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Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros MediaVictoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida
La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.
La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.
En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.
AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.
Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.
AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.
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¡Cuidado! La minería propone llevar sus desechos al mar
Por Florencia Ortúzar, abogada de AIDA, y Karol Rodríguez, pasante de AIDA La minería implica un problema grave: la producción de desechos generados por la extracción de mineral. Éstos son acumulados en “relaves mineros”, un conjunto de desechos tóxicos con alto potencial de dañar el ambiente. En Chile ya no quedan espacios en tierra para depositar estos desperdicios y ahora las empresas mineras apuntan a dejarlos en el fondo del mar. La historia nos ha enseñado, a duros golpes, que estos desechos pueden tener efectos nefastos en las comunidades cercanas a los lugares donde son depositados. Por ello su manejo responsable es clave en la minería si queremos un desarrollo económico que traiga más beneficios que problemas. En Chile, los desastres causados por la mala disposición de relaves mineros son cuantiosos. Las empresas mineras se están quedando sin lugares para deshacerse de estos peligrosos subproductos. Nadie los quiere cerca ni lejos de su hogar o comunidad. Depositarlos en zonas alejadas o en zonas áridas con poca biodiversidad no es garantía, porque fenómenos naturales como la lluvia o los aluviones arrastran los contaminantes hasta las comunidades. En ese contexto, a las empresas mineras en Chile se les ocurrió una idea “brillante”: depositar los relaves mineros en el mar, a través de un ducto que llevaría toneladas de residuos a una especie de valle en el fondo marino. El océano: Misteriosa y delicada cuna de vida El océano es uno de los grandes misterios del planeta. De hecho, 95% del fondo marino no ha sido mapeado, lo que significa que conocemos apenas un 5% de él. Podemos decir que hoy se conoce más sobre la superficie lunar que de las profundidades oceánicas. Más aún, los océanos son los ecosistemas más complejos del planeta. Las variables involucradas en su salud y dinámica son infinitas. Por todo lo anterior, es imposible predecir el comportamiento que tendrían los desechos mineros una vez depositados en el fondo del mar. Esta incertidumbre es razón suficiente para aplicar el tan importante Principio Precautorio, clave para prevenir la degradación de la naturaleza por actividades económicas humanas. No sabemos cómo los desechos podrían afectar al tan complejo ecosistema marino, a sus especies y a nosotros, quienes nos nutrimos de la pesca. ¿Cómo podríamos entonces dormir tranquilos mientras un ducto deja caer residuos contaminantes y ciertamente peligrosos? Los efectos del daño ambiental podrían serían amplios e incontrolables, pues una vez que los desechos son liberados en el fondo marino, no hay vuelta atrás. Un taller internacional para discutir la idea Para saber más de esta preocupante iniciativa, dos renombrados ambientalistas chilenos —Juan Pablo Orrego, presidente de Ecosistemas, y Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram— asistieron en junio a un taller internacional realizado en Lima, en el cual se discutió la viabilidad de depositar relaves mineros en el mar. El taller fue organizado por el Grupo Conjunto de Expertos Sobre los Aspectos Científicos de la Protección Ambiental Marina y la Organización Marítima Internacional. Consulta aquí el artículo que Orrego escribió sobre el tema. En el taller se conoció que la idea de llevar desperdicios mineros al mar no es nueva. Es algo que ya ocurre en Canadá, Turquía, Papúa Nueva Guinea y en algunos países africanos como Togo. El Gobierno noruego autorizó hace poco el uso de un fiordo (estrecha entrada de mar) prístino como depósito para los relaves de una mina de rutilo. En el taller, un funcionario del Gobierno de Noruega argumentó la decisión señalando que “el beneficio social de la mina es superior a la destrucción del fiordo”. ¿Según quién? Los partidarios de la propuesta consideran que tirar relaves al mar no conlleva necesariamente un peligro. Afirman que los riesgos son mínimos porque, al no haber oxígeno en el fondo del mar, no se produce el efecto químico que hace que los relaves contaminen cuando están en la superficie. En este sentido, Leonel Sierralta J., ex funcionario del Ministerio de Medio Ambiente de Chile y actual Director Científico de Iniciativas Sustentables para la Minería, escribió una carta abierta en respuesta al artículo de Orrego. En