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Autorización de hidroeléctrica Las Cruces es ilegal

El permiso otorgado por la Semarnat para la construcción del proyecto sobre el río San Pedro Mezquital, en Nayarit, viola normas nacionales e internacionales en materia ambiental y de derechos humanos. México, Distrito Federal. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces en el río San Pedro Mezquital, Nayarit. Dicho permiso es ilegal porque viola legislación nacional e internacional en materia ambiental y de derechos humanos. En representación de las comunidades ribereñas y los pueblos indígenas afectados, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) informará de esa vulneración a las instancias nacionales e internacionales pertinentes. La ilegalidad del permiso radica en que los miembros de los pueblos indígenas Cora, Huichol, Tepehuano y Mexicanero nunca fueron consultados ni se obtuvo su consentimiento previo, libre e informadosobre el proyecto en los términos que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por otro lado, el consentimiento para el cambio de uso de suelo y expropiación de sus tierras fue solicitado a las asambleas comunales bajo engaños, condicionamientos y hasta intimidación. Además, el mismo documento de la autorización reconoce que las comunidades de San Blasito y Saycotal, las que serán desalojadas a causa de la construcción de la hidroeléctrica, desconocen las actas de la supuesta consulta que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entidad que promueve el proyecto, habría hecho. "Segúnlos estándares internacionales, consultary obtener el consentimiento previo, libre e informadode los pueblos indígenas no sólo consiste en comunicarles el proyecto, lo que hizo la CFE en este caso[1]; sino también en que los pueblos afectados participenen procesos de diálogo y negociación de buena fe,desde la fase de planificación de la hidroeléctrica, conforme a sus costumbres y tradiciones, a través de procedimientos culturalmente adecuados yconforme a sus métodos tradicionales para la toma de decisiones, contando con información precisa sobre la naturaleza yconsecuencias del proyecto antes y durante la consulta, y con el objetivo de llegar a un acuerdo", afirmó María José Veramendi, abogada senior de AIDA.  La construcción de Las Cruces implicará el desalojo forzoso de habitantes de territorios indígenas, en su mayoría Cora, y la afectación de 14 sitios sagrados de Coras y Huicholes. Todo ello tendrá consecuencias negativas sobre sus derechos a la vivienda adecuada, al agua, a los medios de subsistencia, a la cultura y a la educación. En materia ambiental, la Semarnat no tomó en cuenta los criterios y lineamientos establecidos por la Convención Ramsar, tratado intergubernamental firmado por México para la protección de Marismas Nacionales, humedal de importancia prioritaria internacional bajo la Convención y en el cual desembocan las aguas del río San Pedro. Ese sitio, así como la actividad pesquera y agrícola que sostiene, se verán afectados por la disminución en el caudal del río causada por la hidroeléctrica. En 2009, la Secretaría de la Convención Ramsar exhortó al Gobierno mexicano a considerar los bienes y servicios ambientales, y el patrimonio cultural vivo de la zona antes de autorizar Las Cruces. Dicha recomendación fue ignorada. "La Convención Ramsar no prohíbe infraestructura en este tipo de ecosistemas, pero establece criterios y estándares internacionales para la toma de decisiones en el manejo de tales sitios[2]. Es muy lamentable que la Semarnat, como autoridad encargada de velar por los compromisos internacionales en materia ambiental de México, no haya tomado en consideración las guías de la Convención, y mucho menos las recomendaciones específicas de esos diplomáticos para Marismas Nacionales", dijo Sandra Moguel, abogada de AIDA. La Semarnat también ignoró las opiniones técnicas de autoridades como la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). Esa instancia señaló que las especies pesqueras de Nayarit y el sur de Sinaloa disminuirán drásticamente de construirse Las Cruces ya que dependen de Marismas Nacionales, sitio que a su vez depende del agua dulce y los nutrientes del río San Pedro. Los estudios del proyecto tienen carencias y las medidas de mitigación y compensación por los daños que la construcción de la hidroeléctrica pueda causar en los ecosistemas, la flora y fauna de la zona son cuestionables. "Es un retroceso para los protección del ambiente y los derechos humanos en México que pone en riesgo al río San Pedro Mezquital, a Marismas Nacionales, y a las especies y comunidades que dependen de esos entornos naturales", añadió Moguel. Desde marzo de 2014, AIDA, en representación de las comunidades y pueblos cuyos derechos han sido vulnerados, envió comunicaciones a diversos Relatores Especiales de Naciones Unidas y a la Convención Ramsar alertando sobre los riesgos para el ambiente y los derechos humanos que implicaba autorizar la hidroeléctrica. Con el otorgamiento de la autorización, AIDA comunicará a dichas instanciasla materialización del riesgo y solicitará que se exija al Estado mexicano revocar la autorización por ilegal yconsultar a los pueblos indígenas afectados. [1] Autorización de Impacto Ambiental del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, p. 57 [2] Autorización de Impacto Ambiental del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, p. 62

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Carta abierta a organismos internacionales, gobiernos e instituciones financieras para que dejen de considerar a las grandes represas como energía limpia e implementen soluciones reales al cambio climático

