Derechos Humanos

Comunidades de Argentina, Bolivia y Chile en el Salar del Hombre Muerto, Argentina

Octubre 15 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos, Fuentes de Agua Dulce

Comunidades de Argentina, Chile y Bolivia alertan de los impactos de la minería de litio

Comunidades originarias de Argentina, Chile y Bolivia, junto con las organizaciones ambientales que integran la Alianza por los Humedales Andinos, realizaron un encuentro en la provincia argentina de Catamarca, donde visitaron el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra: un humedal gravemente afectado por la industria minera de litio.A lo largo de varios días, integrantes de comunidades indígenas atravesaron largas distancias —desde la Puna jujeña, el norte chileno y la región andina de Bolivia— para encontrarse en el territorio, compartir experiencias y fortalecer una voz común frente al avance del extractivismo. La visita al salar fue parte de una serie de acciones que buscan visibilizar los daños socioambientales que la minería de litio está provocando en los humedales andinos, las cuencas de agua y las formas de vida que dependen de ellos.Desde 1997, la extracción de litio por parte de la empresa Minera del Altiplano S.A. —subsidiaria de la empresa Livent que actualmente pertenece a Río Tinto— ha generado daños ambientales profundos en el Salar del Hombre Muerto, entre ellos la desecación de de más de 5 kilómetros de la vega del río Trapiche, un impacto que persiste hasta hoy. Actualmente, en el Salar del Hombre Muerto se desarrollan 12 proyectos de litio, en distintas etapas. Ante la afectación del río Trapiche y la pretensión de cinco empresas mineras de extraer agua del río Los Patos, la comunidad que habita el salar decidió judicializar el reclamo. En 2024, la Corte de Justicia de Catamarca reconoció el daño a la vega del río y ordenó al gobierno provincial abstenerse de otorgar nuevos permisos para la actividad minera en la zona del Río Los Patos, hasta que se realice un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral de todos los proyectos funcionando a la vez. Un año después, el Ejecutivo provincial presentó un informe que no cumple con lo ordenado: recupera información antigua y omite analizar los efectos acumulativos reales, concluyendo, sin fundamentos técnicos, que no existen impactos negativos en la cuenca del Río Los Patos. Actualmente, la Corte de Justicia de Catamarca debe evaluar si el estudio presentado por el gobierno cumple con lo ordenado o debe ser rechazado por insuficiente.Elizabeth Mamani, de la comunidad indígena Atacameños del Altiplano, en Antofagasta de la Sierra, señaló: "Una de las consecuencias de la minería fue la muerte de una de las vegas del río Trapiche, la matanza de animales y también la desviación del río Los Patos".Desde Jujuy, Franco Vedia, integrante de la comunidad aborigen Tusaquillas de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, advirtió que "en Jujuy lo que está pasando con la minería es que las empresas están intentando entrar al territorio sin consultar a las comunidades. Se están violando derechos fundamentales: el derecho de las comunidades a decidir, a conservar su identidad cultural y, sobre todo, el derecho colectivo al agua".Además, indicó: "para nosotros, la extracción de litio es algo terrible; significa la muerte, porque se están llevando el agua. En Catamarca vimos lo que no debería pasar, están dejando morir a la Pachamama, a la tierra y a sus habitantes".Desde Chile, Rodrigo Espíndola Araya, de la Comunidad Lickan Antay de Toconao, remarcó las similitudes entre ambos países: "Lo que está pasando en Catamarca, Argentina, es similar a lo que está pasando en Chile, particularmente por el tema del agua. Ya se vaticina que va a ser una lucha muy fuerte en contra de las mineras. Nosotros, como pueblo originario, tenemos una lucha con respecto al uso y al derecho del agua. Pero acá, en Argentina, es algo impactante de ver: cómo la minera avasalla a los hermanos y hermanas argentinos, cortándoles el agua".Por su parte, Cindy Quevedo Monardes, de la comunidad Colla Finca El Chañar, en la comuna de Tierra Amarilla, Copiapó, Chile, expresó: "Ha sido doblemente conmovedor ver la naturaleza, todo lo que tienen acá en Catamarca, pero también ver el impacto de lo que significa tener a una empresa minera que está afectando de manera increíble estos espacios, donde todavía se ve naturaleza y biodiversidad. La afectación ha sido grande al secar vegas completas, como la del río Trapiche. Creo que es impactante verlo no solo desde afuera, sino estar acá, ver lo que ha ocurrido y lo que nos puede ocurrir a los países y a las regiones que estamos expuestas a la minería". La minería de litio y la amenaza a los humedales andinosLos humedales andinos —salares, bofedales, lagos y lagunas— de Argentina, Bolivia y Chile enfrentan un grave riesgo por el avance de la extracción de litio y otros minerales demandados para la transición energética del norte global. En estos ecosistemas se concentra más del 53% de los recursos de litio del planeta.Los gobiernos locales deben realizar estudios ambientales integrales que evalúen los impactos en los ecosistemas de manera completa y acumulativa. Además, tienen la obligación de garantizar la participación de las comunidades locales, así como su acceso a información ambiental completa, veraz y transparente en temas ambientales, de acuerdo con los estándares del Acuerdo de Escazú.Frente a este contexto, el pasado 3 de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó la Opinión Consultiva 32 sobre emergencia climática y derechos humanos. Este pronunciamiento esclarece las obligaciones que los Estados del continente deben cumplir para proteger efectivamente a personas y comunidades afectadas por la crisis climática.La Corte IDH reconoció, por primera vez, la existencia del derecho humano autónomo a un clima sano, derivado del derecho a un ambiente sano, reafirmando que la crisis climática afecta derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud, al agua, a la alimentación, a la propiedad y al trabajo.Este pronunciamiento brinda herramientas para garantizar el respeto de los derechos humanos en toda la cadena de valor de los minerales para la transición energética, así como para asegurar la integridad de los ecosistemas en América Latina.