ella expresa que aunque ha habido casos desastrosos de depósitos mineros al mar, también existen casos en los que la iniciativa se ha llevado a cabo en países desarrollados siguiendo criterios ambientales exigentes y basados en la ciencia. Esos argumentos no convencen a quienes se oponen a la propuesta. Es el caso de los cinco senadores chilenos que presentaron un proyecto de ley para prohibir la descarga de relaves en el mar. Una alternativa: Neutralizar el peligro Orrego propone regular la minería de forma más severa, exigiendo que antes de depositar los relaves, las empresas mineras extraigan de ellos todos los metales pesados y neutralicen sus químicos. De ese modo sería factible depositar relaves prácticamente inertes en lugares apropiados, tales como antiguos piques mineros (perforaciones verticales profundas). Las empresas tendrían incluso una oportunidad de negocio al extraer y reciclar los elementos peligrosos. La neutralización de los relaves es una alternativa adecuada para no seguir degradando el ambiente. La propuesta es sensata. Es razonable que las actividades económicas riesgosas para el ambiente continúen sólo en la medida en que puedan neutralizar sus impactos. Si generamos más desechos de los que podemos tratar es porque no estamos actuando sosteniblemente, lo que significa, que no estamos asegurando la conservación de un planeta sano para nuestra descendencia. Por ello en AIDA trabajamos a diario para preservar la salud de los ecosistemas frente a la contaminación de actividades como la minería.
Leer másPronunciamiento ante los hechos de violencia registrados en La Oroya
La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), como organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos y el ambiente, manifestamos nuestra profunda preocupación ante los hechos de violencia que se vienen suscitando en la ciudad de La Oroya, departamento de Junín. De acuerdo con información de conocimiento público, desde las primeras horas de ayer martes 11 de agosto el paro organizado por los trabajadores del Complejo Metalúrgico de La Oroya propiedad de la empresa Doe Run Perú S.A. conllevó el bloqueo de la Carretera Central, lo que ha producido enfrentamientos entre los manifestantes y efectivos de la Policía Nacional del Perú. Lo anterior, ha traído como consecuencia el fallecimiento de una persona, el señor Edwar Soto de la Cruz (41) y alrededor de 67 personas heridas, entre ellas, cuatro heridas de bala e identificadas por el propio Ministerio Público como Yimer Bazán Daza (18), Willian Ronald Barja Lara (40), Alan Colca Cotera (23) y Vidal Barzola Vila (52), las mismas que no pueden ser debidamente atendidas, ya que el hospital de ESSALUD de La Oroya ha colapsado por no contar con suficiente personal médico para atender la emergencia. En vista de dicha situación manifestamos que: El derecho a la protesta social es un derecho legítimo que tiene todo ciudadano para ejercer un justo reclamo ante el Estado, no obstante, éste debe de ser ejercido de forma pacífica. El Estado peruano debe garantizar el pleno respeto a la vida e integridad de la población de conformidad con la Constitución Política y sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En ese sentido, en su tarea de mantener el orden público, la Policía Nacional del Perú debe respetar el protocolo de intervención policial en conflictos sociales y no puede hacer un uso indiscriminado de la fuerza letal. Información difundida a través los medios de comunicación constata el uso de fuerza letal por parte de la Policía en La Oroya. Exigimos al Poder Ejecutivo la inmediata promulgación de la “Ley que regula el empleo de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional del Perú”, al amparo de las facultades legislativas, norma que permitirá regular el empleo de la fuerza por personal de la Policía Nacional del Perú en cumplimiento de su finalidad constitucional, que es mantener y restablecer el orden interno. Expresamos nuestro rechazo y condenamos todo acto violencia, por lo que hacemos un llamado al diálogo que permita llegar a una solución oportuna y pacífica, evitando de esta manera que el número de víctimas se acreciente con el paso de las horas. Ante el reclamo de parte de los trabajadores del Complejo Metalúrgico de La Oroya de respeto a su derecho al trabajo, el Estado tiene la obligación de atender la demanda social y generar alternativas que además, garanticen los derechos a un ambiente sano, a la vida, a la integridad y a la salud de la población de La Oroya. Finalmente, solicitamos que el Ministerio Público realice una pronta y exhaustiva investigación del uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y que de manera urgente, el Estado brinde los recursos necesarios al Hospital de ESSALUD de La Oroya a efectos de que pueda atender adecuadamente a las víctimas.
