Contaminación Tóxica

Fracking, Contaminación Tóxica

Pese a las advertencias, explotación del fracking se expande sin freno en América Latina

Especialistas en industrias extractivas alertaron que la extensión de la fractura hidráulica en América Latina se debe a la baja producción de energéticos y a que las leyes sobre explotación de cada país son muy laxas, además de que las prospectivas sobre los recursos sólo impulsan el uso de energías fósiles en lugar de las renovables.  Ciudad de México, 28 diciembre (SinEmbargo).– Comenzó en Estados Unidos, llegó a México y poco a poco se ha extendido hacia el resto de América Latina, sin embargo organizaciones civiles alertan que de no detenerse, los daños podrían ser irreversibles. Se trata del fracking o fractura hidráulica, una técnica no convencional de extracción de hidrocarburos que afecta al medio ambiente, vulnera los derechos sociales y causa problemas a la salud. A principios de diciembre de este año, el portal estadounidense especializado en temas de energía Truthout informó que este método se está expandiendo rápidamente en Latinoamérica y aunque “puede provocar cáncer y enfermedades en la sangre, entre otros efectos inmunológicos, ya se realiza en Bolivia, Colombia, Venezuela, Paraguay , Uruguay, Chile, Argentina, Brasil y México”. Al respecto, Aroa de la Fuente, especialista en industrias extractivas del Centro de Análisis e Investigación Fundar, explicó que las naciones recurren al fracking porque las estimaciones que se tienen para explotar los recursos son altas y con ello se pretende mitigar la caída de la producción de energéticos. En el caso de Argentina comentó que hay un mayor desarrollo de proyectos de este tipo e incluso ya la explotación es con fines comerciales, pero reiteró que las visiones prospectivas que tienen los países sobre sus recursos no son siquiera cien por ciento seguras, además de los daños que implica su desarrollo. Asimismo, la publicación norteamericana detalló que “el fracking emite benceno, tolueno, etilbenceno y xileno, componentes considerados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como nocivos para la salud”. Por su parte, varias organizaciones en contra del la fractura hidráhulica, entre ellas la Alianza Mexicana contra el Fracking, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Observatorio de Petróleo Sur, entre otras, explican que “aunque persisten las iniciativas y operaciones de exploración y explotación a través de fracking en varios países, la caída de los precios del petróleo mantiene frenado un proceso que era promovido como una de las grandes soluciones energéticas para la región: la explotación de yacimientos de lutitas o gas shale”. Las asociaciones informan a través del documento titulado Mapa de Fracking en América Latina que “en la formación Vaca Muerta, en Argentina, se sostiene el único proyecto de desarrollo masivo de Hidrocarburos No Convencionales (HNC) por fuera de Estados Unidos. En tanto, en México, sin la participación estatal de Pemex, se realizó la Ronda Uno de concesiones, considerada como el banderazo de salida para el nuevo escenario liberalizado y transnacionalizado”. Asimismo, el mapa indica que Argentina y México “son la punta de lanza de los HNC en la región, seguidos con incipientes actividades de exploración por Colombia, Bolivia, Chile y Uruguay; y anuncios oficiales sin resultados concretos en Perú y Paraguay”. En ese sentido, Aroa de la Fuente, quien también es integrante de Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, dijo que la situación en Argentina responde a la apertura de los gobiernos hacia la industria privada “a ese país llegó Chevron e hizo un contrato leonino con la empresa estatal para explotar este tipo de hidrocarburos con la argumentación de la disminución de las reservas”. En tanto, el documento menciona que en el resto de América Latina “al mismo tiempo se abren escenarios de explotación de otros tipos de energías extremas, como gas asociado a mantos de carbón en Colombia y Argentina y las aguas profundas de Presal, en Brasil”. Por su parte, Truthout confirmó que “de acuerdo con cifras de la Agencia Internacional de Energía (AIE) publicados en 2015 , sólo Estados Unidos, Canadá, y más recientemente Argentina y China producen grandes volúmenes de gas de esquisto; estos dos últimos países están impulsando el desarrollo de la extracción esquisto”. Sin Embargo, la experta en industrias extractivas aseguró que “para realizar la exploración y ver si es viable la explotación no necesitan fracturar los yacimientos y generar los impactos que vienen asociados a ellos, además que esta política es totalmente contraria a los compromisos que tienen los países para la región contra lucha del cambio climático”. Según datos de la AIE, México cuenta con 454 billones de pies cúbicos de gas shale, mientras que estimaciones de Petróleos Mexicanos dicen que son 13 mil 100 miles de millones de pies cúbicos. En tanto, la organización