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Organizaciones presentan ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil escrito que demuestra la ilegalidad de la autorización que el Congreso dio a la represa Belo Monte

La autorización vulnera normas nacionales e internacionales porque las comunidades afectadas por el proyecto no fueron consultadas. La construcción de la represa avanza causando daños a personas, comunidades y al ecosistema en la Amazonía brasileña. Brasilia, Brasil. La construcción de la represa Belo Monte continúa mientras la biodiversidad y las comunidades de la zona ya sufren serios daños. Organizaciones de la sociedad civil presentaron ante el Supremo Tribunal Federal (STF) un escrito legal (amicus curiae, en portugués) que demuestra que el decreto por el cual el Congreso autorizó la controversial represa es ilegal porque el proyecto no fue consultado con las comunidades afectadas. El escrito contiene argumentos de derecho nacional e internacional sobre la protección del ambiente y los derechos humanos que respaldan la acción legal iniciada por el Ministerio Público Federal (MPF) para que el STF emita un fallo que anule el decreto del Congreso. Fue elaborado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) en colaboración con el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DEJUSTICIA), el Instituto Socioambiental (ISA), la Associação Indígena Yudjá Mïratu da Volta Grande do Xingu (AYMÏX) y el Conselho Indigenista Missionário (CIMI). “El proyecto Belo Monte se aprobó sin que el Estado consultara ni obtuviera el consentimiento de las comunidades indígenas y poblaciones tradicionales afectadas. Esto, junto con la degradación ambiental que comenzó con el inicio de las obras, ha puesto a las personas y comunidades de la zona en una situación de extrema vulnerabilidad”, explicó María José Veramendi Villa, abogada de AIDA. La autorización del proyecto por el Congreso violó la Constitución brasileña y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al no haber garantizado el derecho a la consulta libre, previa e informada de las comunidades afectadas. Si bien se realizaron reuniones públicas sobre el proyecto, éstas no constituyen consultas previas porque se realizaron cuando el proyecto ya había sido aprobado. Esas reuniones se efectuaron sin que la información presentada fuera traducida a las lenguas de las poblaciones indígenas. No todos los afectados tuvieron acceso a las reuniones y quienes sí estuvieron en ellas recibieron información incompleta sobre el proyecto y la misma no les fue entregada con anticipación. Además de lo relativo al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, el escrito fortalece los argumentos del MPF en cuanto al derecho de acceso a la justicia. Ese derecho de las comunidades afectadas por la represa Belo Monte también fue violado. Ello ocurrió con la aplicación de la llamada “Suspensión de Seguridad”, una figura jurídica que permitió que decisiones judiciales contrarias al proyecto y favorables a la población afectada, emitidas por tribunales inferiores, fueran suspendidas bajo argumentos de protección de la seguridad y la economía públicas.  “En caso de obtener una decisión favorable del STF, la obligación del Estado brasileño será doble: primero tendrá que suspender la autorización que dio para la construcción de la represa y después deberá reparar los daños que ha y está causando a las comunidades indígenas y demás poblaciones impactadas por Belo Monte”, comentó César Rodríguez Garavito, director internacional de Dejusticia. “Las poblaciones tradicionales afectadas por la represa se encuentran en una situación inaceptable en época de democracia.  Existe una decisión judicial que reconoce que el derecho a la consulta previa fue violado, pero al mismo tempo hay otra decisión preliminar y provisional que garantiza que las obras continúen”, señaló Leonardo Amorim, abogado de la organización brasileña Instituto Socioambiental. “En vista de lo anterior, esa población sufre el empeoramiento de su situación de salud y la invasión de sus tierras. Esperamos que el Supremo Tribunal revierta esa situación”. Este martes, el Movimiento Xingú Vivo (MXVPS), con apoyo de diversas organizaciones, presentó un pedido de audiencia (en portugués) a la Presidencia del STF a fin de solicitar que se adopte una decisión inmediata de la presente acción legal así como de las demás acciones que cuestionan otros grandes proyectos hidroeléctricos en la Amazonía.