(VERSIÓN EN PORTUGUÉS DE LA CARTA) 57 ORGANIZACIONES Y COALICIONES DE AMÉRICA LATINA INSISTIMOS QUE LAS GRANDES REPRESAS NO SON ENERGÍA LIMPIA Y SOLICITAMOS A LOS GOBIERNOS, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y ENTIDADES FINANCIERAS IMPLEMENTAR VERDADERAS SOLUCIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO Es tiempo de aprender del pasado e implementar alternativas acordes a nuestros tiempos Según el Informe de la Comisión Mundial de Represas, al año 2000 ya se habían construido en el mundo más de 50 mil represas, interrumpiendo más del 60% de los ríos existentes[1].  Hoy en día sólo en América Latina existen 973 represas en operación, de todos los tamaños, y aproximadamente 1603 más están en proceso de construcción o planeación, de las cuales 254 se concentran en la cuenca Amazónica[2]. La evidencia científica ha demostrado que las grandes represas: producen emisiones de gases de efecto invernadero incluyendo de metano, que agravan el cambio climático, especialmente en regiones tropicales[3], y dificultan la adaptación al mismo; cuestan casi el doble de lo presupuestado, causando estragos económicos en las comunidades y los países donde se implementan[4]; tardan tanto en ser operativas, que resultan ineficientes para resolver las crisis energéticas urgentes que pretenden abordar[5]; pueden causar graves e irreparables daños ambientales; su inadecuada implementación puede generar violaciones de derechos humanos y empobrecimiento de las comunidades afectadas. Sin embargo, continúan siendo promovidas como alternativas de energía limpia, ante la creciente demanda energética[6]. ¿Por qué las represas no son energía limpia y hay que pensar en alternativas? 1. Porque producen emisiones de gases efecto invernadero incluyendo metano, que agravan el cambio climático, especialmente en regiones tropicales, y dificultan la adaptación al mimso La construcción y operación de grandes represas en zonas tropicales genera la emisión de CO2 y metano por las grandes cantidades de material orgánico inundado y retenido en los estanques y la destrucción de amplias extensiones de tierra necesarias para construir estas infraestructuras.  El metano es un gas de efecto invernadero 20 a 40 veces más potente que el CO2[7]. Las represas no son flexibles para soportar los cambios del clima.  Al contrario, son ineficientes ante sequías e inseguras frente a inundaciones, aumentando riesgos de desastres.  Más aún, ponen en riesgo todo el sistema hídrico al servicio de las comunidades, destruyen ecosistemas claves y pesquerías, lo que compromete la posibilidad de adaptación de las comunidades. 2. Por los sobrecostos, demoras y pérdidas económicas que implican La evidencia demuestra que la mayoría de las represas que se han construido terminan costando aproximadamente 96% más de lo presupuestado, lo que se ha vinculado con el aumento de la deuda pública y crisis económicas de varios países[8].  3. Porque tardan tanto en ser operativas, que resultan ineficientes para resolver crisis energéticas urgentes La construcción de grandes represas toma aproximadamente 8.6 años, sumado al tiempo de su implementación[9], para una vida útil en promedio de apenas 50 años[10].  Expertos documentaron que ocho de cada diez represas exceden el tiempo de construcción, y que se requiere aproximadamente 44% más tiempo al estimado inicialmente[11].  Esto implica que no son una solución adecuada para la creciente y urgente demanda de energía ni tampoco para enfrentar los impactos del cambio climático.  4. Porque pueden causar graves e irreparables daños ambientales Los daños ambientales que causan las grandes represas en ríos, cuencas hidrográficas y ecosistemas aledaños incluyen: empeoramiento de la calidad de las aguas de los ríos; degradación de ecosistemas acuáticos y desaparición de cuantiosos ecosistemas ribereños; y graves impactos a la biodiversidad, incluyendo extinción de especies[12]. 5. Porque los daños ambientales que producen pueden generar violaciones de derechos humanos y empobrecimiento en las comunidades afectadas Los derechos humanos de las personas afectadas por grandes represas han sido sistemáticamente desconocidos causando desplazamientos forzados[13]; afectaciones a la salud; pérdida de fuentes de alimentación y formas de vida tradicionales; empobrecimiento de comunidades[14]; y criminalización de la protesta social.  Además, los procesos de licenciamiento muchas veces son defectuosos, otorgándose permisos sin evaluaciones de impacto ambiental y social integrales ni mecanismos adecuados de participación y consulta pública. HOY existen alternativas limpias, más eficientes, menos costosas y más rápidas para responder a la demanda energética, por lo que EXIGIMOS a los Gobiernos, organismos internacionales y entidades financieras que de inmediato: Dejen de considerar las grandes represas como energía limpia, debido a los impactos probados y mencionados aquí y éstos impactos se consideren integralmente. Incorporen en la planeación de nuevas represas: la evidencia científica sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo el metano generado por embalses; la inestabilidad que el cambio climático genera en el régimen hidrológico; las lecciones aprendidas, particularmente respecto a costos y tiempos reales de implementación de grandes represas; la valoración integral de los impactos socioambientales a causar; una planeación energética integral y realista a través de un proceso de Planificación Integrada de Recursos Energéticos para el Sector Eléctrico; y de esta manera tomen decisiones que consideren los impactos sobre el ambiente, los derechos humanos y el cambio climático, para la implementación de verdaderas soluciones energéticas que demuestren ser efectivas y que no causen más daños que los beneficios que prometen. 3. Adopten procesos de decisión participativos y transparentes, considerando todo el espectro de alternativas energéticas.   Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A.C., México Alianza de Comunidades y Usuarios en Defensa del Río Biobos-Nautla, México Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), Panamá Amazon Watch, Estados Unidos Amazónicos por la Amazonía (AMPA), Perú Amigos del Río San Rodrigo, México Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), México Asociación Ambiente y Sociedad, Colombia Asociación Amigos de los Parques Nacionales (AAPN), Argentina Asociación Ceiba, Guatemala Asociación de Ecología Social (AESO), Costa Rica Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Regional Asociación Palmareña para la Recuperación del Ambiente (APRA), Costa Rica Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza, Perú Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú Asociación Proyectos Alternativos para Desarrollo Social (PROAL), Costa Rica Bloque Verde, Costa Rica Centro de Desarrollo Étnico (CEDET), Perú Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), Ecuador Centro de Estudios para la Justicia Social "Tierra Digna", Colombia Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos Arequipa (CEPRODEH), Perú Centro Humboldt, Nicaragua Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), México Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (CSA-UPCH), Perú Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre, México Comisión de Derechos Humanos de Ica, Perú Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Ecuador Comité por los Derechos en América Latina (CEDHAL), Canadá Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota  (CECOP), México Coordinadora de Afectados por Embalses y Trasvases (COAGRET), España Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Perú Derechos Humanos y Medio Ambiente, Perú Ecologia E Ação (ECOA), Brasil Federación Ecologista de Costa Rica (FECON), Costa Rica Finca Amalur, Costa Rica Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), Chile Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FORO), Argentina Fórum Solidaridad Perú, Perú Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), Argentina Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), Perú Fundación GaiaPacha, Bolivia Fundación POPOL NA, Nicaragua Fundar, México Grupo Ecologista Cuña Pirú, Argentina Instituto Madeira Vivo (IMV), Brasil International Rivers, Estados Unidos JASS, Asociadas por lo Justo, México Justicia para la Naturaleza, Costa Rica  María Esperanza Alonso, especialista de Derecho Ambiental, Argentina Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Perú Oilwatch Mesoamérica, Costa Rica Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional), Ecuador Programa Chile Sustentable, Chile Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres, México Red Jurídica Amazónica (RAMA), Bolivia Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Perú Unión Norte por la Vida, Costa Rica   Para mayor información: AIDA sobre represas: http://www.aida-americas.org/es/project/grandesrepresas International Rivers: http://www.internationalrivers.org/ Informe: Grandes Represas en América: ¿Peor el Remedio que la Enfermedad? Blog de interés: Desmantelando el mito de las represas, Grandes represas elefantes blancos, Las represas no resolverán los problema en energía de África   [1]Informe de la Comisión Mundial de Represas. http://www.internationalrivers.org/files/attached-files/wcd_espanol.pdf [2] State of the World’s Rivers. http://www.internationalrivers.org/worldsrivers/ [3]2013 IPCC Supplement to the 2006 Guidelines for National GHG Inventories: Wetlands http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/wetlands/ [4]Ansar, Atif and Flyvbjerg, Bent and Budzier, Alexander and Lunn, Daniel, Should We Build More Large Dams? The Actual Costs of Hydropower Megaproject Development (March 10, 2014). Energy Policy, March 2014, pp.1-14. [5] Ibid [6] Directions for the World Bank Group’s Energy Sector. http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/SDN/energy-2013-0281-2.pdf [7] Climate and Clear Air Coalition. Short-Lived Climate Pollutants. (2011).  http://www.unep.org/ccac/ShortLivedClimatePollutants/tabid/101650/Default.aspx. [8] Ansar, A et al. Además el Tribunal de Cuentas de Brasil investigó las obras energía implementadas entre 2005 y 2012 concluyendo que casi el 80% de las hidroeléctricas no cumplirán cronograma previsto http://oglobo.globo.com/economia/tcu-constata-atrasos-nas-obras-de-energia-leiloadas-pelo-governo-de-2005-2012-13822128. [9] Ansar, A., et al. [10] Friends of the Earth, et al. Dam Removal Success Stories. (1999). http://www.michigandnr.com/publications/pdfs/fishing/dams/SuccessStoriesReport.pdf http://www.teachengineering.org/view_lesson.php?url=collection/cub_/lessons/cub_dams/cub_dams_lesson08.xml [11] Ansar, A., et al. [12] AIDA. Grandes Represas en América: ¿Peor el remedio que la enfermedad? http://www.aida-americas.org/sites/default/files/InformeAIDA_GrandesRepreseas_BajaRes_1.pdf [13] Según la Comisión Mundial de Represas, entre 40 y 80 millones de personas han sido desplazadas por grandes represas, lo que equivale aproximadamente a una de cada cien personas vivas hoy en día. [14] Thayer Scudder, Instituto de Tecnología de California, promovió la construcción de represas durante 58 años, considerándolas una opción para el alivio de la pobreza. A sus 84 años cambió de opinión públicamente, declarando que las grandes represas no valen lo que cuestan y que muchas de las que están en construcción tendrán consecuencias desastrosas. New York Times. http://www.nytimes.com/2014/08/24/opinion/sunday/large-dams-just-arent-worth-the-cost.html?emc=eta1&_r=3 (inglés).

