Grandes Represas

Brasil debe responder por violaciones de derechos humanos

¡Lo hicimos! Nos llena de orgullo decir que recientemente presentamos los argumentos finales en nuestro caso contra Brasil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ellos, demostramos los daños que Belo Monte ha causado a comunidades indígenas y tradicionales, y a residentes de Altamira, la ciudad más próxima a la represa. Estamos trabajando por ellos: para llevar al gobierno de Brasil ante la justicia. “Las violaciones de derechos humanos son algo cotidiano para quienes somos afectados por la represa”, explicó Antônia Melo, coordinadora del Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, colectivo ciudadano creado para enfrentar la implementación de la hidroeléctrica. “Es urgente que nuestra petición ante la Comisión avance para sancionar al gobierno y garantizar nuestros derechos”. Nosotros argumentamos que los daños a comunidades locales resultaron de una falta grave de previsión y de una evaluación adecuada de impactos ambientales, así como del incumplimiento de las condiciones de operación establecidas por el gobierno. Los riesgos denunciados antes de la construcción de la represa se han convertido en daños de largo plazo. Muchos de ellos han afectado de forma distinta a hombres y mujeres, personas jóvenes y ancianas. Nuestro informe documenta el desplazamiento de comunidades indígenas y tradicionales, forzadas a dejar sus territorios sin alternativas adecuadas, poniendo en riesgo su sobrevivencia cultural. Entre las poblaciones afectadas están comunidades dedicadas a la pesca, quienes no han sido compensadas por la pérdida de sus medios de sustento. La represa ha causado la muerte masiva de peces y, aunque las autoridades han impuesto multas millonarias, el informe demuestra que el problema de fondo no ha sido resuelto. Las comunidades locales ahora tienen un uso limitado del río Xingú como fuente de alimento, sustento, transporte y diversión. También identificamos, entre otros daños serios, la pérdida de oficios tradicionales, como los de ladrilleros y carreteros, y de prácticas culturales tradicionales. Las mujeres, por ejemplo, han dejado de dar a luz en sus casas y ahora deben ir a un hospital, una realidad que ha empeorado drásticamente debido a la saturación de los servicios de educación y salud en Altamira a causa del reciente aumento poblacional. Nuestro caso está ahora en manos de la Comisión. La Comisión elaborará su propio informe, concluyendo si hubo o no violaciones de derechos humanos a causa de la represa Belo Monte. De establecer que sí hubo, la Comisión puede emitir recomendaciones para su remediación. Si Brasil no responde a ellas, el caso puede ser remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo condenando a Brasil. La presentación de este informe nos acerca —y sobre todo a las comunidades que representamos— a lograr justicia por los muchos errores cometidos en nombre de la represa Belo Monte y del desarrollo energético en la Amazonía.  