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Más de 49,000 firmas respaldan la defensa del río San Pedro Mezquital frente al proyecto hidroeléctrico Las Cruces en Nayarit

Las firmas fueron entregadas a la SEMARNAT. Pueblos indígenas y comunidades ribereñas esperan que esa entidad niegue el permiso ambiental a un proyecto que pone en peligro su economía y cultura. Distrito Federal, México. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) recibió las más de 49,000 firmas que le piden negar el permiso ambiental para el proyecto hidroeléctrico Las Cruces en Nayarit. El proyecto es cuestionado porque amenaza la economía y la cultura de pueblos indígenas y comunidades ribereñas. De las firmas entregadas, más de 37,000 respaldan la petición ciudadana que circuló en internet a través de Change.org. Las otras 12,000 fueron recabadas de forma física entre grupos comunitarios de Nayarit. Este respaldo a la defensa del río San Pedro Mezquital, en cuyo cauce se pretende construir la hidroeléctrica, se suma a una serie de argumentos sólidos sobre la inviabilidad del proyecto. El documento que evalúa sus impactos ambientales ha sido cuestionado por expertos nacionales e internacionales. El Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) determinó, por ejemplo, que el mismo “carece de rigor”. Además, los pueblos indígenas de la zona no fueron consultados sobre el proyecto con bases en sus usos y costumbres. Otro punto en contra es la ineficiencia de la hidroeléctrica, la cual estaría sin operar el 63% de su vida útil y generaría menos del 1% de la demanda de energía de la región Centro Occidente para el 2026. El próximo 24 de junio, como cada año, los indígenas Cora celebrarán el Día de San Juan en el río San Pedro y junto a La Muxatena, importante sitio sagrado y centro ceremonial. “Ése y otros sitios serán afectados por el proyecto; nuestra vida espiritual está ligada al río”, manifestó Marcelina López, indígena mexicanera y representante del Consejo Intercomunitario del Río San Pedro. Sandra Moguel, abogada de AIDA, recordó que de ejecutarse el proyecto “la sedimentación causada por bloquear el curso natural del río dañará Marismas Nacionales, uno de los mayores sistemas de humedales de México, un sitio prioritario para la biodiversidad amparado por tratados internacionales”. “Los ingresos económicos de miles de personas —agricultores, ganaderos, pescadores, prestadores de servicios turísticos y comerciantes— dependen de que Marismas Nacionales y el río San Pedro Mezquital mantengan sus condiciones de existencia intactas”, afirmó Marcos Moreno, ostricultor de Boca de Camichín, zona ubicada en la desembocadura del río. Con la entrega de las 49,000 firmas se busca que la SEMARNAT tome una decisión favorable al ambiente y a las personas, una como la adoptada recientemente cuando rechazó el permiso ambiental para el proyecto turístico Cabo Dorado, el cual ponía en peligro el arrecife de coral Cabo Pulmo y el abastecimiento de agua de los habitantes del lugar.

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Organizaciones apoyan cuestionamiento a proyecto hidroeléctrico en Panamá por violar derechos de los pueblos indígenas

Ciudad de México,  México – Organizaciones de la sociedad civil presentaron ayer un amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de Panamá apoyando la demanda contra la evaluación de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco presentada por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) en representación del pueblo indígena Ngäbe-Buglé.   El amicus presentado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Center for International Environmental Law (CIEL) y Earthjustice, sostiene que el gobierno panameño violó el derecho internacional al aprobar el proyecto sin consultar adecuadamente ni obtener el consentimiento libre, previo e informado del pueblo indígena Ngäbe - Buglé, y por no haber evaluado adecuadamente los impactos ambientales sobre su territorio.   “Queremos agradecer a las organizaciones internacionales que apoyaron nuestra lucha para proteger nuestras tierras y recursos naturales, que son los aspectos mas importantes de nuestra cultura,” señaló Goejet Miranda, Presidente de la comunidad en el movimiento en defensa del río Tabasará frente a proyectos de desarrollo.   Una vez finalizada la construcción, la represa inundará hogares y sitios religiosos, históricos y culturales del territorio del pueblo Ngӓbe-Buglé.  La represa Barro Blanco también hará que el río Tabasará pase de ser un ecosistema lótico a uno léntico, lo que ocasionará la reubicación forzada de familias indígenas.  El Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, tras su visita a las comunidades indígenas de Panamá el mes pasado, concluyó que el gobierno debió haber consultado adecuadamente al pueblo Ngäbe antes del otorgamiento de la concesión para el proyecto hidroeléctrico.   “Los pueblos indígenas gozan de una protección especial bajo el derecho internacional” señaló la abogada sénior de CIEL Alyssa Johl.  “En el caso Barro Blanco, Panamá violó el derecho internacional al haber ignorado el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado del pueblo Ngäbe, el cual requiere a los Estados garantizar que los pueblos indígenas se involucren activamente y se apropien de las decisiones que puedan afectar sus vidas y modos de vida”.   El amicus apoya los argumentos de la demanda contencioso administrativa presentada CIAM mediante la cual se solicita que se declare la nulidad de la resolución que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Barro Blanco y la suspensión de la construcción de la represa, hasta tanto no se lleve a cabo un EIA adecuado.  “De conformidad con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de Panamá” explicó María José Veramendi, abogada sénior de AIDA, “esperamos que la Corte falle en favor del pueblo Ngäbe fortaleciendo la protección de las comunidades indígenas frente a proyectos de desarrollo en Panamá y contribuyendo al desarrollo de una jurisprudencia sólida y coherente en asuntos relativos a la protección de los derechos humanos y el ambiente en la región”.   Barro Blanco también ha sido objeto de críticas por su registro en el Mecanismo de Desarrollo Limpio de las Naciones Unidas (MDL), un esquema de compensación de carbono establecido por el Protocolo de Kyoto.  En teoría, el MDL – con su doble objetivo de reducir las emisiones de carbono y alcanzar un desarrollo sostenible – podría ser una herramienta valiosa en la lucha contra el cambio climático.  Sin embargo, entre otros problemas, el MDL falla en asegurar que los proyectos registrados no violen los derechos humanos.   “Los mecanismos para hacer frente al cambio climático deberían hacer más que proveer beneficios económicos a las compañías que desarrollan los proyectos” señaló la abogada de Earthjustice, Abby Rubinson.  “Éstos deben asegurar la protección de los derechos humanos y soluciones equitativas en terreno”.    Para más información: AMICUS CURIAE Barro Blanco

