Cambio Climático


Océanos, Cambio Climático

Hoja Informativa: Protocolo SPAW

La Convención para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe (Convención de Cartagena) y su Protocolo para las áreas y la vida silvestre especialmente protegidas (Protocolo SPAW) establecen que los Estados parte tienen la obligación de regular la protección de las especies y ecosistemas vulnerables de la región. Los criterios revisados de nominación de especies (1, 3, 4, 5, 6 y 10) determinan la necesidad de incluir a las especies esenciales para ecosistemas vulnerables —como los arrecifes coralinos, manglares y pastos marinos— en las listas de especies de los Anexos II y III del Protocolo SPAW. Las medidas nacionales o regionales implican de forma diferenciada procesos de protección, monitoreo biológico de especies, zonas de recuperación pesquera; análisis de datos de capturas, estado de salud de los ecosistemas, dinámica y tamaño de poblaciones; períodos de veda; y reglamentación de la captura, posesión, transporte, comercio o prohibición total del uso de las especies. En 2018, el Comité Asesor Científico y Técnico (STAC) priorizó la evaluación  de los peces herbívoros y actualmente el Grupo de Trabajo de Especies lleva a cabo la evaluación de los peces loro mediante la integración y análisis de datos científicos y regulatorios. Once de los 17 países que han firmado el Protocolo han generado medidas de regulación sobre peces herbívoros. Algunas experiencias de regulación están vigentes, otras no y están aquellas que entraron en vigor recientemente.         Descarga la hoja informativa en español Descarga la hoja informativa en inglés Descarga la hoja informativa en francés  

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Siete avances de AIDA en 2020

Termina un año como ningún otro. Esta nueva realidad hace que cada victoria y logro diario, por pequeño que sea, tengan un sabor más reconfortante. Por eso, estamos orgullosos de decir que en 2020 hubo avances importantes en nuestro trabajo por un ambiente sano y justicia climática en América Latina. 1. Salvaguardando alta mar A nivel mundial, más del 99% de alta mar —aguas fuera de la jurisdicción nacional— está desprotegido. Para remediarlo, durante el último año, hemos liderado la representación de América Latina en la High Seas Alliance (Alianza de Alta Mar). Hemos colaborado con gobiernos para negociar un ambicioso tratado en el marco de Naciones Unidas para proteger estas aguas y a especies migratorias clave de tiburones, ballenas, tortugas y atunes. Alta mar es esencial para la salud del océano en el largo plazo y como sumidero de carbono que ayuda a mitigar la crisis climática. 2. Incidiendo para la desinversión en la Amazonía Por casi una década, hemos trabajado para detener la represa Belo Monte, que ha desplazado a miles de indígenas y acabado con cientos de especies únicas. Este año, nuestro testimonio contribuyó a que el Fondo Global de Pensiones de Noruega, el mayor fondo estatal del mundo, excluya de su cartera de inversiones a Eletrobras, uno de los principales financiadores de la represa, debido a las violaciones de derechos ambientales y daños ambientales causados por el proyecto. Es un paso importante en la búsqueda de justicia para las comunidades afectadas. 3. Defendiendo a los páramos de la minería Continuamos protegiendo de la minería a páramos en Colombia y Ecuador. Estos bosques y humedales biodiversos, situados a gran altitud, son sumideros de carbono clave que además abastecen de agua fresca a millones de personas y son hábitat de especies amenazadas. Nuestro equipo aportó conocimientos legales y técnicos. En el caso de Santurbán, en Colombia, ayudamos a construir capacidades entre los abogados locales que ahora lideran la demanda judicial para proteger este páramo. 4. Protegiendo a personas defensoras del ambiente América Latina es la región más peligrosa del mundo para las personas que defienden el ambiente. Este año, AIDA reunió a más de 70 prominentes defensores y defensoras ambientales de 14 países del continente para compartir información actualizada sobre riesgos y estrategias efectivas de defensa. Los y las participantes discutieron en torno a sus retos, identificaron vacíos de conocimiento y desarrollaron nuevos enfoques para protegerse y proteger sus territorios. 5. Frenando el desarrollo energético extractivo Nuestra pericia legal y técnica ha sido fundamental para detener la expansión de los combustibles fósiles. En Colombia, continuamos con el litigio para mantener la moratoria judicial al fracking y ayudamos a impedir una mayor expansión de la minería de carbón. Apoyamos a comunidades afectadas por plantas eléctricas a carbón en Chile y lideramos los esfuerzos para que instituciones financieras internacionales rindan cuentas por financiar proyectos hidroeléctricos dañinos en Colombia y Guatemala. Este trabajo es esencial para promover una transición justa hacia una energía realmente limpia. 6. Preservando la biodiversidad marina en la Patagonia La región de Magallanes, en Chile, es hogar de algunas de las ballenas y delfines más grandes, así como una de las zonas más prístinas de nuestro planeta. La mayor amenaza ambiental para esta región es la producción industrial de salmón. Con base en nuestro trabajo previo, usamos la ley para detener el cultivo de salmón y evidenciar los daños que esa industria causa. Nuestro trabajo logró cerrar una granja de salmón y sentó un precedente para el cierre de otras siete, las cuales están bajo revisión en tribunales chilenos. 7. Fortaleciendo la gestión de tierras indígenas en Colombia En coalición con cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, continuamos protegiendo sus tierras de la minería ilegal. Frente a cientos de proyectos propuestos, ayudamos a implementar estrategias legales para demandar un nuevo plan de manejo territorial que reconozca la autoridad tradicional de los indígenas. También ayudamos a fortalecer las capacidades de las comunidades mediante talleres sobre protección ambiental.  