AIDA respalda demanda de comunidades de Guatemala contra represa Pojom II

Presentamos ante la Corte Suprema de Justicia de ese país un escrito que evidencia el incumplimiento de obligaciones internacionales en materia de ambiente y derechos humanos en la autorización y construcción del proyecto hidroeléctrico. Ciudad de Guatemala, Guatemala. En respaldo a las demandas de amparo interpuestas por miembros de comunidades de la microrregión de Ixquisis, Huehuetenango, afectadas por el proyecto hidroeléctrico Pojom II, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente presentó un escrito (Amicus Curiae) ante la Corte Suprema de Justicia. En él evidenciamos las obligaciones internacionales en materia ambiental y de derechos humanos incumplidas en el proceso de autorización y construcción de la represa. “La construcción de la hidroeléctrica fue autorizada sin haberse realizado una consulta previa, libre e informada que permitiera a la población afectada, en su mayoría indígena, otorgar su consentimiento a una actividad que les afecta directamente”, explicó Liliana Ávila, abogada de AIDA. “La consulta, el consentimiento y la participación son derechos humanos individuales y colectivos que están garantizados por tratados internacionales ratificados por Guatemala”. El proyecto Pojom II está financiado por el BID Invest, brazo privado del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue autorizado pese a que el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa promotora incumplió estándares nacionales e internacionales. No fue realizado por una entidad independiente ni bajo la supervisión del Estado, no respetó las tradiciones y cultura de las comunidades indígenas afectadas y no tomó en cuenta los impactos acumulativos de la concentración de proyectos hidroeléctricos en la zona. “Esos proyectos no representan beneficios para las comunidades y, por el contrario, causan daños irreversibles a sus medios de subsistencia y modos de vida tradicionales al afectar fuentes de agua y otros entornos naturales”, señaló Ávila. “Generan además situaciones de grave conflictividad social”. En el escrito presentado por AIDA se detallan las obligaciones internacionales incumplidas por el Estado de Guatemala respecto al proyecto Pojom II. Entre ellas están las contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y otras que hacen parte del Derecho internacional ambiental. “Las demandas de amparo presentadas por las comunidades son una oportunidad para que el gobierno suspenda el proyecto por los graves daños causados”, dijo Ávila. “Y en nuestro escrito apoyamos esa acción al demostrar la responsabilidad del Estado en el incumplimiento de normas internacionales”. Contacto de prensa: Victor Quintanilla, AIDA (México), [email protected], +521 5570522107  

La lucha ante el BID de mujeres indígenas en Guatemala

Decreto que levanta la veda de la cuenca del río San Pedro Mezquital

Autorización de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces

Las defensoras del agua en Guatemala

Lo primero que María hace al levantarse cada mañana es abrir el grifo de su casa para ver si hay agua. Con ella preparará café y, dentro de unas horas, la comida para su familia. Su casa está llena de plantas y de animales. Perros, gatos y gallinas la rodean mientras enciende la cocina de leña, cargando a su hijo pequeño en la espalda. Donde vive, en Ixquisis —región ubicada en el departamento de Huehuetenango, al noroccidente de Guatemala, cerca de la frontera con México—, existen muchos nacimientos de agua y ríos caudalosos, entre ellos el Pojom y el Negro. Para María, el río es un lugar especial. Allí lava ropa, una actividad tradicional de las mujeres de su comunidad, la mayoría indígenas. Pero también es un lugar de encuentro para ellas. Cada tarde, mientras el caudal avanza sin reparo, hablan de sus familias, de las tareas diarias y de sus preocupaciones. El mes pasado, junto con otras mujeres de Ixquisis, María habló de los riesgos que las represas Pojom II y San Andrés, que se construyen en la zona, implican para sus modos de vida. Lo hizo en un taller organizado por AIDA, en colaboración con colegas de Protección Internacional y de la Plataforma Internacional contra la Impunidad. La vida de María ha cambiado mucho en los últimos años debido a la construcción de las represas, algo que no la deja dormir. Antes que la construcción de las represas iniciara, María solía pescar. Con ayuda de un canasto que sumergía en el río, recogía —como si se tratara de magia— caracoles, camarones y peces pequeños. Pero el río ya no le ofrece qué pescar. Los ríos se han convertido de a poco en basureros. Quienes trabajan en las obras tiran allí escombros y otros desechos. Sus aguas, antes limpias, se usan para lavar coches y maquinaria. “Un día nos vamos a quedar sin agua y no vamos a poder vivir, nuestros hijos van a sufrir”. La frase de María resume el principal temor entre las mujeres de Ixquisis. Ese miedo no es infundado. La construcción de las represas ha dañado ya las fuentes de agua de la región. Familias como la de María padecen enfermedades estomacales y en la piel que antes no tenían. Las asocian con la contaminación del agua. Hasta antes del taller, las mujeres de Ixquisis no habían tenido la oportunidad de hablar espontáneamente de la importancia del agua y los ríos en sus vidas y de cómo las mismas comenzaron a cambiar debido a la construcción de las represas. Nadie les había dado tampoco información sobre los proyectos. Aun desconociendo los detalles, María y sus vecinas tiene claro que el agua en sus casas ya no llega tan limpia como antes y con la misma frecuencia. Y han expresado pacíficamente su oposición a las hidroeléctricas. Su voz se ha topado con la estigmatización y con el miedo a represalias. Si antes caminaba tranquila, incluso al caer la noche, ahora María sale de su casa con temor. Pero la gente de Ixquisis tiene el apoyo de personas y organizaciones que trabajan para proteger el ambiente y los derechos humanos. La organización internacional Front Line Defenders, por ejemplo, les entregó el Premio para Defensores/as de Derechos Humanos en Riesgo 2018. Un día después del taller con mujeres, organizamos un segundo encuentro al que asistieron los hombres de la región. La falta de agua ha afectado su principal actividad de subsistencia: el cultivo de banano, cardamomo, hortalizas y otros productos que luego venden. Sus cosechas han disminuido y ahora deben trabajar más horas para obtener la misma ganancia. Aprendí mucho de conocer a María. Su fortaleza, así como la de todos y todas en Ixquisis, viene de su respeto por la naturaleza y por lo que ésta les brinda. Comparto ese sentimiento y lo vuelco en mi trabajo como abogada en AIDA, asesorando legalmente a los hombres y mujeres de Ixquisis para que defiendan su territorio, para que sigan viendo agua salir de sus grifos y para que caminen sin miedo en busca de un futuro sano para sus hijos.  