Comunidades tradicionais enfrentam desafio de terem instalados empreendimentos eólicos em seus territórios sem serem consultadas

Octubre 07 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos, Océanos

Avances en la generación de energía eólica offshore en Brasil

El evento tuvo como objetivo presentar el estado actual y las perspectivas futuras de la energía eólica offshore (costa afuera) en Brasil y América Latina. En el marco de la crisis climática, que exige avanzar en la descarbonización de la matriz energética, y ante la limitada participación de las comunidades afectadas en la expansión de las energías renovables, el evento abordó los avances normativos en materia de energía eólica offshore en Brasil, así como sus posibles impactos socioambientales sobre las comunidades pesqueras y la biodiversidad marina y costera del nordeste del país y de la región. Fue un espacio de diálogo crítico, participativo e informado que permitió reflexionar sobre los desafíos y oportunidades de este proceso. PanelJuan Fernando Carrascal, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)Beatriz Vidal, Instituto Terramar.Ângelaine Alves, Movimiento de Afectados por las Energías Renovables (MAR) y Articulación de Pueblos en Lucha de Ceará (ARPOLU).Soraya Tupinambá, becaria investigadora en Fiocruz CE, socia de CEDECA, Terramar y Adelco.Joanna Barney, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ).Moderó: Isabela Figueroa, Facultad de Humanidades de la Universidad del Magdalena. Grabación

Septiembre 24 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos

Litigio climático en el sector de hidrocarburos: Perspectivas desde América Latina y el Caribe