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Organizaciones alertan a Naciones Unidas sobre violaciones a derechos humanos de construirse la hidroeléctrica Las Cruces en Nayarit, México

Piden a Relatores Especiales de la ONU exhortar al Estado mexicano a garantizar los derechos de los pueblos indígenas y comunidades ribereñas afectadas por el proyecto. Distrito Federal, México. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) envío una alerta urgente a los Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre una vivienda adecuada, sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre el derecho a la alimentación, sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, y sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; y al Experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible por la inminente violación a los derechos humanos que la construcción de la hidroeléctrica Las Cruces implica para las comunidades ribereñas y para los pueblos indígenas Cora, Tepehuano, Huichol y Mexicanero asentados a lo largo de la cuenca del río San Pedro Mezquital en el estado de Nayarit. Esta acción fue presentada en representación de los distintos sectores económicos,  organizaciones ambientales y comunitarias de la región afectada por el proyecto: el Consejo Intercomunitario del Río San Pedro, el Consejo Indígena Náyeri, la Federación Ribereña de Nayarit, Nuiwari, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Grupo Ecológico Manglar, SuMar y representantes de la localidad Boca de Camichín. En la alerta se solicita a los Relatores Especiales instar al Estado mexicano “a garantizar  los derechos a la información y la participación, consulta y consentimiento, a la alimentación, al agua potable y saneamiento y al disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible de los pueblos indígenas y comunidades ribereñas del río San Pedro Mezquital”. Se les pide además visitar el sitio donde se prevé construir la hidroeléctrica para que conozcan “de primera mano” las afectaciones que el proyecto ocasionará en el ambiente y los derechos humanos. La afectación al territorio indígena, en su mayoría Cora, el desalojo forzoso de sus habitantes y los daños a sus sitios sagrados implican la inminente violación de los derechos humanos a la vivienda adecuada, al agua y a los medios de subsistencia, así como a la cultura y a la educación. “Nuestras tierras y recursos naturales son los aspectos más importantes de nuestra cultura; todos los días tememos que inunden o afecten nuestros sitios sagrados", dijo Julián López Cánare, coordinador del Consejo Indígena Náyeri y miembro del Consejo Intercomunitario del Río San Pedro. Por su parte, Ernesto Bolado, director de SuMar, señaló que la acción presentada ante la ONU resalta el hecho de que los miembros de las comunidades Cora, Huichol, Tepehuana y Mexicanera nunca fueron consultados en los términos que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y el consentimiento para el cambio de uso de suelo y expropiación de sus tierras fue solicitado a las asambleas comunales bajo engaños, condicionamiento de apoyos gubernamentales y hasta la intimidación. La Comisión Federal de Electricidad propone construir y operar la hidroeléctrica Las Cruces sobre el río San Pedro Mezquital, 65 kilómetros al norte de la ciudad de Tepic, Nayarit, con una capacidad proyectada de 240MW generada por tres turbinas y con una cortina de 188 metros de alto en una superficie de 5,349 hectáreas. El proyecto operará de manera regular sólo cuatro meses al año, y cubrirá el 0.9 % de la demanda energética del Centro Occidente de México para el 2026, apenas el 0.28% del total de la capacidad instalada en el país[1]. “La acción urgente es una solicitud para que los Relatores de Naciones Unidas realicen una investigación sobre los hechos que afectan el goce efectivo de los derechos humanos de las personas y comunidades que serán afectadas por el proyecto hidroeléctrico”, precisó Sandra Moguel, abogada de AIDA. El estudio de impacto ambiental de la hidroeléctrica Las Cruces reconoce que a raíz del proyecto la agricultura prácticamente de subsistencia y la ganadería en pequeña escala serían sustituidas por la pesca dentro del embalse. “Es impensable convertir agricultores de subsistencia en pescadores o en operadores turísticos”, afirmó Marcos Moreno, ostricultor de Boca de Camichín e integrante del Consejo Intercomunitario del río San Pedro. Consulte la alerta enviada a los Relatores Especiales de la ONU.

