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Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros MediaVictoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida
La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.
La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.
En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.
AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.
Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.
AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.
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Las condiciones para la protección de la salud, integridad y vida de la población afectada no se han cumplido. Organizaciones reiteran la vigencia de las medidas cautelares que la CIDH otorgó a favor de las comunidades indígenas de la cuenca del río Xingú, cuya situación de riesgo a causa de la represa persiste y ha empeorado. Altamira, Brasil; Washington, Estados Unidos. La represa Belo Monte está a punto de obtener la autorización para comenzar a operar. Ello podría ocurrir sin que se hayan cumplido las condiciones necesarias para proteger la salud, integridad y vida de la población afectada por el proyecto, incluidas las comunidades indígenas de la cuenca del río Xingú, sobre el cual se construye la hidroeléctrica con un avance de más del 70%. Ante tal situación, organizaciones de la sociedad civil solicitaron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantener las medidas cautelares otorgadas en 2011 a favor de las comunidades indígenas de la cuenca del río Xingú. Lo hicieron como respuesta al pedido del Gobierno brasileño de levantar las medidas, que fueron otorgadas para evitar daños irreparables a los derechos de las comunidades. El escrito fue presentado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Justiça Global, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH) y el Movimiento Xingú Vivo para Siempre (MXPVS) en representación de comunidades indígenas y ribereñas afectadas por la represa Belo Monte. Las organizaciones argumentan ante la CIDH que la situación social y ambiental en torno a Belo Monte sigue siendo grave, urgente y que se causarían daños irremediables. Lo hacen con base a un informe reciente del Instituto Socioambiental (ISA) de Brasil y a datos oficiales del gobierno que incluyen información de las autoridades de salud y de protección indígena, y del Ministerio Público. El informe de ISA analiza a detalle la situación de Altamira, Pará, región donde se construye Belo Monte, enfatizando las violaciones de derechos humanos e irregularidades del proyecto. El informe alerta que no existen las condiciones necesarias para que el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) otorgue la Licencia de Operación al proyecto y autorice el llenado de la represa, así como el desvío definitivo del Xingú, para que una parte de la hidroeléctrica comience a operar. Según el informe de ISA, las medidas para evitar los impactos del proyecto en salud, educación y saneamiento básico no se han cumplido. Ello derivará en otros daños como la desmembración de pueblos indígenas, la saturación de los servicios públicos de salud, menor calidad en la educación y mayor degradación forestal. “Las consecuencias que anunciamos hace años son ahora una realidad”, afirmó Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA. “El llenado de la represa, previsto para fin de año, materializará la pérdida de viviendas, territorio y la modificación de los modos de vida tradicionales y fuentes de sustento de las comunidades del Xingú; por ello, las autoridades, de Brasil y la CIDH deben actuar efectivamente para evitar este desastre”. Todo apuntaría a que no existen las condiciones para que Norte Energía, consorcio a cargo del proyecto, obtenga la Licencia de Operación. El vicegobernador de Pará informó que aunque las obras de construcción registran un 70% de avance, sólo el 30% de las condicionantes se han cumplido. Del mismo modo, la Procuradora de República en Altamira, Thais Santi, dijo que el consorcio no está respetando el plan de protección de las tierras indígenas, la principal condicionante para la protección de los pueblos del Xingú. La decisión sobre la autorización del funcionamiento de Belo Monte deberá tomarse además en medio de un escándalo de corrupción que ha salpicado al proyecto. La investigación Lava Jato, iniciada hace un año, evidenció una masiva red de corrupción entre el gobierno y las grandes empresas constructoras en Brasil. Un alto ejecutivo, actualmente en prisión acusado de corrupción, mencionó en sus declaraciones cómo se habían pactado y ejecutado sobornos para la construcción de Belo Monte. Debido a ello la Contraloría General de la Unión (CGU) decidió investigar el uso de recursos públicos en el proyecto. “La falta de control efectivo en la ejecución del proyecto ha hecho que las consecuencias sean mucho peores a las previstas, por lo que dar vía libre a la operación de la represa implicaría en este momento cerrar por completo las opciones de evitar mayores desastres sociales y humanitarios en la zona”, dijo Sandy Faidherb, de la SDDH.