Los efectos de la crisis climática amenazan una gran variedad de derechos humanos, incluidos el derecho a la vida, la alimentación, la vivienda, la salud y el acceso a un medio ambiente sano (IACHR, 2021). A medida que el fenómeno se intensifica, agrava las desigualdades existentes, afectando desproporcionadamente a las personas más vulnerables (Benesch et al., 2024). Las políticas climáticas globales han sido insuficientes para responder a esta crisis, impulsada en gran medida por la dependencia de los combustibles fósiles. Se estima que, para 2030, los países podrían tener una producción de combustibles fósiles aproximadamente un 110% superior a lo que sería compatible con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 ºC, y un 69% por encima de lo alineado con un límite de 2 ºC (SEI et al., 2023).En este escenario surge el litigio climático como herramienta para abordar la crisis climática, generando cambios sociales e institucionales que van más allá de los efectos particulares de un caso específico (Ezer & Patel, 2018). En el contexto de América Latina y el Caribe, la justicia climática es esencial para abordar los impactos desproporcionados que enfrentan los grupos vulnerables debido a los desequilibrios sistémicos de poder (Tigre, Urzola, et al., 2023).En consecuencia, el litigio climático en la región se ha fundamentado principalmente en un enfoque de derechos humanos, donde el constitucionalismo ambiental desempeña un papel central (Beckhauser, 2024; Tigre, Urzola, et al., 2023). Recientemente, las obligaciones del Acuerdo de París se han incorporado cada vez más en las acciones judiciales, reflejando un compromiso con la protección constitucional de los derechos humanos (de Carvalho & da Rosa, 2024; Peel & Lin, 2019).El Informe Global sobre Litigio Climático de 2023, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), destacó que en la región se han presentado varios casos impugnando los esfuerzos de los gobiernos por desregular o flexibilizar las regulaciones climáticas (UNEP, 2023). Los sectores del petróleo y del gas son fuente principal de litigios por violaciones de derechos humanos en América Latina y el Caribe (Business & Human Rights, 2022). En este contexto, el litigio climático es crucial para el desarrollo de políticas públicas que apoyen la transición energética justa en la región. La definición de transición energética justa puede variar según el contexto. Esta se refiere a la necesidad de considerar y mitigar la distribución de los impactos ambientales, económicos y sociales, tanto positivos como negativos, que conlleva la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y la descarbonización de las economías. Asimismo, implica garantizar un diálogo amplio, democrático e inclusivo para orientar estos procesos. Este informe analiza el impacto del litigio climático en los sectores de petróleo y gas en América Latina y el Caribe, con énfasis en su influencia sobre las políticas de transición energética y en la prevención y reparación de violaciones a los derechos humanos y colectivos asociadas a la producción, exploración y explotación de combustibles fósiles. Asimismo, examina similitudes y diferencias entre el litigio climático en el norte global y en el sur global —en particular en América Latina— con el fin de aportar insumos para su desarrollo futuro en la región. El análisis de litigios climáticos abarcó tanto América Latina como el Caribe, dado que se revisaron casos de toda la región en las bases de datos consultadas. Sin embargo, solo se identificó un caso de litigio climático en el Caribe (Thomas & De Freitas v. Guyana, 2021), ocurrido en Guyana, un país que, si bien geográficamente se encuentra en América del Sur, está integrado regionalmente al Caribe. Este caso ha sido considerado el primer litigio climático en el Caribe (Kaminski, 2021).A nivel regional, muchos análisis responden a dinámicas sociales y económicas compartidas en América Latina y el Caribe. No obstante, es fundamental reconocer las diferencias en las tradiciones jurídicas de la región para comprender mejor las particularidades del litigio climático en cada jurisdicción. En los países angloparlantes del Caribe, el sistema legal predominante es el common law, resultado de la colonización británica, mientras que en los países francófonos e hispanohablantes del Caribe predomina la tradición del civil law, influenciado por las colonizaciones francesa y española (Bermúdez-Abreu & Villaroel, 2021; Karst, 1968). Algunos países cuentan con sistemas jurídicos híbridos; por ejemplo, Guyana combina elementos del common law británico con aspectos heredados del civil law neerlandés. En América Latina continental, la tradición del civil law domina, con excepción de Guyana y Belice (UC Berkeley Law, s. f.).Este informe está dirigido a una amplia gama de audiencias, incluyendo profesionales del derecho, integrantes del poder judicial, responsables de políticas públicas, activistas, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y comunidades académicas de diversas disciplinas. Para esta última audiencia, el informe propone visibilizar los vacíos de información existentes y destacar cómo la incorporación del conocimiento científico puede fortalecer las estrategias legales y los argumentos utilizados en los litigios climáticos.Lee y descarga el informe

La laguna congelada en el Desierto de Atacama, Chile

Septiembre 04 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Nuevas políticas de la Unión Europea para abastecerse de minerales: ¿Qué implican para América Latina?

En medio de la carrera global por minerales para la transición energética, la digitalización, la industria aeroespacial y la de defensa, la Unión Europea (UE) ha adoptado una serie de políticas para asegurar su acceso a materias primas “críticas”, entre ellas el litio. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 25 de las 34 materias primas que la UE considera esenciales están en territorios indígenas y ecosistemas estratégicos de la región. La sociedad civil advierte que la Ley de Materias Primas Fundamentales de la UE, así como otras políticas recientes que apuntan hacia la desregulación y el fomento del sector de defensa (Omnibus I y II), pueden profundizar las desigualdades históricas entre Europa y América Latina.En este seminario web abordamos las amenazas para la región de estas políticas y qué pueden hacer los Estados y la sociedad civil para hacerles frente. Hablamos de las “asociaciones estratégicas” suscritas por la UE con Chile y Argentina. Explicamos en qué consisten los llamados “proyectos estratégicos” que la UE pretende consolidar a nivel global para mantener el flujo de minerales de sur a norte. Además, voces de liderazgos indígenas denunciaron cómo el uso excesivo de agua en la minería de litio ha degradado ya humedales andinos, ocasionando la pérdida de biodiversidad y cultura.En suma, pusimos a debate la “transición verde europea” que —en nombre de la descarbonización— amenaza con abrir nuevas zonas de sacrificio en el sur global, borrar saberes milenarios y generar daños irreversibles en sumideros de carbono indispensables para enfrentar la crisis climática. PanelAlejandro González, Investigador Sénior del equipo de Justicia Climática en SOMO, Centre for Research on Multinational Corporations, y miembro de EU Raw Materials Coalition.Pía Marchegiani, Directora Ejecutiva Adjunta y Directora de Política Ambiental en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).Joám Evans Pim, Coordinador del Área Confederal de Minería en Ecologistas en Acción y Director de la Fundación Montescola.Ramón Balcázar, Director de la Fundación Tantí.Román Elías Guitián, Comunidad Atacameños del Altiplano, Argentina.Moderadora: Yeny Rodríguez, Abogada Sénior y Coordinadora de Línea, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación

Septiembre 03 2025 Arrecifes de coral, Derechos Humanos, Océanos

Pese a la sentencia de la SCJN, autoridades impulsan nuevas obras en el puerto de Veracruz que amenazan arrecifes y ecosistemas terrestres

