Grandes Represas

La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación

Represa Belo Monte podría empezar a operar pese al incumplimiento de condiciones socioambientales

Las condiciones para la protección de la salud, integridad y vida de la población afectada no se han cumplido. Organizaciones reiteran la vigencia de las medidas cautelares que la CIDH otorgó a favor de las comunidades indígenas de la cuenca del río Xingú, cuya situación de riesgo a causa de la represa persiste y ha empeorado. Altamira, Brasil; Washington, Estados Unidos. La represa Belo Monte está a punto de obtener la autorización para comenzar a operar. Ello podría ocurrir sin que se hayan cumplido las condiciones necesarias para proteger la salud, integridad y vida de la población afectada por el proyecto, incluidas las comunidades indígenas de la cuenca del río Xingú, sobre el cual se construye la hidroeléctrica con un avance de más del 70%. Ante tal situación, organizaciones de la sociedad civil solicitaron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantener las medidas cautelares otorgadas en 2011 a favor de las comunidades indígenas de la cuenca del río Xingú. Lo hicieron como respuesta al pedido del Gobierno brasileño de levantar las medidas, que fueron otorgadas para evitar daños irreparables a los derechos de las comunidades. El escrito fue presentado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Justiça Global, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH) y el Movimiento Xingú Vivo para Siempre (MXPVS) en representación de comunidades indígenas y ribereñas afectadas por la represa Belo Monte.  Las organizaciones argumentan ante la CIDH que la situación social y ambiental en torno a Belo Monte sigue siendo grave, urgente y que se causarían daños irremediables. Lo hacen con base a un informe reciente del Instituto Socioambiental (ISA) de Brasil y a datos oficiales del gobierno que incluyen información de las autoridades de salud y de protección indígena, y del Ministerio Público. El informe de ISA analiza a detalle la situación de Altamira, Pará, región donde se construye Belo Monte, enfatizando las violaciones de derechos humanos e irregularidades del proyecto. El informe alerta que no existen las condiciones necesarias para que el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) otorgue la Licencia de Operación al proyecto y autorice el llenado de la represa, así como el desvío definitivo del Xingú, para que una parte de la hidroeléctrica comience a operar. Según el informe de ISA, las medidas para evitar los impactos del proyecto en salud, educación y saneamiento básico no se han cumplido. Ello derivará en otros daños como la desmembración de pueblos indígenas, la saturación de los servicios públicos de salud,  menor calidad en la educación y mayor degradación forestal. “Las consecuencias que anunciamos hace años son ahora una realidad”, afirmó Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA. “El llenado de la represa, previsto para fin de año, materializará la pérdida de viviendas,  territorio y la modificación de los modos de vida tradicionales y fuentes de sustento de las comunidades del Xingú; por ello, las autoridades, de Brasil y la CIDH deben actuar efectivamente para evitar este desastre”. Todo apuntaría a que no existen las condiciones para que Norte Energía, consorcio a cargo del proyecto, obtenga la Licencia de Operación. El vicegobernador de Pará informó que aunque las obras de construcción registran un 70% de avance, sólo el 30% de las condicionantes se han cumplido. Del mismo modo, la Procuradora de República en Altamira, Thais Santi, dijo que el consorcio no está respetando el plan de protección de las tierras indígenas, la principal condicionante para la protección de los pueblos del Xingú. La decisión sobre la autorización del funcionamiento de Belo Monte deberá tomarse además en medio de un escándalo de corrupción que ha salpicado al proyecto. La investigación Lava Jato, iniciada hace un año, evidenció una masiva red de corrupción entre el gobierno y las grandes empresas constructoras en Brasil. Un alto ejecutivo, actualmente en prisión acusado de corrupción, mencionó en sus declaraciones cómo se habían pactado y ejecutado sobornos para la construcción de Belo Monte. Debido a ello la Contraloría General de la Unión (CGU) decidió investigar el uso de recursos públicos en el proyecto. “La falta de control efectivo en la ejecución del proyecto ha hecho que las consecuencias sean mucho peores a las previstas, por lo que dar vía libre a la operación de la represa implicaría en este momento cerrar por completo las opciones de evitar mayores desastres sociales y humanitarios en la zona”, dijo Sandy Faidherb, de la SDDH.