civil Cartocrítica dio a conocer en este año que Coahuila, Nuevo León, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz son las entidades donde más se han registrado pozos por fracking. De acuerdo con la información presentada por la organización, los estados que más pozos registran en funcionamiento son Veracurz con 349 y Puebla con 233, seguido por Nuevo León con 182 y luego el resto. Cartocrítica asegura que al menos 924 pozos han sido perforados en seis de los 32 estados del país, incluyendo 349 de ellos en Veracruz. Al respecto, OilPrice, portal estadounidense especializado en temas energéticos, publicó en julio pasado que dado el estado de los precios del petróleo y los recursos que México tiene a su disposición, “hasta el momento el fracking aparece concentrado en el gas natural, en lugar del crudo”. Para Cartocrítica, el fracking se está expandiendo en silencio en México, de forma no regulada y envuelto en la opacidad. En ese sentido, la especialista de Fundar opinó que Pemex ha anunciado sus prospectivas “pero tampoco estamos seguros, lo que necesitamos es tener más información del gobierno para saber qué tipo de yacimientos son”.   En el marco de la Cumbre sobre Cambio Climático COP 21 integrantes de organizaciones civiles se pronunciaron en contra de esta práctica con la demanda de que “el Fracking debe ser prohibido para enfriar al planeta”. Las organizaciones expusieron ante los líderes mundiales que “pese a que el uso de esa técnica experimental es contrario a los compromisos nacionales e internacionales para reducir las emisiones contaminantes, varios países de la región, entre ellos México, Colombia, Argentina, Chile y Bolivia, han iniciado actividades de exploración o explotación de hidrocarburos no convencionales a través del la fractura de hidráulica”. Asimismo, la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking explicó en su pronunciamiento que la fractura hidráulica afecta a las comunidades indígenas, campesinas, barrios urbanos e incluso en Áreas Naturales Protegidas por el desplazamiento de personas y de actividades productivas como la ganadería y agricultura cuya convivencia con esta técnica es imposible . Al respecto, Claudia Campero, integrante de la Alianza contra el Fracking en México, y quien estuvo presente en la Cumbre, comentó a este medio que respecto a este tema los líderes mundiales no detallaron nada y que incluso algunos de los acuerdos alcanzados en la cumbre “están fuera de la realidad”. Comentó además que tampoco se tocaron temas como los sistemas hídricos “es algo que se ha olvidado, todo el desplazamiento que se ha hecho del agua a través de grandes represas y que ha impactado en los ecosistemas también es muy responsable del cambio climático”. En ese sentido abundó sobre la importancia del agua en todos los sentidos y recordó que para realizar la fractura del suelo se requieren millones de litros del vital líquido. ¿HACERLO BIEN? Para el Gobierno Federal y algunos especialistas, el fracking puede ser eficiente siempre y cuando se haga mediante prácticas cuidadas, tecnología indicada y con un correcto sondeo sobre las características del suelo y la región. En noviembre pasado, durante la presentación de una serie de recomendaciones realizadas por la empresa de investigación en energía IFC International para que México reduzca las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), Mario Molina Pasquel, Premio Nobel de Química, calificó dicha técnica como una alternativa de transición energética y dijo que “posiblemente vayamos a tener y nos conviene como una fuente adicional de gas y de hidrocarburos ligeros”. Para otros, “el país no puede renunciar al fracking. Sería darle a Estados Unidos una ventaja competitiva enorme sobre México o convertirnos en un país para siempre importador del gas que produce Estados Unidos. Pero sí podemos hacerlo con prácticas ambientales probadas y en esa dirección vamos a caminar”, declaró Pedro Joaquín Coldwell, titular de la Secretaría de Energía de este país tras ser cuestionado sobre los riesgos de esta técnica durante una conferencia magistral en la maestría sobre políticas públicas que ofreció la Fundación Colosio el 28 de septiembre del año pasado. Sin embargo las especialistas en el tema coinciden en que pese a esta práctica se pretenda implementar bajo un discurso “ambientalista” no es la mejor vía para la explotación de energía. Para la especialista de Fundar “además esta técnica es muy cara, la explotación de hidrocarburos fósiles se está haciendo más costosa y va en detrimento, porque mientras se apueste a un tipo de energía, es más difícil desarrollar otra”, y en esa vía comentó que los gobiernos de América Latina, como de México, deben apostar por las energías renovables. En ese sentido, Claudia Campero agregó que “lo que tenemos que hacer es dejar de manera universal el 80 por ciento de los combustibles fósiles que no se han extraído bajo tierra y los no convencionales”.