El Gobierno de México anunció que en septiembre iniciará la construcción de la escollera sur del puerto de Veracruz sobre el arrecife La Gallega, con más de 3 km de extensión. Con esto se sigue incumpliendo lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).El anuncio del avance del proyecto, hecho por la Secretaría de Marina, implica repetir prácticas que violan el derecho a un ambiente sano, al permitir fragmentar la evaluación ambiental y ocultar sus verdaderos impactos.Organizaciones de la sociedad civil exigen una evaluación de impacto ambiental integral, seria e independiente para proteger al Sistema Arrecifal Veracruzano y los ecosistemas costeros.Organizaciones de la sociedad civil advierten que el Gobierno de México insiste en poner en riesgo los ecosistemas costeros y marinos del Golfo de México al avanzar con la ampliación del puerto de Veracruz, fragmentando de nuevo la evaluación ambiental del proyecto, pues el pasado 23 de julio, durante la Mañanera de la presidenta Sheinbaum, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina, informó que en septiembre próximo iniciarán los trabajos de construcción de la escollera sur, con una longitud de más de 3 kilómetros, actualmente en proceso de licitación.Lo anunciado por el Secretario de Marina implica un grave retroceso, al poner nuevamente en riesgo ecosistemas frágiles como los arrecifes del Sistema Arrecifal Veracruzano —en particular el arrecife La Gallega, así como ecosistemas terrestres aún no identificados, manglares y la biodiversidad marina. También preocupa la falta de información sobre los sitios de extracción de piedra para las obras y el eventual uso de áreas naturales protegidas como bancos de materiales.En marzo de 2022, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo en revisión 54/2022, interpuesto por ciudadanos de Veracruz y organizaciones, dejando sin efecto las autorizaciones ambientales que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) había otorgado desde 2004.La Corte determinó que dichas autorizaciones eran inconstitucionales porque evaluaron el proyecto de manera fragmentada, y sin utilizar la mejor ciencia disponible, vulnerando así el derecho humano a un ambiente sano de las y los veracruzanos. En consecuencia, la SCJN ordenó realizar una nueva evaluación ambiental integral considerando la totalidad del proyecto y de sus impactos sobre arrecifes y humedales en la zona de influencia.La fragmentación de la evaluación ambiental de los proyectos es una estrategia que violenta el derecho a un ambiente sano, pues impide conocer los verdaderos impactos acumulados del proyecto portuario y, con ello, el riesgo ambiental que conlleva. La falta de información y por tanto la falta de evaluación ambiental de los sitios de donde se extraerá la roca representan un nuevo incumplimiento de la sentencia.Ante estas graves omisiones, hacemos un llamado urgente a las autoridades mexicanas a detener las obras y actividades de ampliación del puerto de Veracruz hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental holística, integral e independiente conforme a lo ordenado por la Suprema Corte. Solo así se podrá garantizar la protección de los arrecifes, la biodiversidad, los ecosistemas marinos y terrestres y el futuro ambiental de Veracruz.Contactos de [email protected], C. +52 (1) 5584625917Víctor Quintanilla, AIDA, [email protected], +52 (1) 5570522107

