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Foto: Andrés ÁngelStopping the spread of fracking in Latin America
“Fracking” is short for hydraulic fracturing, a process used to extract oil and natural gas from historically inaccessible reservoirs.
Fracking is already widespread in the global North, but in Latin America, it is just beginning. Governments are opening their doors to fracking without understanding its impacts and risks, and without consulting affected communities. Many communities are organizing to prevent or stop the impacts of fracking, which affect their fundamental human rights. But in many cases they require legal and technical support.
What exactly is fracking, and what are its impacts?
A straight hole is drilled deep into the earth. Then the drill curves and bores horizontally, making an L-shaped hole. Fracking fluid—a mixture of water, chemicals, and sand—is pumped into the hole at high pressure, fracturing layers of shale rock above and below the hole. Gas or oil trapped in the rock rises to the surface along with the fracking fluid.
The chemical soup—now also contaminated with heavy metals and even radioactive elements from underground—is frequently dumped into unlined ponds. It may seep into aquifers and overflow into streams, poisoning water sources for people, agriculture, and livestock. Gas may also seep from fractured rock or from the well into aquifers; as a result, water flowing from household taps can be lit on fire. Other documented harms include exhausted freshwater supplies (for all that fracking fluid), air pollution from drill and pump rigs, large methane emissions that aggravate global warming, earthquakes, and health harms including cancer and birth defects.
AIDA’s report on fracking (available in Spanish) analyzes the viability of applying the precautionary principle as an institutional tool to prevent, avoid or stop hydraulic fracturing operations in Latin America.
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ONGS PIDEN INTERVENCIÓN INTERNACIONAL POR AMENAZAS A HUMEDALES DE NAYARIT Y SINALOA • Organizaciones ambientalistas piden intervención de la Secretaría de RAMSAR por amenaza a ecosistemas vitales de Nayarit y Sinaloa • Solicitan una misión diplomática internacional ante la Secretaría RAMSAR, en razón de que gobierno mexicano garantice la protección de los ecosistemas –Marismas Nacionales y Laguna Huizache-Caimanero– PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA México D.F. a 16 de junio de 2009. Ante las amenazas a los recursos hídricos de la región, por la construcción del proyecto turístico más grande del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), el Centro Integralmente Planeado de la Costa del Pacífico (CIP) y el proyecto de la hidroeléctrica de Las Cruces en el Río Baluarte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que podrían causar graves daños a humedales de importancia internacional; la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C (CEMDA), apoyados por Greenpeace México, WildCoast, Conselva y la Red Manglar Internacional solicitaron la intervención de la Secretaría del Convenio Ramsar para hacer cumplir el Convenio Internacional. Específicamente se pidieron tres acciones ante la Secretaría de RAMSAR: que se llame la atención al gobierno mexicano para que cumpla con sus obligaciones internacionales; que ejerza su autoridad para que el Estado considere los potenciales daños a estos humedales; y, finalmente, la visita de una misión técnica internacional para estudiar los impactos ambientales que ambos proyectos producirían en los humedales amenazados. “Estos humedales están amenazados por las potenciales consecuencias que les traerán el proyecto turístico más grande del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) denominado Centro Integralmente Planeado de la Costa del Pacífico (CIP) y el proyecto de la hidroeléctrica de las Cruces en el Río Baluarte. Ambos proyectos tendrán una incidencia negativa sobre los sitios Ramsar”, señaló Pablo Uribe, Director de CEMDA La Paz. “Lo que buscamos es proteger ecosistemas estratégicos y de gran importancia para México y el mundo a través del