Grandes Represas

La contradicción de apoyar grandes represas con financiamiento climático

Durante la 16° reunión de su Junta Directiva, el Fondo Verde del Clima, entidad diseñada para financiar la lucha de los países en desarrollo contra el cambio climático, aprobó dos proyectos relacionados con grandes represas. Ahora, 136 millones de dólares irán a promover la hidroelectricidad a gran escala, contradiciendo el objetivo del Fondo de contribuir a un “cambio transformacional hacia un futuro bajo en emisiones y resiliente al clima”. Ya lo hemos dicho antes: las grandes represas no son parte del cambio de paradigma que requerimos, pues exacerban el cambio climático, son muy vulnerables a sus efectos y generan graves impactos socioambientales y económicos, que hacen imposible concebirlas en el marco de un desarrollo sostenible. Los proyectos beneficiados Los dos proyectos apoyados por la Junta del FVC no son de los más destructivos de su tipo, sin embargo, siguen siendo energía hidroeléctrica a gran escala, con todo lo que ello implica. El primer proyecto que recibirá financiamiento del Fondo Verde del Clima es una represa que prevé generar 15 MW de electricidad en las Islas Salomón, país archipiélago del Pacífico muy pobre y vulnerable al cambio climático. La represa, que se construirá sobre el río Tina, será el primer proyecto energético de gran infraestructura en ese país. Hoy día, las Islas Salomón dependen casi por completo de diésel importado para producir energía. Se trata de una fuente poco confiable, altamente contaminante, y por la que se debe pagar una de las tarifas más caras de la región. Si bien nos habría gustado ver a las Islas Salomón saltar hacia una alternativa más sostenible, esquivando la era de las represas, el Banco Mundial, entidad acreditada que presentó el proyecto ante el Fondo, llevó a cabo un proceso participativo y destacable de integración de las comunidades locales, que le concedió la legitimidad para realizar el proyecto. El segundo proyecto rehabilitará una represa construida en los 50 en Tajikistan, país ubicado en Asia Central. Las reparaciones son para volverla más resiliente al clima y menos peligrosa a posibles accidentes. Al tratarse de una rehabilitación, el proyecto no genera los impactos socioambientales propios de la construcción de una represa desde cero. Sin embargo, Tajikistan ya depende en un 98% de energía hidroeléctrica, que debido al cambio climático falla cada vez más. En efecto, en los meses más fríos, cuando más se requiere energía, más del 70% de su población sufre cortes por el mal funcionamiento de las represas. Por tanto, no es razonable usar financiemiento climático para profundizar esa dependencia, en lugar de hacerlo para diversificar la matriz energética del país, haciéndola más resiliente al clima. Nuestra campaña Antes de la 14ª reunión de la Junta Directiva del Fondo, cuando recién supimos de las propuestas relacionadas con grandes represas que buscarían financiamiento del Fondo, escribimos una carta abierta explicando por qué las grandes represas no son adecuadas para recibir esos recursos. Luego, anticipándonos a la 16ª reunión, en la que se discutirían los dos proyectos, enviamos a los miembros de la Junta una carta firmada por nuestros aliados más cercanos, que incluía información de cada uno de los proyectos de represas en trámite ante el Fondo. Finalmente, durante las reuniones de la Junta, circulamos una declaración firmada por 282 organizaciones, fortaleciendo nuestra postura. Obtuvimos respuestas oficiales de algunos miembros de la Junta, del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, a cargo del proyecto en Tajikistan, y de la Autoridad Nacional Designada de las Islas Salomón. Delegados de Canadá y Francia quisieron conversar del tema con nosotros. Además, los medios The Guardian y Climate Home publicaron artículos al respecto. Avanzando con optimismo   Pese a que el financiamiento fue otorgado finalmente a los dos proyectos hidroeléctricos, logramos llamar la atención a nivel internacional sobre la incongruencia de apoyar grandes represas con dinero destinado a combatir el cambio climático. Varios miembros de la Junta del Fondo Verde del Clima expresaron dudas acerca de la conveniencia de promover este tipo de iniciativas, y confiamos en que alzarán la voz cuando se enfrenten a proyectos hidroeléctricos mucho más dañinos que los aprobados recientemente. Actualmente existen alternativas energéticas mucho más flexibles, baratas y amigables con el medio ambiente, que necesitan del impulso que el Fondo Verde puede dar. La energía solar y la eólica, por ejemplo, han probado ser eficientes y menos costosas que la hidroeléctrica de gran escala; y otras tecnologías menos desarrolladas, como la geotérmica, tienen un potencial aún inexplorado que debemos destapar. Las organizaciones de la sociedad civil, que hacemos seguimiento a las decisiones del Fondo, seguiremos trabajando para que el financiamiento a grandes represas no se vuelva un precedente.