Lago en un paisaje de alta montaña en Ecuador

Agosto 21 2025 Derechos Humanos, Minería

Ecuador sienta un mal precedente para la protección ambiental en América Latina

En medio de dos decisiones que marcaron hitos históricos para la protección del ambiente y de las personas frente a la crisis climática, el gobierno de Ecuador decidió seguir el camino opuesto y sentar un precedente negativo para la defensa del derecho a un ambiente sano en América Latina.En julio pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia emitieron por separado dictámenes que esclarecen las obligaciones jurídicas de los Estados para actuar con urgencia y contundencia ante la emergencia climática. Mediante opiniones consultivas que resultaron de procesos participativos, los dos tribunales internacionales fijaron precedentes sustanciales hacia la justicia climática global. Pocos días después de emitidas ambas decisiones, y en total contrasentido con ellas, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fusionó el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica —en adelante Ministerio de Ambiente— con el Ministerio de Energía y Minas. Esto es un retroceso para Ecuador porque compromete aspectos fundamentales para la garantía de un ambiente sano como el licenciamiento y control ambiental, la gestión de áreas protegidas y la acción climática. También representa un riesgo para la región pues marca un camino equivocado que podría ser emulado en otros países dadas las condiciones geopolíticas y económicas del continente. Un retroceso para la defensa del ambienteEl 24 de julio de 2025, el presidente ecuatoriano emitió el Decreto Ejecutivo 60, mediante el cual ordenó la fusión de varias dependencias del Estado —principalmente ministerios y subsecretarías—, la redistribución de competencias y la desvinculación laboral de 5 mil empleados del sector público.Entre los ministerios fusionados está el Ministerio del Ambiente, que será absorbido por el Ministerio de Energía y Minas, lo que convierte a Ecuador en el segundo país de la región en perder su autoridad ambiental en menos de dos años. El primero fue Argentina a finales de 2023.El retroceso que esto significa para la defensa del derecho a un ambiente sano —que incluye un clima sano, según reconoció el dictamen de la Corte Interamericana— puede ser explicado en tres dimensiones de análisis, detalladas a continuación. 1. El licenciamiento y control ambientalUna de las principales funciones del Ministerio del Ambiente es emitir licencias ambientales para la ejecución de proyectos de extracción de bienes naturales. Estas licencias son el resultado de un proceso de evaluación ambiental sumamente técnico que debe ser realizado de forma imparcial por un equipo multidisciplinario experto en el tema para cumplir plenamente con el principio de precaución y minimizar efectivamente los impactos ambientales. La fusión ministerial pone al proceso en manos de los mismos actores interesados en la ejecución de los proyectos minero-energéticos, socavando el principio de independencia. Además, resta la capacidad técnica y operativa de los equipos multidisciplinarios encargados de realizarla. Por otro lado, de las licencias se derivan obligaciones que quienes proponen proyectos deben implementar para evitar daños ambientales y garantizar el derecho a un ambiente sano de todas y todos en Ecuador. En este sentido, la autoridad ambiental tiene la facultad de controlar el cumplimiento de dichas obligaciones y aplicar sanciones en caso contrario. La fusión ministerial traslada la facultad del control ambiental a la misma entidad interesada en promover los proyectos minero-energéticos, restando la independencia esencial para velar por el cumplimiento de la normativa y estándares ambientales. 2. La gestión de áreas protegidasNo es un secreto que las áreas protegidas en Ecuador están sumamente debilitadas. Los despidos de guardaparques, la infraestructura inadecuada y recortes presupuestarios sostenidos desde 2019 han impedido el manejo adecuado del territorio protegido. Como resultado, la minería ilegal ha proliferado en su interior. La reciente decisión presidencial implica perder la independencia financiera y administrativa para la gestión de áreas protegidas, dejando supeditado el cuidado del territorio a los intereses del sector minero y petrolero. El Decreto Ejecutivo 60 no responde a las necesidades urgentes de protección territorial ni garantiza el sistema nacional de áreas protegidas. Por el contrario, aumenta el riesgo de reproducción de actividades mineras ilegales en ellas. 3. La acción climáticaEn términos climáticos, las contradicciones también son muy evidentes. Con la desaparición de la autoridad ambiental, las acciones de mitigación y adaptación climáticas en el país estarán supeditadas a las decisiones de un ministerio cuyo fin es promover proyectos de hidrocarburos y minería. El financiamiento climático se verá diluido en la administración del sector energético, con el riesgo de no llegar a los territorios donde más se necesita.Otro riesgo es que los proyectos de generación de energía renovable con potencial de aportar a una transición energética justa repliquen los errores del pasado fósil en materia ambiental y de derechos humanos. Esto puede ocurrir si no se aplican estrictos procesos de evaluación ambiental y de consentimiento social, los cuales se deben garantizar con procesos claros, personal técnico suficiente e institucionalidad ambiental independiente. ¿Por qué lo sucedido en Ecuador es un mal ejemplo para la región?Es importante encender las alarmas a nivel regional pues América Latina está bajo la amenaza de la profundización y radicalización del extractivismo como modo de producción económica, que busca abrirse paso incluso a costa de los mecanismos de protección territorial y de derechos humanos.Entregar las competencias de la autoridad ambiental a los sectores energético, petrolero y minero —que por su naturaleza priorizan el desarrollo de actividades extractivas y que históricamente han carecido de un enfoque de derechos humanos— configura un escenario regresivo y sienta un precedente negativo para los países del continente que afrontan presiones intensas de intereses económicos para sacrificar sus bienes naturales. También es una ofensa a la lucha por la justicia ambiental y climática que el movimiento ambientalista latinoamericano ha construido arduamente. El cambio de rumbo que necesitamosA nivel nacional y regional se requieren medidas urgentes que sean avances frente a la crisis ambiental y climática. Estas incluyen:Fortalecer los procesos de evaluación de impacto ambiental aplicados a proyectos de extracción de bienes naturales, lo que incluye dotarlos de mayor independencia financiera, administrativa y operativa.Robustecer el personal técnico vinculado al licenciamiento y control ambiental, así como a la gestión de áreas protegidas.Fomentar la capacidad de control y auditoría ambiental con mecanismos transparentes y participativos.Garantizar procesos de consulta previa, libre e informada que cumplan con estándares internacionales.Mejorar las condiciones de empleo de guardaparques, así como implementar la mejor ciencia, tecnología e infraestructura disponibles en la gestión de áreas protegidas.Adoptar acciones climáticas centradas en los territorios, que permitan el flujo directo de financiamiento hacia quienes realmente lideran los esfuerzos de mitigación de gases de efecto invernadero: comunidades campesinas e indígenas.

