Derechos Humanos

Flamencos en la Laguna Colorada, Bolivia

Noviembre 20 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos, Minería

“Choose Europe”: Priorizando minerales, no derechos

Finalizó la Semana de las Materias Primas en Bruselas, Bélgica, el evento organizado anualmente por la Comisión Europea para debatir cómo garantizar el acceso "sostenible y seguro" a materias primas en y para Europa, con el fin de fortalecer alianzas internacionales que permitan cumplir sus objetivos de defensa, digitalización y seguridad.La Comisión Europea destacó que Europa es altamente dependiente de las importaciones de minerales de América Latina, lo que profundiza las presiones históricas sobre la región y la consecuente necesidad de mayores medidas de protección socioambientales. Sin embargo, desde la Alianza por los Humedales Andinos sostenemos que los debates de la semana mostraron un enfoque cada vez más desconectado de los derechos humanos, de las voces comunitarias y de la crisis socioambiental global.Este desplazamiento de prioridades se inscribe en un giro político marcado por tensiones geopolíticas en torno al acceso a minerales "críticos" y nuevas fuentes de energía, y por el avance de fuerzas conservadoras y del autoritarismo. Se advierte una tendencia dentro de la Unión Europea (UE) a la privatización de los estándares de derechos humanos y ambientales, así como al debilitamiento de las garantías sociales y ambientales a través de procesos de desregulación. Ejemplo de ello es el debate sobre la flexibilización a la Directiva de Diligencia Debida de las Empresas en Sostenibilidad (CSDDD por sus siglas en inglés).La narrativa dominante esta semana estuvo atravesada por conceptos como "competitividad" y "defensa" como los ejes articuladores de las políticas europeas. En el marco de una competencia geopolítica entre China y Estados Unidos, Europa busca minimizar la dependencia de su histórico aliado occidental bajo el lema "Choose Europe", como se tituló esta edición. De esta forma, la Comisión Europea insistió en promover el acceso a minerales desde una lógica centrada en la seguridad de sus cadenas de suministro sin analizar sus políticas a la luz de los límites planetarios ni de los derechos de las personas. Esta lógica contradice los compromisos con la transición energética que originalmente motivaron las discusiones sobre "minerales críticos". Hoy nos preguntamos, en qué medida el costo de "elegir Europa" lo seguirán pagando las comunidades locales de América Latina y de otras regiones periféricas europeas afectadas por la expansión minera.Esta ha sido la edición en la que menos se ha debatido sobre la necesidad de integrar los derechos humanos en las políticas europeas sobre minerales. En efecto, las acreditaciones para el acceso al evento oficial fueron limitadas y en la agenda oficial de este foro no hubo un espacio donde comunidades y sociedad civil del sur global pudieran expresar sus perspectivas en relación a las cadenas de valor de minerales como el litio, e incidir en los debates que orientarán el rumbo de las decisiones que les afectan. Por el contrario, predominaron las conversaciones sobre las oportunidades de inversión para empresas y gobiernos.Desde la Alianza por los Humedales Andinos evidenciamos que la ampliación de la frontera extractiva contradice los compromisos en materia de clima y biodiversidad que la UE ha suscrito y amenaza con profundizar las asimetrías entre ambas regiones. Por eso, reafirmamos nuestro posicionamiento sobre la necesidad de un cambio de paradigma en las políticas de materias primas de la UE para que sean inclusivas, transparentes y sostenibles, asegurando la participación de las comunidades y organizaciones que se encuentran en la frontera extractiva de los minerales de transición. Asimismo, en el contexto de la policrisis ecológica y democrática, insistimos en la necesidad de que la UE establezca metas concretas para reducir efectivamente la demanda de minerales y refuerce el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos y ambientales.Kit de prensaContactos de prensaVíctor Quintanilla, AIDA (regional), [email protected], +521 5570522107Rocío Wischñevsky, FARN (Argentina), [email protected], +541159518538Manuel Fontenla, Asamblea PUCARÁ (Argentina), [email protected], +54 9 3834790609Oscar Campanini, CEDIB (Bolivia), [email protected], +591 70344801Juan Francisco Donoso, Formando Rutas, [email protected], +4915780743628

Noviembre 19 2025 Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Greenpeace y AIDA interponen un recurso de protección por nuevas intoxicaciones masivas en Quintero y Puchuncaví