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Belo Monte: ¡Nunca nos rendiremos!

Por María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA, @MaJoVeramendi  No vamos a darnos por vencidos. Ese es el lema de AIDA en defensa de los derechos de los brasileños que se enfrentan a la reubicación forzosa a medida que la construcción de la mega-represa Belo Monte continúa avanzando en la Amazonía. El Gobierno de Brasil está construyendo la tercera represa más grande del mundo sobre el río Xingú bajo el pretexto de satisfacer una creciente demanda de energía. Uno de los costos de la represa es, según cifras oficiales, el desplazamiento de al menos 20,000 personas de comunidades indígenas y ribereñas. Sus tierras tradicionales serán inundadas y sus formas de vida, destruidas. Pero la gente del Xingú no se dejará acallar y se ha organizado para luchar por sus derechos. El gobierno está tan decidido que ha hecho uso de espías para infiltrarse en el movimiento que se opone a la represa. Ha desplegado a las fuerzas de seguridad pública para patrullar el sitio de construcción y disolver las protestas. Y planea reforzar los controles en junio y julio, cuando la atención del mundo se centrará en Brasil por la Copa Mundial de Fútbol.  Además, ahora el Gobierno brasileño quiere criminalizar las protestas contra proyectos de infraestructura, aun cuando las comunidades afectadas sólo están expresando su consternación tras habérseles negado el derecho constitucional básico e internacionalmente reconocido de manifestar su posición sobre lo que ocurre. ¿Tirar la toalla? Nosotros no. Con tus donativos, AIDA está trabajando para asegurar que a la gente del Xingú se le garantice el derecho a ser escuchada, a ser consultada, y a vivir en un ambiente sano.  Uno de los objetivos de la estrategia de AIDA es hacerle frente a un instrumento legal llamado Suspensión de Seguridad, establecido en Brasil durante la dictadura militar. Los Tribunales han utilizado dicho instrumento en reiteradas ocasiones para “proteger el interés público” e invalidar decisiones de tribunales inferiores que, como en el caso de Belo Monte, han ordenado detener la construcción de la represa hasta que el gobierno consulte a las comunidades afectadas y les brinde protección y compensación adecuadas. El 10 de marzo, en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Alexandre Sampaio, abogado de AIDA, explicará cómo Brasil está usando la Suspensión de Seguridad para violar los derechos humanos de los pueblos indígenas de Brasil. Además, a través de la preparación y presentación de escritos legales, estamos abogando para que el Supremo Tribunal rechace la aplicación de la Suspensión de Seguridad y determine que el proyecto Belo Monte fue ilegal desde el inicio. También hemos solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que analice las implicaciones de la Suspensión de Seguridad para los derechos humanos. AIDA realiza todo este trabajo de forma gratuita para las personas a las que ayuda. Tus donaciones a través de Global Giving son un apoyo fundamental para que los abogados y abogadas de AIDA lleven adelante este importante y desafiante trabajo legal, el cual empodera a las comunidades amazónicas para que defiendan sus derechos.  Considera por favor hacer otro donativo en apoyo a este trabajo, ayudando a nuestra “nunca-nos-rendiremos” lucha contra Belo Monte. Con gran aprecio, El equipo de AIDA