Un grupo de vicuñas bebe agua de un manantial en un paisaje de los Andes chilenos.

Agosto 21 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Economía circular: ¿qué es y cuál es su rol ante la crisis climática y la transición energética?

La vida en el planeta, incluida la nuestra, depende de la naturaleza.Para crear modos de vida más sostenibles y mantener bajo control el calentamiento del planeta, es necesario garantizar ecosistemas sanos, resilientes y productivos.La crisis climática, la de contaminación y la de pérdida de biodiversidad tienen su origen en actividades humanas que explotan la naturaleza más allá de sus límites, sin darle opción a recuperarse, degradando ecosistemas y llevándolos a puntos de “no retorno”.Estas actividades se basan en el modelo convencional de la economía, que es lineal y que sigue la lógica de extraer, producir, utilizar y desechar recursos.Un uso más sostenible de los recursos naturales requiere un modelo económico distinto.Una opción, entre varias, es la economía circular, un modelo económico de producción y consumo descrito tradicionalmente como una combinación de actividades de reducción, reutilización y reciclaje.Pero la mayoría de las aproximaciones actuales a la economía circular, incorporadas en diversas políticas públicas, están enfocadas en ampliar el ciclo de vida de los productos ya fabricados. No incorporan de manera integral los procesos de extracción de los materiales necesarios para fabricar los productos ni el descarte final de los mismos. Esto reduce considerablemente la protección de la naturaleza y de los territorios durante el ciclo económico.Por eso es importante entender qué es la economía circular y qué debe incluir, en la teoría y en la práctica, para que contribuya realmente a un mundo más sostenible y justo. Economía circular: Definición y desafíosComo alternativa al sistema económico lineal, la economía circular implica cerrar el ciclo económico mediante diversos mecanismos. Estos incluyen la reducción del uso de recursos naturales vírgenes, el aumento del uso de materiales reciclados y la reducción de residuos al mínimo a través de la reparación y reutilización de productos, manteniéndolos en circulación el mayor tiempo posible.Significa también la creación de un valor adicional para productos cuya vida útil terminó cuando sus materiales son utilizados una y otra vez. Frente a nuestro uso continuado y no sostenible de los recursos, el concepto de economía circular está cada vez más presente en diferentes ámbitos.Aunque se trata de un concepto vivo y en evolución, cuando se convierte en política pública, la mayoría de las definiciones de economía circular consideran que su objetivo principal es la prosperidad económica, teniendo el cuidado ambiental como resultado secundario. En 2020, una definición legal de la economía circular en la Unión Europea la consideraba “un sistema económico en el que el valor de los productos, los materiales y otros recursos de la economía se mantiene durante el mayor tiempo posible, mejorando su uso eficiente en la producción y el consumo, reduciendo así el impacto ambiental de su uso y minimizando los residuos y la liberación de sustancias peligrosas en todas las etapas de su ciclo de vida…”.Esta y otras definiciones muestran que los efectos positivos de la economía circular en la naturaleza tienden a darse por sentado, cuando ciertas teorías o prácticas asociadas al concepto pueden en realidad obstaculizar la protección de ecosistemas y de las personas que dependen de ellos.Así está ocurriendo con el tipo de economía circular promovida para que los procesos extractivos ligados a la transición energética, pensada para enfrentar la crisis climática, sean ambientalmente amigables. Economía circular y transición energéticaHistóricamente, actividades extractivas como la minería han degradado ecosistemas y vulnerado derechos humanos en América Latina, generando las llamadas “zonas de sacrificio”.Hoy, para enfrentar la crisis climática, diversos organismos internacionales han posicionado una transición energética que requiere duplicar la producción de energías renovables y la electromovilidad para descarbonizar la matriz energética global.Ello implica al mismo tiempo intensificar la extracción de los denominados minerales "críticos" para el desarrollo de tecnologías limpias. Uno de ellos es el litio, mineral del cual la región posee grandes reservas.Así, lejos de ponerle fin, la transición energética promovida desde el norte global está renovando la histórica tendencia extractivista, generando una gran presión sobre los territorios de América Latina ricos en minerales para la transición, afectando ecosistemas y poblaciones cercanas a las zonas de extracción.En este contexto, la economía circular es difundida como una herramienta para que la explotación minera sea un proceso ambientalmente responsable. Pero las propuestas internacionales al respecto no garantizan la resiliencia de los ecosistemas ni el bienestar de las comunidades.Esto es evidente en países como Argentina, Bolivia y Chile debido a la creciente demanda global de minerales como el litio.Actualmente, la economía circular aplicada a la minería en América Latina está enfocada en los procesos internos de las empresas mineras, pero no en las consecuencias que sus interacciones con ecosistemas y comunidades generan en los territorios de extracción, sin detener la ampliación del extractivismo ni los altos impactos socioambientales causados.La obtención de litio para electromovilidad, por ejemplo, implica una cadena de suministro compleja y transnacional. Esta incluye la extracción del mineral, su refinamiento, la producción de electrodos para baterías, la fabricación de baterías y, finalmente, la de vehículos eléctricos.Con la visión del norte global, aquí la economía circular se aplica principalmente en el reciclaje de baterías y en mejoras industriales para la explotación minera. Pero no incluye medidas para cuidar los límites biofísicos y la capacidad de resiliencia de los ecosistemas en donde se extraen los minerales, asegurar la restauración ambiental, prevenir daños a las economías locales, garantizar los derechos humanos y reparar aquellos que ya han sido vulnerados. Propuestas desde América Latina para una economía circular justaPara que la transición energética no se convierta en un nuevo proceso extractivo que genere los mismos conflictos e impactos ambientales que sistemáticamente ha causado y que son precursores de la actual crisis climática, es fundamental que la economía circular integre comprehensivamente a los territorios de extracción de minerales.Los esquemas de economía circular deben evitar la creación, expansión y/o profundización de “zonas de sacrificio”; además de reconocer el valor estratégico de los ecosistemas como capital natural de los países y las comunidades, por las funciones ecosistémicas que brindan, entre ellas la provisión de agua dulce y la captura de carbono.Para avanzar hacia una economía circular justa en los territorios de extracción, se deben respetar los siguientes principios:Protección de los derechos humanos de las poblaciones locales, garantizando su permanencia en el territorio y la continuidad de sus actividades económicas, vinculadas a sus medios de vida y a su relación con los ecosistemas.Promoción del equilibrio ambiental conforme a los límites biofísicos de los ecosistemas, reconociendo sus valores intrínsecos, que favorecen la conservación de sus funciones.Internalización de los costos ambientales en las cadenas de valor de los minerales, incorporando en los precios el valor de los servicios ecosistémicos utilizados para su extracción.Conoce más en nuestro informe para políticas públicas Reimaginar la economía circular desde los territorios de extracción. Propuestas desde América Latina.