cumplimiento del tratado internacional que específicamente protege estos humedales”, señaló Sofía Cortina abogada de AIDA. ”Además que se estudie la posibilidad de incluirlos en la lista de humedales en donde pueden producirse o se están produciendo daños negativos, para elevar su nivel de protección” continuó Cortina. El CIP está cercano a la Laguna Huizache-Caimanero y colinda con el área de Marismas Nacionales, que cuenta con el sistema de manglar más importante del Pacífico mexicano y que representa el 10% de los manglares del país. Esta zona es de vital importancia ambiental para el país e incluso está catalogada como un humedal de importancia mundial (sitio Ramsar), como región Prioritaria Terrestre y Marina para la Conservación y como Área de Importancia para la Conservación de Aves (AICA) de acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). En esta región están en riesgo 14 especies de flora nativa, hay 73 especies amenazadas o en peligro de extinción y 99 especies de fauna endémica. Además es una zona donde habitan jaguares y venados (1). La hidroeléctrica de Las Cruces con capacidad de 480 MW creará una presa de agua con una capacidad de 840 mil metros cúbicos, disminuyendo el flujo y la calidad de agua hacia las Marismas Nacionales, entre otros daños que posiblemente se pueden causar. Esta Laguna costera es el hábitat de 83 especies de peces y de importantes poblaciones de aves playeras, en ella habitan diversas especies en riesgo como el cocodrilo de río, el lagarto enchaquirado, la boa, pato mexicano y la tortuga Golfina, entre otras. “Los proyectos de la Presa de Las Cruces y el CIP dañarán una de las áreas más importantes de manglares del Golfo de California. Es por ello que cuando se realice la evaluación de impacto ambiental de ambos proyectos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) deberá dar aviso a la Secretaría de la Convención de Ramsar sobre los impactos ambientales que Marismas Nacionales sufrirían. Si la SEMARNAT no implementa acciones que eviten el deterioro de Marismas Nacionales la Secretaría de Ramsar podrá incluir a Marismas Nacionales como un humedal costero en condiciones graves de deterioro” afirmó Uribe, del CEMDA. “Las grandes hidroeléctricas como Las Cruces tienen impactos ambientales negativos muy altos. Por ejemplo, los desechos son generadores de gases de efecto invernadero como metano y bióxido de carbono. El origen de estos gases se encuentra en la descomposición de la vegetación y las tierras inundadas en los embalses, así como materia orgánica en forma de plantas, plancton, algas, que son generadas y circulan dentro de las aguas. Además, causan impactos ambientales como la desviación de ríos, pérdida de biodiversidad, disminución de la humedad en las tierras para siembra, entre otros. Para poder desarrollar este tipo de proyectos se requiere que cumplan con la legislación nacional e internacional vigente, que se hagan evaluaciones ambientales detalladas y que se desarrollen con el cumplimiento de estándares internacionales” dijo Alejandro Olivera, Coordinador de campañas de Greenpeace México. Cabe señalar que en febrero de 2009 el CEMDA y Greenpeace presentaron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en contra del proyecto de FONATUR por iniciar obras sin ningún permiso ambiental. Hasta la fecha, la PROFEPA no ha clausurado las obras. “La Convención de Ramsar al ser ratificada por México conlleva obligaciones que el Estado debe cumplir. Por lo tanto es urgente que la CFE y FONATUR consideren las implicaciones ambientales que sus proyectos causarían al ambiente. Por lo cual, deberán incluir en sus estudios las directrices de evaluación de impacto ambiental de la Secretaría de Ramsar y demás aplicables. De no hacerlo, estarán incumpliendo con lo establecido por dicha Convención” finalizó Astrid Puentes Codirectora de AIDA. Notas: 1. Estudio Técnico Justificativo para el establecimiento del área natural protegida Reserva de la Biosfera Marismas nacionales Sinaloa. Junio 2008. Conanp. 2. Ficha informativa de los humedales Ramsar. Comisión nacional de Áreas naturales Protegidas. PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTAR: Claudia Gómez-Portugal M. Sofía Cortina 55256136 / 5518506827 04455-34005490 [email protected] [email protected]