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Vidas sin retorno: Algunas historias detrás de la construcción de la represa Belo Monte

Por María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA, @MaJoVeramendi  Al iniciar el descenso en avión hacia la ciudad de Altamira (Pará, Brasil), la oscuridad de la noche se interrumpe por las fuertes luces de los canteros, ubicados a pocos kilómetros de esa ciudad, y donde se realizan las obras de construcción de la represa Belo Monte. Desde ese momento, el panorama se torna desolador. En un reciente viaje a la zona pude constatar cómo la situación de los miles de residentes —indígenas, ribereños y habitantes de la ciudad de Altamira— continúa en deterioro. Sus comunidades y modos de vida están siendo irreversiblemente afectados y sus derechos humanos, sistemáticamente violados a causa de la construcción de la hidroeléctrica. Cuando la noche se vuelve día Desde el avión, las luces provenientes de los canteros son sólo destellos momentáneos. Pero para las comunidades indígenas y ribereñas cercanas a ellos, esas luces han significado un cambio radical en su forma de vida. El señor José Alexandre vive con su familia en Arroz Cru, comunidad ribereña ubicada en la margen izquierda (ribera o lado izquierdo de un río o arroyo) de la Volta Grande del río Xingú (municipio de Vitoria do Xingu), frente al cantero de obras Pimental. Su vida entera ha transcurrido en ese lugar, con la caza y pesca como actividades principales. Sin embargo, todo cambió desde que inició la construcción de la represa. La fuerza de las luces que iluminan el cantero es tal que ya no es posible pescar ni cazar como antes. Asustados por la luz y las explosiones, los animales no se asoman más. José Alexandre se ha visto obligado a vivir del trabajo agrícola de sus hijos: un giro radical en su modo de subsistencia. La noche, que antes era verdaderamente penumbra, ahora está permanentemente iluminada…Las estrellas ya no se ven igual. Pero eso no es todo. A medida que la construcción avance, la Volta Grande del río será cerrada con diques y con ello su caudal se reducirá drásticamente. José Alexandre tendrá entonces que dejar su hogar para reubicarse muy probablemente en una zona urbana. Aunque recibirá un pago por su tierra, ¿cuánto es suficiente?, ¿es posible compensar la pérdida de su hogar, vida y cultura? Ante la inminente salida de su territorio, José Alexandre vivió otro doloroso proceso: los cuerpos enterrados en el cementerio de la comunidad, entre ellos los de sus seres queridos, fueron exhumados hace algunas semanas para ser trasladados al cementerio de Altamira. Cuando los muertos ya no son nuestros El cementerio de la comunidad de Santo Antonio es ahora propiedad del Consorcio Constructor de Belo Monte (CCBM). El camposanto era lo único que quedaba de esa comunidad. Sus habitantes tuvieron que dejarla por estar enclavada entre los canteros de las obras.   En el lugar se colocó un letrero con el siguiente texto: COMUNICADO Interdicción de Cementerio Norte Energía informa a los moradores de la Villa Santo Antonio y comunidades vecinas que el cementerio de la Villa Santo Antonio será restringido por la Prefectura de Vitória de Xingu a partir del 1 de enero de 2012, estando prohibido todo y cualquier entierro en el local. El entierro que sea necesario en el periodo de la interdicción y hasta la construcción del nuevo cementerio será realizado en el cementerio municipal de Altamira. Los fallecimientos que ocurran a partir de esa fecha deberán ser comunicados a Norte Energía a los teléfonos […] para las debidas providencias. El letrero, colocado en el tiempo en el que se estaba discutiendo el reasentamiento de la comunidad, parece una prohibición a morir. Ahora es posible ver en cada tumba una estaca de madera con las siglas de la represa y un número de registro a manera de inventario. Demás está decir que el proceso de reasentamiento e indemnización fue seriamente cuestionado, siendo los antiguos moradores de Santo Antonio los más perjudicados y cuyo modo de vida fue destruido. Cuando se pierde todo vínculo con el hogar Toda su vida se dedicó a pescar. Ahora sus días transcurren con bolsas de cemento de aproximadamente 50 kilos a cuestas y fuertes dolores de espalda. A raíz del inicio de obras de la represa Belo Monte, Élio se vio forzado a dejar su hogar en la comunidad de San Antonio y a mudarse a Altamira, donde ahora trabaja en la industria de la construcción para subsistir. En Altamira, Élio vive en casa de unos amigos, en un cuarto que le cedieron por caridad. Tras salir de Santo Antonio, su familia se separó y cada quien buscó sus propios medios de sustento. Élio ha perdido contacto con sus amigos y con el resto de su comunidad. Con profunda tristeza reconoce no saber dónde ni cómo viven. Son algunas de las miles de historias Como éstas hay miles de historias en torno a la construcción de Belo Monte. Son historias de muerte, destrucción y desplazamiento forzoso. Describen familias separadas, culturas y tradiciones pérdidas, tierras abandonadas; daños a la vida, a la salud y al ambiente; y la criminalización de defensores, movimientos sociales y víctimas. Narran la impunidad. Son el fiel reflejo de las violaciones de derechos humanos perpetradas por un Estado que supuestamente persigue el desarrollo, pero que lo hace a toda costa y, en particular, a costa de miles de vidas que jamás volverán a ser las mismas. 