Comunidades afectadas por represa Hidroituango en Colombia presentan queja ante el BID

En medio de la crisis humanitaria que se vive en la cuenca del río Cauca por causa de la hidroeléctrica, las comunidades solicitaron al mecanismo de rendición de cuentas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) investigar si la entidad financiera cumplió o no sus propios estándares sociales y ambientales al invertir en el proyecto. Washington D.C. Comunidades afectadas por la construcción de la represa Hidroituango en el departamento de Antioquia, presentaron una reclamación ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICl) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La queja fue presentada en la sede del organismo, ubicada en la capital de Estados Unidos. En ella solicitan que esa instancia de rendición de cuentas indague si el BID, tanto su brazo público como privado, cumplió o no sus propios estándares sociales y ambientales a la hora de invertir en el proyecto. Las comunidades afectadas, representadas por el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, resaltan en la queja que las políticas del banco establecen que los proyectos en los que invierta deben ser sostenibles, participativos y respetuosos de la legislación nacional, lo que no ha ocurrido con Hidroituango. El proyecto no contó con una evaluación de impacto ambiental adecuada, no permite la participación de las comunidades ni el acceso a información, y se ha desarrollado en un contexto de violaciones a derechos humanos y uso desproporcionado de la fuerza. Asimismo, ha puesto en peligro la vida de miles de personas, que han tenido que ser evacuadas de forma improvisada por la crisis de la presa. Esto contradice los estándares sociales y ambientales que el BID debe aplicar en sus inversiones. La hidroeléctrica pretende ser la más grande de Colombia, con un embalse de 79 kilómetros que inundó un área de 4.500 hectáreas, sin retirar la capa vegetal, terminar la obra, informar, reubicar ni compensar a las comunidades. El Grupo BID ha apoyado el proyecto a través de varios tipos de inversión: 2 millones de dólares en cooperación técnica al Estado colombiano en 2012 y 550 millones de dólares en inversiones directas a Empresas Públicas de Medellín (EPM), a cargo del proyecto, en 2016. Además, el BID maneja un paquete de inversiones en el proyecto que suma 1.000 millones de dólares, con aportaciones de múltiples bancos europeos [KfW IPEX - Alemania, BNP Paribas - Francia, BBVA y Banco Santander - España], asiáticos [ICBC - China, Sumitomo Mitsui - Japón] y un banco canadiense [CDPQ – Quebec]. El MICI atiende denuncias de personas y comunidades afectadas por proyectos de desarrollo financiados por el BID. Las comunidades afectadas por Hidroituango, asentadas en la cuenca del río Cauca y sus afluentes, son acompañadas en el proceso de queja por el Center for International Environmental Law (CIEL), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el International Accountability Project (IAP). El reclamo ocurre en medio de una crisis humanitaria en la zona de construcción de la hidroeléctrica y de una creciente violencia contra las personas que defienden su territorio y agua frente al proyecto. Lo que comenzó con el taponamiento con cemento de dos túneles de la represa, terminó en la obstrucción de otro túnel y luego en un incremento drástico del caudal del río, deslizamientos de tierra, inundaciones y desplazamiento de miles de personas de sus hogares. Todo ello ha desnudado la inadecuada evaluación de impactos y la pobre regulación ambiental a las que fue sometido el proyecto y que, de todas formas, fue autorizado. El estado de emergencia en la zona no ha cesado y el riesgo de que la represa colapse no ha sido descartado ni por el gobierno colombiano ni por la empresa. Los miembros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia han sufrido múltiples amenazas, intimidaciones y violación de sus derechos. Entre el 2 y el 8 de mayo, según se denunció, dos de sus integrantes fueron asesinados en el corregimiento de Puerto Valdivia, que fue completamente evacuado por la emergencia. Además, la región donde está ubicada la represa ha sido históricamente afectada por la violencia y el conflicto armado. Contactos de prensa Isabel Zuleta, Movimiento Ríos Vivos Antioquia, +57 3217347264, [email protected] Carla García, Center for International Environmental Law, [email protected] Astrid Puentes, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Carlos Lozano, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Alexandre Sampaio, International Accountability Project, [email protected]  