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A cinco años del Acuerdo de París, la justicia climática es más urgente que nunca

Columna publicada originalmente en Animal Político   El 12 de diciembre de 2015 se concertó el Acuerdo de París. A cinco años, su importancia y en especial su cumplimiento efectivo son más evidentes que nunca. Uno de los avances más importantes del acuerdo fue reiterar que los Estados deben «respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y rurales, los migrantes, los niños y las niñas, las personas en condición de discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y la equidad intergeneracional». Ese aspecto es uno de los grandes pendientes, y también de las grandes oportunidades, del Acuerdo de París. En 2015, tuve el privilegio de participar en la vigésimo primera Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la cual se aprobó el acuerdo. Gracias a la transmisión en vivo, vi el último martillazo de esta histórica cumbre en mi teléfono mientras iba en tren al aeropuerto. Cambié los abrazos de celebración con docenas de colegas por llegar un día antes a celebrar con mi familia. Valió la pena. Al fin de cuentas, mi contribución había terminado unas horas antes. En los cinco años anteriores y con total intensidad durante la Cumbre, revisé borradores, hablé con misiones y colegas sobre lo esencial de incluir los derechos humanos en el acuerdo climático. Mi prioridad —compartida por colegas de organizaciones, representantes de algunos gobiernos y entidades internacionales— era asegurar un acuerdo sólido, incluyendo la obligación de considerar y respetar derechos humanos. Para algunas personas, esto era inoficioso e incluso inadecuado pues veían la crisis climática como un asunto meramente técnico. Los asuntos de derechos humanos son de otro ámbito, me dijeron algunas delegaciones.  Insistimos en el punto hasta que lo logramos, no por terquedad (aunque quizás hubo algo de eso), sino porque en esencia la crisis climática nos afecta a todos y todas, a nuestros derechos. Por ello es vital incluir la cara humana, que los derechos humanos estén en el centro de las acciones por el clima. De lo contrario, estarán incompletas. Así lo evidencia la realidad de la crisis climática, traducida por ejemplo en los daños a millones de personas y comunidades por los huracanes y tormentas que en los últimos meses arrasaron áreas costeras en Nicaragua, Guatemala, México y a lo largo del Caribe; las inundaciones en el Sur de Asia; las sequías en el norte de México; y los incendios devastadores en la Amazonía, California y Australia. Las personas y comunidades en mayor situación de vulnerabilidad y quienes menos han contribuido a la crisis, sufren desproporcionadamente los daños. Por ello es posible—y necesario— encontrar un balance a esta desproporción mediante un abordaje de derechos humanos. Es necesario de lograr que Estados, empresas e incluso algunos sectores de la población, se hagan responsables. Responsabilidad con sentido de equidad, que es uno de los principios fundamentales de los derechos humanos. De hecho, el informe de Naciones Unidas sobre la brecha en las emisiones de 2020 concluye que «la equidad es un pilar fundamental para abordar los modos de vida (pues) las emisiones del 1% más rico de la