Read moreInternational Mission Visits Mexico to Discuss Threats to Mangroves (Spanish Only)
PARA PUBLICACION INMEDIATA CONTACTOS Sofía Cortina, (52-612) 165-509, [email protected] México, 18 de junio de 2010.- AIDA y CEMDA. La Secretaría de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Convención de Ramsar) anunció la visita de una misión técnica internacional a México, del 21 al 25 de junio. El objetivo de dicha misión es estudiar los potenciales impactos ambientales que dos proyectos promovidos por el gobierno mexicano podrían causar en los humedales de Marismas Nacionales (sitio Ramsar 732) y Laguna Huizache Caimanero (sitio Ramsar 1689), ubicados en los estados de Nayarit y Sinaloa, respectivamente. El 16 de junio de 2009 la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), con apoyo de Greenpeace México, COSTA SALVAjE, Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero (CONSELVA) y la Red Manglar Internacional; solicitaron la intervención de la Secretaría de la Convención de Ramsar ante los riesgos que sufren dichos humedales. El gobierno mexicano planea la construcción de un desarrollo turístico conocido como Centro Integralmente Planeado de la Costa del Pacífico (CIP) y el proyecto de la hidroeléctrica de las Cruces en el Río Baluarte cuyos potenciales graves impactos afectarían seriamente a los humedales de importancia internacional. Los humedales son fundamentales por los servicios ambientales que prestan, como son ser guarderías de las pesquerías, protectores de biodiversidad y la línea costera contra la erosión del oleaje y los huracanes, captores de dióxido de carbono, entre otros. “Esta visita sin precedentes, ya que es la primera vez que se realiza por la solicitud de organizaciones no gubernamentales, es una esperanza para la sociedad civil, para que el gobierno federal cumpla con sus compromisos y escuche nuestras demandas de observancia legal, respeto a las comunidades locales así como a la protección de la biodiversidad de la zona. Si se toman en cuenta los criterios emitidos por la Convención en materia de evaluación de impacto ambiental, que hasta ahora han sido ignorados por los promoventes de los proyectos, se podrá garantizar en cierta medida su sostenibilidad”, manifestó Pablo Uribe, Director de CEMDA Noroeste. La agenda de la Misión comprende reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno: federal, local y municipal, organizaciones no gubernamentales, académicos y pescadores de las zonas con el fin de recabar toda la información pertinente para hacer las recomendaciones al gobierno federal para promover el uso racional de los humedales en comento, entendiendo como uso racional “el mantenimiento de sus características ecológicas, logrado mediante la implementación de enfoques por ecosistemas, dentro del contexto del desarrollo sostenible”(1). “El gobierno mexicano está obligado a hacer una planificación del uso del suelo, normativas y legislación apropiadas, medidas de gestión, educación al público y estrategias de políticas públicas, herramientas que deben desarrollarse antes de autorizar este tipo de megaproyectos”, afirmó Sofía Cortina asesora legal de AIDA. “Las recomendaciones de la Misión al gobierno mexicano deben encaminarse a que los sitios no pierdan sus características ecosistémicas y puedan continuar enlistados como sitios de dicha Convención”, aseveró Sandra Guido, Directora Ejecutiva de CONSELVA. “Las consecuencias de no tomar las consideraciones de la Misión no sólo tendrán efectos ambientales negativos irreversibles, sino que en la esfera internacional serán reclasificados como humedales costeros en condiciones graves de deterioro”, sentenció Alejandro Olivera de Greenpeace. Además no hay que olvidar que en el Programa Especial de Cambio Climático, presentado por el gobierno mexicano, se plantean entre otras metas el registrar el 50% de la superficie de manglares como sitio Ramsar y restaurar y/o reforestar 10,000 ha de manglar (2), objetivos que se verán claramente impactados por la desarticulación de políticas.
