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Foto: Ana Rodríguez Carrington (CC BY 2.0)Victoria: Reserva de la Biósfera, a Salvo de una Mina Tóxica
Conocido como un “tesoro ecológico”, la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, ubicada en el extremo sur de Baja California, no será dañada por desechos mineros tóxicos, en parte gracias al trabajo de AIDA.
La reserva era una isla por lo que alberga especies raras de plantas y animales. En su cordillera de granito y en sus bosques tropicales de tierras bajas existen cañones, pozas y aguas termales.
Gracias a AIDA y a nuestros socios en México, el gobierno de ese país negó el permiso ambiental para la mina de oro Paredones Amarillos, frenando el proyecto por ahora. Para proteger a la reserva, AIDA contribuyó a educar a grupos comunitarios y tomadores de decisión sobre los riesgos de la mina. Ello ayudó a construir el momento político necesario para que el gobierno niegue el permiso.
Para extraer oro de las montañas, la empresa canadiense Vista Gold propuso arrancar cantidades enormes de roca —cada tonelada con solo un gramo de oro–, molerla hasta convertirla en lodo y tratar éste con cianuro. La empresa planeaba arrojar grandes cantidades de residuos tóxicos (llamados “colas”) detrás de una presa en la que se pretendía almacenarlos para siempre. Desafortunadamente, los diques de colas se pueden romper por varias razones, como ocurrió en 1996 con la mina Porco en Bolivia. Cuando esa presa se derrumbó, más de un cuarto de millón de toneladas métricas de relaves inundaron un río y contaminaron 800 kilómetros de cursos de agua en Bolivia, Argentina y Paraguay.
La mina podría también haber causado drenaje ácido de minas. Cuando rocas que contienen sulfuro son expuestas al aire y al agua, se produce ácido sulfúrico, el cual causa que metales pesados tóxicos se disuelvan y se filtren en la cuenca hídrica. El riesgo de drenaje ácido de minas en Sierra La Laguna fue significativo y el costo humano y ambiental hubiera sido terrible: miles de personas y un sinnúmero de vida silvestre dependen del agua del sitio para sobrevivir.
El agotamiento del agua dulce era una amenaza más porque las minas usan ingentes cantidades de agua. Debido a la escasez de agua en la reserva, Vista Gold propuso construir una planta en la costa del Pacífico para remover la sal del agua de mar en un proceso que consume mucha energía, para luego bombearla 45 kilómetros hacia la mina. La planta desalinizadora implicaba una amenaza para la tortuga marina baula, especie en peligro de extinción.
Solos y en conjunto, los impactos de la mina habrían devastado una joya rara, un paraíso único y exuberante que vale la pena preservar para las generaciones futuras.
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Alerta a inversores: Belo Sun difunde información engañosa sobre un controversial proyecto de minería de oro en la Amazonía brasileña
En una queja presentada ante la Comisión de Valores de Ontario, una coalición internacional de organizaciones de la sociedad civil llama la atención sobre la reiterada difusión de información engañosa por parte de Belo Sun Mining Corp. (TSXV:BSX), incluidas las declaraciones de su presidente ejecutivo, Peter Tagliamonte, en las que resta importancia a los riesgos socioambientales, legales y financieros de "Volta Grande", proyecto de la empresa ubicado a lo largo del río Xingú. La empresa minera canadiense Belo Sun Corp. (TSXV:BSX) difunde información engañosa e incompleta a los inversores sobre el proyecto minero que pretende desarrollar en el río Xingu (Volta Grande do Xingu), en el estado de Pará, Brasil. Este es el mensaje central de una carta de advertencia enviada a la Comisión de Valores de Ontario (OSC) el 29 de julio por una coalición internacional de organizaciones y redes de la sociedad civil que incluye a Amazon Watch, Earthworks, el Instituto Socioambiental (ISA), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), International Rivers, MiningWatch Canada, el Movimento Xingú Vivo para Siempre y la Rede Xingu+. La OSC es una corporación independiente de la Corona canadiense a cargo de proteger a inversores y accionistas de prácticas injustas, indebidas y fraudulentas de empresas e industrias. Redactada por un equipo jurídico y respaldada por un análisis técnico y científico independiente, la carta de reclamación cuestiona las recientes declaraciones de Peter Tagliamonte, presidente ejecutivo de Belo Sun. En un discurso pronunciado