Poniendo un alto a la implementación de grandes represas en el continente

Belo Monte debe cumplir con condiciones antes de seguir operando

Un tribunal federal de Brasil suspendió la licencia de operación de la represa Belo Monte debido a que Norte Energía, empresa a cargo del proyecto, no ha completado los trabajos de saneamiento básico en la ciudad de Altamira, directamente afectada por la hidroeléctrica.  La decisión del tribunal responde a un recurso legal presentado por el Ministerio Público Federal. Las obras de saneamiento eran una condición para la licencia otorgada por el Instituto Brasileño de Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) y debían completarse antes del llenado del embalse de la represa, lo que no ocurrió. "Esta es la primera vez que un tribunal federal suspende un recurso de suspensão de segurança respecto a Belo Monte; ese recurso garantizaba el funcionamiento de la hidroeléctrica aunque la empresa no hubiera completado las condicionantes de la licencia. En la práctica, la decisión significa que las operaciones de la represa deben parar inmediatamente, aunque la construcción de obras pendientes pueda continuar”, explicó Marcella Ribeiro, abogada de AIDA. “Más allá de una cuestión relacionada a la falta de saneamiento básico, este fallo representa un paso fundamental para que la empresa a cargo del proyecto cumpla adecuadamente con las condiciones para operar, las cuales favorecen a la población afectada. Esperamos que la justicia brasileña continúe garantizando la protección de los derechos de las comunidades afectadas por la represa frente al interés corporativo”.

Denuncian ante la CIDH violaciones de derechos humanos y ataques a defensores/as por proyectos hidroeléctricos en Guatemala

Comunidades y organizaciones hacen un llamado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado guatemalteco, empresas e inversionistas garanticen los derechos humanos de personas y comunidades afectadas por esos proyectos.  Presentaron un informe que documenta 10 casos y 273 incidentes de amenazas, criminalización y ataques contra defensores/as, autoridades tradicionales, medios de comunicación y comunidades.  La criminalización se evidencia en 103 órdenes de captura; el encarcelamiento de 36 personas defensoras y el asesinato de 11.   Washington D.C., Estados Unidos. Un grupo de organizaciones y comunidades denunciaron, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que aquellas personas que reivindican sus derechos y los de comunidades indígenas frente a proyectos hidroeléctricos en Guatemala, sufren violaciones de derechos humanos y son víctimas de amenazas, agresiones e incluso asesinatos. Las denuncias están contenidas en un informe presentado ante la Comisión que se basa en 10 casos. El documento da cuenta que, ante ese tipo de proyectos, las comunidades han visto vulnerado su derecho a la consulta, previa, libre, informada y culturalmente adecuada; a la autodeterminación; al debido proceso, y a la vida. En el informe se evidencia además que quienes defienden a las personas y comunidades afectadas  son víctimas de amenazas y agresiones. Los ataques más comunes fueron órdenes de captura (103), agresiones que resultan en heridas (56), encarcelamiento (36), detenciones (25), criminalización (16), amenazas (15). Se documentaron también 11 asesinatos y tres muertes relacionadas con conflictos en las comunidades que se oponen a los proyectos. Al menos 19 empresas están vinculadas con los proyectos hidroeléctricos: 55% nacionales, 40% trasnacionales y 5% estatales. Los denunciantes resaltaron ante la Comisión que es deber del Estado garantizar la protección de los derechos de las comunidades, de las personas que los defienden. Dicha  obligación de respeto de los derechos humanos se extiende a las empresas y a los financiadores de dichos proyectos. Por ello, las organizaciones y comunidades solicitamos al Estado guatemalteco: Respetar los derechos de los pueblos indígenas de forma integral, incluyendo la libre determinación y el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado y culturalmente adecuado. Garantizar la seguridad de las y los defensores de derechos humanos. Incluir la participación de las comunidades indígenas en el diseño y en la implementación de sus políticas de desarrollo energético. Y a las empresas: Cumplir con la debida diligencia en materia de empresas y derechos humanos. Abstenerse de tomar acciones, como demandas penales, que resulten en la criminalización y en ataques a defensores y defensoras de derechos humanos. Reconocer públicamente el papel positivo y fundamental que tienen las personas defensoras de derechos humanos en la democracia. Consulte aquí el informe completo. Acompañamiento de Austria (ADA); Asamblea Departamental de Pueblos de Huehuetenango (ADH); Asociación de Abogados Mayas de Guatemala, Asociación Indígena Ch`Orti` Nuevo Día, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA); Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH); Consejo del Pueblo Maya (CPO) Consejo Mam; Guatemala Human Rights Commission, USA (GHRC); Guatemala Solidarity Network; Microregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán; Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR); PAYXAIL YAJAW KONOB (Gobierno Ancestral Plurinacional) AKATEKA, CHUJ, POPTI’, Q’ANJOB’AL; Plataforma Internacional contra la Impunidad Protection International; Proyecto Acompañamiento Quebec Guatemala Montréal, Canadá Resistencia Río Dolores y la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA). Contactos de prensa: Karen Hudlet, Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, [email protected] Rodrigo da Costa Sales, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), [email protected]  