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Fracking, Contaminación Tóxica

América Latina, unida contra el fracking
. ¿Cómo organizarnos para evitar sus impactos?

Mientras en los países del Norte y varios de Europa el fracking se ha prohibido o suspendido, en América Latina, se expande. ¿Podemos hacer algo? La respuesta es sí. Ante la incertidumbre de sus impactos y con la necesidad de generar información y debate, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas trabajan uniendo esfuerzos para evitar y detener los impactos negativos del fracking en el continente. A favor y en contra El fracking o fracturación hidráulica consiste en taladrar miles de metros verticalmente y luego horizontalmente bajo la tierra. Después se inyecta, a muy alta presión, un fluido compuesto de una mezcla de agua, arena y diferentes químicos contaminantes para fracturar rocas que contienen hidrocarburos (gas y petróleo) de difícil acceso y liberarlos. Entre los impactos graves e irreversibles asociados a esta técnica están el uso intensivo y la contaminación del agua, daños a la salud humana (cáncer, malformaciones, alergias y otros) y a otros seres vivos causados por los fluidos, emisión de metano que tien un potencial de calentamiento 25 veces mayor al del CO2, e incluso la generación de sismos.   Ante los riegos y la falta de información sobre los impactos, países como Francia, Bulgaria, Escocia, Holanda, Irlanda y, gobiernos subnacionales como el del Estado de Nueva York, en Estados Unidos, le han dado la espalda al fracking, prohibiéndolo o declarando la moratoria del mismo en sus territorios. Los países de América Latina, por el contrario, están dando pasos decididos para explotar hidrocarburos no convencionales a través del fracking. Lo están haciendo con poca o ninguna información sobre sus impactos, y en ausencia de procesos adecuados de información, consulta y participación de las comunidades. Algunos ejemplos evidencian dicha tendencia: México le  abrió las puertas al fracking a través de la Reforma Energética de 2013. Se conoce que en el país existen al menos 924 pozos de fracking. Argentina posee la mayor presencia de operaciones de fracking en la región, y las mayores reservas de gas de esquisto del continente. Existen más de 500 pozos de fracking en las Provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro, incluyendo pozos perforados en Auca Mahuida, área natural protegida, y en territorios indígenasde mapuches. En Chile, en 2013, la empresa estatal ENAP perforó un pozo a través de fracking en la Isla de Tierra del Fuego y produjo gas natural. Se tienen previstas nuevas perforaciones en los próximos años. Colombia y Brasil han realizado licitaciones públicas y suscrito contratos con empresas petroleras para la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking. La empresa estatal petrolera de Bolivia suscribió en 2013 un convenio con su par de Argentina para estudiar la potencialidad de hidrocarburos no convencionales en territorio boliviano. Unidos es mejor Con la facilitación de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), 32 organizaciones de la sociedad civil —incluida AIDA— e instituciones académicas de siete países de la región, se unieron para conformar un Grupo Regional para prevenir los impactos del fracking a través de la generación de información y debate. El grupo busca contribuir a que el derecho a la vida, la salud de las personas y un ambiente sano sean respetados en América Latina. Su estrategia consiste en priorizar las siguientes acciones: Identificar las operaciones de fracking en la región, sus impactos y comunidades afectadas. Organizar seminarios virtuales y presenciales de capacitación. Desarrollar estrategias de incidencia para detener el fracking a nivel internacional. El Grupo tiene como valor agregado la experticia de sus miembros, su visión regional y el apoyo institucional que brindará a las organizaciones de cada país. Dada su naturaleza plural, está abierto a la participación de nuevas instituciones y personas interesadas en el tema. Logros importantes Muchas organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, e instituciones de la región han desarrollado estrategias para generar información, sensibilizar a la población, promover el debate público, e incidir ante tomadores de decisiones para detener al fracking. Sus esfuerzos han resultado en: Más de 50 ordenanzas municipales que declaran la prohibición o moratoria del frackingen municipios de Argentina, Brasil y Uruguay . Muchas de ellas se han basado en la aplicación del principio de precaución; y en la preservación de las aguas superficiales y subterráneas, la salud y vida de las personas. Resoluciones judiciales que suspenden la ejecución de contratos petroleros susceptibles de realizar frackingen cuencas petroleras de Estados brasileños como Sao Paulo, Piauí, Bahía y Paraná. Jueces han ordenado además que la Agencia Nacional de Petróleo de Brasil no realice nuevas licitaciones en las cuencas comprometidas hasta que los impactos ambientales y riesgos del fracking sean suficientemente conocidos en Brasil. Esas decisiones judiciales han respondido a acciones promovidas por el Ministerio Público Federal de Brasil. Publicaciones sobre los impactos del fracking, sensibilización a comunidades y un proyecto de ley apoyado por más de 60 diputados nacionales y casi 20,000 personas para prohibir el fracking en México (). Información sobre los impactos del fracking, sensibilización de la sociedad civil, y promoción del debate público en Colombia y Bolivia. Estos logros animan a profundizar la articulación y el trabajo conjunto entre organizaciones. Estamos avanzando en los esfuerzos regionales para evitar los impactos del fracking en comunidades y promover un futuro energético humano y renovable.

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Contaminación Tóxica, Cambio Climático

Seminario Virtual sobre Contaminantes Climáticos de Vida Corta

Los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) son agentes atmosféricos que contribuyen al cambio climático y degradan la calidad del aire. Se les llama así porque tienen una vida útil relativamente corta en la atmósfera, de algunos días hasta décadas. Dadas esas características, la mitigación de los CCVC ofrece una oportunidad imperdible para mitigar el cambio climático en el mediano y corto plazo, así como para mejorar la calidad del aire de las ciudades al mismo tiempo. Se consideran CCVC al carbono negro, al metano, al ozono troposférico y a los hidrofluorocarbonos (HFC). En este seminario virtual se presentó un informe que revisa la actual situación institucional y de regulación de los CCVC en Brasil, Chile y México. El documento aborda el marco legal vigente, las fuentes principales de regulación y los instrumentos de política pública en dichos países, concluyendo con recomendaciones para abordar la regulación y mitigación de los CCVC. En el seminario se hizo además un repaso del contexto internacional que influye en la mitigación de estos contaminantes, incluyendo la revisión de las mejores prácticas llevadas a cabo en otros países. Grabación Presentaciones

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Fracking, Contaminación Tóxica