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Brasil protege las obras de Belo Monte, pero no los derechos humanos de los afectados

El tiempo no se detiene y, lamentablemente, tampoco la construcción de la represa Belo Monte sobre el río Xingú, en la Amazonía brasileña. Las obras avanzan a un grado que impresiona, 65% al momento, y con ellas el deterioro del ecosistema y de la vida de las personas que habitan la zona. La gigantesca edificación principal de la represa se abre paso entre la vegetación del lugar. Verla desde el aire no provoca más que impotencia. Y en tierra, es frustrante evidenciar que la situación de los pueblos indígenas, las comunidades ribereñas y residentes de la ciudad de Altamira empeora. María José Veramendi Villa y Alexandre Andrade Sampaio, abogados de AIDA, visitaron la zona y estuvieron en la comunidad indígena Arara, asentada en la Volta Grande del río Xingú. Una vez que Belo Monte aprisione el río, su caudal se reducirá drásticamente y la pesca, medio de sustento de las personas del lugar, ya no será posible. Además, los Arara perderán la vía que los lleva a sus sitios sagrados. Esperan la llegada de vehículos, la construcción de una carretera y también de un pozo adecuado, pues la calidad del agua que beben no es la mejor. En Altamira, la situación de deterioro es similar. AIDA también estuvo allí. A raíz de la construcción de la represa, la población de esa ciudad creció masivamente. Ello ocasionó la saturación de los servicios de salud y saneamiento básico, así como un incremento en los casos de violencia sexual y trata de personas. Al pagar más por unas tierras que por otras, Norte Energía, el consorcio de empresas estatales y privadas a cargo de la construcción de la represa, ha provocado pisiones entre la población afectada.  Son muchas las personas que se vieron obligadas a vender sus hogares a un precio mínimo ante la amenaza del desalojo. Y las casas destinadas a la reubicación de familias desplazadas no cumplen las condiciones de una vivienda adecuada. La reubicación implica además un cambio en el modo de vida: de la pesca a la agricultura o a cargar bolsas de cemento. "Todo esto genera la descomposición del tejido social. Trabajamos diariamente, junto con nuestros colegas de Brasil, para hacer visible en el país y a nivel internacional que lo que está sucediendo en torno a Belo Monte son violaciones de derechos humanos. Estamos trabajando constantemente para que el Gobierno de Brasil cumpla con las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", explica Veramendi. El 1º de abril de 2011, la CIDH otorgó medidas para proteger la vida, la salud, y la integridad personal y cultural de las comunidades indígenas en aislamiento voluntario; la salud de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto; y la demarcación de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Nuestro trabajo, así como el de defensores del ambiente y los derechos humanos a quienes apoyamos en Brasil, no es fácil. La zona de construcción de la represa y Altamira están resguardadas por fuerzas de seguridad del Estado. "Nos sentimos rodeados, intimidados y hostigados; no hay garantías para nuestro trabajo", señala Sampaio. Con tu ayuda seguiremos luchando para que el caso Belo Monte avance en la CIDH y para que el Gobierno de Brasil cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en lugar de hacer campaña electoral con la inmensidad de la represa y a costa de los daños presentes y futuros al ambiente y a las personas.