Fuentes de información sobre represas

Organizaciones se unen al pedido de ayuda de comunidades afectadas por la represa Hidroituango en Colombia

El movimiento que agrupa a las personas afectadas ha denunciado el asesinato de dos de sus integrantes en solo unos días. Y, debido a la obstrucción de uno de los túneles de la represa, existe riesgo de un desborde y una avalancha. Pedimos a las autoridades investigar los daños a las comunidades, sancionarlos y atender a las familias afectadas. Dos integrantes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, que agrupa a las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango en Colombia, han sido asesinados en los últimos días. El 2 y el 8 de mayo, denunció el Movimento, fueron asesinados los señores Hugo Albeiro George Pérez y Luis Alberto Torres Montoya, respectivamente. Los miembros del Movimiento han sufrido también múltiples amenazas, intimidaciones y violaciones a derechos humanos por su defensa del territorio y del río Cauca. De otro lado, las comunidades de varios municipios asentados aguas abajo del río Cauca, represado para implementar la represa, viven con miedo e incertidumbre ante una posible catástrofe. La amenaza es inminente y se debe a la obstrucción de uno de los túneles de la represa que, al interrumpir el flujo de agua, puede causar el desborde del agua del embalse, cuya fuerza puede provocar inundaciones y una avalancha de lodo, troncos y desechos. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) y el International Accountability Project (IAP) expresamos nuestro apoyo a las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, agrupadas en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia. Demandamos a las autoridades ambientales en Colombia investigar y sancionar a los responsables de los asesinatos, así como los daños que la construcción de la represa ya está ocasionando. Solicitamos además al gobierno nacional atender adecuadamente y a la brevedad a las familias afectadas. Hidroituango, que se prevé será la represa más grande de Colombia, afectará a 12 municipios, impactando en miles de familias que dependen del río. El proyecto ha recibido préstamos del BID Invest, el brazo del Banco Interamericano de Desarrollo para el sector privado. Contacto de prensa: Víctor Quintanilla, AIDA, +521 5570522107, [email protected]  

Organizaciones de la sociedad civil condenan el asesinato en Colombia de integrante del Movimiento Ríos Vivos