Más de un centenar de niñas y niños de esta zona han sido atendidos en los recintos de salud, con diagnósticos de intoxicación por gases, humos y vapores. Las organizaciones ambientalistas exigen que cuando nuevas situaciones de esta naturaleza ocurran se paralicen por completo las operaciones industriales hasta determinar sus causas, para así evitar que cientos de niños, niñas y adolescentes se vean afectados por estas. Quintero y Puchuncaví, Chile. Luego que se informara de la presencia de fuertes olores a gas y cloro en la zona (que coincidieron con operaciones de carga y descarga de hidrocarburos en la bahía de Quintero durante la madrugada del pasado 29 de septiembre), se registraron 127 atenciones de salud por cefaleas, vómitos, dolor abdominal, irritación ocular y mareos en estudiantes y docentes de la zona, situación que se repitió en los días siguientes. Desde entonces, casi 200 personas han asistido a los recintos sanitarios aquejados por síntomas coincidentes con intoxicaciones (en su mayoría, menores de edad) y, de ellos, más de un centenar fue diagnosticado con "intoxicación T59", sistema de clasificación internacional referido al efecto tóxico de gases, humos y vapores.Por esta razón, el pasado 8 de noviembre, abogadas de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Greenpeace, en representación de diversas personas menores de edad y sus familias, y organizaciones ambientales de la zona interpusieron un recurso de protección en contra de una serie de instituciones y organismos del Estado producto de las ilegalidades y arbitrariedades cometidas en el contexto de las intoxicaciones ocurridas en Quintero y Puchuncaví, que han aquejado a sus habitantes desde ese día hasta la fecha.Según Juan Francisco Zapata, abogado de AIDA, estos hechos han afectado gravemente a quienes habitan la zona, particularmente a niñas, niños y jóvenes, vulnerando sus garantías constitucionales, como el derecho a la vida y la integridad física y psíquica; la igualdad ante la ley, y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, todas consagradas en la Constitución."Es por esto que solicitamos a la Corte de Apelaciones de Valparaíso restaurar el imperio del derecho y ordenar medidas como la paralización del complejo industrial cada vez que una persona menor de edad sea diagnosticada con intoxicación T59 en la zona", explica Zapata.Roxana Núñez, abogada de Greenpeace Chile, pone en relieve que desde que en 2019, atendiendo la gravedad de la situación vivida en estas comunas, la Corte Suprema ordenó un listado exhaustivo de medidas preventivas, correctivas y de gestión ambiental y sanitaria, dirigidas a las autoridades para hacer frente a este tipo de episodios, las que no sólo no se han cumplido, sino que además los episodios de intoxicación han persistido en los años siguientes e, incluso, se han repetido con alarmante frecuencia hasta la actualidad, con cientos de personas afectadas cada año, en su mayoría menores de edad."Es por lo anteriormente expuesto que exigimos que, en primer lugar, se dé cumplimiento pleno a la sentencia de la Corte Suprema de 2019: es insólito que hayan pasado seis años y aún no se acate el dictamen del máximo tribunal, vulnerando los derechos de miles de habitantes de estas comunas", asegura Núñez. Del mismo modo, para la abogada es necesario generar un protocolo adecuado que permita que cada vez que una persona -sobre todo si es menor de edad- es ingresada a los servicios asistenciales, se paralice por completo la actividad industrial, con el objetivo de, por una parte, evitar nuevas intoxicaciones y, por otra, determinar el origen real de estas.Algunas de las acciones que incluye el petitorio de las personas afectadas individualizadas en este recurso de protección incluyen la ya mencionada paralización temporal y automática de faenas del cordón industrial ante cada nuevo diagnóstico de intoxicación por contaminación, con foco en niños, niñas y adolescentes; monitoreo continuo y público (Compuestos Orgánicos Volátiles -VOC-, vientos y mareas, por ejemplo) y trazabilidad de estos; cumplimiento total del fallo de la Corte Suprema de 2019 y el establecimiento de un plan de reparación ambiental y sanitaria en la zona, así como de protocolos de atención integral con derivación y seguimiento a personas afectadas, entre otros requerimientos."Es tanto el daño que se ha causado a esta zona de sacrificio, que muchos de los vecinos afectados por esta situación simplemente no han querido ser atendidos por los servicios de salud, ya que están cansados y no confían que recibirán una atención de salud integral y reparadora, por lo que han preferido sobrellevar los síntomas en sus hogares", comenta Núñez. "Ya ha pasado demasiado tiempo sin que estas personas puedan vivir en paz y con garantías de salud básicas. Es hora de entregarles verdaderas garantías y que el Estado y las empresas que operan el parque industrial de Quintero y Puchuncaví se hagan efectivamente responsables de esta situación", puntualiza Zapata.En este escenario, Greenpeace dispuso el sitio web InfanciaEnSacrificio.cl donde las personas pueden firmar para apoyar a las familias afectadas y rechazar este tipo de vulneraciones en la zona de Quintero y Puchuncaví. "Todos podemos contribuir para que este recurso de protección no quede archivado y logremos que tanto el Estado, como las empresas que operan en esta bahía se hagan responsables de verdad por estas vulneraciones. Cada firma ayuda a visibilizar esta crisis, aumenta la presión pública y acelera la instalación de medidas concretas de protección, fiscalización y reparación", concluye Núñez.Contacto de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107

Inauguración de la Conferencia de la ONU sobre cambio climático en la Amazonía brasileña