población mundial equivalen a más del doble de la suma de las emisiones del 50% más pobre». Comunidades, movimientos y pueblos alrededor del mundo han demandado —incluso judicialmente — una acción climática efectiva que respete sus derechos. Ello ha sido reiterado por Naciones Unidas. Pero la acción climática aún es considerada mayormente una cuestión de cifras, toneladas de emisiones a reducir y hectáreas a conservar. Las personas y comunidades, pese a ser quienes viven las consecuencias, permanecen en la periferia de esta acción. Asegurar una verdadera perspectiva de derechos humanos ayudaría a elevar la ambición y el nivel de obligaciones y resultados. También permitiría considerar los impactos de forma integral y, como concluyó el IPCC, tener en cuenta el conocimiento ancestral y la justicia social, elementos centrales para dar con soluciones afectivas. Allí recae la oportunidad que se está perdiendo.   La comunidad científica confirma hoy la ampliación de la brecha entre la situación actual y dónde deberíamos estar en la reducción de emisiones. Según el reciente informe sobre la brecha global de emisiones, estas se redujeron en el último año debido a la suspensión de actividades por la pandemia, mientras que en el año anterior continuaron aumentando. De hecho y pese a la pandemia, vinculada también con degradación ambiental, países de América Latina y el Caribe, como en otras regiones, continúan apostando en su mayoría a los combustibles fósiles, incluso para la recuperación económica tras la crisis sanitaria. Esa tendencia ignora lo dispuesto en el Acuerdo de París sobre la obligación de los Estados de respetar los derechos humanos, un elemento incluido allí para cumplirse; y una herramienta fundamental para que los Estados aumenten su ambición y avancen hacia las soluciones hasta hoy esquivas. El quinquenio de este acuerdo es un buen momento para recordarlo y exigir que se cumpla. De no hacerlo, las comunidades y personas en mayor situación de vulnerabilidad continuarán sufriendo aún más las consecuencias, y las desigualdades globales seguirán profundizándose. Pero también aumentarán las acciones judiciales y reclamos para alcanzar una solución que el propio acuerdo incorporó. Un elemento de liderazgo sería poner a las personas y comunidades al centro de la acción climática. A ello me refiero cuando hablo de justicia climática, una gran oportunidad que muchas personas continuaremos promoviendo.  

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Resumen de la 27a Reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima

Noviembre de 2020 Del 9 al 13 de noviembre de 2020, la Junta del Fondo Verde del Clima (FVC) tuvo su 27a reunión, realizada de manera virtual por segunda vez. Aprobó 16 propuestas de financiamiento por un total de 1.011,7 millones dólares, siete de las cuales se implementarán en Latinoamérica. Además, se acreditó a cuatro nuevas entidades, ninguna para la región, y se aprobó el plan estratégico actualizado del FVC para el periodo 2020-2023. Finalmente, se tomó una decisión sobre la Copresidencia para 2021, que recayó en México en el caso de los países en desarrollo. Consulta y descarga el resumen  

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Piden a la SCJN impedir obras de turismo masivo que dañen Yum Balam