en el evento de la Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá (PDAC) en marzo de 2021, la mayor convención minera del mundo, Tagliamonte citó la pandemia de COVID-19 como justificación de los retrasos frecuentes de la licencia ambiental de la mina Volta Grande, afirmando que el proyecto minero estaba "totalmente autorizado" y que se esperaba que la construcción comenzara a finales de 2021. Comentarios similares se han hecho en recientes declaraciones de la empresa y por el propio Tagliamonte en otras ocasiones. Según la queja, estas declaraciones son manifiestamente falsas. Hay siete acciones civiles públicas activas en tribunales brasileños que piden la suspensión de los permisos y del proceso de concesión de licencias, presentadas por las fiscalías y defensorías federales y estatales. Estas demandas se centran específicamente en las irregularidades de la evaluación de impacto ambiental (EIA) y en la falta de consulta y consentimiento libre, previo e informado con pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales. La coalición sostiene que existen pruebas contundentes de que Belo Sun ha incumplido los requisitos de divulgación de la Ley de Valores, que exige a las empresas comunicar los cambios sustanciales “inmediatamente” (sin demora). Las empresas deben difundir datos reales y actualizados para mantener bien informados a los inversores. Información engañosa divulgada por Belo Sun Mining Corp. De acuerdo con la queja, aunque la empresa reconoce los riesgos generales asociados al proceso de concesión de licencias, no revela los detalles concretos de las acciones legales y las suspensiones en juego relacionadas con su proyecto, confiando en la falta de conocimiento de los inversores sobre la legislación de Brasil en materia de licencias. Un ejemplo se refiere específicamente a la suspensión de la licencia de construcción (LI) debido a la falta de "consulta libre e informada" con los pueblos indígenas. En su actualización corporativa más reciente, Belo Sun afirma que "sigue avanzando en las discusiones financieras con varios grupos para preparar el inicio de la construcción tras el levantamiento de la suspensión de la licencia de construcción (LI)". "La empresa ni siquiera ha iniciado un proceso de consulta —que ahora está retrasado por la COVID-19— y ya está anunciando el levantamiento de la suspensión, como si fuera cuestión de tiempo", dice Marcella Ribeiro, abogada del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA. "La empresa no está en condiciones de garantizar los resultados del proceso de consulta ya que las negociaciones en torno al consentimiento llevan mucho tiempo e indudablemente darán lugar a cambios importantes en el proyecto. Nada de esto ha sido comunicado adecuadamente a los inversores", añade. Entre los riesgos asociados a las inversiones en Belo Sun, la reclamación resalta el historial de procesos judiciales, la conflictividad en torno al proyecto, las deficiencias y lagunas de la evaluación de impacto ambiental, y la violación del derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa. La minimización de los riesgos ambientales y sociales en los estudios y evaluaciones de impacto de la empresa ha encendido las alarmas entre las comunidades de la región de la Volta Grande, ya afectadas por la represa hidroeléctrica Belo Monte. Una serie de estudios técnicos independientes ponen en duda las afirmaciones de Belo Sun sobre los impactos en los recursos hídricos, la fauna y la flora, y respecto de la seguridad de la presa de relaves. La negativa de la empresa a reconocer los impactos en los territorios indígenas ubicados a lo largo del río Xingú condujo a la decisión judicial de 2017 que suspendió la licencia de instalación del proyecto Volta Grande hasta que se lleve a cabo una "consulta libre e informada". Además, son cada vez más las denuncias sobre intimidación y acoso contra las personas que se oponen al proyecto, lo que demuestra una situación mucho más compleja y conflictiva como resultado del proyecto de lo que la empresa ha informado, se resalta en la queja. La coalición concluye que "Belo Sun no ha comunicado plenamente a los inversores actuales y potenciales la naturaleza compleja de su proyecto", lo que tiene una "implicación directa en los retrasos y plantea interrogantes fundamentales sobre la viabilidad del proyecto". La carta entregada a la OSC tiene como objetivo aumentar la visibilidad de las numerosas irregularidades del proyecto y