Noviembre 18 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos

La recta final de la COP30: Sombras, contradicciones y algunas luces

Terminó la primera semana y arrancó la fase política en la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), celebrada en Belém do Pará, Brasil. Comenzaron los días en que deben tomarse decisiones. Desde 2021 la COP no se celebraba en un país donde protestar es posible. Y los pueblos lo han hecho valer. El sábado, la manifestación fue masiva: miles de personas exigieron justicia climática en las calles, al ritmo de tambores amazónicos. También hubo un "funeral para los combustibles fósiles", al estilo de Tim Burton, con monstruos y viudas tétricas despidiéndose de una era que bien vale la pena enterrar. Pero no todo ha sido carnaval. Representantes de pueblos indígenas bloquearon la entrada del evento en varias ocasiones e incluso irrumpieron en masa en la zona azul, de acceso restringido, denunciando la explotación de sus territorios. El descontento es total. Aunque las autoridades de la COP recibieron al grupo, pero poco después enviaron una carta al gobierno brasileño solicitando reforzar la seguridad y dispersar manifestaciones. Organizaciones de derechos humanos y ambientalistas advirtieron sobre el peligro de criminalizar la protesta y el mensaje que ello envía acerca del rol de los pueblos indígenas.Estas manifestaciones son la expresión de comunidades que terminaron siendo minoría en un evento que prometió ser inclusivo. Además, hubo muchas críticas por la cantidad desproporcionada de representantes de la industria de los combustibles fósiles presentes en las negociaciones. Todo lo anterior hace más complejo lograr justicia climática.Finalmente, las opiniones consultivas (OC) no podrían quedar fuera de este recuento. Aunque no son un elemento formal de la agenda, dejaron huella. Su mensaje central es potente: la cooperación internacional no es voluntaria, es una obligación jurídica. No es extraño entonces que el tema aparezca una y otra vez en eventos específicos, menciones constantes de la sociedad civil y de algunas delegaciones de países, así como en referencias cruzadas en debates sobre financiamiento, adaptación y transición. Más que citar las OC, se las ha hecho valer: se mantiene el impulso para que alcancen su mayor potencial en esta COP y en lo que sigue. Negociaciones: los cuatro temas en "consultas presidenciales"La Presidencia de la COP inició las negociaciones expeditamente mediante una novedosa táctica: para adoptar la agenda sin contratiempos, dejó fuera y envió a “consultas presidenciales” cuatro temas complejos: Artículo 9.1 sobre financiamiento público de países desarrollados: se discute si el este financiamiento incluirá solo fondos públicos o también privados, además de la rendición de cuentas de estos fondos y cómo serán reportados. Los países más ricos —que están obligados a proveer— oponen resistencia, mientras que los países vulnerables lo necesitan para sobrevivir la crisis.Medidas unilaterales de comercio vinculadas al clima: son aquellas que los países pueden imponer en relación con su política climática (impuestos al carbono, por ejemplo). Son consideradas injustas o proteccionistas, sobre todo por los países del sur global con menor capacidad de reducir emisiones. Las negociaciones buscan evitar que sean barreras comerciales arbitrarias. Las NDC y el nivel de ambición: según el último reporte de síntesis, hay una brecha entre los compromisos de los países y lo que se necesita para mantener el calentamiento global por debajo de los 1.5 °C. Para muchas personas negociadoras, es clave acordar medidas concretas para reducir la brecha, pero los países que más emiten se resisten.Síntesis de los reportes de transparencia climática: el Acuerdo de París incluye un Marco de Transparencia Reforzado que obliga a que los países reporten periódicamente sus emisiones, esfuerzos de acción climática y el apoyo que dan o reciben, entre otros temas. En la COP30 se discute específicamente cómo hacer los reportes de síntesis más rigurosos y útiles. Las consultas han sido tensas y avanzan lentamente. El domingo, la Presidencia difundió una "nota de resumen" con posibles salidas y hoy se publicó un borrador de decisión sobre la que aún no hay reacciones. Lo que sigue son más reuniones cerradas que podrían llevar a diferentes desenlaces. Con el borrador, parece cada vez más plausible que la COP termine con una "decisión de mutirao (cover decision)", que resuma todos los avances y aborde los temas complejos. Su alcance dependerá de los cuatro días que faltan. Transición energética justa y la promesa de un mecanismo adecuadoEl Mecanismo de Acción de Belém para la Transición Justa es un nuevo arreglo institucional bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) impulsado por ONG y países del sur global. Su objetivo es ordenar el tema de transición justa que hoy reúne esfuerzos fragmentados. El mecanismo coordinaría iniciativas, sistematizaría conocimiento y apoyaría con financiamiento de calidad y asistencia, siendo una especie de evolución del Programa de Trabajo de Transición Justa que se discute desde la COP27.La sociedad civil, liderada por Climate Action Network (CAN), ha puesto muchísimo esfuerzo en lograr una decisión que se comprometa con crear este mecanismo. El G77+China, el grupo más grande de negociación en la COP y que agrupa a la mayoría de los países en desarrollo, mostró su apoyo a una iniciativa de este tipo, lo que le valió recibir por primera vez el "Ray of Light", premio de CAN que reconoce a quienes realizan un trabajo en favor de la justicia climática. Otros países desarrollados presentaron una propuesta propia, menos ambiciosa, pero que confirma que estamos más cerca de un punto de encuentro. La sociedad civil está optimista con lograr un resultado concreto y sabrá celebrarlo. Una ruta para dejar fuera de los combustibles fósilesTodo empezó en 2023, en la COP28 de Dubai, cuando apareció por primera vez en un texto de la COP el llamado a esta transición.Ahora, al inaugurar la COP30, el presidente de Brasil, Lula da Silva, se refirió explícitamente a una ruta para la transición, mientras que Marina Silva, Ministra de Medio Ambiente, supo aprovechar el impulso. En paralelo, Colombia lanzó una declaración al respecto que, entre otras cosas, menciona las OC, y con la que busca apoyo. También algunos países industrializados retomaron compromisos en el marco de la Beyond Oil and Gas Alliance.Actualmente, son 63 países los que apoyan el compromiso denominado "Transition Away from Fossil fuels". El tema no se negocia formalmente porque hay iniciativas diferentes y esfuerzos paralelos. Podría emerger un plan de acción al respecto, un apartado en la decisión final, o quizás termine siendo "una hoja de ruta para elaborar una hoja de ruta". También podría quedarse en coaliciones voluntarias de Estados comprometidos con seguir empujando la idea. Finanzas climáticas: siempre presentes, siempre complejasEl debate financiero avanza en múltiples frentes, todos interconectados:Artículo 9.1: los países en desarrollo reiteran que las obligaciones de financiamiento público de los países desarrollados son vinculantes y no pueden reemplazarse con inversión privada. De los temas en consulta presidencial, este ha sido probablemente el más contencioso.Adaptación: crece el consenso en torno a la necesidad de triplicar la meta de financiamiento (hasta USD 120 mil millones anuales) y fortalecer la transparencia y el acceso directo.Hoja de ruta Baku–Belém: busca escalar la financiación climática global a USD 1,3 billones anuales hacia 2035, combinando recursos públicos, multilaterales y privados.Fondo para Pérdidas y Daños: está operativo, pero no capitalizado, con nuevos aportes menores (como los de España y Alemania) aun insuficientes.Tropical Forests Forever Facility: presentado por Brasil como un modelo innovador de inversión para países con bosques tropicales, pero cuestionado por la sociedad civil por su naturaleza de mercado, su dependencia de inversiones volátiles y la falta de garantías para comunidades locales. Ha recibido menos atención de la esperada. Adaptación: avances parciales y el fantasma del dineroLas discusiones se concentran en dos frentes: Indicadores del Objetivo Global de Adaptación: A 10 años de la adopción del Acuerdo de París, aún no se acordó una forma de medir el progreso del objetivo. El programa de trabajo que busca desarrollar los indicadores logró reducir cerca de 9.000 propuestas a unos 100 indicadores que supuestamente serían adoptados en la COP30. Pero persisten dilemas técnicos y políticos. Varios países africanos y árabes han pedido retrasar el cierre total hasta tener medios financieros y capacidades. La narrativa dominante es “no hay indicadores sin dinero”: nadie quiere repetir la historia de metas sin implementación.Financiamiento para la adaptación: no es parte del objetivo global, pero se vincula directamente pues sin financiamiento los indicadores no servirán de mucho. Tras acordarse nueva meta global de financiamiento climático en la COP29, ahora se discute la hoja de ruta y cómo vincular los indicadores del objetivo con los medios de implementación (finanzas, tecnología, creación de capacidades). La brecha es notoria y las diferencias sobre qué contar y cómo (el rol del financiamiento privado, el seguimiento de presupuestos nacionales vs. flujos internacionales, etc.) han dominado los debates.