Defensores de derechos humanos afectados por hidroeléctrica Las Cruces son víctimas de criminalización e intimidación

Los líderes del movimiento de defensa de los pueblos indígenas afectados por el proyecto en Nayarit llevan detenidos dos meses sin derecho a fianza; denuncian abuso de autoridad. El proyecto fue autorizado por SEMARNAT pese a que no se garantizó el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas afectadas. Nayarit, México. Los incidentes de intimidación contra los líderes indígenas del movimiento de defensa del territorio que será afectado por el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, han aumentado en la primera mitad del año. El Secretario General de Gobierno, José Trinidad Espinoza Vargas, acusó que las movilizaciones tienen el apoyo del crimen, lo cual es falso  A ello se suma la criminalización de la que son víctimas autoridades ejidales y tradicionales de los territorios que serán afectados por la hidroeléctrica, ya que cinco de ellos denuncian abuso de autoridad por estar detenidos de manera arbitraria hace dos meses sin derecho a fianza. En el contexto de megaproyectos como la hidroeléctrica Las Cruces, el gobierno ha conformado estrategias de intimidación y criminalización de defensores de derechos humanos que se oponen a la explotación de su territorio; ése es el caso de los cinco presos políticos, acusados de delitos sin pruebas. Los líderes han sido acusados del delito de asociación delictuosa por la Procuraduría local derivado de la intención de crear un sistema de vigilancia comunitaria. Lo anterior fue expresado a manera de opinión en sus reuniones comunitarias. Ante ello, Lucía Chávez, Coordinadora de Investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, expresó la necesidad de que el gobierno del Estado de Nayarit, así como todas las dependencias involucradas en el proyecto, reconozcan la legitimidad de las personas defensoras de derechos humanos. En una conferencia de prensa realizada esta mañana, hizo notar que la labor de las y los defensores de derechos humanos es fundamental en un Estado democrático, por lo que se debe transmitir el mensaje de que las agresiones de criminalización hacia su labor están totalmente fuera de lugar y los colocan en riesgo; por lo que deben parar las descalificaciones hacia las personas y colectivos que se oponen al megaproyecto. Asimismo, hizo hincapié en la responsabilidad del Estado mexicano de proteger y asistir a personas y grupos que corren el riesgo de ser desplazados tanto por un megaproyecto, como por los actos de hostigamiento derivados de la defensa de sus derechos. La protección contra el desplazamiento interno es un mandato constitucional que se desprende de las obligaciones de proteger, garantizar y defender los derechos humanos; así como de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. Al respecto, tanto el Convenio 169 de la OIT (artículos 15 y 16) como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (artículo 10) establecen que los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios, ni se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, y sin la existencia de un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa, y siempre que sea posible la opción del regreso. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) otorgó el permiso ambiental al proyecto sin haber garantizado el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas Náyeri, Wixárica, Mexicanero y Tepehuano. La SEMARNAT condicionó la autorización a que la Secretaría de Energía compruebe la realización de una consulta a los pueblos indígenas, lo cual debería haber ocurrido antes de emitir el permiso.  “Conforme a los estándares internacionales, la consulta previa y el consentimiento libre e informado de  los pueblos indígenas no sólo consiste en comunicarles el proyecto como lo condiciona la SEMARNAT en la autorización de impacto ambiental de Las Cruces; en este caso, la Comisión Federal de Electricidad, entidad a cargo del proyecto, debió de consultar de manera, previa, libre, informada y de buena fe a estos pueblos desde el diseño del plan hidroeléctrico, conforme a las instituciones indígenas, y a sus usos y costumbres para proteger su integridad cultural, social y económica”, indicó Astrid Puentes, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), en la conferencia de prensa. Por su parte, Manuel Rebolledo, presidente del Grupo Ecológico Manglar, mencionó la falta de adecuación del proyecto con diversos estándares internacionales en materia de derechos humanos como el Convenio 169 de la OIT en virtud de la falta de realización de una consulta libre, previa e informada. Raúl Nacía Coutiño, funcionario de la Comisión Federal de Electricidad informó que la construcción de Las Cruces iniciará en enero de 2016. De construirse la hidroeléctrica, el poblado de San Blasito y algunas tierras comunales cultivables quedarán bajo el agua. En consecuencia, sus pobladores se verán obligados a desplazarse. Al represar el río San Pedro Mezquital, se afectarán sitios sagrados que están sobre el caudal, dañando así la cultura, religión y las fuentes de subsistencia de los pobladores de la zona.

Grandes Represas: ¿Fuente adecuada de energía para estos tiempos?