sensibilizar a los inversores actuales y potenciales sobre los importantes riesgos legales y de reputación que conlleva el proyecto, en un momento en el que la atención se centra en la selva amazónica y en su capacidad para brindar servicios ambientales y mitigar el cambio climático. Acerca del proyecto Volta Grande de Belo Sun Propuesto para ser implementado a lo largo de la Volta Grande, un tramo del río Xingú (uno de los principales afluentes del Amazonas) y una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta, el proyecto de Belo Sun sería la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil. En la región viven pueblos indígenas como los Juruna (Yudjá), Arara y Xikrin, además de otras comunidades indígenas y ribereñas aisladas. Desde el principio, Belo Sun ha enfrentado numerosas demandas relativas al proyecto Volta Grande presentadas por el Ministerio Público Federal, el Ministerio Público Estatal, la Defensoría Pública Estatal y la Defensoría Pública de la Unión. Estas demandas aluden a las múltiples fallas en el proceso de licenciamiento y en los estudios técnicos del proyecto. Entre otras cosas, las demandas buscan la anulación de las licencias de la empresa y la suspensión del proceso de autorización del proyecto. Una de ellas dio lugar a una decisión judicial, aún vigente, de suspender la licencia de construcción. contactos de prensa Viviana Herrera, MiningWatch Canada, [email protected] Camila Rossi, Amazon Watch, [email protected] Cecilia Garcia, International Rivers, [email protected] Victor Quintanilla, AIDA, [email protected]
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Litigios para promover (y acelerar) la acción climática
En 1990, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas realizó su primer informe de evaluación. Fue la primera vez que la comunidad científica internacional evidenció oficialmente y de manera certera que las emisiones de gases de efecto invernadero, producidas por actividades humanas, implicarían un calentamiento adicional de la superficie del planeta con consecuencias globales. Tras más de dos décadas de negociaciones climáticas internacionales y acuerdos entre países para reducir drásticamente las emisiones, los avances han sido lentos. Ante ese rezago, los litigios climáticos se han convertido en una herramienta cada vez más usada por organizaciones y comunidades para que gobiernos y empresas asuman su responsabilidad por la crisis climática ante los tribunales y adopten medidas concretas y ambiciosas para frenar sus emisiones y mitigar los impactos de la crisis climática en los derechos humanos. La reciente sentencia histórica de un tribunal holandés, que ordena a la petrolera multinacional Shell reducir sus emisiones de CO2 en un 45% en menos de 10 años, marca un precedente y una victoria ambiental a nivel mundial. “Este juicio ha sido de gran trascendencia porque es en contra de una de las empresas que más contribuye al cambio climático”, dice Verónica Méndez, abogada del Programa de Cambio Climático de AIDA. El equipo legal y científico de AIDA apoya con escritos legales e información técnica a organizaciones y comunidades que inician litigios climáticos contra gobiernos y empresas en América Latina. Para sumar esfuerzos, AIDA trabajó en la construcción de una plataforma de litigio climático, la cual tiene información sistematizada y en español sobre todos los casos desarrollados en la región. El mapeo de datos se realiza de manera colaborativa con otras organizaciones y permitirá fortalecer las estrategias de litigio en forma conjunta. Un breve recuento Los litigios climáticos son casos que plantean cuestiones relacionadas con las obligaciones legales que los Estados y empresas tienen en relación con la crisis climática. Son presentados ante organismos judiciales para buscar —entre otras cosas— el cumplimiento de leyes climáticas existentes; la ampliación del alcance de otras leyes para que aborden el cambio climático, el reconocimiento de la relación entre los derechos humanos fundamentales y los impactos de la crisis climática, y la compensación por las pérdidas y los daños. Así lo establece un informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en colaboración con el Sabine Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia (Nueva York), que evalúa la situación mundial de este tipo de litigios. Según el informe, al 1 de julio de 2020, se han registrado al menos 1.550 litigios climáticos en 38 países, casi el doble del número