Sede de la COP30 sobre cambio climático en Brasil

Noviembre 10 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos

¿Qué esperamos de la COP30? 5 claves para las negociaciones climáticas en Brasil

La 30.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), mejor conocida como COP30, empieza hoy en la ciudad brasileña de Belém do Pará. Como siempre, las expectativas son altas: en estas negociaciones se juega buena parte de la respuesta global frente a la crisis climática.Pero esta COP no es como las anteriores. Con las reglas del Acuerdo de París por fin zanjadas, el llamado ahora es a su implementación: es momento de comprobar si el acuerdo funciona en la práctica. Y el timing es simbólico: la COP30 coincide con el décimo aniversario de la adopción del Acuerdo de París, mediante el cual los países se comprometieron a limitar el calentamiento del planeta muy por debajo de 2°C, idealmente hasta 1,5°C, en comparación con los niveles preindustriales.La sede también evoca. La conferencia tendrá lugar en plena Amazonía brasileña. Esperemos que este detalle no sea solo simbólico y que las negociaciones conecten realmente con el territorio, con los pueblos indígenas y comunidades tradicionales de la selva para poner la protección de la naturaleza, los derechos humanos y la justicia climática en el centro de cada decisión. Tiempos de contrasteLa COP30 transcurrirá en un escenario mundial muy desafiante. La crisis climática se agrava y el multilateralismo, necesario para hacerle frente, está golpeado. Hay guerras que devastan territorios, desvían recursos y atención, mientras algunos de los países más emisores siguen sin responder a su responsabilidad histórica. El más grande de todos le ha dado la espalda al resto del mundo.Sin embargo, hay razones para seguir empujando. Mientras los países continúen sentándose a negociar, hay una cancha donde se está jugando el futuro del planeta que no podemos abandonar.A esto se suman las recientes opiniones consultivas sobre la emergencia climática emitidas por los principales tribunales internacionales: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la Corte Internacional de Justicia. Estas opiniones no inventan nuevas obligaciones, sino que reconocen e interpretan obligaciones de derecho internacional que siempre han existido y que se fundamentan en la dignidad humana y la integridad de la naturaleza.El mensaje no podría ser más claro: los Estados tienen el deber legal de proteger a las personas y a la naturaleza frente a la crisis climática, de regular al sector privado, de colaborar con otros países y de actuar conforme a la ciencia para lograrlo. Estas obligaciones trascienden al gobierno de turno y alcanzan a todos los Estados, sin importar si hacen parte de tal o cual acuerdo internacional. La COP30 es un escenario clave donde poner en práctica estos estándares.Con este panorama, desde AIDA y de cerca con nuestras alianzas, resumimos nuestras expectativas para la COP30 en cinco claves: Clave 1: Una nueva ronda de NDC que nos encause en los 1,5°CLas contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC por sus siglas en inglés) son los planes climáticos que cada país debe presentar bajo el Acuerdo de París.Este año todos los países deben actualizarlas, pero hasta septiembre solo 64 lo habían hecho, cubriendo apenas cerca del 30 % de las emisiones globales, según el informe de síntesis publicado por la CMNUCC, donde se advierte además que estamos muy lejos de la meta de mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5°C. Por eso la COP30 debe consolidar:NDC nuevas y actualizadas en todos los países.Más ambición para mitigación, con metas claras y verificables para reducir emisiones.Señales claras hacia la eliminación de los combustibles fósiles.Planes de transición justa participativos y creíbles, con metas a corto plazo y verificables.Sin estos elementos, no podemos hablar de implementación del Acuerdo de París. Clave 2: Adaptación con estándares y recursosLa crisis climática ya está aquí, golpeando más fuerte a quienes menos contribuyeron a causarla. En Belém se debe avanzar en la implementación de la Meta Global de Adaptación acordada en la COP28 de Dubái. Ello requiere:Definir indicadores claros de adaptación y un sistema de seguimiento robusto.Evaluar y acelerar los Planes Nacionales de Adaptación.Cerrar la brecha de financiamiento para adaptación, conectando compromisos políticos con recursos reales para el sur global. Clave 3: Financiamiento climático suficiente, justo, accesible y sin deudaEn la COP29 se acordó una nueva meta global de financiamiento climático y la Ruta Bakú-Belém que apunta a movilizar recursos necesarios para cumplir las NDC y los planes de adaptación. Esto incluyó triplicar la meta previa hasta 300 mil millones de dólares anuales hacia 2035 y trabajar para movilizar al menos 1,3 billones de dólares anuales hacia ese año.El Fondo de Pérdidas y Daños, creado en la COP27, ya existe en papel, pero su implementación y capitalización siguen pendientes.Entonces, ¿qué esperamos en temas de financiamiento?Compromisos claros de los países desarrollados para aportar recursos nuevos, adicionales y que no generen deuda.Transparencia y rendición de cuentas en la provisión de financiamiento.Un Fondo de Pérdidas y Daños operativo, con suficiente capital, reglas claras y acceso directo, simple y sin condicionalidades regresivas para comunidades y gobiernos locales.Sin financiamiento suficiente y justo, la implementación seguirá siendo una promesa vacía. Clave 4: Transición justa con mandatos realesDurante la COP27 se estableció el Programa de Trabajo sobre Transición Justa para responder a una pregunta básica: ¿cómo asegurar que la acción climática transforme las estructuras de desigualdad en vez de profundizarlas? Sin embargo, los esfuerzos han sido fragmentados e insuficientes.En este contexto surgió la propuesta del Mecanismo de Acción de Belém para la Transición Justa, un nuevo mecanismo global y multilateral pensado para ordenar y potenciar las iniciativas de transición justa que hoy están dispersas. La COP30 debe ver el nacimiento de un mecanismo que logre:Coordinar iniciativas y evitar duplicación de esfuerzos.Ser un hub de conocimiento y apoyo técnico accesible.Conectar proyectos con financiamiento no oneroso, priorizando al sur global.Para que esto se cumpla, es clave que el mecanismo venga con mandatos claros, recursos y control social. Clave 5: Participación social en el centroNinguna de estas expectativas se cumplirá sin participación.Para que la COP30 realmente marque una nueva era en la acción climática necesitamos el protagonismo real de pueblos indígenas, comunidades locales, juventudes y movimientos sociales, en el corazón de las negociaciones y acuerdos.La COP de la implementación solo tendrá sentido si implementa justicia climática.