Ya no es tiempo de creer que las represas nos benefician

Érase una vez cuando los cigarros servían para curar la tos, el maquillaje con plomo estaba de moda y el DDT, un insecticida altamente tóxico para el ambiente y las personas, se utilizaba en los jardines donde jugaban niños y niñas. Lo que ahora nos escandaliza, en su tiempo era completamente normal e incluso se creía más beneficioso que dañino para la humanidad. Y fue gracias a la ciencia que pudimos saber que el cigarro, el plomo y el DDT son nocivos para la salud. Lo mismo ocurre ahora con las represas. La fotografía de una represa rodeada de árboles puede ser engañosa, así como alguna vez sucedió con la publicidad del cigarro, acompañada por la imagen de un médico que lo recomendaba. En los últimos años, hemos visto que los daños de las represas al equilibrio de los ecosistemas y a las comunidades cercanas, son proporcionalmente mayores a los beneficios que prometen. Hace poco, un estudio confirmó algo mucho más preocupante: las represas contribuyen al cambio climático. A finales de 2016, investigadores de la Universidad del Estado de Washington concluyeron que todos los embalses, no sólo los construidos en zonas tropicales, generan 1.3 por ciento del total de gases de efecto invernadero producidos por la humanidad. Las represas, evidenciaron, son una fuente “subestimada” de emisiones contaminantes, principalmente metano, un contaminante 34 veces más dañino que el dióxido de carbono. La noticia no se ha asimilado. Las represas continúan apareciendo como fuente de energía verde. Hay países que se jactan de que su energía es casi en su totalidad verde, pero al ver sus reportes, la mitad —o más— es energía hidroeléctrica: la que proviene, especialmente, de grandes represas. Vulneración de derechos humanos Incluso antes de saber del nuevo estudio, ya se había documentado que las represas provocan graves daños a las comunidades y al ambiente. Uno de ellos es la ruptura del estilo de vida. Los habitantes de zonas afectadas por represas deben adaptarse a las nuevas condiciones ambientales que implica el cambio de flujo en los ríos, las inundaciones o la migración de especies.  Pero no es lo único, muchas comunidades son víctimas además de desplazamiento forzado y caen en la pobreza. Un ejemplo de ello es lo que pasó con la represa Belo Monte, en la cuenca del río Xingú, en la Amazonía de Brasil. En AIDA, hemos trabajado de la mano con los pobladores —indígenas y ribereños—que vieron caer los árboles que les rodeaban, la expansión de tierra roja como mancha en medio de la selva, la ausencia de peces en sus aguas y la desaparición de pequeñas islas. Además, en la ciudad más cercana a la represa, las condiciones de vida se vieron muy afectadas.  Esta historia se repite millones de veces en el mundo. Según el estimado de International Rivers, para el año 2015, se habían construido 57,000 grandes represas, que implican la interrupción de más de la mitad de los ríos del mundo y el desplazamiento de al menos 40 millones de personas. ¿Qué podemos hacer? Aunque el estudio de la Universidad del Estado de Washington pueda sorprender a los países o empresas que promueven la construcción de represas, la salud del planeta requiere acciones efectivas que detengan esa tendencia equivocada. Las represas pueden convertirse en los cigarros del mundo, un sitio de por sí impactado por serios tipos de contaminación. Existen opciones mucho más amigables con el ambiente y que no implican los impactos sociales, económicos y climáticos de las represas. Un ejemplo de esperanza es el brindado por el pueblo Munduruku en Brasil. El año pasado, su lucha dio frutos con la cancelación de una represa hidroeléctrica en el río Tapajós, su fuente de vida. Esa noticia fue el resultado de acciones respaldadas con pruebas, entre ellas el caso Belo Monte. Recientemente, la comunidad se reunió para pensar qué soluciones existen ante las amenazas que todavía deben afrontar. Las alternativas deben estudiarse caso por caso y con base en los recursos disponibles. Estas incluyen la descentralización de las fuentes generadoras de energía, los proyectos a pequeña escala y el uso de tecnología solar y eólica, siempre acompañado de procesos adecuados de consulta a las comunidades. Hay soluciones energéticas que no son la mejor decisión para una comunidad que otra. En el financiamiento se debe evaluar cuidadosamente qué proyectos apoyar, analizando a detalle los impactos socioambientales. Puede sonar que a la larga todas las decisiones que tomamos son malas, pero no es momento para desanimarse. Hoy contamos con la información científica para cuidar nuestro planeta. Hemos dejado de producir no sólo maquillaje, sino otros productos con plomo; el número de fumadores ha disminuido para dar paso a espacios de convivencia más limpios; y el DDT se usa cada vez menos, acompañado de esfuerzos para tener insecticidas que controlen las plagas y sean biodegradables. Por tanto, en cuestión de represas, sólo es cuestión de re-pensar nuestra forma de producir energía y preservar los ríos que aun fluyen libres.