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Grandes Represas, Cambio Climático, Derechos Humanos

Grandes represas: Elefantes blancos, caros y hasta premiados. ¿Aprenderemos la lección?

Por Astrid Puentes Riaño, codirectora ejecutiva de AIDA, @astridpuentes Cualquier tonto inteligente puede hacer cosas más grandes, más complejas y más violentas. Se necesita un toque de genialidad —y mucho coraje— para moverse en la dirección opuesta. (Albert Einstein) La semana pasada y en el marco de la Semana Mundial del Agua, Estocolmo entregó como cada año el Premio del Agua. En esta ocasión, el galardonado fue el profesor John Briscoe “por su sin igual contribución al manejo global y local del agua”. Briscoe es uno de los mayores promotores de las grandes represas en el mundo. Ha sido asesor de diferentes gobiernos, director de la oficina en Brasil del Banco Mundial y Gerente de Agua de esa institución. Al ser entrevistado sobre el premio, el ahora profesor de Harvard declaró estar sorprendido y dijo que se trata de “un reconocimiento a un grupo de personas que trabaja en manejo del agua” combinando investigación y aplicación de políticas públicas. Confieso que, al igual que Briscoe, yo también recibí con sorpresa la noticia. Me sorprendió profundamente porque Estocolmo es una ciudad que se precia de ser sustentable. Es la capital de Suecia, un país que lleva más de 40 años sin construir una gran represa, cuyos cuatro ríos principales están protegidos, y que prohíbe mayores desarrollos. Me sorprendió además que se premie al Sr. Briscoe pese a toda la evidencia científica y empírica que demuestra que las grandes represas no son un buen negocio, que causan graves daños ambientales y a las comunidades, cuyos costos superan los beneficios que brindan, y que contribuyen seriamente al cambio climático. Aclaro que se no trata de algo personal contra el Sr. Briscoe. Es mas bien un asunto de coherencia. Me desconcierta que un galardón creado para honrar las contribuciones a la conservación y protección de los recursos de agua fresca y al mejoramiento del bienestar de las personas y ecosistemas, haya laureado precisamente la promoción de las grandes represas.  Me sorprende que tecnología y soluciones de energía del siglo pasado, cuya ineficiencia e inviabilidad económica se ha demostrado sistemáticamente, aún sea motivo de premios. Me preocupa además que como sociedad no hayamos aprendido la lección y estemos encaminados a seguir promoviendo masivamente este tipo de infraestructura. En AIDA llevamos más de 10 años trabajando en casos de impactos por grandes represas.  Asesoramos a comunidades afectadas y ayudamos a gobiernos e instituciones internacionales a identificar mejores soluciones. En 2009, publicamos el informe Grandes Represas en América: ¿peor el remedio que la enfermedad?, el cual demuestra, a partir de cinco estudios de caso en diferentes países, que en América Latina estos proyectos ignoran las normas nacionales e internacionales, destruyen el ambiente y violan derechos humanos.  Además, junto con colegas de Brasil, representamos a comunidades afectadas por la represa Belo Monte ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un caso triste, emblemático y una prueba sólida de lo que no debe hacerse para producir energía. Es la punta del iceberg de lo que ocurre en América Latina, donde cientos de represas —casi 100 solo en la Amazonía— están planeadas para los próximos años. El Premio del Agua 2014 también me recordó el estudio de la Universidad de Oxford ¿Deberíamos seguir construyendo más grandes represas?, publicado en marzo. En él se analizan a profundidad 245 grandes represas construidas entre 1934 y 2007 en 65 países de los cinco continentes. Los investigadores concluyen que “incluso sin contabilizar los impactos negativos en la sociedad humana y el ambiente, los costos reales de las grandes represas son demasiado altos para brindar un retorno [de inversión] positivo”. Este estudio demostró que el 96% de las grandes represas cuesta más de lo inicialmente presupuestado y que ocho de cada 10 de ellas superan el tiempo previsto de construcción.  Los sobrecostos y las demoras se aplican sin importar el lugar del mundo donde se implementen, la entidad que las financia o cuándo se construyeron. Es decir que, en 70 años de desarrollo de las represas analizadas, no hemos aprendido de los errores del pasado. Pero nunca es tarde y ahora es el momento perfecto. Así lo ha demostrado otro gran gurú de la construcción de represas: el Sr. Thayer Scudder, con casi 60 años de carrera profesional. Tras haber sido un férreo defensor de los beneficios que en su criterio las grandes represas traen, en especial a las comunidades más pobres, Scudder cambió de opinión. A sus 84 años, reconoció que “las grandes represas no solo no valen lo que cuestan, sino que muchas de las que están en construcción ‘tendrían desastrosas consecuencias ambientales y socio-económicas’”. Así lo admitió hace poco según lo escrito por Jacques Leslie en su editorial del New York Times.  El giro de 180º de Scudder me lleva a otra de las conclusiones del estudio de Oxford: Una de las razones por las que los costos y tiempo de construcción de las grandes represas son subvalorados es el excesivo positivismo de quienes las planean. Entiendo que las personas seamos positivas. Sin embargo, negar la realidad es otra cosa y premiar esa negación, supera los límites. Así que felicito al Sr. Briscoe por un premio que sorprendió a más de uno. Lo hago solo con la esperanza de que este premio sea el comienzo del fin de las grandes represas. El galardón otorgado la semana pasada debería ser lo último que veamos en la promoción de las grandes represas. Espero, por el contrario, que ahora y por fin tengamos la genialidad y el coraje de considerar las verdaderas oportunidades viables de energía que existen, aquellas que en el mediano y largo plazo son más baratas y que realmente podrían contribuir a solucionar las emergencias energéticas que enfrentamos. Que así sea para que el remedio no resulte peor que la enfermedad.