de casos registrados en 2017, que fueron 884 en 24 países. Estados Unidos lidera la lista donde más litigios se han presentado: 1.200. Le siguen Australia (97), Reino Unido (58) y la Unión Europea (55). Las demandas climáticas también están en auge en América Latina. Al momento, AIDA ha sistematizado alrededor de 50 casos que formarán parte de la plataforma de litigio climático de la región. Los países donde más demandas se han presentado son México, Brasil, Colombia y Chile. Estos datos evidencian el rápido crecimiento de los litigios climáticos a nivel mundial. Grandes desafíos y oportunidades Si bien los litigios climáticos buscan lograr justicia para las comunidades afectadas por los impactos de la crisis climática, uno de sus grandes desafíos es la implementación de los fallos. En 2018, en Colombia se produjo la sentencia de un litigio contra el Estado. En ese caso, 25 jóvenes colombianos demandaron al gobierno por la deforestación en la Amazonía y su vinculación directa con la vulneración del derecho al ambiente sano para las generaciones futuras. Esta demanda es considerada un litigio climático por el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero asociado a la deforestación. La Corte Suprema de Justicia reconoció a la Amazonía colombiana como entidad sujeta de derechos y ordenó la creación de un plan de acción para reducir la deforestación y la adopción de un pacto intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano. Fue un logro histórico en la región. Sin embargo, las conclusiones de los informes de seguimiento al caso indican que a la fecha no ha existido un cumplimiento cabal del fallo. “Un juicio no se acaba con la sentencia, hay que hacerle un seguimiento para que se cumpla”, explica Méndez. Demostrar que las corporaciones y gobiernos tienen una enorme responsabilidad en la lucha contra la crisis climática no solo requiere de contar con información científica que pruebe que las emisiones generadas o permitidas contribuyen al cambio climático. Es necesario relacionar los hechos con los derechos humanos para otorgar más razones para que las Cortes actúen y emitan un fallo favorable. “Un litigio de cambio climático meramente científico tiene menos posibilidades de éxito”, enfatiza Méndez. “Por eso se lo vincula con afectaciones directas a los derechos humanos de las personas que van a resentir desproporcionadamente todos los efectos”. Según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el panorama para las demandas climáticas en América Latina es alentador porque los gobiernos están asumiendo más compromisos de acción climática y, además, la ciencia del clima está estableciendo vínculos directos entre los eventos climáticos extremos y el cambio climático. Más que nunca, la unión de comunidades y organizaciones ambientales se hace crucial para acelerar políticas y acciones contundentes que generen una transformación sostenible, justa y en favor de las personas y el ambiente. Visita la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe
Leer másLitigios para promover (y acelerar) la acción climática
En 1990, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas realizó su primer informe de evaluación. Fue la primera vez que la comunidad científica internacional evidenció oficialmente y de manera certera que las emisiones de gases de efecto invernadero, producidas por actividades humanas, implicarían un calentamiento adicional de la superficie del planeta con consecuencias globales. Tras más de dos décadas de negociaciones climáticas internacionales y acuerdos entre países para reducir drásticamente las emisiones, los avances han sido lentos. Ante ese rezago, los litigios climáticos se han convertido en una herramienta cada vez más usada por organizaciones y comunidades para que gobiernos y empresas asuman su responsabilidad por la crisis climática ante los tribunales y adopten medidas concretas y ambiciosas para frenar sus emisiones y mitigar los impactos de la crisis climática en los derechos humanos. La reciente sentencia histórica de un tribunal holandés, que ordena a la petrolera multinacional Shell reducir sus emisiones de CO2 en un 45% en menos de 10 años, marca un precedente y una victoria ambiental a nivel mundial. “Este juicio ha sido de gran trascendencia porque es en contra de una de las empresas que más contribuye al cambio climático”, dice Verónica Méndez, abogada del Programa de Cambio Climático de AIDA. El equipo legal y científico de AIDA apoya con