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Respetuosamente nos dirigimos a Su Santidad como organizaciones que protegemos el ambiente y los derechos humanos en el continente americano, con ocasión de su próxima visita a Bolivia, que es aguardada con esperanza por el Gobierno y el pueblo bolivianos. Deseamos compartir con Su Santidad nuestra preocupación creciente sobre las severas limitaciones establecidas por el Gobierno al trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en Bolivia. En especial respecto de las que defienden los derechos de la Madre Tierra y los derechos humanos. Celebramos el histórico esfuerzo de protección de nuestra Casa Común que significa la publicación de vuestra Carta Encíclica “Laudato si’”. Auguramos que su texto inspire e impulse cambios profundos en las políticas, prácticas y creencias de nuestros gobiernos, empresas, la sociedad civil y cada persona hacia un mundo más justo y realmente sostenible. Su Santidad, en la Carta Encíclica, ha ponderado el esfuerzo y aporte sustancial de las OSC de nuestro planeta para poner en la agenda pública los temas ambientales. Agradecemos profundamente este reconocimiento y deseamos que las OSC bolivianas también puedan seguir contribuyendo con su rol esencial en la promoción y cuidado de la Madre Tierra. Para ello es imprescindible que puedan ejercer plenamente su trabajo sin amenazas del Gobierno, incluso en situaciones en que puedan no estar de acuerdo. Como es de conocimiento de Su Santidad, Bolivia ha realizado aportes esenciales en el reconocimiento nacional e internacional de los derechos de la Madre Tierra. En 2009, el pueblo boliviano votó por mayoría absoluta su nueva Constitución que reconoció el derecho al ambiente sano y equilibrado de todas las personas; consolidó al ambiente como sujeto de derechos; y amparó los derechos de las futuras generaciones sobre el mismo. Asimismo, el Presidente Evo Morales ha promovido internacionalmente los derechos de la Madre Tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el reconocimiento internacional del derecho humano al agua. En 2010, el Presidente Morales manifestó que: “Ahora es más importante defender los derechos de la Madre Tierra que defender los derechos humanos, porque defendiendo los derechos de la Madre Tierra, defendemos los derechos humanos”[1]. Las organizaciones de la sociedad civil bolivianas, junto a las organizaciones indígenas y campesinas jugaron un rol trascendental para concretar este nuevo marco constitucional. No obstante, desde fines de 2011 la situación de éstas y su relación con el Gobierno se han deteriorado, en particular a partir de la decisión del Gobierno de construir una carretera a través de un Parque Nacional y Territorio Indígena (TIPNIS). Siendo que la mayoría de las comunidades indígenas de dicho territorio y muchas OSC de defensa ambiental y de los derechos humanos se oponen al proyecto por considerar que viola sus derechos y causaría impactos irreversibles en este hábitat natural. Desde entonces, el Gobierno implementó políticas y acciones para debilitar y limitar el trabajo de las OSC. En 2013, el Gobierno de Evo Morales aprobó dos normas (la Ley 351 y el Decreto Supremo 1597) que restringen y condicionan el funcionamiento de las OSC a su apego a las políticas sectoriales del Gobierno, es decir, a la discrecionalidad de los actores gubernamentales. Por ejemplo, el Gobierno puede revocar la personalidad jurídica de las OSC, cuando considere que éstas incumplen las políticas sectoriales del gobierno[2]. El Defensor del Pueblo de Bolivia, presentó una acción de inconstitucionalidad contra tales normas en 2013, cuya sentencia no se ha resuelto hasta la fecha. Estas normas han amedrentado a las OSC del país ante el riesgo de la pérdida de su personalidad jurídica para trabajar. Muchas se han “silenciado” para mantenerse en pie, otras han cerrado sus actividades, o se han convertido a otras modalidades jurídicas, para evitar el hostigamiento de parte del Gobierno. Tanto el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas[3] como el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Libertad de Reunión y Asociación Pacíficas, han manifestado su preocupación sobre la Ley 351 y su decreto reglamentario. El Relator Especial de las NN.UU. Maina Kiai ha expresado que tales normas “injustificadamente restringen el derecho de asociación según normas, estándares y principios internacionales”[4]. Hasta el momento el Gobierno no ha incorporado las recomendaciones de dichas instancias para modificar dichas normas. El 20 de mayo pasado, el Gobierno aprobó una norma (el Decreto Supremo 2366) que