Tsunami de Odebrecht: ¿a recuperar el interés público o sólo el dinero?

(Columna publicada originalmente en El País) La corrupción en América Latina y el Caribe no es noticia. Incluso algunos, aberrantemente, la consideran normal. Pero en todo hay niveles. Por ello la magnitud de la corrupción desarrollada por la multinacional brasileña Odebrecht ha tenido un impacto singular: un tsunami que no solo se llevó grandes cantidades de dinero, sino también el interés público. Debemos preguntarnos entonces si los más de 100 proyectos involucrados en el caso Odebrecht eran realmente obras de infraestructura para beneficio común o únicamente excusas para el pago de coimas millonarias. Los detalles de la compleja maquinaria corrupta salieron a la luz el 21 de diciembre pasado. Ese día, el Departamento de Justicia y la Fiscalía de Estados Unidos publicaron la confesión en la que directivos de la empresa admiten haber pagado aproximadamente 788 millones de dólares en 11 países de América Latina y Mozambique. Según el documento, “…entre 2001 y 2016, Odebrecht, junto con sus coconspiradores, con conocimiento y voluntariamente, conspiraron y acordaron con otros proveer de forma corrupta cientos de millones de dólares… para el beneficio de funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, funcionarios de partidos políticos y candidatos de partidos políticos extranjeros…para obtener y retener negocios”. La confesión delata la prostitución del interés público. Los directivos involucraron a docenas de gobiernos, incluyendo jefes de Estado —entre ellos Juan Manuel Santos, presidente de Colombia y reciente Nobel de Paz—, ministros, senadores y otras personas que hoy son investigadas o que ya fueron encarceladas. La indignación y la exigencia inmediata de justicia son evidentes. Aunque no fue posible acceder a la lista completa de proyectos, la información pública en cada país da cuenta de los siguientes: Argentina: gasoductos, potabilización de agua, obtención de potasio y el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, entre otros. Brasil: cientos de proyectos, incluyendo industrias extractivas y la represa Belo Monte, que desde su planeación ha ocasionado graves violaciones de derechos humanos. Colombia: la Ruta del Sol y la navegabilidad el Río Magdalena, las dos obras de alta ingeniería más importantes del país. Ecuador: hidroeléctrica Manduriacu y refinería del Pacífico. Si bien la administración de Rafael Correa declaró que los posibles sobornos ocurrieron antes de 2007, el Gobierno de Estados Unidos asegura tener pruebas de sobornos posteriores. México: proyecto petroquímico Etileno XXI, el más grande de América Latina, y el gasoducto Los Ramones II Norte. Perú: Carretera Interoceánica Norte Sur, el proyecto hidroenergético Alto Piura y el tren eléctrico de Lima. República Dominicana: la termoeléctrica Punta Catalina y la hidroeléctrica Pinalito. En todos los países, los sobornos involucran proyectos energéticos o de infraestructura, proclamados como esenciales para el desarrollo, por gobiernos, organismos internacionales y empresas. Pero también son proyectos sobre los que, por décadas, comunidades y organizaciones han denunciado impactos negativos en los derechos humanos y el ambiente, incluyendo su contribución al cambio climático. Proyectos que las grandes represas y las termoeléctricas, afectan también el interés público y para los cuales existen alternativas sostenibles y más efectivas. Las denuncias, en su mayoría, fueron ignoradas. La represa Belo Monte, por ejemplo, comenzó a operar pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó detener su construcción y proteger a los pueblos indígenas afectados. Los pedidos de justicia fueron además reprimidos, en ocasiones por gobiernos que, según la evidencia, recibieron sobornos para implementar proyectos. La situación es aún más grave si consideramos que América Latina es la región más peligrosa para los defensores de derechos humanos, especialmente para quienes protegen el ambiente, la tierra y el territorio de proyectos como los mencionados. Ante una industria de corrupción sin precedentes, es vital analizar cada uno de los proyectos del caso Odebrecht para determinar su verdadera utilidad pública. Es muy posible que en gran parte de ellos, los costos socioambientales hayan sido mayores que los beneficios. Esos daños también deben ser sancionados. El caso podría ser solo la punta del iceberg porque la problemática es regional, aunque más grave en algunos países. Cada Estado y empresa del continente debe adoptar medidas efectivas anticorrupción, y evaluar sus procesos de planificación e implementación de proyectos, los que fallaron estrepitosamente en los proyectos implicados en el escándalo. Una lección clara es la necesidad urgente de fortalecer el cumplimiento independiente y objetivo de las normas internacionales y nacionales de planeación y protección ambiental y de los derechos humanos. Se debe garantizar, en los grandes proyectos, transparencia y la participación de los afectados y de cualquier persona interesada en proteger el interés público. Dado que en algunos casos la investigación de la corrupción recae en administraciones afines a las personas involucradas en el delito, una buena idea sería crear un Observatorio Independiente Ciudadano regional para indagar los impactos de grandes proyectos y las mejores opciones para resarcir los daños. Deberíamos asegurar de una vez que las personas a cargo de decisiones transcendentales sirvan realmente al interés público y no a las empresas que buscan implementarlas, o a sus propios bolsillos. Toda la ciudadanía puede contribuir a que ello sea una realidad.