Read moreViolations of the Right to a Healthy Environment in Panama Denounced before the United Nations (Spanish Only)
UPR Report Panama 2010 Ciudad de Panamá, Panamá – Una coalición de catorce organizaciones ambientales y de derechos humanos denunció problemas graves para la protección de los derechos humanos, vinculados con afectaciones al ambiente en Panamá, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el marco del mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU). Las organizaciones formularon recomendaciones que deberían implementarse para atender esta situación. “El gobierno panameño está promoviendo un aumento escalofriante en el número de grandes proyectos en el país sin respetar los derechos humanos o el ambiente, especialmente los derechos de las comunidades afectadas,” dijo Félix Wing, Director Legal del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM). CIAM y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) lideraron una coalición de 14 organizaciones de la sociedad civil en la presentación del informe. El informe señala tendencias alarmantes que amenazan la protección del ambiente a tal punto que están agravando la situación de derechos humanos en el país. Dentro de los problemas más graves que se identificaron están la existencia de cientos de nuevas concesiones mineras, otorgadas o en trámite, que cubren el 35% del territorio panameño; el desarrollo de más de ochenta nuevos proyectos hidroeléctricos; y varios nuevos proyectos turísticos que afectarían los recursos hídricos y costeros del país. “Nos preocupa especialmente la falta de aplicación de normas nacionales e internacionales obligatorias en la planeación y desarrollo de estos proyectos”, señala Astrid Puentes Riaño, co directora de AIDA. “De continuar esta situación, podrían violarse varios derechos humanos vinculados con el desplazamiento de poblaciones, la devastación irreversible del ambiente y el empeoramiento de la calidad de vida; con pérdidas económicas y sociales incalculables”. Entre los mayores problemas presentados en Panamá, el informe destaca los impedimentos a la participación ciudadana y la falta de consulta a los pueblos indígenas y comunidades locales. Además, han surgido nuevas barreras legales para acceder a la información pública que impiden conocer los impactos reales de un proyecto. “La participación pública y el acceso a la información son derechos humanos esenciales para proteger a las personas y al ambiente”, aclaró Félix Wing de CIAM. El informe también denuncia hostigamientos hacia defensores ambientales y el incumplimiento de recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya. El próximo 23 de noviembre, el Estado panameño será objeto del Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Durante el Examen se evaluará información sometida por organizaciones de la sociedad civil y por el gobierno y se plantearán recomendaciones para que Panamá mejore la protección de derechos humanos. A través de estos esfuerzos, las organizaciones de la sociedad civil buscan aportar su experiencia directa respecto a las violaciones a derechos humanos, como parte del diagnóstico de la situación de Panamá frente a sus obligaciones internacionales en esta materia, con el objeto de lograr una protección más efectiva de los derechos humanos. PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTAR: Félix Wing, Director Legal de CIAM, Tel. 236-0866/236-0868, [email protected] Jacob Kopas, Asesor Legal de AIDA (Colombia), Tel. (+57-1) 338-1277, [email protected] INFORMACIÓN ADICIONAL: Para bajar una copia del informe y más información: http://www.aida-americas.org/sites/default/files/refDocuments/UPRjointsub_envhrgroups_Panama.pdf El informe establece que, para garantizar la efectiva protección de los derechos humanos en Panamá, particularmente los derechos a un ambiente sano, a la vida, la salud, la integridad y la participación pública, así como el acceso a la justicia y a la información, se hace necesario que el Estado: Reconozca efectivamente el derecho a un ambiente sano, de conformidad con los estándares internacionales; Adopte las recomendaciones anteriormente emitidas por órganos internacionales de derechos humanos; Ratifique el Convenio 169 de la OIT e incorpore la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en la legislación interna; Atienda las limitaciones al acceso a la justicia en casos de protección del derecho a un ambiente sano mediante modificaciones constitucionales y legales necesarias, la implementación de medidas para mejorar los tiempos y calidad de respuesta del sistema judicial, y la adopción de estándares proteccionistas de los derechos humanos, entre otros. Reconozca la importancia de la labor de las personas que defienden los derechos humanos e implemente medidas para garantizar la protección integral de sus derechos humanos; Elimine cualquier obstáculo a la participación pública y el acceso a la información en la práctica. Las conclusiones de este informe fueron incluidas también en un documento presentado por otra decena de organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de distintos derechos humanos, que incluyó, además, el planteamiento de violaciones al derecho a la justicia, de los privados de libertad, de la mujer, a la no discriminación racial y al trabajo. El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para evaluar la situación de todos los derechos humanos en todos los países del mundo. En el proceso, el Consejo de Derechos Humanos examinará información proporcionado por el Estado panameño, la Oficina del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil. ## El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) (http://www.ciampanama.org) es una organización no gubernamental que defiende activamente los invaluables recursos naturales de Panamá ante las graves amenazas que representan las actividades incompatibles con el desarrollo sostenible. Su misión es promover la protección del ambiente, motivando la participación ciudadana, a través de la difusión del conocimiento, la construcción de redes, y la rendición de cuentas, para incidir en las decisiones y políticas relevantes. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) (http://www.aida-americas.org) es una organización de carácter hemisférico que trabaja con organizaciones no gubernamentales de derecho ambiental de Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Ecuador, Perú, Argentina y Chile, cuya misión es fortalecer la capacidad de las personas para garantizar su derecho individual y colectivo a un ambiente sano por medio del desarrollo, aplicación y cumplimiento efectivo de la legislación nacional e internacional.
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