autoriza la exploración de hidrocarburos en las 22 áreas protegidas nacionales del país. En junio de este mismo año, el Presidente Morales amenazó a las OSC, en especial a las que promueven la protección de los derechos de la naturaleza, señalando: “…Quiero decirles: ONG, fundación que perjudique la exploración de los recursos naturales se va a ir de Bolivia…”[5]. Su Santidad, como podrá apreciar, la situación de las OSC y de cualquier institución o persona que pretenda proteger el ambiente en Bolivia, es muy delicada. Por ello le solicitamos respetuosamente que en su próxima visita al país, pueda hacer uso de sus buenos oficios ante el Presidente Evo Morales para que su Gobierno cese las presiones sobre las OSC, y asuma un compromiso público para respetar, garantizar y estimular su trabajo y funcionamiento, en pleno reconocimiento de la libertad de asociación, la libertad de expresión y el pluralismo político e institucional, esenciales para la sostenibilidad de nuestras democracias. Muy agradecidos por su atención, le hacemos llegar nuestro saludo fraternal, con la esperanza que su visita e intervención pueda contribuir a la mejora de la protección de Nuestra Casa Común en Bolivia. Aprovechamos la oportunidad para expresarle las muestras de nuestra mayor consideración y estima. Fundación Centro de Estudios Ecológicos de la República Argentina (Argentina) Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C. (México) Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Guatemala) Medio Ambiente y Sociedad A.C. (México) Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida en B.C.S. (México) COMCAUSA AC (México) Acción Ecológica (Chile) Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Perú) Comisión de Justicia Social de la Diócesis de Chimbote (Perú) Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz (Perú) Ambiente y Sociedad (Colombia) Asociación Amigos de los Parques Nacionales de Argentina (Argentina) Centro de Estudios Mineros Colombia Punto Medio (Colombia) Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género (Perú) Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Bolivia) Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Argentina) Liga de Defensa del Medio Ambiente (Bolivia) Asociación Ecologista Río Mocoretá (Argentina) Asociación Eco Raíces (Argentina) Fundación Myrna Mack (Guatemala) Paz y Esperanza (Perú) Foro del Buen Ayre (Argentina) Asociación Ambientalista Ecolapaz (Argentina) Asociación Ambientalista del Sur (Argentina) Asociación Ambientalista Mayu Sumaj (Argentina) Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (Argentina) Asociación Civil de Ecología Social (Argentina) Asociación Civil Red Ambiental (Argentina) Asociación Civil Tierra XXI (Argentina) Asociación de Protección al Ambiente Serrano - Calamuchita (Argentina) Asociación Ecologista PIUKE (Argentina) Asociación Lihue (Argentina) Asociación Vecinal Moronense (Argentina) Bios Argentina (Argentina) Centro Ambiental Argentino – Cambiar (Argentina) Centro Andino de Desarrollo e Investigación Ambiental (Argentina) Centro Argentino de Meteorólogos (Argentina) Centro de Protección a la Naturaleza (Argentina) Comisión Interdisciplinaria de Medio Ambiente (Argentina) Comisión Ecológica Ituzaingó (Argentina) Continental Nea (Argentina) Federación Amigos de la Tierra Argentina (Argentina) Foro de los Ríos (Argentina) Fundación Ambiente Ecológico (Argentina) Fundación Arandu (Argentina) Fundación Argentina de Energías Alternativas y Renovables (Argentina) Fundación Argentina de Etoecología (Argentina) Fundación Cullunche para la Conservación del Ambiente, la Flora y la Fauna (Argentina) Fundación Inti Cuyum (Argentina) Fundación Norte Ecológico (Argentina) Fundación Orden Ecológica (Argentina) Fundación Pacha Mama para el Medio Ambiente y Desarrollo (Argentina) Fundación para el Desarrollo Sustentable de Eco Regiones (Argentina) Fundación Pasos (Argentina) Fundación Península Raulí (Argentina) Fundación Proyectos Ambientales (Argentina) Fundación Red Informática Ecologista (Argentina) Grupo Ambiental para el Desarrollo (Argentina) Grupo Ecológico Bolívar (Argentina) Greenpeace Argentina (Argentina) Iniciativa Radial (Argentina) Instituto de Estudios e Investigaciones sobre Medio Ambiente (Argentina) Fundación Jorge Esteban Roulet (Argentina) Organización Argentina de Investigaciones Espeleológicas – Karst (Argentina) Movimiento Transfronterizo de ONG Ambientalistas de la Triple Frontera (Argentina, Brasil, Uruguay) Multimedios Ambiente Ecológico (Argentina) Observatorio de Políticas Sociales y Ambientales (Argentina) Red Eco-ambiental de Jujuy (Argentina) Taller ecologista