Compartiendo las lecciones de Belo Monte con los Munduruku

Bajo una choza con techo de paja en el borde del río Tapajós, gente del pueblo Munduruku, de comunidades asentadas en toda esta región de selva amazónica virgen, se reunió en una asamblea general. Allí estaban ancianos y ancianas, padres y madres, niños y niñas de la tribu, así como representantes de ONG y de entidades de gobierno. Se reunieron para discutir sobre sus problemas y encontrar soluciones. Buscaban trazar el camino que les permita continuar viviendo y  desarrollándose en armonía con la naturaleza. La asamblea de octubre fue la primera reunión desde que se anunciara la cancelación de la represa Tapajós. Su licencia fue rechazada debido a los graves impactos ambientales que causaría. El rechazo fue una gran victoria para el movimiento que busca proteger la Amazonía de Brasil, luego de años de decepción y derrota a causa de la cercana represa Belo Monte. Sin embargo, argumentando beneficios energéticos y económicos, el gobierno brasileño planea construir más grandes represas en la región, docenas de ellas.  Estuve ahí debido a Belo Monte. Para compartir historias, estrategias y lecciones aprendidas de nuestra defensa de la gente del río Xingú que se ha visto afectada por la represa. Un equipo de Climate Reality me acompañó y produjo un documental corto para compartir estas historias con el mundo entero. Si bien la lucha por la gente del Xingú ha sido larga, mantenemos nuestro compromiso de lograr justicia para ellos. Al llevar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tratamos de influir en los tomadores de decisión de Brasil y desalentar la construcción de más grandes represas en la Amazonía, incluyendo aquellas planeadas para la cuenca del río Tapajós. La devastación causada por Belo Monte se ha convertido en un cuento con moraleja para tribus vecinas como los Munduruku. Debido al daño causado a la vida y a las personas del Xingú, los Munduruku entienden perfectamente qué tienen que perder si la represa sobre el Tapajós se llegara a construir. Perderían sus hogares, sus sitios sagrados y la conexión con sus ancestros. Perderían su río. El Tapajós es para los Munduruku lo que el Xingú es para los pueblos Kayapo y Juruna. Es su autopista y su supermercado; un sitio sagrado y un regalo divino. Agradecen a sus dioses por las bondades recibidas. Por una selva saludable a la que llaman hogar, por los tinguejada (peces) y por todo lo que el río les da. Fue un honor para mí estar presente y atestiguar la fortaleza y unidad del pueblo Munduruku. Fue una lección de humildad unir mi voz a la suya. Espero que la voz de los Munduruku sea escuchada. Espero que su territorio sea respetado y que la represa y otros proyectos de desarrollo sean frenados definitivamente. Y espero que el gobierno brasileño aprenda la lección que un sinnúmero de pueblos indígenas ya conoce: ¡Que las represas deben quedar fuera de la Amazonía!  

Sobre represas y cambio climático

(Columna publicada originalmente en El País) "Nuestro clima se está calentando a un ritmo alarmante y sin precedentes al que tenemos que responder con urgencia", concluyeron el 22 de noviembre pasado los representantes de casi 200 Estados del mundo, reunidos en Marruecos, para la décimosegunda Conferencia de las Partes (COP 22) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y la primera reunión de las Partes del Acuerdo de París. En efecto, debemos responder con urgencia, pero también con inteligencia. Hoy en día, miles de grandes represas están siendo planeadas y en construcción a nivel mundial para sumarse