escritos legales e información técnica a organizaciones y comunidades que inician litigios climáticos contra gobiernos y empresas en América Latina. Para sumar esfuerzos, AIDA trabajó en la construcción de una plataforma de litigio climático, la cual tiene información sistematizada y en español sobre todos los casos desarrollados en la región. El mapeo de datos se realiza de manera colaborativa con otras organizaciones y permitirá fortalecer las estrategias de litigio en forma conjunta. Un breve recuento Los litigios climáticos son casos que plantean cuestiones relacionadas con las obligaciones legales que los Estados y empresas tienen en relación con la crisis climática. Son presentados ante organismos judiciales para buscar —entre otras cosas— el cumplimiento de leyes climáticas existentes; la ampliación del alcance de otras leyes para que aborden el cambio climático, el reconocimiento de la relación entre los derechos humanos fundamentales y los impactos de la crisis climática, y la compensación por las pérdidas y los daños. Así lo establece un informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en colaboración con el Sabine Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia (Nueva York), que evalúa la situación mundial de este tipo de litigios. Según el informe, al 1 de julio de 2020, se han registrado al menos 1.550 litigios climáticos en 38 países, casi el doble del número de casos registrados en 2017, que fueron 884 en 24 países. Estados Unidos lidera la lista donde más litigios se han presentado: 1.200. Le siguen Australia (97), Reino Unido (58) y la Unión Europea (55). Las demandas climáticas también están en auge en América Latina. Al momento, AIDA ha sistematizado alrededor de 50 casos que formarán parte de la plataforma de litigio climático de la región. Los países donde más demandas se han presentado son México, Brasil, Colombia y Chile. Estos datos evidencian el rápido crecimiento de los litigios climáticos a nivel mundial. Grandes desafíos y oportunidades Si bien los litigios climáticos buscan lograr justicia para las comunidades afectadas por los impactos de la crisis climática, uno de sus grandes desafíos es la implementación de los fallos. En 2018, en Colombia se produjo la sentencia de un litigio contra el Estado. En ese caso, 25 jóvenes colombianos demandaron al gobierno por la deforestación en la Amazonía y su vinculación directa con la vulneración del derecho al ambiente sano para las generaciones futuras. Esta demanda es considerada un litigio climático por el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero asociado a la deforestación. La Corte Suprema de Justicia reconoció a la Amazonía colombiana como entidad sujeta de derechos y ordenó la creación de un plan de acción para reducir la deforestación y la adopción de un pacto intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano. Fue un logro histórico en la región. Sin embargo, las conclusiones de los informes de seguimiento al caso indican que a la fecha no ha existido un cumplimiento cabal del fallo. “Un juicio no se acaba con la sentencia, hay que hacerle un seguimiento para que se cumpla”, explica Méndez. Demostrar que las corporaciones y gobiernos tienen una enorme responsabilidad en la lucha contra la crisis climática no solo requiere de contar con información científica que pruebe que las emisiones generadas o permitidas contribuyen al cambio climático. Es necesario relacionar los hechos con los derechos humanos para otorgar más razones para que las Cortes actúen y emitan un fallo favorable. “Un litigio de cambio climático meramente científico tiene menos posibilidades de éxito”, enfatiza Méndez. “Por eso se lo vincula con afectaciones directas a los derechos humanos de las personas que van a resentir desproporcionadamente todos los efectos”. Según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el panorama para las demandas climáticas en América Latina es alentador porque los gobiernos están asumiendo más compromisos de acción climática y, además, la ciencia del clima está estableciendo vínculos directos entre los eventos climáticos extremos y el cambio climático. Más que nunca, la unión de comunidades y organizaciones ambientales se hace crucial para acelerar políticas y acciones contundentes que generen una transformación sostenible, justa y en favor de las personas y el ambiente. Visita la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe
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