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Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros Media

Victoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida

La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.

La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.

En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.

AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.

Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.

AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.


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Bogotá, Colombia. Las organizaciones ambientales abajo firmantes condenan los atentados contra el ambiente ocurridos en los departamentos de Putumayo, Nariño, Arauca, Boyacá y Norte de Santander, atribuidos a las FARC-EP. Según información de los medios de comunicación, los ataques contra la infraestructura petrolera han generado daños ambientales en las cuencas de los ríos Tibú y Caunapí, entre otras, y en la Bahía de Tumaco, afectando a más de 84.000 personas. Este tipo de actos impactan en las comunidades locales, el país y el ambiente a nivel global. La contaminación por hidrocarburos en cuerpos de agua amenaza gravemente la vida y la salud de las personas, así como la integridad de los ecosistemas y sus especies animales. Las organizaciones firmantes recuerdan que el Derecho Internacional Humanitario prohíbe a los actores de conflictos armados incurrir en la destrucción del ambiente no justificada por necesidades militares imperiosas, de acuerdo a los principios de distinción y proporcionalidad. Del mismo modo, los actores del conflicto, en la conducción de las hostilidades, deben abstenerse de menoscabar los derechos al ambiente sano y al agua. Las organizaciones reiteran que el derecho ambiental y de derechos humanos aplicable en Colombia, así como las obligaciones del Estado en la materia, no se suspenden durante períodos de conflicto armado. Por todo lo anterior, las organizaciones ambientales abajo firmantes llaman a las FARC-EP a respetar el Derecho Humanitario, absteniéndose de causar daños al ambiente. Asimismo, reiteran la necesidad de excluir tanto a las comunidades como a los ecosistemas del conflicto armado. Asociación Ambiente y Sociedad Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Foro Nacional Ambiental Fundación Natura Klimaforum Latinoamérica Network (KLN) Red por la Justicia Ambiental en Colombia (RJAC)

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Océanos, Minería

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Por Gladys Martínez Apenas rompen el cascarón, las crías de tortuga marina asoman la cabeza con letargo para luego dirigirse rápidamente a esa vasta masa de agua salada. Son animales migratorios que nadan y anidan en territorios de diferentes países. Su sobrevivencia está en riesgo por la pesca no sostenible, el desarrollo inmobiliario inadecuadamente planificado, y los proyectos mineros en zonas costeras y marinas, entre otros factores. En 2001 y para afrontar esas amenazas, se creó la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas. El tratado internacional promueve la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortuga marina. Del 24 al 26 de junio, en la Ciudad de México, los representantes de los Estados firmantes del tratado analizarán los logros y planes de trabajo de la Convención en la 7ª Conferencia de las Partes. AIDA estará presente abogando para que los Estados sigan cumpliendo sus obligaciones ante la Convención y asuman nuevos compromisos.  La Convención cuenta actualmente con quince Estados Partes: Argentina, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Países Bajos del Caribe, Perú, Uruguay y Venezuela. Está integrada además por 32 observadores acreditados, entre académicos y organizaciones no gubernamentales. Estos observadores pueden participar de las reuniones de los diferentes Comités Científicos y Consultivos de Expertos de la Convención. Objetivos de la Conferencia La 7ª Conferencia de las Partes de la Convención tiene previsto aprobar tres resoluciones clave: Resolución sobre la conservación de la tortugas baula (Dermochelys Coriacea) del Pacífico Oriental. Resolución sobre la conservación de la tortuga cabezona (Caretta Caretta). Resolución sobre excepciones para la cosecha de subsistencia de huevos de tortuga Lepidochelys olivácea en Costa Rica.  En la Conferencia también se revisará el cumplimiento de los Estados respecto de sus informes anuales, se presentará el plan de trabajo de la Secretaría, y se elegirá nuevos Presidente, Vicepresidente y Relator. Nuestra contribución La participación de AIDA buscará que los Estados: Se comprometan a evitar amenazas a los hábitats de anidación de tortugas por proyectos de minería. Continúen restringiendo y prohibiendo los desarrollos inmobiliarios que afectan las rutas que las tortugas marinas transitan. Fortalezcan las medidas de pesca responsable y sin captura incidental (cuando las tortugas marinas son capturadas “por accidente” sin ser el objetivo de la pesca).  Concentraremos nuestros esfuerzos en dar a conocer y promover medidas para frenar  los riesgos que el proyecto de minería marina Don Diego implica para la tortuga caguama y para el ecosistema marino en México. En AIDA hemos trabajado desde 1998 por la firma de la Convención. Una campaña organizada por AIDA y otros defensores de la tortuga marina ayudó a conseguir las firmas necesarias para que el proceso de negociación continuara y para que la Convención entrara en vigencia.  Hemos abogado con éxito ante Cortes y  tomadores de decisiones por la protección de las tortugas marinas en diferentes países de América Latina con base en las obligaciones adquiridas por los Estados bajo la Convención. Como ejemplos de ello podemos mencionar que protegimos a la tortuga verde de la matanza ilegal en el Atlántico costarricense, evitamos la pérdida del hábitat de anidación de la tortuga baula y garantizamos que las tortugas carey y lora continúen disfrutando de uno de sus arrecifes de coral favoritos en Coiba Panamá. ¡Síguenos en Facebook y Twitter para saber más de la 7ª Conferencia de las Partes del tratado internacional sobre tortugas marinas!

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En este seminario virtual, los panelistas abordaron la actual agenda internacional en materia de Empresas y Derechos Humanos, y presentaron un marco general del estado de la cuestión, así como de los retos y oportunidades para avanzar a nivel regional.  Video Las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas o en las que éstas han tenido un rol preponderante, constituyen una problemática creciente en la región. Estas violaciones se derivan de situaciones diversas que van desde la implementación masiva de proyectos de desarrollo sin cumplir estándares ambientales ni de derechos humanos, hasta el incumplimiento de estándares laborales y el uso abusivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad o grupos armados al margen de la ley asociados con las empresas. Uno de los mayores retos de la sociedad civil es encontrar vías para abordar efectivamente la problemática. Para ello es fundamental fortalecer nuestras capacidades, y homogeneizar nuestras herramientas y conocimientos en la materia.  Presentaciones: Notas Consulte la relatoría del evento aquí.  Organizado por: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Justiça Global. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). Centro de Análisis e Investigación Fundar. Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Business & Human Rights Resource Centre. Human Rights Research and Education Centre.

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