a las ya más de un millón de represas en más de la mitad de los ríos en el planeta. Solo en la Amazonía, hay cientos de proyectos de hidroeléctricas planeadas o en construcción. Muchos de ellas son promocionados como energía limpia y solución al cambio climático. Pero la realidad es otra. Investigadores de la Universidad del Estado de Washington (WSU) concluyeron recientemente, en un artículo publicado en la revista científica Bioscience, que las represas son una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), en particular de dióxido de carbono, de óxido nitroso y mayormente de metano. Este último es un gas 34 veces más potente que el dióxido de carbono (CO2). Esto implica que, lejos de ser una solución, las represas agravan el cambio climático. Hasta el momento, la evidencia científica apuntaba a que las emisiones contaminantes se presentaban en represas ubicadas en zonas tropicales. Pero la investigación de la WSU concluye que los embalses de todas las represas emiten GEI, sin importar su latitud ni propósito (generación de energía, control de inundaciones, navegación o riego). Para la investigación los científicos analizaron diferentes variables y métodos de medición de emisiones provenientes de embalses. Como resultado de ello concluyeron que, en el mundo, emiten aproximadamente el 1,3% de las emisiones de GEI generadas por la humanidad. Esto es más que las emisiones anuales de todo Canadá. Aún se requieren mayores estudios para cuantificar con exactitud la cantidad de emisiones provenientes de las represas y para entender cómo estas varían según las condiciones particulares de cada embalse. Por ahora, parece que variables como la eutrofización (el aumento de nutrientes en el agua que puede incrementar las algas) y la temperatura pueden ser relevantes. Hasta el momento las emisiones de cambio climático causadas por las represas no son contabilizadas. Sin embargo, cada día la atmósfera recibe dichas emisiones, aumentado los impactos al clima. Esto quiere decir que, a nivel mundial, las cuentas climáticas no cuadran. Por tanto, el estudio de la WSU marca un hito para entender el verdadero papel de las represas y el cambio climático. Es esencial entonces tomarlo en cuenta en las políticas, normas, programas y análisis científicos. Así, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC); organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Verde del Clima; autoridades nacionales y empresas, deben incorporar en sus evaluaciones las emisiones contaminantes, actuales y futuras, de las represas. Solo así tendremos las cuentas claras y evitaremos que, por ignorar una situación ya probada, continuemos incrementando el cambio climático que ya nos afecta a todos. Aunque en mayor medida a quienes están en situación más vulnerable. Vale recordar que las represas causan también graves impactos en el ambiente y en los derechos humanos. Son proyectos muy costosos y que toman décadas entre la planeación y la implementación. De otra parte, en los últimos años ya se están dando resultado soluciones viables para reemplazar la necesidad de represas. En el caso de la energía hay otras fuentes más eficientes, baratas y rápidas que podrían implementarse. Como se dice popularmente: "Las cuentas claras y el chocolate espeso". Tener claridad y asegurar que todas las fuentes que contribuyen significativamente al cambio climático sean tomadas en cuenta, es una tarea esencial para responder con la urgencia, efectividad e inteligencia requerida. Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo, ya no tenemos más tiempo que perder.