Organizaciones exigen que el fracking sea prohibido en América Latina

En un pronunciamiento público, integrantes de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking se dirigen a los Estados de la región para alertarles sobre los daños graves e irreversibles en la salud humana y el ambiente que el fracking puede ocasionar, y urgirles a prohibirlo. La Paz, Bolivia. Organizaciones y alianzas nacionales que integran la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking piden a los Estados de América Latina prohibir las actividades de fracking o fracturación hidráulica para la extracción de hidrocarburos no convencionales por los daños graves e irreversibles que éstas pueden causar en la salud humana, así como en elementos del ambiente como las aguas superficiales y subterráneas, el aire, el suelo y el clima. Lo hacen en un pronunciamiento público que será presentado este viernes 18 en el Seminario internacional “Daños y riesgos del fracking: Herramientas para prevenirlos y detenerlos”, el cual se realizará de 8:30 a 13:00 en el Paraninfo de la Universidad Mayor de San Andrés. Las organizaciones afirman que el fracking está avanzando a ciegas en varios países de América Latina, sin que existan estudios integrales y de largo plazo sobre los riesgos y daños que puede ocasionar, ni participación de la sociedad en las decisiones sobre el uso de esta técnica. “En los países en los que se está desarrollando el fracking, las comunidades afectadas han visto vulnerados su derechos humanos fundamentales como: la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, el derecho a la participación y control social, el derecho a la información y el derecho al ambiente sano y equilibrado”, se lee en el pronunciamiento. En el continente, “el fracking ha avanzado sobre comunidades indígenas, campesinas, barrios urbanos e incluso Áreas Naturales Protegidas; esto ha ocasionado el desplazamiento de personas, así como de actividades productivas como la ganadería y agricultura, cuya convivencia con esta técnica es imposible”, expresó Felipe Gutiérrez Ríos, investigador del Observatorio Petrolero Sur de Argentina. Paralelamente, “se multiplican las denuncias y daños ocasionados por incendios, derrames, explosiones, acaparamiento de agua, contaminación de agua, aire y tierra por desechos tóxicos, pérdidas de sustancias radioactivas en los pozos, así como por el mal manejo de las aguas de retorno”, se señala en el pronunciamiento. A ello se debe añadir que “la extracción de hidrocarburos no convencionales a través del fracking es contraria a los compromisos nacionales e internacionales de nuestros países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y agrava los impactos del calentamiento global”, indicó Aroa de la Fuente, miembro de la organización mexicana Fundar Centro de Análisis e Investigación y la Alianza Mexicana contra el Fracking. La baja de los precios internacionales del petróleo ha puesto en evidencia otra de las aristas del fracking: no solo es altamente riesgoso, contaminante, e insostenible social y ambientalmente, sino también es inviable económicamente, manifiestan los miembros de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking. Por ello, demandan, es crucial que los gobiernos de la región asuman una política activa para detener esta técnica y destinen esfuerzos y recursos a la transición hacia una matriz energética renovable y sostenible. “El fracking ha sido prohibido o se ha declarado su moratoria en decenas de países y regiones como Francia, Bulgaria, Escocia, Holanda y en el Estado de Nueva York en Estados Unidos; también ha iniciado un vigoroso movimiento de resistencia al fracking en América Latina, lo que se ha plasmado en más de 50 municipios y comunidades que han prohibido o declarado la moratoria de la técnica en Argentina, México, Brasil y Uruguay, y en la creación de la Alianza Latinoamericana frente al Fracking”, indicó Ariel Pérez Castellón, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). En el seminario que se realizará este viernes, se abordarán las experiencias en torno al fracking de Argentina, Bolivia, México, Brasil, Francia y Estados Unidos. Se presentará además el libro Principio de Precaución: Herramienta Jurídica ante los impactos del fracking, elaborado por abogadas y abogados de AIDA. La publicación contó con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll México, Centroamérica y El Caribe. En ella se analiza la viabilidad de la aplicación del principio de precaución como vía institucional para prevenir, evitar o detener las operaciones de fractura hidráulica en América Latina. Lea aquí el pronunciamiento de la Alianza Latinoamericana frente al Fracking. Acceda en línea al informe Principio de Precaución: Herramienta Jurídica ante los impactos del fracking.

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Fuentes de Agua Dulce, Minería, Contaminación Tóxica

Organizaciones repudian reclamación internacional de Eco Oro contra el Estado colombiano por la protección de los páramos