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Instancias internacionales, alertadas de las violaciones a derechos humanos que implica construir la hidroeléctrica Las Cruces en México

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Relatores Especiales de la ONU están enterados del caso. La SEMARNAT decidirá pronto si autoriza o no el proyecto. Distrito Federal, México. Organizaciones ambientales y comunitarias alertaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a Relatores Especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que la construcción de la hidroeléctrica Las Cruces violaría los derechos de pueblos indígenas y comunidades ribereñas en Nayarit. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) decidirá en estos días si otorga o no el permiso ambiental al controversial proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El sábado pasado, miembros del Consejo Indígena Náyeri, pueblo originario que sería afectado por la hidroeléctrica, se reunieron con comisionados de la CIDH. Allí explicaron que la construcción del proyecto sobre el caudal del río San Pedro Mezquital implica el desalojo forzoso de habitantes de territorios indígenas, en su mayoría Cora, así como la afectación de 14 sitios sagrados de Coras y Huicholes. Ello, añadieron, vulneraría los derechos humanos a la vivienda adecuada, al agua, a los medios de subsistencia, a la cultura y a la educación. Similares argumentos fueron parte de una alerta enviada en marzo pasado a Relatores Especiales de Naciones Unidas. En ella se resalta que las comunidades indígenas Cora, Huichol, Tepehuana y Mexicanera nunca fueron consultadas sobre el proyecto en los términos que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Solicitamos a los Relatores instar al Estado mexicano a garantizar  los derechos a la información y la participación, consulta y consentimiento, a la alimentación, al agua potable y saneamiento y al disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible de los pueblos indígenas y comunidades ribereñas del río San Pedro Mezquital”, dijo Sandra Moguel, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). La alerta fue enviada por AIDA en representación de los distintos sectores económicos, organizaciones ambientales y comunitarias de la región afectada: el Consejo Intercomunitario del Río San Pedro, el Consejo Indígena Náyeri, Nuiwari, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Grupo Ecológico Manglar, SuMar y representantes de la Federación Ribereña de Nayarit y la localidad Boca de Camichín. De construirse Las Cruces, la reducción del caudal del río afectaría la agricultura, ganadería, pesca, ostricultura y otras actividades de las que dependen económicamente para vivir más de 20 comunidades de la zona. Asimismo, al bloquear el curso del San Pedro, “la hidroeléctrica retendrá 90% de los sedimentos que alimentan la actividad agrícola y pesquera en Marismas Nacionales, humedal protegido a nivel internacional y que también depende del caudal para sobrevivir”, señaló Ernesto Bolado, director de SuMar. También está el hecho de que la hidroeléctrica estará sin operar dos tercios de su vida útil y solo generará 0.9 % de la energía demandada por la región Centro-Occidente. Las organizaciones ambientales y comunitarias esperan que la SEMARNAT considere los argumentos científicos y legales en contra de la hidroeléctrica Las Cruces para rechazar el proyecto. Instancias internacionales de derechos humanos estarán también pendientes de esa decisión.

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Grandes Represas, Cambio Climático, Derechos Humanos