Ante la intención del gobierno municipal de Lázaro Cárdenas de invalidar el decreto de creación y programa de manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam para abrir la zona al turismo no sostenible, AIDA y CEMDA presentaron un escrito legal con argumentos de derecho ambiental internacional, derechos humanos y justicia climática para defender al humedal de importancia internacional. Ciudad de México. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un escrito legal (Amicus Curiae) con argumentos de derecho ambiental internacional, derechos humanos y justicia climática para defender al Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, Quintana Roo, de las pretensiones del gobierno municipal de Lázaro Cárdenas de abrir la zona a desarrollos turísticos no sostenibles. La autoridad municipal presentó a la SCJN una Controversia Constitucional en contra del decreto de creación y del programa de manejo del área protegida para invalidar estos instrumentos y, según lo ha manifestado públicamente, dar vía libre a la urbanización y al desarrollo turístico. Esa pretensión vulnera el interés público ya que los ecosistemas de Yum Balam podrían verse degradados por proyectos de turismo masivo, dragados en la bahía, plantas desalinizadoras o de tratamiento de aguas, deforestación y por la huella de miles de visitantes. El sitio alberga múltiples ecosistemas terrestres, costeros y marinos tales como selvas, sabanas, cenotes, lagunas, dunas costeras, manglares, pastos marinos y arrecifes coralinos. En el escrito, ambas organizaciones solicitan, entre otras cosas, que se mantenga la protección de Yum Balam, que se resuelva la no modificación del polígono del área protegida y que no se permitan obras de turismo masivo que alteren sus características ecológicas. Yum Balam, humedal de importancia internacional bajo la Convención Ramsar, tiene 6,495.13 hectáreas de manglares y 24,461.8 hectáreas de pastos marinos. Estos ecosistemas almacenan 38.5 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), equivalentes a las emisiones de 9.4 millones de personas al año por el uso de hidrocarburos. “La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe actuar de forma progresiva y conforme a las obligaciones internacionales de México, entre ellas la de reducir las emisiones causantes de la crisis climática”, dijo Camilo Thompson, abogado de AIDA. “La conservación de los humedales costeros, su biodiversidad y servicios ambientales es fundamental para lograr justicia climática y asegurar un ambiente sano para las futuras generaciones”. En el escrito se evidencia que una política de desarrollo turístico masivo en un área protegida como Yum Balam puede causar pérdida de biodiversidad, uso no racional de humedales costeros y desequilibrio ambiental, entre otros daños irreversibles. Se demuestra además que cambios de uso de suelo como los propuestos incrementarían no sólo la demanda turística, sino también la demanda inmobiliaria y poblacional (residente y estacional) en la zona, excediendo la capacidad de carga y resiliencia de Yum Balam. “Dar vía libre a la pretensión del municipio sería una decisión regresiva, contraria al interés colectivo y una violación directa del derecho humano al ambiente sano”, dijo Xavier Martínez, Director Operativo de CEMDA. “Permitir proyectos de turismo masivo en Yum Balam implicaría privilegiar el interés de algunos propietarios privados y/o ejidales a costa del valor del ambiente sano y los derechos de las generaciones futuras”. Yum Balam es un sitio de gran biodiversidad. Ahí viven especies amenazadas y en riesgo como el mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle blanco (Laguncularia racemosa), tortugas marinas carey (Eretmochelys imbricata) y caguama (Caretta caretta), que anidan y desovan en las Islas de Holbox y Grande. Protege alrededor del 90% de las aves endémicas de la Península de Yucatán. Además, es zona de distribución de peces loro, especies bajo protección especial, y de alimentación del tiburón ballena (Rhincodon typus), especie amenazada. Sus ecosistemas también brindan servicios de aprovisionamiento de alimentos y compuestos genéticos. La pesca ha sido uno de los principales medios de vida para la población de la zona con registros de captura de aproximadamente del 31% de la producción estatal de pescado. La administración y regulación del área protegida corresponde exclusivamente a la Federación y, por tanto, sólo puede ser modificada en su extensión y, en su caso, en los usos de suelo permitidos por la propia Federación. La importancia de Yum Balam es también regional debido a los humedales costeros del Gran Ecosistema del Mar Caribe, que se ha visto diezmado por la pérdida del 59% de su cobertura en los últimos 44 años, entre 1975 y 2019. La amenaza de actuar de forma regresiva al desconocer el decreto de creación de Yum Balam agravaría la situación de los ecosistemas marino-costeros de la región frente a la crisis climática global. Contactos de prensa: Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], 5570522107 Ricardo Ruiz, CEMDA, [email protected], 5559644162  

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Comunidades mayas, en riesgo por eventos climáticos agravados por proyectos hidroeléctricos