La empresa canadiense pretende desarrollar la mina Angostura en el páramo de Santurbán y anuncia un posible arbitraje internacional por las medidas adoptadas en el país para proteger sus páramos, valiosas fuentes de agua y esenciales para mitigar el cambio climático. Washington/Ottawa/Bogotá/Bucaramanga/Ámsterdam. Organizaciones de la sociedad civil repudian el anuncio de la empresa canadiense Eco Oro Minerals Corp. de iniciar una disputa de arbitraje internacional en contra del Estado colombiano. Eco Oro ha declarado su intención de demandar a Colombia a través del capítulo de inversión del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia por las medidas que el Estado andino ha asumido para proteger Santurbán y el resto de los páramos del país de actividades nocivas como la minería a gran escala. Eco Oro Minerals pretende desarrollar el proyecto minero de oro Angostura en Santurbán con inversión de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. La empresa argumenta haber sido afectada por la delimitación de ese ecosistema y el reciente fallo de la Corte Constitucional de Colombia, que reafirma la prohibición de desarrollar minería en todos los páramos del país. Asimismo, indicó en un boletín de prensa tener la opción de remitir la disputa “a un arbitraje internacional” y de buscar “compensación monetaria por los daños”. “Desde el comienzo de Angostura era claro que la Constitución y normas aplicables protegen los páramos, que el proyecto podría afectar Santurbán y que por ende podría no ser autorizado. Los Estados no deben ser sancionados por proteger sus fuentes de agua, cumpliendo las obligaciones nacionales e internacionales”, dijo Carlos Lozano Acosta, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Los páramos son fuente del 70% del agua dulce que se consume en Colombia y esenciales para mitigación del cambio climático. El Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán presentó una queja sobre el proyecto ante la oficina del Asesor en Cumplimiento de la Corporación Financiera Internacional (CFI), la institución del Grupo del Banco Mundial dedicada exclusivamente al sector privado. Se espera el informe de la investigación en los próximos meses. “Nos preguntamos si la CFI tendrá conocimiento que su inversión en Eco Oro podrá ser presuntamente utilizada en litigios contra Estados miembros del mismo Banco Mundial. Ya es hora de que la CFI retire su inversión de esta empresa”, manifestó Carla García Zendejas, del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL). “En 2011, el Ministerio de Ambiente de Colombia negó la licencia ambiental a la mina Angostura, lo cual demostró ya la inviabilidad del proyecto. La decisión de la Corte Constitucional de Colombia lo reafirmó, sosteniendo que el derecho al agua y la protección de los páramos prima sobre las expectativas económicas de quienes desarrollan proyectos mineros en esos ecosistemas”, sostuvo Miguel Ramos, del Comité de Santurbán. “Tal como ocurre en El Salvador, en cuyo caso el Estado está siendo demandado por US$250 millones por no haber otorgado a una empresa canadiense un permiso minero que incumplía los requisitos normativos de tal país, el sistema de arbitraje internacional creado en los acuerdos neoliberales de inversión entre países es una amenaza real a la soberanía de los Estados y de los pueblos a decidir sobre temas tan transcendentales como el agua”, afirmó Jen Moore, de MiningWatch. Las organizaciones llaman a la empresa a desistir de su amenaza de llevar al Estado colombiano al arbitraje internacional y señalan el riesgo de que otras empresas con intereses en el páramo de Santurbán sigan el ejemplo de Eco Oro. Encuentra aquí más información sobre el tema.

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Fuentes de Agua Dulce, Minería, Contaminación Tóxica

AIDA celebra la decisión de la Corte Constitucional que protege páramos de Colombia

El pasado lunes, la Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional una norma del Plan Nacional de Desarrollo que permite la minería en páramos. Bogotá, Colombia.  La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) celebra la decisión de la Corte Constitucional de Colombia que prohíbe la minería en los páramos de ese país. El fallo, que  declaró inconstitucional una norma del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, es vital para la preservación de las fuentes de agua dulce, y debe servir como ejemplo a otros países en la región. Si bien solo ocupan el 1.7  por ciento  del territorio nacional, los páramos colombianos proveen el 70 por ciento de su agua dulce. Estos ecosistemas sensibles son reservas estratégicas para la biodiversidad, y actúan como sumideros de carbono vitales para mitigar el cambio climático. AIDA y sus organizaciones asociadas presentaron un amicus curiae en respaldo a la acción judicial instaurada por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. La determinación de la Corte hace justicia a los ecosistemas de agua dulce y a las comunidades que dependen de ellos en Colombia. La decisión del alto tribunal es crucial para la protección del páramo de Santurbán, del que dependen miles de personas del área metropolitana de Bucaramanga. AIDA ha trabajado de cerca con socios locales para defender ese ecosistema de proyectos extractivos y apoyar a las comunidades afectadas. AIDA insta al Ministerio de Ambiente y al Estado colombiano en su conjunto a hacer efectivo cuanto antes el fallo de la Corte, y proteger así todos los páramos de Colombia de los impactos de la minería a gran escala.

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Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Mi primera visita a La Oroya