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El Derecho Internacional Ambiental y de Derechos Humanos aplicable al desarrollo de grandes represas hidroeléctricas

El artículo es una actualización y reedición de dos capítulos del informe Grandes Represas en América: ¿Peor el Remedio que la Enfermedad?, elaborado por Jacob Kopas y Astrid Puentes Riaño. En el artículo se identifican "las principales obligaciones, estándares, decisiones y jurisprudencia internacional aplicable a las grandes hidroeléctricas, que nuestros Gobiernos deberían utilizar en la planeación, implementación, operación y cierre de estos proyectos". El artículo está dividido en dos partes. En el capítulo I presenta un panorama general de los principales estándares, el marco jurídico del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional ambiental, así como decisiones y jurisprudencia internacional aplicable a los casos de grandes represas. En el capítulo II se aplica dicho marco a los casos de violaciones de derechos humanos a causa de la degradación del ambiente a partir del desarrollo de una gran represa.

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Represas y minas amenazan derechos indígenas: Recomendaciones de un experto en derechos humanos de la ONU

Por Jessica Lawrence, anapsta investigadora de Earthjustice Una de las metas constantes de Earthjustice y de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) ha sido alertar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en tribunales nacionales y foros internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre violaciones ambientales y de derechos humanos asociadas con minas y represas. Los pueblos indígenas son particularmente vulnerables a los efectos nocivos que las industrias extractivas y energéticas tienen en sus territorios. El pasado abril, Earthjustice y AIDA proporcionaron evidencia de esos daños, así como recomendaciones acerca sobre cómo evitarlos, al experto en derechos indígenas de la ONU James Anaya, quien recientemente pubpcó un informe sobre las industrias extractivas y energéticas y los pueblos indígenas. Los comentarios (en inglés)de Earthjustice y AIDA se enfocaron en el cierre de minas, describiendo cómo el inadecuado cierre, restauración o monitoreo puede causar una contaminación ambiental severa y de largo plazo, y violar derechos humanos e indígenas. Identificamos las medidas que los países pueden adoptar para prevenir esos problemas, incluyendo la promulgación de leyes estrictas sobre la responsabipdad de los operadores mineros, y la exigencia de que éstos brinden garantías financieras para asegurar una adecuada pmpieza durante y después del cierre de una mina. Dichas medidas pueden ayudar a proteger los derechos humanos a la salud, al agua potable y a un ambiente sano, así como los derechos indígenas a la cultura, apmentación y medios de subsistencia, sus tierras y recursos naturales. El informe de Anaya incluye una serie de recomendaciones que tienen imppcaciones ambientales y de salud. Las recomendaciones clave incluyen: Garantizar el derecho de las comunidades indígenas a oponerse a proyectos extractivos y energéticos sin miedo a represapas, violencia o consultas coercitivas. Si un gobierno decide continuar un proyecto sin su consentimiento, las comunidades indígenas deben ser capaces de impugnar esa decisión ante las cortes. Las Evaluaciones de impacto ambiental rigurosas deben ser una precondición. Las comunidades indígenas deben tener la oportunidad de participar en esas evaluaciones, y tener acceso total a la información recabada. Los gobiernos deben garantizar la objetividad de las evaluaciones de impacto, ya sea a través de revisiones independientes o asegurando que las evaluaciones no son controladas por los promotores del proyecto. Las medidas para prevenir los impactos ambientales, particularmente aquellas que impactan en la salud o la subsistencia, deben incluir monitoreos con la participación del púbpco, así como medidas que aborden el cierre del proyecto. Si los gobiernos y los operadores de los proyectos siguieran las recomendaciones de Anaya, se reducirían sustancialmente los daños ocasionados a pueblos indígenas por la conducta frecuentemente vergonzosa e irresponsable de las industrias extractivas y energéticas. AIDA, a quien Earthjustice brinda apoyo significativo, trabaja con comunidades locales para responder ante violaciones a derechos humanos derivadas de las industrias extractivas en todo el hemisferio, incluyendo los casos de la represa Barro Blanco en Panamá, la represa Belo Monte en Brasil, la represa La Parota en México, y las minas en ecosistemas andinos de Colombia.