Graves impactos por eventos climáticos en la Microrregión de Yichk’isis (Ixquisis), al norte de Guatemala, profundizados por la construcción de los proyectos hidroeléctricos San Mateo y San Andrés financiados por el BID Invest, amenazan derechos de la población indígena local. Desde el sábado 21 de noviembre, en las comunidades mayas de la microrregión de Yichk’isis (Ixquisis), al norte de Guatemala han notado con preocupación el aumento del caudal del rio Grande de Ixquisis, que ha provocado el desborde de las aguas hacia las zonas de obras de los proyectos hidroeléctricos San Mateo y San Andrés, abandonadas por la empresa Energía y Renovación S.A.; así como y la inundación del túnel construido, en desarrollo de las obras, en el Cerro San Francisco. El principal temor de las autoridades locales y de las comunidades es que la presión del agua afecte la integridad estructural del túnel, lo cual podría causar problemas geotécnicos alrededor y fenómenos de remoción en masa, afectando así a las comunidades del El Platanar, Bella Linda, Caserío San Francisco, Las Flores, Primavera y otros caseríos. Las autoridades ancestrales locales convocaron el domingo 22 de noviembre a una reunión con el Ejército Nacional ubicado en la microrregión y a la Policía Nacional Civil (PNC), únicas entidades del Estado con presencia en el territorio, con el fin de expresar sus principales preocupaciones sobre la situación de riesgo en la que se encuentran las comunidades. Las comunidades exigieron que se pidiera a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) y a la empresa Energía y Renovación S.A. el inicio de obras para sellar el túnel en el Cerro San Francisco y el cierre todas las demás obras que están abandonadas y sin ningún tipo de manejo, por los trágicos efectos que los fenómenos climáticos de alta intensidad puedan tener sobre ellas, sobre el territorio y sobre la vida de la población indígena local. Para las comunidades, es clara la relación que existe entre el aumento de la vulnerabilidad y el riesgo ante eventos climáticos extremos y la construcción de los proyectos hidroeléctricos San Mateo y San Andrés, dado que según la experiencia de las comunidades que han habitado ancestralmente este territorio y conocen los cauces de los ríos y sus cambios en temporada de lluvias, fueron las obras de los proyectos hidroeléctricos las que afectaron los caudales de los ríos de la región, en especial del río Pojom y del río Negro. Estos proyectos hidroeléctricos han sido financiados por el BID invest y desde su construcción, las comunidades de la Microrregión y organizaciones nacionales e internacionales han alertado sobre sus impactos sociales, ambientales y climáticos. La falta de Planes de  Manejo Ambiental ante posibles desastres por parte de la empresa Energía y Renovación S.A.  ha sido documentada en el proceso que en la actualidad se adelanta ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Grupo BID, dado que la empresa no identificó dentro de su EIA el riesgo de inundaciones. Los riesgos de desastre derivados de la falta de Planes de Manejo Ambiental para mitigación y de contingencia para responder a emergencias, y la falta de consideración de los impactos climáticos, se constituyen en una clara amenaza para los derechos humanos de la población indígena de los pueblos Maya Chuj, Maya Q’anjob’al y Maya Akateko, ubicados en la microrregión de Yichk’isis, la cual está habitada mayoritariamente por mujeres. Hacemos un llamado a las entidades competentes del Estado de Guatemala, en específico a la CONRED, a que den cabal cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas en condiciones de igualdad y no discriminación; además de al BID Invest, a que dé cumplimiento a sus políticas operativas sobre Gestión del Riesgo de Desastres y de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas. De igual forma, pedimos a la empresa Energía y Renovación S.A. que actúe en el marco de la debida diligencia y de su obligación de respetar los derechos humanos. Por último, instamos a los organismos de derechos humanos de Guatemala y demás actores que acompañan a verificar que se tomen las medidas necesarias para gestionar la situación actual de manera concertada con la población local, con el fin de prevenir y mitigar los riesgos y evitar así que situaciones como están vuelvan a ocurrir poniendo en riesgo los derechos humanos de la población indígena que ha habitado ancestralmente este territorio. Contacto de prensa Victor Quintanilla, [email protected], +525570522107  

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5 cosas que deberías saber sobre el metano