“¿Qué piensas de La Oroya?”, un residente local me preguntó al conocerme. Siendo sincero, no estaba seguro qué responder. Percibiendo rápidamente mi incomodidad, él bromeó: “Es muy bonito, hay mucha biodiversidad y el cielo es tan azul…”. Aliviado, me reí con él y, desde ese momento, he estado buscando las palabras que describan este sitio. La Oroya es una ciudad de 33.000 habitantes, ubicada al margen del río Mantaro, en la región central de Perú, a casi 5.000 metros de altitud. Fue mi primera vez allí y me quedé solo dos días. Son cinco horas de viaje desde Lima por una carretera con curvas terribles y vistas impresionantes de las montañas alrededor. Una vez en La Oroya, el paisaje cambia drásticamente. La ciudad está cubierta por un manto gris, tiene poco o nada de vida natural, sus calles están llenas de camiones transportando hierro y otros metales pesados…Nada más destaca.  Lo que más quería al estar en La Oroya era conocer a las personas que representamos en nuestro caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de trabajar en él por seis meses, quería finalmente ponerle rostros a los nombres que tan bien había llegado a conocer en el papel. Nuestra reunión fue programada para el final del día, cuando los residentes estaban libres de sus compromisos laborales y familiares. Allí les presentamos a estudiantes de la Universidad de Yale, quienes están elaborando un informe importante sobre la relación entre la calidad del aire de La Oroya y la salud de sus habitantes. Aunque interesados en el estudio, y felices de oír del mismo, los residentes nos bombardearon pronto con preguntas acerca del caso. Lo  que más querían saber —algo que han estado esperando desde que presentamos nuestra petición hace siete años— era cuándo la Comisión tomaría su decisión. Nos hicieron saber los muchos comentarios ofensivos que han tenido que soportar, tanto de los trabajadores del complejo metalúrgico como de sus propios vecinos, durante su larga espera por un fallo. Ellos han sufrido amenazas de otros residentes de La Oroya, quienes erróneamente creen que el propósito del caso es cerrar el complejo, lo cual dejaría sin trabajo a muchas personas. En una ocasión especialmente preocupante, un “doctor” dijo en televisión que la contaminación por plomo no causaba ningún problema de salud. Afirmó que los habitantes de la Oroya eran la prueba de que las personas, aunque contaminadas con plomo y otros metales pesados, aún podían tener una vida normal. Nosotros les recordamos que un proceso ante un organismo internacional involucra años de espera, y que nos solidarizábamos con ellos por todo lo que habían tenido que pasar en los pasados años. Pero la verdad es que yo también sentí tal frustración. Fue la primera vez que vi, así de cerca, ese deseo personal por una decisión internacional. Entendí que una decisión en el papel podría en realidad constituir una forma de reparación. El largamente esperado informe de la Comisión mostrará al mundo que los efectos de la contaminación con metales pesados en una población constituyen de hecho una violación a su integridad personal y a su derecho a la salud. El objetivo de este caso no es cerrar el complejo metalúrgico, sino forzar la adopción de medidas para garantizar cierta calidad de vida para los residentes de La Oroya. En este caso, el informe de la Comisión será el instrumento por el cual las normas internacionales y de derechos humanos se harán reales, efectivas y transformadoras. Regresé de La Oroya hace casi una semana y aún estoy buscando las palabras para describir un lugar como ése. A decir verdad, La Oroya no se veía muy bien al principio. Pero rápidamente me di cuenta que la belleza de un lugar no proviene solo de sus atracciones naturales o aquellas hechas por el hombre; también resulta, y tal vez de una manera más importante, de la belleza de su gente. En ese sentido, nunca he visto una ciudad tan hermosa como La Oroya. Esta entrada está dedicada a todas las víctimas del caso de La Oroya. Espero que logren justicia y que, gracias a ellas, un caso como éste no se repita nunca en ningún lugar del mundo. También está dedicada a Astrid Puentes y María José, las abogadas de AIDA a cargo del caso, quienes me inspiran cada día a trabajar por un mundo más justo.

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Fracking, Contaminación Tóxica

El fracking debe ser prohibido para enfriar el planeta, exigen organizaciones

En el marco de la COP21, organizaciones de la sociedad civil de América Latina pidieron a las y los líderes mundiales reunidos en París prohibir las operaciones de fracking en sus países porque éstas, al emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero, van en contra del objetivo central de las negociaciones: frenar el calentamiento del planeta. París, Francia. En un pronunciamiento público dirigido a los Estados parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, organizaciones y alianzas nacionales que integran la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking piden que las actividades de fracking o fracturación hidráulica sean prohibidas “para enfriar el planeta” debido a que, entre otros impactos, éstas emiten gases de efecto invernadero y contribuyen al calentamiento del planeta.  Durante el ciclo de extracción, procesamiento, almacenamiento, traslado y distribución de los hidrocarburos no convencionales extraídos vía fracking, se libera metano que, como gas de efecto invernadero, es 87 veces más activo que el dióxido de carbono en un margen temporal de 20 años, lo que provoca mayor calentamiento global, se explica en el pronunciamiento. El documento será presentado el viernes 11 de diciembre, a las 10:00 a.m. (hora local), en la Zona de Acción por el Clima, por la Alianza Mexicana contra el Fracking, la Asociación Ambiente y Sociedad, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Food & Water Watch, Freshwater Action Network México, la Fundación Heinrich Böll - México, Centroamérica y El Caribe, el Instituto Brasileiro de Analises Socias e Economicas (IBASE) y el Observatorio Petrolero Sur (OpSur). Las organizaciones expondrán además la situación que se vive actualmente en América Latina respecto de la fracturación hidráulica. Pese a que el uso de esa técnica experimental es contrario a los compromisos nacionales e internacionales para reducir las emisiones contaminentes, varios países de la región —entre ellos México, Colombia, Argentina, Chile y Bolivia— han iniciado actividades de exploración o explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking. “El fracking está avanzando a ciegas en América Latina, sin que existan estudios integrales y de largo plazo sobre los riesgos y daños graves e irreversibles que puede causar en la salud de las personas y en el ambiente”, dijo Ariel Pérez Castellón, abogado de AIDA. “Las operaciones de este tipo en la región no han respetado derechos humanos fundamentales como la consulta y el consentimiento previo, libre e informado; el derecho a la participación y control social; y el derecho a la información”, manifestó por su parte Milena Bernal, abogada de la Asociación Ambiente y Sociedad.  Según las organizaciones, el fracking se está abriendo paso en comunidades indígenas, campesinas, barrios urbanos e incluso en Áreas Naturales Protegidas. Ello ha ocasionado el desplazamiento de personas y de actividades productivas como la ganadería y agricultura, cuya convivencia con esta técnica es imposible. De modo paralelo al inicio de estas operaciones, ha crecido el rechazo a ellas. “Prueba de esto son las redes nacionales e internacionales de oposición a esta técnica, así como los más de 50 municipios que la han prohibido en Argentina, Brasil y Uruguay”, indicó Diego di Risio, investigador del Observatorio Petrolero Sur.  “Como parte de nuestro pronunciamiento, urgimos a los Estados parte de la Convención a la firma de un acuerdo vinculante que reduzca eficaz y oportunamente los gases de efecto invernadero e incorpore a los derechos humanos dentro del texto legal; a la aplicación del principio precautorio para prohibir el fracking; y al impulso de las energías renovables y el desincentivo a la extracción de combustibles fósiles”, expresaron Claudia Campero Arena, investigadora de Food & Water Watch, y Moema Miranda, directora de Ibase. Lea aquí el pronunciamiento de la Alianza Latinoamericana frente al Fracking. Evento “The fight against fracking in Latin America: experiences in Argentina, Bolivia, Colombia, Brazil and Mexico” Traducción simultánea inglés-francés Viernes 11 de diciembre, 10:00 a.m. Zona de Acción por el Clima (ZAC) Centquatre, 5 rue Curial, Paris (Métro Riquet)

