de tiburón es castigado penalmente en el país. “Nos alegra que, desde el Poder Judicial, el país envíe la clara señal de que su prioridad es proteger la sostenibilidad del país. La respuesta ante una práctica innovadora de aleteo, fue buena. Los pescadores responsables y las autoridades pesqueras y ambientales lo sabrán reconocer y aplaudir. En Conservación Internacional reiteramos nuestro compromiso con la pesca sostenible, las gestión transparente de recursos marinos y el control de las regulaciones ambientales del país”, señaló Marco Quesada, director del Programa Costa Rica de Conservación Internacional (CI). En 2011, la justicia falló a favor de la empresaria. Esa decisión fue rebatida por la Fiscalía, instancia que logró un segundo juicio en el que finalmente el delito cometido fue sancionado. La sentencia final señala que la empresaria es responsable “del delito de ordenar la descarga de aleta de tiburón sin el respectivo cuerpo, en perjuicio de los recursos naturales” de Costa Rica. “Esta es una sentencia histórica, pues es la primera vez que existe una condena penal por aleteo. Aplaudimos el esfuerzo de la Fiscalía por hacer cumplir las leyes nacionales y los compromisos internacionales de Costa Rica. Esperamos que sea un precedente que ayude a evitar que se repita esta práctica.”, dijo Gladys Martínez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). AIDA y CI ayudaron en la resolución del caso, asesorando con argumentos de derecho internacional el trabajo de la Fiscalía. De acuerdo con la legislación costarricense, tras la pesca, las aletas deben llegar al puerto unidas naturalmente al cuerpo del tiburón. Cuando son separadas, el cuerpo es arrojado al mar para así poder refrigerar en los barcos pesqueros la mayor cantidad posible de aletas. “El aleteo de tiburón es un delito penado en Costa Rica por los artículos 139 y 40 de la Ley de Pesca y Acuicultura. Adicionalmente, Costa Rica ha ratificado diferentes tratados internacionales que le obligan a proteger el ambiente. Estas obligaciones incluyen la protección, conservación y uso sostenible de los recursos marinos”, se lee en el documento proporcionado por ambas organizaciones a la Fiscalía para su uso durante el juicio. Consulte la sentencia del tribunal Lea el documento con el que AIDA y CI apoyamos el trabajo de la Fiscalía. Contactos de prensa: Gladys Martínez, AIDA, gmartinez@aida-americas.org, +506 8321 4263 Marco Quesada, CI, mquesada@conservation.org +506 2253-0500 ext. 129/IP 5484
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