Texto publicado originalmente por el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA)   Aunque su presencia en la atmósfera es menor a la del dióxido de carbono (CO2) —el más abundante y conocido de los gases de efecto invernadero—, el metano, debido a su composición química, es mucho más efectivo para retener el calor. Ello implica que al añadir menos metano a la atmósfera se tienen efectos en el calentamiento del planeta equivalentes a grandes cantidades de CO2. De hecho, desde 2006, el metano en la atmósfera ha aumentado considerablemente, cerca de 25 millones de toneladas por año. Y existen estudios que asocian su incremento con la fuga y quema de metano en la extracción de hidrocarburos no convencionales mediante fracking o fracturación hidráulica. Aunque la producción de gas extraído mediante fracking es vendida como una alternativa “más limpia” que otros combustibles fósiles, se trata de un argumento falaz que es necesario combatir. En general, todas las actividades responsables de las emisiones de metano son una pésima idea ante la crisis climática y ante la necesidad cada vez más urgente de combatir la contaminación del aire. El entendimiento común que se tiene del metano es inexacto. Por ello es necesario generar mayor consciencia sobre qué es y cuáles son sus impactos reales. A continuación, cinco datos básicos sobre el metano: 1. Es un gas de efecto invernadero y un contaminante climático de vida corta El metano es un gas de efecto invernadero (GEI). La atmósfera, compuesta por diferentes gases, captura algunos de los rayos del sol y los mantiene dentro para lograr una temperatura media en el planeta. A ese fenómeno natural se le conoce como efecto invernadero. Pero cuando se emiten en exceso otros gases como el metano, la atmósfera retiene más calor del necesario, dando lugar al calentamiento global. El metano tiene 67 veces más poder que el CO2 para calentar el planeta en un periodo de 20 años. Sus emisiones son responsables de casi el 25% del calentamiento global. Debido a que permanece menos tiempo en la atmósfera, 12 años en promedio (el CO2 permanece siglos), es uno de los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC), que causan entre el 40 y 45% del calentamiento global y dañan la calidad del aire. 2. Proviene mayormente de fuentes humanas Cerca del 60 por ciento del metano en la atmósfera proviene de fuentes que la ciencia considera son causadas por actividades humanas, mientras que el restante 40 por ciento se origina en fuentes naturales. Entre las fuentes naturales están los humedales, las termitas, los volcanes y el permafrost. Las fuentes humanas incluyen la ganadería, los sitios de explotación de gas y petróleo, los arrozales, las minas (particularmente de carbón) y los vertederos. Cabe resaltar que, según evidencia científica, los embalses de las represas son también una fuente importante de metano. Generan 1.3 por ciento de los gases de efecto invernadero de toda la humanidad en un año (más que todas las emisiones contaminantes de Canadá) y el 80% de esa contaminación es metano. 3. Degrada la calidad del aire de manera directa e indirecta En la explotación, procesamiento y transporte de gas y petróleo se filtran o liberan intencionalmente grandes cantidades de metano. Únicamente en Estados Unidos, esas emisiones directas llegan a 13 millones de toneladas cada año. Y al ser liberado a la atmósfera, el metano es acompañado por otros contaminantes tóxicos (como benceno, formaldehído y etilbenceno). De otro lado, al interactuar con la radiación solar, el metano favorece la formación del ozono a nivel del suelo (O3), otro contaminante climático de vida corta (CCVC) y el principal componente de la niebla tóxica o esmog. Asimismo, la quema de gas metano produce carbono negro y compuestos orgánicos volátiles (COV), que también son CCVC. 4. Causa daños graves a la salud humana Como dijimos, las emisiones de metano favorecen la formación del ozono que se encuentra en las capas más bajas de la atmósfera, el cual tiene impactos serios en la salud de las personas: Irrita las vías respiratorias, genera sensación de ardor y falta de aire, complica cuadros de asma, causa disfunciones pulmonares e incluso muertes prematuras, y altera la respuesta del sistema inmunológico, mermando su capacidad para responder a enfermedades como la COVID-19, la cual afecta principalmente las vías respiratorias. Y dado que la quema de metano genera carbono negro, es relevante decir que el mismo es un componente clave del material particulado (PM 2.5), que son partículas contaminantes 35 veces más pequeñas que un grano de arena, por lo que no pueden ser filtradas o retenidas de forma natural en la nariz, pudiendo entrar incluso hasta los pulmones. El material particulado es el contaminante atmosférico más frecuentemente asociado con enfermedades cardiovasculares, respiratorias y pulmonares, incluyendo cáncer de pulmón. 5. Es urgente regular y frenar sus emisiones Dado que el metano, además de agravar la crisis climática, deteriora la calidad del aire y con ello la salud humana, es urgente actuar para frenar sus emisiones. Desde la sociedad civil organizada y también desde la ciudadanía, debemos exigir a los gobiernos normas que regulen de manera eficiente las emisiones de metano provenientes de la industria de los hidrocarburos y de otros sectores como la minería de carbón y la ganadería industrial. Además, debemos exigir el monitoreo de emisiones, así como la producción y difusión de información oportuna a la población sobre los daños del metano en la calidad del aire.  