Desmantelando el mito de las grandes represas

En nuestro planeta, menos del 2.5% del agua es dulce. De ella, menos de un tercio se encuentra en estado líquido y de ese porcentaje, menos del 1.7% fluye por ríos. Según la Comisión Mundial de Represas (CMR), al año 2000 se habían construido más de 45,000 represas, interrumpiendo más del 60% de los ríos del mundo.  Las represas son barreras artificiales edificadas para detener o regular el curso de un río, produciendo un embalse de agua. Antes se construían también para riego o control de inundaciones, pero hoy, en su mayoría, para generar electricidad. La energía hidroeléctrica generada por las represas es barata, pues una vez construida la obra el agua funciona como recurso inagotable que se renueva gratuita y constantemente. Además, es considerada “no contaminante” porque no requiere la quema de combustibles ni la adición de elementos externos al agua. Por ello se han construido tantas represas en muy poco tiempo. En los años 70, cuando se alcanzó un pico en la tendencia, se inauguraban en promedio de dos a tres grandes represas por día en alguna parte del mundo. Pero las centrales hidroeléctricas sí producen impactos ambientales y sociales que no por ser menos conocidos resultan menos nocivos. El peligro está en la falsa creencia de que son una opción verde. Nuestro desafío es informar al público lo que está en juego cuando se detiene el flujo de un río, tal vez para siempre.  Impactos de las grandes represas Entre los impactos socio-ambientales más notorios de las grandes represas están el desplazamiento forzado, el empobrecimiento y la pérdida de formas de vida que afectan a las personas. Estas obras también dejan su huella en el ambiente causando deforestación y degradación de ecosistemas, graves daños a la biodiversidad que incluyen la extinción de especies e importantes emisiones de gases de efecto invernadero, entre otras agravantes del cambio climático. Estos impactos resultan más alarmantes si consideramos que las represas tienen una vida útil limitada, de 50 a 150 años. La CMR fue creada por el Banco Mundial y la Unión Mundial para la Naturaleza en 1998, como respuesta a la creciente oposición mundial a las grandes represas. Su mandato fue revisar la eficacia de las grandes represas y desarrollar lineamientos para su planificación y desarrollo. La Comisión fue integrada por 12 representantes de un amplio espectro de intereses relacionados con represas, incluyendo gobiernos, ONG y operadores de represas, entre otros. El resultado fue el informe Represas y Desarrollo: El Reporte Final de la Comisión Mundial de Represas. Un Nuevo Marco para la Toma de Decisiones, publicado en 2000. En él se concluye que si bien las represas han hecho una contribución importante y significativa al desarrollo humano, otorgando considerables beneficios, el precio ha sido en demasiados casos inaceptable y a menudo innecesario, especialmente en términos sociales y ambientales. Además, la CMR demostró que en muchos casos las represas no logran los beneficios proyectados y que los mismos son en general exagerados. Para conocer más detalles sobre los costos socio-ambientales de las represas, consulta Grandes Represas en América, ¿Peor el Remedio que la Enfermedad?, informe publicado por AIDA en 2009. La represa Belo Monte, construida en el río Xingú en la Amazonía brasileña, es un ejemplo de cómo estas enormes obras de infraestructura pueden traer más problemas que beneficios. De concluirse, Belo Monte será la tercera hidroeléctrica más grande del mundo y ya está causando graves estragos en pueblos indígenas, comunidades ribereñas y en el ambiente. Las irregularidades en torno a la obra se han plasmado en más de 20 acciones judiciales en su contra. En AIDA trabajamos de cerca con las personas afectadas. Conoce más detalles de la obra y de nuestra labor. Lo impactante es que, al final del día, Belo Monte parece no ser tan buena idea. Además de los daños irreversibles y conflictos generados, estudios técnicos dan cuenta que la represa será ineficiente e insuficiente: producirá solo 40% de su capacidad instalada durante los 3 a 5 meses de la temporada seca, y para un óptimo funcionamiento requiere la construcción de represas adicionales río arriba, causando más daños a la selva y sus habitantes.  Conclusión Si bien las grandes represas han tenido un importante papel en el desarrollo de los países, no son la panacea de energía limpia que se creía. El hecho de que sus impactos no sean abiertamente conocidos resulta un arma de doble filo, pues se han llegado a promover desmedidamente.  También es importante cuestionar el paradigma que plantea el aumento constante del consumo como única vía hacia el crecimiento económico y la prosperidad. A la vez, es crucial promover la  eficiencia energética como política pública fundamental en el desarrollo de los países. Las grandes represas solo deberían implementarse tras un análisis real de sus costos y beneficios, teniendo la plena seguridad de que no existen mejores alternativas. De llegarse a esa conclusión, su construcción debe hacerse con plena participación y consentimiento de las comunidades afectadas, y garantizado el cuidado del medio ambiente y el respeto a los derechos humanos. Si los ríos del mundo son como las venas del cuerpo, no es mero romanticismo considerar que el flujo continuo del agua tiene una razón de ser. "Represar el río es como obstruir las venas de una persona. Afecta todo el cuerpo, y después viene la enfermedad. Es lo mismo con el río. El agua, las montañas, la tierra, los animales es la vida de la gente indígena. La vida de la gente está en el agua. Somos como nutrias" (Indígena Embera-Katio, Colombia)

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Rio Samana
Derechos Humanos, Grandes Represas

Dando voz a las comunidades frente a proyectos hidroeléctricos

A medida que los gobiernos buscan alimentar las economías en crecimiento, los proyectos hidroeléctricos en América Latina van en aumento. Pero, ¿a qué costo? Las represas pueden aprovechar la capacidad para generar energía de la corriente del agua, un recurso renovable. Pero las represas mal planificadas e implementadas, especialmente las grandes represas, pueden traer consigo innumerables daños al ambiente y a las comunidades. Afectan la calidad del agua y a los peces, y aumentan las emisiones de metano, un gas que contribuye al cambio climático.  Las inundaciones provocadas por las represas desplazan a personas de sus hogares y comunidades. Esto hace que pierdan su trabajo como agricultores, pescadores y cazadores y, para las comunidades étnicas y campesinas, incluso puede implicar la pérdida de su cultura y tradiciones. AIDA protege a individuos y comunidades de proyectos diseñados y desarrollados de forma inadecuada. Usamos la ley para defender su derecho a un ambiente sano. Este mes, AIDA y otras organizaciones presentamos un escrito (amicus curiae, en portugués) ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil. El escrito demuestra que la autorización que el Congreso brasileño otorgó a la represa Belo Monte en 2005 es ilegal porque el gobierno no garantizó el derecho de las comunidades afectadas en el Amazonas a ser consultadas y a dar su consentimiento libre, previo e informado. Se llevaron a cabo algunas reuniones después de la aprobación del proyecto y en ellas se presentó  información escasa e incomprensible en un idioma ajeno al de las comunidades. El aviso para asistir a las reuniones se dio a conocer con muy poca anticipación. Fue como si te dijeran que el jardín de tu casa se convertirá en una calle después que las excavadoras ya han comenzado a remover el césped. Esta represa, que sería la tercera más grande del mundo, ya está en construcción y desplazando a personas sin que nadie les dé la oportunidad de decir no a un proyecto edificado en su propio jardín. “Esta es la primera vez que nuestros esfuerzos conjuntos han llegado al Tribunal Supremo para una decisión final sobre Belo Monte”, dijo María José Veramendi Villa, abogada de AIDA. Si el Tribunal determina la ilegalidad del proyecto, su construcción tendrá que parar y los daños por no haber consultado previamente a las comunidades tendrán que ser reparados. Si ocurre lo contrario, el proyecto continuará y también nosotros. Seguiremos brindando asistencia al Ministerio Público Federal siendo que ha interpuesto más de una docena de acciones contra Belo Monte. Se trata de casos que también pueden avanzar hacia la más alta instancia con el fin de proteger a las comunidades de ésta y otras represas en el Amazonas. Nuestros esfuerzos por ayudar a comunidades a luchar contra proyectos de represas están ganando atención. La Personería (representante del Ministerio Público) de San Carlos, municipio ubicado al noroeste de Colombia, contactó a AIDA para que proporcionemos nuestra experiencia en derecho internacional ambiental y de derechos humanos. La Personería quiere ayudar a evitar que se otorgue la licencia para la construcción de la hidroeléctrica El Porvenir II en el río Samaná Norte, el último libre de represas en el área. Ana María Mondragón, abogada de AIDA y becaria del Programa de Derechos Humanos y Ambiente, intervino en la audiencia pública ambiental sobre el proyecto. La buena noticia es que la represa no ha sido autorizada todavía, lo que significa que aún hay tiempo para que las comunidades averigüen qué podría pasar y expresen sus preocupaciones. El gobierno tendrá que tomar en cuenta la opinión de las comunidades antes de aprobar el proyecto, con la posibilidad de que la empresa tenga que enmendar sus planes de construcción o abandonarlos del todo. El Porvenir II afectará la pesca, principal fuente de trabajo y alimentación para la población mayoritariamente pobre de San Carlos. También inundará un área donde muchos colombianos están tratando de recuperar las tierras de las que fueron desplazados por la fuerza como resultado de un conflicto armado interno que se inició hace más de cinco décadas. “Nos hemos involucrado en una etapa temprana, antes de que el proyecto sea aprobado”, dijo Mondragón. “Participamos en la audiencia con el fin de evidenciar las inconsistencias del Estudio de Impacto Ambiental hecho por la empresa, y los impactos que la construcción de la represa El Porvenir II tendría en las comunidades.  Esperamos que esto ayude a las autoridades en su proceso de toma de decisión para que no otorguen la licencia”. Con tu ayuda, podremos seguir apoyando sin costo alguno a las comunidades de América Latina para que ejerzan su derecho a decidir qué sucede en sus tierras y utilicen la ley para defender sus derechos. 