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Carta de AIDA al Presidente del Grupo del Banco Mundial (en inglés)

DR. JIM YONG KIM PRESIDENT THE WORLD BANK GROUP Dear Dr. Kim: We are writing to express our deepest concern regarding the World Bank Group decision to start financing and promoting large hydroelectric projects as “sustainable energy.” We urge you to review the information about negative impacts that large dams have had on the environment and human rights in the Americas, and to reconsider that decision. Large dams commonly cause severe harm to the environment. Underwater decomposition of trees and plants releases major quantities of methane, contributing to climate change. Large dams degrade water quality and sanitation both upstream and downstream from the artificial modification of river systems. Degradation of aquatic ecosystems leads to loss of biodiversity. Seismic instability is another common consequence of dam construction. These environmental harms often violate human rights protected by international legal instruments. These projects repeatedly generate health risks, block access to traditional food sources, and interfere with the ability to earn a livelihood. They displace entire communities, interfering with the human rights to freedom of movement, property, housing, and just compensation. State sponsors of large dams routinely fail to produce comprehensive environmental and social impact assessments, which are required by international law. Access to the information that should be provided by such an assessment is essential to ensuring the human rights to informed consent and prior consultation. Specific international laws and standards that apply to indigenous, afro-descendant and tribal peoples are routinely ignored. In some cases, public protest to ill-considered dam projects is criminalized, contrary to international human rights law. Many organizations and institutions, including the World Commission on Dams, have identified these negative consequences. AIDA has also produced a report analyzing the effects of large dams on the environment and human rights, “Large Dams in the Americas.” The executive summary of the report (in English) and the full version (in Spanish) are attached to this letter. AIDA stands with the World Bank Group in supporting development in Latin America. But that development should be sustainable. It should not come at the expense of the environment and human rights. Promotion of truly renewable resources, including wind, solar, and geothermal energy, can also encourage development that sustains growing economies, thriving environments, and respect for human rights. We insist that the World Bank Group finance only projects that abide by international law and standards, and give due and full consideration to alternative energy sources and efficiency measures. We would be more than happy to help the World Bank Group to drive true, sustainable development and to promote projects that increase human well-being while also protecting the environment and human rights. We hope you find this information useful and incorporate it into World Bank policy.  

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Controversias sobre derechos indígenas relacionadas con la represa Belo Monte consumen el sistema de justicia brasileño