Noviembre 07 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos

Emisiones de metano y personas recicladoras en América Latina: Hacia políticas climáticas que integren gestión de residuos y garanticen derechos

Las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero (GEI) y un contaminante climático de vida corta (CCVC), impactan de manera altamente negativa el sistema climático global y el goce efectivo de los derechos humanos en América Latina. Al mismo tiempo, el metano tiene impactos indirectos en la calidad del aire al ser precursor del ozono troposférico, un contaminante tóxico con efectos comprobados en la salud humana. La reducción del metano es, por tanto, especialmente beneficiosa para enfrentar la crisis climática y proteger los derechos humanos.Las emisiones de metano también son un asunto importante de justicia climática y ambiental, especialmente aquellas derivadas de residuos orgánicos, que se depositan principalmente en vertederos y rellenos sanitarios. En la mayoría de países de la región, son gestionados de manera deficiente. Las personas recicladoras recuperan casi la totalidad de los residuos urbanos, ahorrando hasta un 30 % del espacio en vertederos. No obstante, pese a cumplir un rol ambiental y climático fundamental, enfrentan condiciones graves de marginalidad. En consecuencia, promover políticas que integren la reducción del metano con una perspectiva de justicia ambiental es una tarea fundamental de los Estados. Con el propósito de contribuir a ese objetivo, este informe presenta algunas reflexiones sobre: i) las emisiones de metano, la crisis climática y los derechos humanos; ii) el rol de las personas recicladoras en la reducción de metano; iii) las prácticas regulatorias en la gestión de residuos; y iv) la reducción de emisiones metano y las obligaciones internacionales en busca de una estrategia integral. Finalmente, expone conclusiones y recomendaciones. Lee y descarga el informe

Pobladores de la aldea de Santa Cruz Chinautla en Guatemala

Octubre 31 2025 Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

La colaboración como herramienta de protección ambiental: Una experiencia de ciencia ciudadana

Cuando existen daños ambientales la alerta inicial proviene en muchos casos de las personas o poblaciones directamente afectadas. Son las y los vecinos de un río quienes primero se percatan del vertido de residuos o de la muerte de especies cuando el cauce es contaminado. Asimismo, quienes viven cerca de una mina a cielo abierto notan, antes que nadie, que más personas en la zona comienzan a enfermar o que el agua escasea.Una forma de canalizar los conocimientos que surgen de las propias vivencias para transformarlos en evidencia científica es mediante la ciencia ciudadana. Es una manera de socializar los saberes, reconociéndolos e incorporándolos en actividades de investigación científica y de defensa territorial.En AIDA creemos en el poder de las ciencias para fortalecer la justicia ambiental. Por eso, generamos y usamos conocimiento científico en los casos legales que acompañamos. Recientemente, tuvimos oportunidad de hacer un ejercicio de ciencia ciudadana que nos llevó a reflexiones y aprendizajes sobre cómo aprovechar esta metodología colaborativa y de conocimiento compartido. El conocimiento local como respuesta frente a la degradación ambientalEn abril de 2024, a solicitud de la comunidad maya Poqomam de Santa Cruz Chinautla—una aldea cercana a la capital guatemalteca— Javier Oviedo, científico sénior de AIDA, y Bryslie Cifuentes, abogada de la organización, hicieron una visita de campo para recolectar información y evaluar el problema de contaminación por residuos sólidos que afecta a la comunidad desde hace años.Uno de los objetivos era ubicar vertederos ilegales de basura en las márgenes del río Chinautla. La disposición de residuos y desechos en esa área han contaminado el suelo y el agua de este afluente del río Motagua, el más largo de Guatemala.Mientras preparaban el viaje, Javier advirtió que esta tarea implicaría retos importantes para el equipo de AIDA. Por un lado, el tiempo de su visita no sería suficiente para recolectar toda la información necesaria. Por otra parte, no conocían la zona, por lo que ubicar los vertederos podría ser complicado y, además, implicar un riesgo de seguridad.Entonces a Javier se le ocurrió una idea: involucrar a personas de la comunidad para que apoyaran al equipo en esa tarea.Su plan tenía sentido, pues quién mejor que ellas, que conocen el territorio, para ubicar los vertederos de basura. Y no sólo eso: al vivir los impactos de la contaminación, ellas podrían comprender la necesidad de hacer ese registro.Hablé con Javier sobre cómo surgió esa idea y me compartió lo siguiente: Más allá de pedir apoyo de personas de la comunidad, en el corazón de esta propuesta había un reconocimiento del valor irremplazable de sus conocimientos como habitantes de su territorio. ¿Cómo se hizo?La idea de Javier era que, con ayuda de una aplicación de celular accesible y de fácil uso, las personas pudieran enviar la información de los vertederos directamente al equipo de Ciencias de AIDA, que validaría y analizaría los datos.Para lograrlo, diseñaron un formulario con los datos que necesitaban recolectar: ubicación del vertedero, dimensiones, tipo de residuos identificados, problemas sociales asociados, entre otros.En Chinautla, dos vecinos de la comunidad y autoridades del pueblo maya Poqomam recorrieron junto con Javier y Bryslie algunos vertederos que ya habían identificado, mientras Javier les mostraba cómo usar la aplicación y llenar el formulario. Posteriormente, uno de ellos continuó el proceso por su cuenta.Gracias a este trabajo colaborativo, se pudo obtener información sobre 10 de los vertederos de basura ilegales en condiciones más críticas. Aunque no son todos —pues lamentablemente hay muchos depósitos más de este tipo—, esta muestra sirvió para estimar la dimensión de la contaminación por residuos y desechos en la comunidad y evidenciar cómo su mala gestión ha exacerbado el problema.La información recolectada fue clave para visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales sobre la gestión de residuos.Y eso dio sustento al litigio que la comunidad interpuso contra la municipalidad de Chinautla en octubre de 2024, ante la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de residuos sólidos y por los vertederos ilegales. En junio de 2025, un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad atender la grave crisis ambiental que afecta a la comunidad. ¿Qué aprendizajes dejó esta experiencia?Involucrar a las personas de Chinautla en un proceso de construcción de conocimientos propició un aprendizaje mutuo, a decir de Javier.Para las personas de la comunidad implicó aprender nuevas habilidades tecnológicas. Para el equipo de AIDA, significó hacerse nuevas preguntas sobre cómo hacer que el conocimiento que se comparte con una comunidad vaya más allá de una colaboración.Javier resumió sus aprendizajes en 3 puntos: En AIDA, las ciencias son parte esencial de nuestro trabajo y un elemento clave de los litigios estratégicos que desarrollamos para proteger y luchar por un ambiente sano en América Latina. Involucrar a las comunidades a quienes apoyamos en esta tarea amplía nuestro panorama sobre cómo hacerlo mejor, integrando sus conocimientos y vivencias en las ciencias que queremos construir.