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Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Organizaciones presentan ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil escrito que demuestra la ilegalidad de la autorización que el Congreso dio a la represa Belo Monte

La autorización vulnera normas nacionales e internacionales porque las comunidades afectadas por el proyecto no fueron consultadas. La construcción de la represa avanza causando daños a personas, comunidades y al ecosistema en la Amazonía brasileña. Brasilia, Brasil. La construcción de la represa Belo Monte continúa mientras la biodiversidad y las comunidades de la zona ya sufren serios daños. Organizaciones de la sociedad civil presentaron ante el Supremo Tribunal Federal (STF) un escrito legal (amicus curiae, en portugués) que demuestra que el decreto por el cual el Congreso autorizó la controversial represa es ilegal porque el proyecto no fue consultado con las comunidades afectadas. El escrito contiene argumentos de derecho nacional e internacional sobre la protección del ambiente y los derechos humanos que respaldan la acción legal iniciada por el Ministerio Público Federal (MPF) para que el STF emita un fallo que anule el decreto del Congreso. Fue elaborado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) en colaboración con el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DEJUSTICIA), el Instituto Socioambiental (ISA), la Associação Indígena Yudjá Mïratu da Volta Grande do Xingu (AYMÏX) y el Conselho Indigenista Missionário (CIMI). “El proyecto Belo Monte se aprobó sin que el Estado consultara ni obtuviera el consentimiento de las comunidades indígenas y poblaciones tradicionales afectadas. Esto, junto con la degradación ambiental que comenzó con el inicio de las obras, ha puesto a las personas y comunidades de la zona en una situación de extrema vulnerabilidad”, explicó María José Veramendi Villa, abogada de AIDA. La autorización del proyecto por el Congreso violó la Constitución brasileña y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al no haber garantizado el derecho a la consulta libre, previa e informada de las comunidades afectadas. Si bien se realizaron reuniones públicas sobre el proyecto, éstas no constituyen consultas previas porque se realizaron cuando el proyecto ya había sido aprobado. Esas reuniones se efectuaron sin que la información presentada fuera traducida a las lenguas de las poblaciones indígenas. No todos los afectados tuvieron acceso a las reuniones y quienes sí estuvieron en ellas recibieron información incompleta sobre el proyecto y la misma no les fue entregada con anticipación. Además de lo relativo al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, el escrito fortalece los argumentos del MPF en cuanto al derecho de acceso a la justicia. Ese derecho de las comunidades afectadas por la represa Belo Monte también fue violado. Ello ocurrió con la aplicación de la llamada “Suspensión de Seguridad”, una figura jurídica que permitió que decisiones judiciales contrarias al proyecto y favorables a la población afectada, emitidas por tribunales inferiores, fueran suspendidas bajo argumentos de protección de la seguridad y la economía públicas.  “En caso de obtener una decisión favorable del STF, la obligación del Estado brasileño será doble: primero tendrá que suspender la autorización que dio para la construcción de la represa y después deberá reparar los daños que ha y está causando a las comunidades indígenas y demás poblaciones impactadas por Belo Monte”, comentó César Rodríguez Garavito, director internacional de Dejusticia. “Las poblaciones tradicionales afectadas por la represa se encuentran en una situación inaceptable en época de democracia.  Existe una decisión judicial que reconoce que el derecho a la consulta previa fue violado, pero al mismo tempo hay otra decisión preliminar y provisional que garantiza que las obras continúen”, señaló Leonardo Amorim, abogado de la organización brasileña Instituto Socioambiental. “En vista de lo anterior, esa población sufre el empeoramiento de su situación de salud y la invasión de sus tierras. Esperamos que el Supremo Tribunal revierta esa situación”. Este martes, el Movimiento Xingú Vivo (MXVPS), con apoyo de diversas organizaciones, presentó un pedido de audiencia (en portugués) a la Presidencia del STF a fin de solicitar que se adopte una decisión inmediata de la presente acción legal así como de las demás acciones que cuestionan otros grandes proyectos hidroeléctricos en la Amazonía.