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Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

La Oroya Aún Espera por Justicia

Juana[1] está cansada. Ella y sus vecinos llevan ocho años esperando por un fallo; por una decisión que pueda mejorar sus vidas, limpiar su aire y atender a sus hijos y familias enfermas. Lo que comenzó como una búsqueda de justicia valiente y llena de esperanza se ha convertido en un compás de espera desalentador. En 2007, un grupo de residentes de La Oroya, Perú, presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Comunidad de La Oroya Vs. Perú. Por casi un siglo, su ciudad ha sido contaminada por las operaciones de un complejo metalúrgico (fundición) ubicado dentro de sus confines. La fundición ha oscurecido su aire, envenenado sus cuerpos, y liberado químicos tóxicos en sus tierras y agua. La Oroya fue identificada alguna vez como una de las ciudades más contaminadas del mundo. La contaminación severa tuvo, y aún tiene, impactos graves en la salud de los habitantes de la ciudad. Las realidades de La Oroya Cuando Anna Cederstav, codirectora ejecutiva de AIDA, visitó La Oroya por primera vez, en 1997, vio a mujeres que caminaban con bufandas cubriendo sus rostros, en un intento vano de evitar el dolor que les producía respirar. Juana, por su parte, explica que desde que tiene memoria sentía un ardor constante en sus ojos y garganta por efectos de la contaminación, pero que no le prestaba atención. Como la mayoría de la población, ella pensaba que era normal. No sabía en realidad lo que era el aire limpio porque nunca lo había respirado. AIDA ha trabajado por casi dos décadas con la comunidad de La Oroya. En 2002, presentamos el informe La Oroya No Espera junto con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Ese informe comenzó a revelarle a la comunidad la gravedad de la contaminación y de los riesgos a la salud que estaba enfrentando a diario. La comunidad supo que tenía que hacer algo. A decir de Juana, fue en 2003, más de 80 años después de que la fundición comenzara a operar, cuando ella se percató de la contaminación. Mediante el trabajo con su parroquia, pudo acceder a información y aprendió sobre lo que estaba ocurriendo en su ciudad. A partir de entonces, ató cabos: los problemas respiratorios en su familia eran, de hecho, resultado de la contaminación extrema de su ciudad. La búsqueda de justicia Los residentes llevaron su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de que sus intentos ante la justicia en Perú no dieran resultado. En 2006, un fallo del Tribunal Constitucional peruano le ordenó al Estado adoptar medidas para proteger la salud de la comunidad, pero el Estado no hizo tal cosa. En 2007, la Comisión solicitó al Estado peruano implementar medidas cautelares a favor de 65 residentes de La Oroya consistentes en un diagnóstico médico especializado y un tratamiento para aquellos que mostraran daños irreversibles a su vida o integridad personal. Juana cuenta que recibir la noticia del otorgamiento de las medidas cautelares fue una alegría. “Sabíamos que estábamos ganando algo; al inicio todo estuvo muy bien y creíamos que todo se podía solucionar, [pero] con el pasar de los meses, los años, no hubo respuestas”. En 2009, la Comisión emitió un informe admitiendo la petición de AIDA, y declarando que las omisiones del Estado ante la contaminación podrían, de ser probadas, constituir violaciones de derechos humanos. Aún así, casi una década después de haber acudido a la Comisión, las víctimas aún esperan una decisión de fondo, las medidas cautelares aún tienen que ser implementadas plenamente y la responsabilidad del Estado por los hechos todavía no ha sido establecida. “Está tomando mucho tiempo, y no todos tienen la paciencia o el deseo de seguir esperando”, afirma Juana. El tiempo afecta a las víctimas, las desgasta hasta que comienzan a flaquear o renunciar a luchar por su derecho a la justicia. Ellas se hacen aún más vulnerables mientras se enfrentan a un ciudad que es hostil con cualquiera que lucha por sus derechos a la salud y a la vida, a un Estado que niega su responsabilidad y busca cualquier excusa para no asumirla, y a una empresa que quiere limpiar su reputación y que usa su poder económico para manipular al gobierno. ¿Dónde está la ley en estos casos? ¿Dónde está la justicia? Juana señala que dejar La Oroya sería imposible para su familia porque allí tienen trabajo. Ella mantiene su compromiso de conseguir un cambio mediante la demanda, pero eso no ocurre con todos. La Oroya alberga miles de historias de familias cuyas vidas cambiaron radicalmente por la contaminación de la ciudad y los consecuentes daños a su vida y a salud.  Están quienes tuvieron que abandonar sus hogares porque no veían un futuro en la ciudad, personas que no se han podido ir de La Oroya porque toda su vida y su familia están ahí. También están aquellos que han sufrido con dolor ataques e insultos de sus propios vecinos y de toda su comunidad, pero que siguen adelante con la firme convicción de que algún día llegará el cambio y de que La Oroya será un lugar mejor y más justo para ellos/as, sus hijos/as y nietos/as. Espero y confío que la decisión de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegue con justicia a reivindicar esos años de espera. [1] El nombre fue cambiado para proteger a la persona. Esta entrada de blog está basada en La Oroya: A Painful Wait for Justice (La Oroya: Los Años de una Dolorosa Espera por Justicia), un artículo más extenso escrito por María José y publicado como Capítulo 8 del libro de DeJusticia Human Rights in Minefields: Extractive Economies, Environmental Conflicts and Social Justice in the Global South. Lea aquí el relato completo.