A toolkit for using Advisory Opinion 32/25 in climate justice work

Octubre 29 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos

Un kit de herramientas prácticas para usar la Opinión Consultiva 32 de la Corte IDH en el trabajo por la justicia climática

CONSULTA Y DESGARGA EL KIT DE HERRAMIENTAS La crisis climática ya está afectando a personas y comunidades de toda América Latina y el Caribe, dañando hogares, medios de vida, ecosistemas y el derecho fundamental a un ambiente sano. La Opinión Consultiva 32 (OC 32/25) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es la primera de su tipo en determinar que tanto Estados como actores no estatales, entre ellos empresas, tienen obligaciones claras y vinculantes, derivadas del derecho internacional, para abordar las causas y consecuencias de la crisis climática como un asunto de derechos humanos.Este pronunciamiento histórico, hecho pública el 3 de julio de 2025, brinda a personas defensoras del ambiente y los derechos humanos una nueva y poderosa herramienta para exigir acciones y justicia.Pero ¿cómo usar este dictamen para la protección efectiva de personas, comunidades y ecosistemas frente a la emergencia climática?Pero ¿cómo aplicar hoy esta decisión en casos reales, campañas, litigios y políticas? Un kit de herramientas jurídicas por la justicia climáticaPara ayudar a responder esa pregunta, más de 20 personas expertas y organizaciones ambientales, de derechos humanos y académicas —entre ellas AIDA— elaboraron una publicación que analiza la decisión histórica de la Corte IDH, con énfasis en sus aplicaciones prácticas.La publicación —Justicia Climática y Derechos Humanos: Estándares y Herramientas Jurídicas de la Opinión Consultiva 32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos— contiene 14 escritos, organizados en cuatro secciones clave:Conocimiento y Derechos Esenciales;Obligaciones Estatales y Corporativas;Derechos de Personas y Grupos Afectados; yDemocracia Ambiental y Reparaciones. Cada escrito contiene:Contexto y antecedentes para situar el tema.Un análisis jurídico claro de las principales contribuciones de la Corte.Una revisión crítica de cómo estos estándares pueden ser aplicados en la práctica.Identificación de oportunidades para el litigio y la incidencia, así como de las lagunas por llenar. Todo el contenido fue sometido a una rigurosa revisión por pares para garantizar su precisión y coherencia. ¿Por qué esto es importante ahora?Con la OC-32/25, las personas defensoras y las comunidades de toda la región cuentan ahora con:Fundamentos más sólidos para los litigios, al incorporar estándares de derechos humanos en casos relacionados con el clima.Apoyo legal para la rendición de cuentas empresarial, al aclarar las obligaciones de las empresas para prevenir y remediar daños.Argumentos para ampliar la protección de las personas más afectadas: niños, niñas, mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y personas defensoras del ambiente.Herramientas políticas para exigir acciones climáticas nacionales alineadas con la protección de los derechos humanos. En una región que enfrenta riesgos climáticos desproporcionados, esta decisión transfiere el poder a las comunidades y movimientos que buscan justicia. ¿Qué puedes hacer con este kit de herramientas?Esta publicación es una herramienta para facilitar la comprensión de la decisión de la Corte y promover —con base en ella— acciones jurídicas y políticas concretas para proteger a comunidades y ecosistemas frente a la emergencia climática.Está dirigida a personas, comunidades, organizaciones y redes que trabajan en temas de crisis climática y derechos humanos, a quienes brinda estándares y recomendaciones prácticas para fortalecer sus estrategias y esfuerzos de litigio e incidencia.En resumen, está diseñada para ayudarte a incorporar argumentos jurídicos sólidos en tu trabajo, incluyendo:Diseñar medidas de protección urgentes para las comunidades más vulnerables.Fortalecer las campañas de incidencia con respaldo jurídico.Nutrir la legislación climática y los debates sobre políticas públicas.Apoyar las demandas de las comunidades en materia de adaptación y resiliencia.Integrar estándares de derechos humanos en los litigios estratégicos. Ya seas abogado/a, miembro de una organización, líder o lideresa de tu comunidad o responsable de políticas públicas, este conjunto de herramientas puede ayudarte a convertir los estándares jurídicos en una protección y rendición de cuentas reales. Un llamado a la acciónAmérica Latina es la región que menos responsabilidad tiene en las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero esta entre las más afectadas por los daños climáticos. La OC-32/25 abre un nuevo capítulo: uno en el que la defensa de los derechos humanos es también la defensa de nuestro clima.Ahora es el momento de utilizar esta decisión para impulsar la justicia en toda la región.Juntos/as, podemos convertir este hito jurídico en protecciones tangibles para las personas y los ecosistemas que más las necesitan. CONSULTA Y DESGARGA EL KIT DE HERRAMIENTAS