En la Aldea Mïratu, los Juruna lloran la muerte de Jarliel

Marcelo Salazar, Instituto Socioambiental (ISA) Traducción de AIDA del blog publicado originalmente por ISA Jarliel murió cuando se sumergía a 25 metros de profundidad para pescar. Uno de sus hermanos culpa a la represa Belo Monte por haber llevado a los peces hacia aguas profundas, cuando antes estaban en cascadas o en aguas poco hondas, obligando así a los pescadores a inmersiones más peligrosas. Jarliel Juruna o “Jarla”, de 20 años, murió el 26 de octubre al sumergirse para pescar acari marrom, un tipo de pez. Estaba a unos 25 metros de profundidad cuando dejó de respirar y, ya sin vida, fue jalado a la superficie. Fue una tragedia para la Aldea Mïratu, en la Tierra Indígena Paquiçamba, una tragedia para los Juruna* de la Volta Grande, y una tragedia para el río Xingú, en la Amazonía brasileña. Dejó a sus padres, hermanos, esposa e hijo recién nacido sin saber qué hacer ni a dónde ir, atónitos… En un silencio casi absoluto, Giliarde Juruna, cacique de la Aldea Mïratu y hermano de Jarliel, mantuvo la mirada fija en el bosque detrás de la casa de paja donde está la cocina de la comunidad. Otro de sus hermanos, Jair Juruna, el “Negão”, estaba indignado: “Nunca necesitamos pescar acari en aguas tan profundas, pero con la represa los peces que estaban justo allí, en la cascada y en las aguas poco hondas, desaparecieron, y tenemos familias que mantener. Norte Energía (empresa constructora de la represa) está jugando con nosotros. ¿Dónde están los proyectos productivos? Si las cosas estuvieran funcionando, tendríamos otros trabajos y no arriesgaríamos nuestras vidas para mantener a nuestras familias. Ahora miren los resultados”. Al otro lado del continente, en Perú, Bel Juruna representaba a su pueblo en una reunión con otros líderes indígenas de América Latina. Allí hablaba justamente de la violencia ejercida por Belo Monte sobre su comunidad y sobre el Xingú. Cuando se enteró de la noticia, quedó destrozada. No pudo llegar a tiempo al entierro de Jarliel, su hermano más joven y a quien ayudó a criar. Jarla era un joven alegre y juguetón, muy dedicado, que estaba concluyendo el bachillerato y soñaba con pronto entrar a la universidad. Era uno de los guerreros de su pueblo, estuvo en varias de las ocupaciones pacíficas de la represa Belo Monte para luchar por los derechos de los indígenas del Xingú. Algún día, la historia completa detrás de Belo Monte será contada y los impactos reales de la represa en la vida de las comunidades del Xingú, serán reconocidos. Que Jarla se sume ahora al gran guerrero Mïratu en otro plano y una sus esfuerzos a los de quienes se quedaron en la tierra para luchar contra Belo Monte y contra otras formas de destrucción de las comunidades indígenas y tradicionales del Xingú. *Los dueños del río Los Yudja, o Juruna, como son conocidos en la región, viven en las islas y márgenes del Xingú. Son los “dueños del río” por el gran conocimiento que tienen del caudal y por haber migrado, en los últimos siglos, de la naciente hasta la cabecera. La Aldea Mïratu es una de las aldeas de la Tierra Indígena Paquiçamba, ubicada a poco más de 10 kilómetros por debajo de uno de los embalses de la hidroeléctrica Belo Monte. Este pueblo sufre diferentes impactos, uno de ellos en la actividad pesquera. En colaboración con la Universidad Federal del Pará y el ISA, y con el apoyo de la Fundación Mott, los Juruna realizan un monitoreo independiente de la pesca, el cual revela los daños que esa actividad ha sufrido en los últimos años. Jarliel era uno de las personas que hacía ese seguimiento en la aldea Mïratu.  