La licencia de la represa podría ser suspendida por incumplimiento de las condicionantes socioambientales. Altamira, Brasil. Las demandas interpuestas recientemente por el Ministerio Público Federal de Brasil (MPF) relacionadas con la represa de Belo Monte reclaman la responsabilidad del consorcio constructor Norte Energía, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) y la agencia ambiental estatal IBAMA por su incumplimiento con las medidas de mitigación ordenadas a favor de los pueblos indígenas Juruna y Xikrin Kayapó, los cuales son afectados por el mega proyecto. Las demandas demuestran que las condicionantes impuestas en el proceso de licenciamiento ambiental no han sido cumplidas y por ende requieren que se efectúe una compensación por los impactos socioambientales de la represa que está actualmente siendo construida en el río Xingú en la Amazonía Brasileña.   El MPF interpuso una demanda a finales de agosto demostrando que Norte Energía estaba deliberadamente incumpliendo con su obligación de comprar tierras y proveer servicios de salud para la comunidad indígena Juruna del Km 17, una de las más vulnerables frente a los impactos de la construcción de Belo Monte dada su cercanía al movimiento constante de maquinaria pesada y de trabajadores. Esta demanda llevó a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) a presentar una queja ante IBAMA, requiriendo que Norte Energía sea responsabilizado por su incumplimiento con esta condición formal de las licencias ambientales para Belo Monte. La Corte Federal de Pará respondió esta semana dando 60 días a Norte Energía para comprar las tierras Juruna y proveer servicios de salud, bajo pena de multas diarias por R$200,000 (US$87,000).   “La situación aquí solo ha empeorado”, señaló Sheyla Juruna, integrante de la comunidad Juruna del Km 17 y conocida por su activismo nacional e internacional en defensa de sus derechos y los de su comunidad. “Belo Monte creó la ilusión de que las personas tendrían todo lo que antes no tenían. Ahí es donde comenzaron los problemas. El apoyo de la FUNAI nunca vino y nuestra situación de salud es precaria. La sociedad civil cree que los indígenas tienen derechos pero nuestros derechos están siendo violados todos los días”.   Tras el fallo a favor de la comunidad Juruna el MPF interpuso otra demanda que apunta hacia la negligencia del BNDES, IBAMA y Norte Energía, derivada de la ausencia de un análisis previo de los impactos y medidas de compensación asociadas para las comunidades Xikrin Kayapó que también son afectadas por Belo Monte. La demanda alega que estas tres instituciones violaron los derechos de los Xikrin Kayapó al permitir que la construcción iniciara sin medir los impactos que causaría a los pueblos indígenas cuyas comunidades se ubican en el río Bacajá, un afluente del Xingú directamente adyacente a los impactos más serios de la represa.   El MPF solicitó al Poder Judicial que suspendiera la licencia de instalación de Belo Monte, con el fin de parar el proyecto hasta que Norte Energía presente conclusiones sobre los impactos del proyecto y las compensaciones correspondientes en favor de las comunidades indígenas. El alcance de esta demanda no tiene precedentes pues podría obligar al Consorcio y al BNDES, financiador del 80% de la represa, a indemnizar las comunidades indígenas afectadas del Xingú por la demora al medir y mitigar las repercusiones socioambientales.   “Realmente tenemos una razón para celebrar al ver que el BNDES finalmente está siendo considerado parte responsable de los desastrosos impactos de Belo Monte” señaló Maíra Irigaray Castro de Amazon Watch. “Es hora de que los financiadores respondan por su negligencia criminal ejemplificada en el incumplimiento de los condicionantes, las cuales también deberían monitorear en todos los proyectos que financian”.   El incumplimiento de Norte Energía con las condicionantes de Belo Monte no es nueva. IBAMA emitió un reporte en julio, confirmando que el grado de cumplimiento ha empeorado mientras que la construcción de la represa se ha acelerado. El reporte muestra que solo cuatro de las 23 condicionantes relacionadas con la población urbana han sido cumplidas.   “La semana pasada tuvimos una reunión con representantes del gobierno y personas locales, y su inconformidad es clara” dijo Antonia Melo, coordinadora del Movimiento Xingu Vivo para Siempre. “No hay agua potable, ni electricidad, atención en salud, escuelas o saneamiento básico. No podemos aceptar que las condicionantes, que son derechos fundamentales garantizados en la Constitución, sean desconocidas de esta manera. IBAMA debe suspender la construcción, tal como está definido en la ley, hasta que estas condiciones sean cumplidas”.   “Estas acciones legales se suman a la evidencia existente de los severos impactos que la represa Belo Monte está teniendo en los derechos humanos y el ambiente en el Xingú, y de la responsabilidad de todas las agencias brasileras involucradas en el proyecto” dijo María José Veramendi de AIDA. “Esperamos que el resultado de estas acciones legales sea positivo y que Brasil cumpla efectivamente con la normativa nacional e internacional aplicable, tomando en cuenta que todas las agencias involucradas pueden ser legalmente responsables y el Estado puede ser internacionalmente responsable por estas violaciones de derechos humanos”, señaló Veramendi.   Por solicitud de la FUNAI, así como por las demandas interpuestas por el Ministerio Público, tanto el IBAMA como los jueces federales podrían suspender la licencia de instalación de la represa hasta que los requerimientos y las condicionantes sean cumplidas.   “La caracterización de las represas en la Amazonía como fuentes de energía limpia y barata se basa en la capacidad de los emprendedores, incluyendo el BNDES, de “externalizar” sus verdaderos impactos y riesgos sociales y ambientales. Estas demandas son significativas en la medida en que envían un mensaje de que están siendo responsabilizados por sus decisiones y el daño que causan al ambiente y a los pueblos indígenas,” señaló Brent Millikan, Director del Programa de Amazonía de International Rivers.

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