Mujer contempla un lago en el Altiplano boliviano

Agosto 14 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos, Minería

Reimaginando la economía circular desde los territorios de extracción: Perspectivas latinoamericanas

La transición energética contemporánea, dependiente de la extracción minera, genera una fuerte presión sobre territorios ricos en minerales. Esto se ve reforzado por diversos instrumentos de gobernanza internacional que, aunque buscan elevar estándares ambientales en las regiones consumidoras de los minerales, presionan a los ecosistemas y a las poblaciones cercanas a las zonas de extracción.En este contexto, la economía circular de los minerales para la transición es difundida como una herramienta para que el proceso sea ambientalmente responsable. Sin embargo, las propuestas internacionales al respecto se enfocan en cómo mantener los minerales en circulación el mayor tiempo posible y restringen la perspectiva de circularidad al control industrial de las acciones mineras. Es necesaria una perspectiva más amplia para garantizar la resiliencia de los ecosistemas que hacen posible la vida biológica, económica y social, junto con las propias actividades mineras en estos territorios.En este webinar reflexionamos en torno a la necesidad de que la concepción de economía circular incluya, de manera comprensiva, a los territorios de extracción de minerales. Esto es fundamental para que la transición energética mundial no se convierta en un nuevo proceso extractivo que genere los mismos conflictos e impactos ambientales que históricamente han sido causados y que son precursores de la actual crisis climática. El diálogo partió de la presentación del policy brief Reimaginar la economía circular desde los territorios de extracción. Propuestas desde América Latina. PanelOrlando Reyes Martínez, Asistente Sénior de Asuntos Económicos, División de Recursos Naturales, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).Teresa Hoffman, Asesora en Política Ambiental y UE-Latinoamérica, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).Javiera Pérez, Abogada y Encargada de Investigación, ONG FIMA.Óscar Campanini, Director Ejecutivo, Centro de información y Documentación de Bolivia (CEDIB).Aroa de la Fuente López, Directora para América Latina y el Caribe, Publish What You Pay.Moderó: Jessica Solórzano, Especialista en Economía, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación Más informaciónConsulta e policy brief Reimaginar la economía circular desde los territorios de extracción. Propuestas desde América Latina

Julio 25 2025 Derechos Humanos, Fuentes de Agua Dulce, Océanos

AIDA se une como miembro a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)