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Mujer indígena boliviana.

Derechos humanos y perspectiva de género en las NDC en América Latina

Este documento tiene como objetivo proporcionar una serie de elementos clave relativos a la inclusión del marco de derechos humanos y perspectiva de género en la elaboración, actualización e implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) de los países de América Latina. Así, este documento busca ser una herramienta para que tanto las y los tomadores de decisión, como las organizaciones de la sociedad civil, puedan verificar la adecuada integración de estos temas fundamentales en los mencionados instrumentos de planificación de la acción climática. En ese sentido, con base en diversos estándares y tratados internacionales y regionales, se provee una lista de elementos generales y acciones clave que deben ser considerados en la elaboración e implementación de las NDC, con el fin de incluir de manera transversal los derechos humanos y la perspectiva género en las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, aplicables a diversos sectores y actividades.       Lee y descargue la publicación  

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tortuga marina flotando sobre arrecifes de coral

Tres grandes oportunidades para salvar el océano y el clima

La pandemia por el nuevo coronavirus ha traído un cambio de perspectiva sobre la importancia de muchos temas, entre ellos el acceso a la salud y a la tecnología, así como la desigualdad presente en muchos aspectos de nuestras vidas. Pero también ha renovado la discusión acerca de la necesidad de actuar frente a la mayor amenaza que la humanidad enfrenta: la crisis climática. Mi intención no es causar alarma o pánico, sino enfatizar que aún hay mucho por hacer. La vida en el planeta surgió en el océano y tras millones de años se adaptó para ser posible en tierra, dando paso a la existencia humana. Aunque no vivamos en el océano, este ecosistema es clave para sostener la vida. Es el principal regulador climático del planeta. Las corrientes marinas marcan la pauta respecto a las estaciones y es la interacción entre corrientes de aire y corrientes marinas el origen de las tormentas tropicales, huracanes y tifones. De otro lado, los manglares —que sirven de unión entre el océano y la tierra— y los arrecifes de coral son barreras naturales contra tormentas tropicales. Por tanto, un océano saludable significa un clima saludable y debemos procurar su conservación lo antes posible. Lamentablemente, la evidencia científica da cuenta que el océano sufre de sobrecalentamiento, acidificación y de pérdida de oxígeno. Ante esa dura realidad, existen tres grandes oportunidades para la adopción de medidas de protección del océano con un enfoque climático. Pese a que fueron postergados debido a la pandemia, existen tres procesos de negociación a nivel internacional que aún representan importantes ventanas de oportunidad para salvar el océano y, al mismo tiempo, el clima y nuestro futuro. 1. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático El primer escenario es el de las negociaciones climáticas, en las cuales los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se reúnen para revisar sus compromisos, los avances en el cumplimiento de estos y los desafíos pendientes en la lucha global contra la emergencia climática. Durante la 25ª Conferencia de las partes (COP25), realizada en 2019, se abrió la posibilidad de iniciar un diálogo sobre la importancia del océano en la acción climática. Se les solicitó a los países parte, organizaciones observadoras y otras instituciones enviar sus aportes sobre el tema para ser analizadas durante la próxima reunión del Órgano Asesor Técnico Científico. La idea es integrar de forma más activa los ecosistemas marinos en los planes de adaptación y mitigación al cambio climático, así como destacar su rol en la creación de resiliencia climática planetaria.   