Octubre 27 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos

Justicia Climática y Derechos Humanos: Estándares y Herramientas Jurídicas de la Opinión Consultiva 32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El 3 de julio de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió su Opinión Consultiva OC-32/25 sobre la Emergencia Climática y Derechos Humanos (Opinión Consultiva), marcando un hito histórico a nivel jurídico y político en la lucha global por la justicia climática. Se trata de la primera opinión consultiva emitida por un tribunal internacional que concluye que tanto los Estados como los actores no estatales –por ejemplo, las empresas– tienen obligaciones, derivadas del derecho internacional de los derechos humanos, de abordar las causas y consecuencias de la emergencia climática.En la Opinión Consultiva, la Corte articula obligaciones claras, vinculantes y urgentes para proteger el sistema climático global, prevenir las violaciones de derechos humanos derivadas de su alteración y garantizar reparaciones climáticas. Esta Opinión Consultiva marcará la pauta para los litigios climáticos en tribunales locales, regionales y nacionales, y sentará las bases para la formulación de políticas climáticas, facilitando el anclaje de la legislación local y las negociaciones globales en obligaciones legales vinculantes, y no meros compromisos voluntarios. Asimismo, servirá como testimonio vivo de las experiencias y el conocimiento profundo de quienes están en primera línea frente a los efectos del cambio climático y lideran la lucha por la justicia climática. Inequívocamente, esta opinión afirma tanto los peligros que el cambio climático representa para los derechos humanos, como el potencial transformador que la acción climática, y reparación de daños, con un enfoque de derechos humanos, puede tener.La OC-32/25 no es un evento aislado. Forma parte de un movimiento global sin precedentes por la justicia climática y converge con las recientes opiniones consultivas sobre el clima emitidas por Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) y de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Igualmente, precede a la potencial opinión consultiva en materia climática de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Corte ADHP). En conjunto, estos procesos consultivos marcan un momento decisivo en la consolidación de un marco jurídico más integral, y con un enfoque de derechos humanos, para afrontar la emergencia climática, considerada por la Corte IDH como una amenaza excepcional, que pone en peligro la vida en el planeta y socava gravemente el disfrute de los derechos humanos. Además, estas opiniones consultivas pueden ayudar a superar la inercia política que ha frenado durante mucho tiempo el progreso de las negociaciones internacionales sobre el clima, y la formulación de políticas nacionales en esta materia. Esta publicación recopila catorce escritos temáticos elaborados por una coalición de expertos y organizaciones ambientales, de derechos humanos y académicas que han participado activamente en el proceso consultivo desde su inicio. Los temas reflejan las principales áreas temáticas articuladas por la Corte en la Opinión Consultiva y se organizan en cuatro secciones: (i) Conocimiento y Derechos Esenciales; (ii) Obligaciones Estatales y Corporativas; (iii) Derechos de los Pueblos y Grupos Afectados; y (iv) Democracia Ambiental y Reparaciones.Cada escrito fue elaborado por una organización líder y sometido a una rigurosa revisión por pares para garantizar su precisión y coherencia. En conjunto, ofrecen un análisis exhaustivo de las principales contribuciones de la Opinión Consultiva, sus implicaciones jurídicas y prácticas, así como las lagunas y oportunidades que esta decisión histórica presenta en las áreas temáticas seleccionadas. Los escritos también proporcionan argumentos, estándares y recomendaciones prácticas para fortalecer las estrategias de litigio e incidencia climática.La publicación, concebida como un recurso para redes jurídicas y de incidencia, pretende mejorar la comprensión sobre el alcance de la decisión de la Corte así como fomentar la acción jurídica y política para impulsar los cambios estructurales necesarios para que las comunidades y los ecosistemas alcancen la justicia climática.Lee y descarga la publicación

Octubre 27 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos, Fracking

Comprendiendo la desfosilización y sus impactos en América Latina

El mundo apuesta su presente y futuro a una transición energética que busca cambiar las fuentes de energía, de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) a fuentes renovables y “verdes”. Este cambio ha sido llamado desfosilización o descarbonización.Lo preocupante no es el qué de este proceso, sino el cómo. Desafortunadamente, esta transición no integra cambios en los patrones de producción y consumo de energía, de circulación de materias y de generación de desechos. Estamos siendo testigos de la búsqueda y explotación de nuevas energías para repetir patrones de crecimiento infinito en un planeta que está alcanzando sus límites.En este seminario web buscamos comprender qué es la desfosilización, entender si este proceso está sucediendo o no y cómo afecta a los territorios en América Latina.Este fue el quinto seminario web de la serie "Extractivismos y defensa territorial desde la ciencia", que busca profundizar en los impactos que las actividades extractivas de recursos minero-energéticos generan en algunos de los ecosistemas más vulnerables de nuestra región. PanelJorge Forero, investigador del Departamento de Sociología y Estudios de Género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador) y coordinador del proyecto Crisis climática y Movilidades en la Región Andina.Felipe Gutiérrez Ríos, investigador en el Observatorio Petrolero Sur (OPSur).Moderó: Patricia Rengel, científica becaria en la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación

Comunidades de Argentina, Bolivia y Chile en el Salar del Hombre Muerto, Argentina

Octubre 15 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos, Fuentes de Agua Dulce

Comunidades de Argentina, Chile y Bolivia alertan de los impactos de la minería de litio

Comunidades originarias de Argentina, Chile y Bolivia, junto con las organizaciones ambientales que integran la Alianza por los Humedales Andinos, realizaron un encuentro en la provincia argentina de Catamarca, donde visitaron el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra: un humedal gravemente afectado por la industria minera de litio.A lo largo de varios días, integrantes de comunidades indígenas atravesaron largas distancias —desde la Puna jujeña, el norte chileno y la región andina de Bolivia— para encontrarse en el territorio, compartir experiencias y fortalecer una voz común frente al avance del extractivismo. La visita al salar fue parte de una serie de acciones que buscan visibilizar los daños socioambientales que la minería de litio está provocando en los humedales andinos, las cuencas de agua y las formas de vida que dependen de ellos.Desde 1997, la extracción de litio por parte de la empresa Minera del Altiplano S.A. —subsidiaria de la empresa Livent que actualmente pertenece a Río Tinto— ha generado daños ambientales profundos en el Salar del Hombre Muerto, entre ellos la desecación de de más de 5 kilómetros de la vega del río Trapiche, un impacto que persiste hasta hoy. Actualmente, en el Salar del Hombre Muerto se desarrollan 12 proyectos de litio, en distintas etapas. Ante la afectación del río Trapiche y la pretensión de cinco empresas mineras de extraer agua del río Los Patos, la comunidad que habita el salar decidió judicializar el reclamo. En 2024, la Corte de Justicia de Catamarca reconoció el daño a la vega del río y ordenó al gobierno provincial abstenerse de otorgar nuevos permisos para la actividad minera en la zona del Río Los Patos, hasta que se realice un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral de todos los proyectos funcionando a la vez. Un año después, el Ejecutivo provincial presentó un informe que no cumple con lo ordenado: recupera información antigua y omite analizar los efectos acumulativos reales, concluyendo, sin fundamentos técnicos, que no existen impactos negativos en la cuenca del Río Los Patos. Actualmente, la Corte de Justicia de Catamarca debe evaluar si el estudio presentado por el gobierno cumple con lo ordenado o debe ser rechazado por insuficiente.Elizabeth Mamani, de la comunidad indígena Atacameños del Altiplano, en Antofagasta de la Sierra, señaló: "Una de las consecuencias de la minería fue la muerte de una de las vegas del río Trapiche, la matanza de animales y también la desviación del río Los Patos".Desde Jujuy, Franco Vedia, integrante de la comunidad aborigen Tusaquillas de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, advirtió que "en Jujuy lo que está pasando con la minería es que las empresas están intentando entrar al territorio sin consultar a las comunidades. Se están violando derechos fundamentales: el derecho de las comunidades a decidir, a conservar su identidad cultural y, sobre todo, el derecho colectivo al agua".Además, indicó: "para nosotros, la extracción de litio es algo terrible; significa la muerte, porque se están llevando el agua. En Catamarca vimos lo que no debería pasar, están dejando morir a la Pachamama, a la tierra y a sus habitantes".Desde Chile, Rodrigo Espíndola Araya, de la Comunidad Lickan Antay de Toconao, remarcó las similitudes entre ambos países: "Lo que está pasando en Catamarca, Argentina, es similar a lo que está pasando en Chile, particularmente por el tema del agua. Ya se vaticina que va a ser una lucha muy fuerte en contra de las mineras. Nosotros, como pueblo originario, tenemos una lucha con respecto al uso y al derecho del agua. Pero acá, en Argentina, es algo impactante de ver: cómo la minera avasalla a los hermanos y hermanas argentinos, cortándoles el agua".Por su parte, Cindy Quevedo Monardes, de la comunidad Colla Finca El Chañar, en la comuna de Tierra Amarilla, Copiapó, Chile, expresó: "Ha sido doblemente conmovedor ver la naturaleza, todo lo que tienen acá en Catamarca, pero también ver el impacto de lo que significa tener a una empresa minera que está afectando de manera increíble estos espacios, donde todavía se ve naturaleza y biodiversidad. La afectación ha sido grande al secar vegas completas, como la del río Trapiche. Creo que es impactante verlo no solo desde afuera, sino estar acá, ver lo que ha ocurrido y lo que nos puede ocurrir a los países y a las regiones que estamos expuestas a la minería". La minería de litio y la amenaza a los humedales andinosLos humedales andinos —salares, bofedales, lagos y lagunas— de Argentina, Bolivia y Chile enfrentan un grave riesgo por el avance de la extracción de litio y otros minerales demandados para la transición energética del norte global. En estos ecosistemas se concentra más del 53% de los recursos de litio del planeta.Los gobiernos locales deben realizar estudios ambientales integrales que evalúen los impactos en los ecosistemas de manera completa y acumulativa. Además, tienen la obligación de garantizar la participación de las comunidades locales, así como su acceso a información ambiental completa, veraz y transparente en temas ambientales, de acuerdo con los estándares del Acuerdo de Escazú.Frente a este contexto, el pasado 3 de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó la Opinión Consultiva 32 sobre emergencia climática y derechos humanos. Este pronunciamiento esclarece las obligaciones que los Estados del continente deben cumplir para proteger efectivamente a personas y comunidades afectadas por la crisis climática.La Corte IDH reconoció, por primera vez, la existencia del derecho humano autónomo a un clima sano, derivado del derecho a un ambiente sano, reafirmando que la crisis climática afecta derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud, al agua, a la alimentación, a la propiedad y al trabajo.Este pronunciamiento brinda herramientas para garantizar el respeto de los derechos humanos en toda la cadena de valor de los minerales para la transición energética, así como para asegurar la integridad de los ecosistemas en América Latina.