Rótary Internacional (Argentina) Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (Honduras) Ágora Espacio Civil (Paraguay) Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (Regional) Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (Ecuador) Fundación Étnica Integral (República Dominicana) Corporación para el Desarrollo de Aysén (Chile) Asociación pro Derechos Humanos (Perú) Alianza Mexicana contra el Fracking (México) Blue Planet Project (Internacional) Fundación Instituto Boliviano de la Montaña (Bolivia) Red MUQUI (Perú) Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia (Perú) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Regional) Organización Familia Pasta de Conchos (México) Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (Bolivia) GRUFIDES (Perú) Derechos Humanos y Medio Ambiente (Perú) Hnas. de la Misericordia de las Américas, comunidad de Argentina (Argentina) CADEP “José María Arguedas” (Perú) Red Latinoamericana Iglesias y Minería (Regional) Asociación Fe y Derechos Humanos (Perú) Food & Water Watch (EE.UU.) Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (México) Grupo de Mujeres de San Cristobal Las Casas (México) Defensa de Niñas y Niños - Internacional, Costa Rica (Costa Rica) Movimiento Franciscano ̈Justicia y Paz ̈ Bolivia (Bolivia) Franciscans International – Bolivia (Bolivia) Instituto NATURA (Perú) CooperAcción (Perú) Consejo Latinoamericano de Iglesias CLAI. Programa Fe, Economía, Ecología y Sociedad (Regional) Centro de Documentación e Información Bolivia (Bolivia) Comisión Colombiana de Juristas (Colombia) Red Uniendo Manos Perú (Perú) Adhesiones personales Albert Hans Argote Adrian, Cochabamba, Bolivia Miguel Vargas Delgado, Santa Cruz, Bolivia Ariel Pérez Castellón, Cochabamba, Bolivia Severo Villarroel Zenzano, Oruro, Bolivia Donald K. Anton, Australia [1] Cfr. http://www.jornada.unam.mx/2010/04/22/mundo/024n1mun [2] Cfr. Decreto Supremo 1597, Artículo 19, inciso g [3] Cfr. Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales sobre el tercer informe periódico del Estado Plurinacional de Bolivia, 14 de octubre a 1 de noviembre de 2013, párrafo 24 http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/BOL/CCPR_C_BOL_CO_3_15635_S.doc [4] Cfr. http://www.noticiasfides.com/g/politica/la-onu-alerta-que-ley-sobre-ong-vulnera-el-derecho-a-la-libertad-de-asociacion-en-bolivia-34609/ [5] Cfr. http://www.cambio.bo/?q=oeneg%C3%A9s-que-perjudiquen-al-estado-se-ir%C3%A1n-del-pa%C3%ADs
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El seminario virtual abordó la conveniencia de optar o no por grandes represas, así como las alternativas en tiempos en los que el cambio climático impacta al planeta cada vez con más fuerza. Se analizaron los verdaderos costos de estos proyectos y su contribución al cambio climático en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. Participaron destacados miembros de la sociedad civil y Philip Fearnside*, científico y experto en las emisiones contaminantes que las represas generan. Durante años, las grandes represas han sido una de las opciones preferidas para satisfacer las necesidades energéticas en América Latina. De hecho, en los últimos años hemos sido testigos de un nuevo "boom hidroeléctrico" que ha fomentado la construcción de estas enormes obras de infraestructura. Al mismo tiempo, la experiencia y la evidencia científica demuestran cada vez más que las grandes represas no son una solución eficiente y adecuada hoy en día, y que pueden generar, entre otras cosas, impactos climáticos irreversibles. Presentaciones: Astrid Puentes, Codirectora Ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA (ver presentación). Philip Fearnside*, Investigador Titular del Instituto Nacional de Investigación de la Amazonía, INPA (ver presentación). Pablo Bertinat, Observatorio de Energía y Sustentabilidad, Universidad Tecnológica Nacional de Rosario, Argentina, y miembro del Taller Ecologista (ver presentación). Notas Consúltelas aquí. * Philip Fearnside es Investigador Titular del Departamento de Dinámica Ambiental del Instituto Nacional de Investigación de la Amazonía (INPA) en Manaus, Brasil, donde ha vivido por 37 años. Es Doctor en Ecología y Biología Evolutiva por la Universidad de Michigan y autor de más de 500 publicaciones sobre medio ambiente y desarrollo (disponibles aquí). Ha realizado diversos estudios sobre los impactos de los embalses amazónicos. Su trabajo ha sido galardonado con el Premio Nacional de Ecología de Brasil, el Premio Conrad Wessel y el premio Chico Mendes, entre muchos otros reconocimientos.
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