Nos solidarizamos con el Movimiento y solicitamos que el Estado colombiano investigue los hechos y que sancione ejemplarmente a los responsables. Pedimos además que adopte medidas urgentes y efectivas para frenar la violencia contra las y los defensores ambientales. Las organizaciones nacionales e internacionales abajo firmantes condenamos categóricamente el asesinato en Colombia del señor Hugo Albeiro George Pérez, integrante del Movimiento Ríos Vivos. El Movimiento Ríos Vivos denunció el homicidio del señor George, integrante de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos (ASVAM) El Aro —grupo articulado al Movimiento Ríos Vivos Antioquia— y afectado junto a su familia por la construcción de la represa Hidroituango. El hecho, en el que también falleció Domar Egidio Zapata George, sobrino de Hugo Albeiro, ocurrió el pasado dos de mayo en Puerto Valdivia, Antioquia, en el contexto de movilizaciones de comunidades de la región ante los riesgos ambientales y sociales del represamiento del río Cauca. Hidroituango es la represa más grande de Colombia, con una altura de 225 metros, y una capacidad para contener 20 millones de metros cúbicos de agua. Afectará 12 municipios y tendrá impactos sobre miles de familias que dependen del río. El proyecto ha recibido un paquete de préstamos del BID Invest, el brazo del Banco Interamericano de Desarrollo para el sector privado. El Movimiento Ríos Vivos ha sido objeto de múltiples amenazas, intimidaciones y violaciones a derechos humanos por su defensa del territorio y del río Cauca. Los propietarios del proyecto Hidroituango deben respetar los derechos humanos y actuar con debida diligencia frente a los impactos que genera el desarrollo de la  represa.  Ante lo ocurrido, expresamos nuestra solidaridad con el Movimiento Ríos Vivos y con la familia de Hugo Albeiro George Pérez. Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación en Colombia que investigue el hecho de forma expedita y a los jueces competentes que sancionen a los responsables del mismo. Asimismo, y ante la creciente violencia contra defensores y defensoras del ambiente en la región, exigimos al gobierno garantizar un entorno seguro para el trabajo del Movimiento Ríos Vivos y tomar las medidas necesarias para frenar las amenazas, la intimidación y los asesinatos en contra de quienes defienden el ambiente y los territorios. Igualmente, solicitamos a las autoridades ambientales investigar los impactos que sufren las comunidades por el represamiento del río Cauca y al gobierno nacional atender a las familias afectadas. Accion Ecologica, RedLar Ecuador. Afro-Colombian Solidarity Network. Alianza Internacional de Habitantes. Alianza para la Conservación y el Desarrollo, Panamá. Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, Lavida, México. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Bank Information Center. Bretton Woods Project, Londres. CEE Bankwatch Network, Hungría Center for International Environmental Law, Estados Unidos. Centro de Derechos Económicos y Sociales, Ecuador. Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases, Coagret.   Colombia Grasssrooots Support, New Jersey, Estados Unidos. Colombia Human Rights Committee, Washington, DC, Estados Unidos. Colombia Land Rights Monitor. Consejo de los Pueblos Wuxtaj/CPO, Guatemala. Convergencia por los Derechos Humanos, Guatemala. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, Perú. Due Process of Law Foundation, Estados Unidos. Earthrights International. Ecosistemas Chile, Chile. Environmental Investigation Agency, Estados Unidos. Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Argentina. Fundación Chile Sustentable, Chile. Fundar, Mexico. Front Line Defenders, Reino Unido. Global Witness, Reino Unido.   IISCAL, Estados Unidos.   International Accountability Project, Estados Unidos. International Labor Rights Forum. International Rivers. Latin America Working Group, Estados Unidos.   Movement for Peace in Colombia, New York, Estados Unidos.  Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, México. Movimiento Victoriano Lorenzo. Not1More. Oxfam. Plataforma Continental Somos una América. Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua.  Servicios para una Educación Alternativa, México. Taller de Comunicación Ambiental, Rosario. Washington Office on Latin America, Estados Unidos. Contacto de prensa: Víctor Quintanilla, AIDA, +521 5570522107, [email protected]