No hay una fecha definida para la próxima reunión del Órgano Científico y deberemos esperar a noviembre de 2021 para la siguiente cumbre climática de la ONU. 2. Tratado de Alta Mar Otro aspecto clave en la protección del océano y sus beneficios es la conservación y manejo sostenible de los recursos marinos. A ello apunta justamente la negociación de un Tratado de Alta Mar en el marco de Naciones Unidas. Las áreas marinas fuera de la jurisdicción nacional o alta mar, que representan aproximadamente la mitad de la superficie del planeta, están bajo poca o ninguna regulación. Lo que se busca con el tratado es crear un marco jurídico integrado que regule las actividades productivas en alta mar mediante evaluaciones de impacto ambiental, herramientas de manejo espacial que incluyen áreas marinas protegidas, gestión de recursos genéticos marinos, la creación de capacidades tecnológicas, así como la transferencia de tecnología. Los ecosistemas en alta mar son altamente productivos y capaces de capturar carbono y regular el clima. Son además esenciales para la seguridad alimentaria presente y futura. La última Conferencia Intergubernamental para la negociación del Tratado de Alta Mar estaba programada para marzo del 2020, pero fue pospuesta para marzo dl próximo año. 3. Convenio de Diversidad Biológica Finalmente, tenemos la negociación de las metas de gestión de la biodiversidad para la próxima década bajo el Convenio de Diversidad Biológica. Estas metas son amplias y abarcan a diversos ecosistemas. En cuanto al océano, lo que se impulsa es la protección del 30% del océano para 2030. Esta meta requiere crear áreas marinas protegidas biológicamente significativas, basadas en la ciencia y gestionadas adecuadamente. Sin el Tratado de Alta Mar, esta meta es imposible de lograr. Las negociaciones del Convenio estaban planificadas para noviembre del 2020, pero fueron postergadas para el segundo trimestre de 2021. La relación entre estas tres negociaciones es innegable y necesaria. Sin áreas marinas protegidas creadas bajo un enfoque científico y sin un océano cuyos recursos sean gestionados de manera sostenible, no tendremos una acción climática efectiva. Esta pausa en las negociaciones nos da tiempo para informarnos y aprender más de la importancia del océano. Es un momento para reflexionar sobre por qué es necesario proteger al menos el 30% del océano, incluyendo alta mar. En juego están la resiliencia climática, la seguridad alimentaria y nuestro futuro. Es el tiempo perfecto de pensar en las sabias palabras de Sylvia Earle: “Sin océano, no hay vida, no hay verde sin azul”.  

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Seminario virtual "Impactos del metano en el aire, el clima y la salud: Regulación y retrocesos en México"

El objetivo de este seminario web fue abordar los impactos de las emisiones de metano en el clima, en la calidad del aire y en la salud de las personas, así como evidenciar que los cambios regresivos en la regulación de esas emisiones en México, justificadas por la emergencia sanitaria, agravarán esos daños. El evento forma parte de la serie de seminarios virtuales sobre calidad del aire en el contexto de la COVID-19, convocada desde el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA).   Panelistas Graciela B. Raga, Centro de Ciencias de la Atmósfera, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): Impactos del metano en el aire y en el clima. Horacio Riojas Rodríguez, Instituto Nacional de Salud Pública (INSP): Impactos del metano en la salud de las personas y su vinculación con la pandemia. Gisselle García Maning, Experta Senior del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA): Cambios regresivos en la regulación de las emisiones de metano en México: Jacob Kopas, abogado del Programa Internacional de Earthjustice: La experiencia de EE. UU., Earthjustice vs. los retrocesos en la regulación sobre metano. Moderó: Verónica Méndez Villa, Abogada Becaria, Programa de Cambio Climático, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).   GRABACIÓN   Presentaciones 1. Presentación introductoria:   2. Presentación de Graciela B. Raga, Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM:   3. Presentación de Horacio Riojas Rodríguez, Instituto Nacional de Salud Pública:   4. Presentación de Gisselle Maning, CEMDA:   5. Presentación de Jacob Kopas, Earthjustice:   Infografías ¿Qué es el metano y cómo contamina nuestro aire? ¿Cómo afecta el metano nuestra salud?  

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