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Si Cecil hubiera vivido en Costa Rica, podría estar vivo aún
Por Camila Cossio, pasante de AIDA El mes pasado, Cecil, un león africano de 13 años, fue rastreado y asesinado por un turista estadounidense. Cecil fue víctima de la caza de trofeos, un pasatiempo cruel que no sirve a ningún propósito de conservación. Si Cecil hubiera vivido en Costa Rica, podría estar vivo aún. Costa Rica es hogar de muchos de los principales depredadores, incluyendo a grandes felinos como los pumas y jaguares, y el gobierno está comprometido con su protección. En Costa Rica, cazar animales por deporte es ilegal. En 2102, el Congreso de ese país aprobó por unanimidad una enmienda a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, la cual prohíbe la cacería de trofeos y, en general, la caza de vida silvestre. Costa Rica es el primer país que prohíbe la caza, con excepción de aquella que responde a estudios científicos, subsistencia o reducción de la sobrepoblación. Los cazadores que no cumplen la ley pueden pagar multas de hasta 3.000 dólares o ser encarcelados por hasta cuatro meses. A la luz de la muerte de Cecil, muchos cazadores de trofeos han argumentado que sus acciones apoyan los esfuerzos de conservación. Sin embargo, la ciencia nos dice lo contrario. Los depredadores naturales como los leones, lobos y osos ayudan a equilibrar los ecosistemas de la naturaleza al matar a los individuos más enfermos y débiles en una especie. Se trata de una selección natural en esencia. Por el contrario, los cazadores de trofeos tienen como objetivo matar a los animales más “deseados”, aquellos que lucirían mejor colgados en sus paredes y que tienden a ser depredadores principales y saludables como Cecil. Al cazar depredadores saludables, los seres humanos interfieren con el delicado balance de las poblaciones de esas especies. Por ejemplo, si un león dominante como Cecil es asesinado, es común que un nuevo león mate a los cachorros del exlíder para hacerse cargo de la manada. Esta alteración no habría ocurrido si Cecil no habría sido cazado y asesinado. Otro tipo de alteración está ocurriendo con las poblaciones de lobos en Estados Unidos. La sobrecaza de lobos rojos llevó a un incremento de la población de coyotes. Al crecer la población de coyotes, el número de muchos depredadores más pequeños, como los zorros, se redujo también. Los zorros se alimentan de los mamíferos que infectan a las garrapatas con la enfermedad de Lyme. No es coincidencia que los seres humanos enfrenten actualmente la mayor incidencia jamás documentada de la enfermedad de Lyme. Casos como éste dejan claro que los depredadores tienen un rol vital para la salud humana y la de los ecosistemas animales. La cacería de trofeos también crea un mercado para la caza furtiva de especies amenazadas y en peligro de extinción. La caza de trofeos organizada implica que las poblaciones de animales se están “recuperando” y no están en peligro, incrementando así la explotación de poblaciones ya vulnerables[1]. Costa Rica es pionero en la legislación sobre vida silvestre y en la protección de la misma. Así lo evidencia su ley histórica y acciones diarias de las que soy testigo como parte de mi pasantía en la oficina de AIDA en San José. Veo la preocupación de la nación reflejada en el trabajo de nuestros abogados y abogadas para proteger especies en peligro de extinción. Y también la veo en las calles, en etiquetas adheridas a los parachoques con la imagen de felinos grandes como Cecil y la leyenda “Los Animales Tienen La Vía. Respétalos”. [1] Cecil y el Mito de la Conservación Mediante la Caza Deportiva (artículo en ingles), http://www.friendsofanimals.org/news/2015/august/cecil-and-myth-conservation-through-sport-hunting (consultado el 5 de agosto de 2015).
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