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Contaminación Tóxica, Cambio Climático

Reducir los contaminantes climáticos de vida corta: Salvavidas en tiempos de cambio climático

Están a tu alrededor: el aire acondicionado colgado en la ventana de tu vecino, el carbón alimentando tu parrilla, el humo negro saliendo del camión que pasa, e incluso las vacas disperas en los campos fuera de la ciudad. Estos aspectos de tu vida diaria son solo algunas de las fuentes de los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC). Al ser emitidos, los CCVC calientan la atmósfera. Pero, comparados con el dióxido de carbono, tienen una vida útil relativamente corta. En consecuencia, su mitigación efectiva podría brindar un chaleco salvavidas en las aguas turbulentas del cambio climático. Es por ello que vale la pena considerar a los CCVC cuando el mundo se mueve rápidamente hacia un nuevo acuerdo climático global, el cual será firmado en la 21ª Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). La reunión en París este diciembre será la cita más importante de las negociaciones climáticas globales desarrolladas hasta ahora, ya que el nuevo acuerdo que saldrá de ella nos podría ayudar a salir del dilema planetario en el que estamos metidos. La tarea es difícil. Llevamos 20 Conferencias y ninguna ha logrado avances sustanciales. Las emisiones contaminantes suben cada año, salvo por la radiante excepción de los años 2008 y 2009, cuando las emisiones bajaron por la crisis económica mundial (y no por voluntad humana de sobrevivencia). A veces cuesta mantener la esperanza, pero en AIDA no la perdemos. ¿Qué son los CCVC? Estos contaminantes son el carbono negro, el ozono troposférico, el metano y los hidrofluorocarbonos (HFC). Cada uno de ellos es diferente, pero comparten dos características principales: son contribuyentes importantes al calentamiento global; y, una vez emitidos, permanecen muy poco tiempo en la atmósfera. El segundo rasgo es el que nos debe llamar la atención si buscamos mitigar el cambio climático en el corto plazo. A diferencia de los CCVC, el dióxido de carbono (CO2) puede permanecer en el aire por siglos. Ello significa que incluso si hoy detuviéramos todas sus fuentes de emisión, el CO2 ya emitido seguiría calentando la atmósfera por muchísimo tiempo.    ¿De cuánto estamos hablando? El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (PICC) estima que los CCVC son responsables de más del 30% del calentamiento global. Estudios más recientes dan cuenta que ese porcentaje ronda entre el  40 y 45%. Mitigar el CO2,, responsable de la mayor parte del efecto invernadero, es esencial para mantener el equilibrio climático de la tierra en el largo plazo. Pero la oportunidad que ofrece la mitigación de los CCVC es mucho más inmediata. Ventajas de reducir los CCVC La conveniencia de reducir los CCVC es mayor si tenemos en cuenta que además de calentar la atmósfera, estos contaminantes causan otros problemas que afectan directamente a los entornos naturales y a la salud humana. El carbono negro y el ozono troposférico, por ejemplo, son la causa detrás de millones de muertes prematuras cada año, al aumentar el riesgo de males respiratorios y cardiacos. También dañan el rendimiento de los cultivos, por lo que su control ayudaría a mejorar la seguridad alimentaria a nivel mundial. ¿Y qué dice la Convención? La Convención y su Protocolo de Kioto no reconocen a los CCVC como concepto, aunque el Protocolo sí incluye al metano y a los HFC dentro de los gases de efecto invernadero que busca combatir. Pero esa falta de reconocimiento podría cambiar con el nuevo acuerdo climático que se prevé adoptar en la COP21 de París en diciembre. El acuerdo vigente incluye una lista de gases contaminantes específicos que los Estados deben reducir. Con el nuevo acuerdo, en cambio, los países decidirán libremente qué gases incluir en sus metas de mitigación. México ha dado un ejemplo notable en ese sentido al comprometerse, mediante sus Contribuciones Nacionales Previstas y Determinadas (INDCs por sus siglas en inglés), a reducir de manera no condicionada 51% del carbono negro hasta el 2030. Dicho porcentaje podría subir al 70% con ayuda internacional. Manos a la obra En AIDA trabajamos para informar a los gobiernos de las medidas que pueden tomar para reducir efectivamente los contaminantes climáticos de vida corta en sus países. Abogamos por la adopción de soluciones cuya eficiencia ya ha sido probada en varios lugares del mundo. Para ello, estamos elaborando un informe que revisará la situación actual de la regulación referente a esos contaminantes en tres países de América Latina: Brasil, Chile y México. Esperamos que ello permita avanzar hacia un mejor abordaje de los CCVC en estos países para luego continuar trabajando en toda la región. ¡Encuentra AQUÍ mayor información sobre los CCVC!

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