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Grandes Represas, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Más de 49,000 firmas respaldan la defensa del río San Pedro Mezquital frente al proyecto hidroeléctrico Las Cruces en Nayarit

Las firmas fueron entregadas a la SEMARNAT. Pueblos indígenas y comunidades ribereñas esperan que esa entidad niegue el permiso ambiental a un proyecto que pone en peligro su economía y cultura. Distrito Federal, México. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) recibió las más de 49,000 firmas que le piden negar el permiso ambiental para el proyecto hidroeléctrico Las Cruces en Nayarit. El proyecto es cuestionado porque amenaza la economía y la cultura de pueblos indígenas y comunidades ribereñas. De las firmas entregadas, más de 37,000 respaldan la petición ciudadana que circuló en internet a través de Change.org. Las otras 12,000 fueron recabadas de forma física entre grupos comunitarios de Nayarit. Este respaldo a la defensa del río San Pedro Mezquital, en cuyo cauce se pretende construir la hidroeléctrica, se suma a una serie de argumentos sólidos sobre la inviabilidad del proyecto. El documento que evalúa sus impactos ambientales ha sido cuestionado por expertos nacionales e internacionales. El Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) determinó, por ejemplo, que el mismo “carece de rigor”. Además, los pueblos indígenas de la zona no fueron consultados sobre el proyecto con bases en sus usos y costumbres. Otro punto en contra es la ineficiencia de la hidroeléctrica, la cual estaría sin operar el 63% de su vida útil y generaría menos del 1% de la demanda de energía de la región Centro Occidente para el 2026. El próximo 24 de junio, como cada año, los indígenas Cora celebrarán el Día de San Juan en el río San Pedro y junto a La Muxatena, importante sitio sagrado y centro ceremonial. “Ése y otros sitios serán afectados por el proyecto; nuestra vida espiritual está ligada al río”, manifestó Marcelina López, indígena mexicanera y representante del Consejo Intercomunitario del Río San Pedro. Sandra Moguel, abogada de AIDA, recordó que de ejecutarse el proyecto “la sedimentación causada por bloquear el curso natural del río dañará Marismas Nacionales, uno de los mayores sistemas de humedales de México, un sitio prioritario para la biodiversidad amparado por tratados internacionales”. “Los ingresos económicos de miles de personas —agricultores, ganaderos, pescadores, prestadores de servicios turísticos y comerciantes— dependen de que Marismas Nacionales y el río San Pedro Mezquital mantengan sus condiciones de existencia intactas”, afirmó Marcos Moreno, ostricultor de Boca de Camichín, zona ubicada en la desembocadura del río. Con la entrega de las 49,000 firmas se busca que la SEMARNAT tome una decisión favorable al ambiente y a las personas, una como la adoptada recientemente cuando rechazó el permiso ambiental para el proyecto turístico Cabo Dorado, el cual ponía en peligro el arrecife de coral Cabo Pulmo y el abastecimiento de agua de los habitantes del lugar.

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Grandes Represas, Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Organizaciones apoyan cuestionamiento a proyecto hidroeléctrico en Panamá por violar derechos de los pueblos indígenas

Ciudad de México,  México – Organizaciones de la sociedad civil presentaron ayer un amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de Panamá apoyando la demanda contra la evaluación de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco presentada por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) en representación del pueblo indígena Ngäbe-Buglé.   El amicus presentado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Center for International Environmental Law (CIEL) y Earthjustice, sostiene que el gobierno panameño violó el derecho internacional al aprobar el proyecto sin consultar adecuadamente ni obtener el consentimiento libre, previo e informado del pueblo indígena Ngäbe - Buglé, y por no haber evaluado adecuadamente los impactos ambientales sobre su territorio.   “Queremos agradecer a las organizaciones internacionales que apoyaron nuestra lucha para proteger nuestras tierras y recursos naturales, que son los aspectos mas importantes de nuestra cultura,” señaló Goejet Miranda, Presidente de la comunidad en el movimiento en defensa del río Tabasará frente a proyectos de desarrollo.   Una vez finalizada la construcción, la represa inundará hogares y sitios religiosos, históricos y culturales del territorio del pueblo Ngӓbe-Buglé.  La represa Barro Blanco también hará que el río Tabasará pase de ser un ecosistema lótico a uno léntico, lo que ocasionará la reubicación forzada de familias indígenas.  El Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, tras su visita a las comunidades indígenas de Panamá el mes pasado, concluyó que el gobierno debió haber consultado adecuadamente al pueblo Ngäbe antes del otorgamiento de la concesión para el proyecto hidroeléctrico.   “Los pueblos indígenas gozan de una protección especial bajo el derecho internacional” señaló la abogada sénior de CIEL Alyssa Johl.  “En el caso Barro Blanco, Panamá violó el derecho internacional al haber ignorado el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado del pueblo Ngäbe, el cual requiere a los Estados garantizar que los pueblos indígenas se involucren activamente y se apropien de las decisiones que puedan afectar sus vidas y modos de vida”.   El amicus apoya los argumentos de la demanda contencioso administrativa presentada CIAM mediante la cual se solicita que se declare la nulidad de la resolución que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Barro Blanco y la suspensión de la construcción de la represa, hasta tanto no se lleve a cabo un EIA adecuado.  “De conformidad con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de Panamá” explicó María José Veramendi, abogada sénior de AIDA, “esperamos que la Corte falle en favor del pueblo Ngäbe fortaleciendo la protección de las comunidades indígenas frente a proyectos de desarrollo en Panamá y contribuyendo al desarrollo de una jurisprudencia sólida y coherente en asuntos relativos a la protección de los derechos humanos y el ambiente en la región”.   Barro Blanco también ha sido objeto de críticas por su registro en el Mecanismo de Desarrollo Limpio de las Naciones Unidas (MDL), un esquema de compensación de carbono establecido por el Protocolo de Kyoto.  En teoría, el MDL – con su doble objetivo de reducir las emisiones de carbono y alcanzar un desarrollo sostenible – podría ser una herramienta valiosa en la lucha contra el cambio climático.  Sin embargo, entre otros problemas, el MDL falla en asegurar que los proyectos registrados no violen los derechos humanos.   “Los mecanismos para hacer frente al cambio climático deberían hacer más que proveer beneficios económicos a las compañías que desarrollan los proyectos” señaló la abogada de Earthjustice, Abby Rubinson.  “Éstos deben asegurar la protección de los derechos humanos y soluciones equitativas en terreno”.    Para más información: AMICUS CURIAE Barro Blanco

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