Frente a los desafíos ambientales globales, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) fortalece su rol internacional en defensa de la naturaleza y de quienes la protegen.Con nuestra incorporación como organización miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la red ambiental más grande y diversa del mundo, AIDA aportará su experiencia jurídica, científica y de trabajo en alianza para fortalecer la conservación de la naturaleza desde una visión latinoamericana y con perspectiva de derechos humanos.Bajo el objetivo de promover un mundo justo que valora y conserva la naturaleza, la UICN es un espacio neutral para que diferentes actores creen e implementen soluciones a los retos ambientales. Con el aporte de más de 17.000 personas expertas, la UICN es una incubadora y un repositorio confiable de conocimientos especializados sólidos, asesoramiento normativo, mejores prácticas y herramientas, así como de directrices y estándares internacionales para impulsar la conservación y el desarrollo sostenible.AIDA, con más de 25 años de trabajo reconocido en la protección del ambiente y la defensa de los derechos humanos en América Latina, contribuirá como miembro al objetivo de la UICN a través de:La articulación de alianzas para la conservación de la naturaleza basada en derechos;El fomento a la cooperación entre miembros gubernamentales y no gubernamentales;Aportes al debate en torno a problemas de conservación, especialmente en los aspectos jurídicos y científicos;Contribuciones al desarrollo de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales; así como a convenios internacionales relacionados con la conservación de la naturaleza; yEl impulso a la justicia ambiental y social, los derechos humanos y el derecho ambiental para avanzar hacia una gobernanza ambiental inclusiva y participativa. Esta membresía refleja el compromiso institucional de AIDA con una conservación efectiva, participativa y con enfoque de derechos humanos. Como parte de la UICN, AIDA trabajará para que las voces y experiencias de América Latina tengan un lugar protagónico en la construcción de soluciones globales ante la crisis ambiental.

Paisaje con río y nevado de fondo en Neuquén, Argentina

Julio 23 2025 Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Fracking

Mapuches se defienden contra la industria extractiva, los desalojos forzados y la inseguridad jurídica en sus territorios ancestrales en Argentina

Las comunidades del pueblo mapuche urgen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigar más a fondo los abusos en la intersección entre la industria extractiva y el despojo territorial.Río Negro, Neuquén, Mendoza, Argentina. El martes 22 de julio de 2025, organizaciones del pueblo indígena mapuche denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la grave situación derivada de los conflictos con proyectos extractivos en territorios indígenas de Argentina. El órgano de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos escuchó los testimonios de personas afectadas por proyectos mineros, petroleros y gasíferos, agravados por la falta de reconocimiento territorial, los desalojos en curso y la criminalización de las comunidades indígenas."La rápida expansión de proyectos extractivos en territorios ancestrales mapuches de Argentina está impulsando el desalojo de nuestras comunidades, ya que estos proyectos avanzan sin su consentimiento libre, previo e informado", destacaron Mirta Ñancunao y Hugo Aranea, werken (voceros) del Parlamento Mapuche- Tehuelche de Río Negro. Esto incluye nuevos proyectos mineros que abarcan 18.000 kilómetros cuadrados en Malargüe, desarrollos de petróleo y gas que se extienden por 600 kilómetros de la formación de esquisto Vaca Muerta en Neuquén, y al menos 53 nuevos proyectos metalíferos y energéticos en Río Negro, en particular el proyecto minero de oro y plata a cielo abierto denominado Calcatreu, que pone en peligro fuentes de agua."Los avances de la explotación de los recursos naturales fueron acompañados de la intención de vaciamiento del territorio", dijo Lorena Bravo de la Confederación Mapuche de Neuquén, Zonal Xaunko. "Los desalojos tienen por consecuencias directas el impedimento de uso de las tierras; de acceso a las tierras, a los sitios ceremoniales; afectación a la alimentación, acceso al agua, a la salud y afectación a la economía indígena y formas tradicionales de producción".Gabriel Jofré, werken de la Organización Malalweche afirmó que "esta avanzada de empresas extractivas en el territorio tiene como presupuesto la falta de reconocimiento estatal efectivo". Enfatizó que el Estado ha desmantelado los procesos utilizados por las comunidades mapuches para reivindicar sus derechos territoriales, incluyendo el reconocimiento de su personería jurídica. Jofre también señaló que el gobierno nacional derogó las protecciones de la Ley 26.160, la cual había suspendido los desalojos de comunidades indígenas reconocidas."El avance del extractivismo no es posible sin instalar un discurso racista y discriminatorio", advirtió Jofré, quien sostiene que esto pone en peligro a las personas defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente. Tanto autoridades nacionales como provinciales han promovido discursos racistas y de odio contra las comunidades mapuches, tildándolas de "terroristas" y negando su identidad indígena. Esta retórica ha intensificado la estigmatización de defensores indígenas y ha incrementado los riesgos que enfrentan al ejercer su labor de defensa de derechos.Las comunidades instaron a la Comisión a investigar más profundamente las violaciones a los derechos humanos que ocurren en la intersección entre la expansión de la industria extractiva y el despojo de los territorios ancestrales mapuches. En diciembre de 2024, la Comisión emitió una declaración pública instando al Estado argentino a respetar los derechos territoriales de los pueblos indígenas.Entre las organizaciones que participaron en la audiencia se encuentran la Organización Malalweche de Mendoza, la Confederación Mapuche de Neuquén y la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, con el apoyo del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earthjustice.Contacto de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 5570522107