Belo Monte: Reavivando Nuestra Lucha por Justicia

Pese a que las turbinas de la represa Belo Monte han comenzado a girar, la lucha por justicia continúa. El funcionamiento de la tercera represa más grande del mundo sobre el río Xingú —plagada de corrupción y negligencia— no puede detenernos. De hecho, cada nueva denuncia de corrupción y abuso solo alimenta nuestro deseo de justicia para quienes han sido afectados por la represa. Nuestra batalla más importante —el caso que llevamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual fue abierto a trámite a finales del año pasado— sigue firmemente su curso. En el caso, estamos trabajando para responsabilizar a Brasil por las innumerables violaciones de derechos humanos cometidas en nombre de la represa Belo Monte: la ausencia de consulta y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas; la falta de una adecuada evaluación de los impactos sociales y ambientales; desplazamiento forzado; y otras graves violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, comunidades ribereñas y residentes de Altamira. Estamos en proceso de hacer que el caso sea admitido ante la Comisión, y que la misma pueda establecer —como un organismo internacional e independiente— si estas violaciones ocurrieron y si el Estado debe responder por ellas. Como parte del proceso, Brasil tenía que responder a nuestros reclamos ante la Comisión. Recibimos su respuesta el 9 de agosto y recientemente enviamos nuestros argumentos legales para contrarrestar sus afirmaciones. Necesitamos asegurar que la Comisión comprenda la importancia de su rol en la investigación de las violaciones de derechos humanos causadas por Belo Monte. Incluso mientras escribo esto, el Estado y los operadores de la represa continúan ignorando abiertamente los derechos humanos de las personas de la cuenca del río Xingú, quienes viven a la sombra de la hidroeléctrica. El 1º de septiembre, por ejemplo, la licencia de operación de la represa fue suspendida una vez más porque los sistemas de saneamiento de la ciudad de Altamira —una obligación legal que los operadores debían cumplir hace tiempo— nunca fueron instalados. Las calles de Altamira aún son inundadas por aguas residuales, amenazando con convertir el embalse de Belo Monte en un charco de agua estancada. Desafortunadamente, como con muchas decisiones legales que intentaron proteger los derechos de los afectados, la suspensión fue revocada unas semanas más tarde. Está claro que las fuerzas detrás de Belo Monte no tienen respeto por el ambiente en el que están trabajando, y menos por las personas que dependen del río y de la selva para sobrevivir. Muchas de las personas a las que representamos, viven en barrios de Altamira y están expuestas a las aguas sin tratar. Quienes viven fuera de la ciudad han sido desplazados de su fuente primaria de agua, o han visto destruida su forma de vida. Debemos garantizar que el Estado brasileño se haga responsable por el inmenso daño social y ambiental que la represa ha causado. Ten la seguridad que no vamos a detenernos hasta lograr justicia para la gente del Xingú.