El seminario virtual abordó la conveniencia de optar o no por grandes represas, así como las alternativas en tiempos en los que el cambio climático impacta al planeta cada vez con más fuerza. Se analizaron los verdaderos costos de estos proyectos y su contribución al cambio climático en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. Participaron destacados miembros de la sociedad civil y Philip Fearnside*, científico y experto en las emisiones contaminantes que las represas generan.   Durante años, las grandes represas han sido una de las opciones preferidas para satisfacer las necesidades energéticas en América Latina. De hecho, en los últimos años hemos sido testigos de un nuevo "boom hidroeléctrico" que ha fomentado la construcción de estas enormes obras de infraestructura. Al mismo tiempo, la experiencia y la evidencia científica demuestran cada vez más que las grandes represas no son una solución eficiente y adecuada hoy en día, y que pueden generar, entre otras cosas, impactos climáticos irreversibles. Presentaciones: Astrid Puentes, Codirectora Ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA (ver presentación). Philip Fearnside*, Investigador Titular del Instituto Nacional de Investigación de la Amazonía, INPA (ver presentación). Pablo Bertinat, Observatorio de Energía y Sustentabilidad, Universidad Tecnológica Nacional de Rosario, Argentina, y miembro del Taller Ecologista (ver presentación). Notas Consúltelas aquí.   * Philip Fearnside es Investigador Titular del Departamento de Dinámica Ambiental del Instituto Nacional de Investigación de la Amazonía (INPA) en Manaus, Brasil, donde ha vivido por 37 años. Es Doctor en Ecología y Biología Evolutiva por la Universidad de Michigan y autor de más de 500 publicaciones sobre medio ambiente y desarrollo (disponibles aquí). Ha realizado diversos estudios sobre los  impactos de los embalses amazónicos. Su trabajo ha sido galardonado con el Premio Nacional de Ecología de Brasil, el Premio Conrad Wessel y el premio Chico Mendes, entre muchos otros reconocimientos. 

Belo Monte: Decididos a conseguir justicia

Por Flavia Amaral, abogada de AIDA Mientras la construcción de la represa hidroeléctrica Belo Monte, la tercera más grande del mundo, avanza en la Amazonía brasileña, los impactos sociales y disturbios asociados al proyecto continúan. Se tiene previsto que en los próximos meses cerca de 2.000 familias serán reubicadas de sus casas en Altamira, cerca del río Xingú, a viviendas de reciente construcción. Otras 2.000 familias fueron reasentadas el año pasado. La reconfiguración de la zona sigue creando problemas sociales. Los nuevos asentamientos están lejos del centro de Altamira, donde no existe transporte público. Muchas de las casas nuevas ya muestran problemas estructurales, y en los alrededores existe poca o ninguna infraestructura básica como centros de salud, escuelas e instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Además, para ser reubicadas, las familias deben manifestar que no tienen quejas o preocupaciones respecto de la represa Belo Monte o de la empresa responsable de su construcción, un requisito difícil de cumplir para quienes están perdiendo tanto. Muchas comunidades indígenas afirman que hay una explosión de tala ilegal en sus tierras. Norte Energía, el consorcio que construye Belo Monte, no ha implementado los sistemas de monitoreo requeridos ni ha construido estaciones de vigilancia que podrían evitar la tala. Como resultado, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), entidad gubernamental que vela por los derechos indígenas en Brasil, informa que la situación es crítica y especialmente grave para las tierras del pueblo indígena Arara. Las protestas de quienes buscan justicia, reconocimiento y compensación continúan en toda la zona. El mes pasado, cientos de agricultores realizaron protestas exigiendo tenencia de tierra, crédito y mejoras para la agricultura familiar. Dos personas murieron después de ser golpeadas por un auto que irrumpió en el bloqueo de manifestantes. Esta situación representa la agitación y violencia que se respira en el lugar. Evidentemente, la construcción de Belo Monte ha causado un impacto enorme en la cuenca del río Xingú mucho antes de comenzar a operar. Hace cuatro años, tras la solicitud de AIDA y organizaciones colegas en Brasil, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio un importante paso a favor de las personas afectadas por la represa. Solicitó al Gobierno brasileño adoptar medidas cautelares para prevenir daños irreparables a los derechos de las comunidades indígenas cuya integridad cultural y forma de vida estaban en riesgo debido a la construcción de Belo Monte. Claramente, después de todos estos años, las amenazas se mantienen: Brasil no ha cumplido con las medidas cautelares. AIDA continuará trabajando para asegurar que el ambiente y los derechos de las comunidades de la cuenca del río Xingú de Brasil sean respetados plenamente. Creemos que la Comisión aún está a tiempo de actuar, y que el Gobierno de Brasil todavía puede replantear sus políticas y prácticas para convertirse en un modelo global de equidad y justicia. ¡Muchas gracias por el apoyo constante a nuestro trabajo a favor del ambiente y las personas en la Amazonía!

Belo Monte: La urgencia de proteger efectivamente los derechos humanos

Un día como hoy, hace cuatro años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado brasileño adoptar medidas cautelares para prevenir daños irreparables a los derechos de los miembros de las comunidades indígenas de la cuenca del Río Xingú (afluente del Amazonas), incluidas aquellas en aislamiento voluntario. La vida e integridad de esas personas estaba, y aún está, en riesgo por el impacto de la construcción de la represa Belo Monte, la tercera más grande del mundo. Lo que en ese momento fue una victoria para las comunidades y las y los defensores de derechos humanos se fue diluyendo con el tiempo, así como la confianza en la CIDH como órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) a cargo de velar por la protección de los derechos humanos en el continente. En noviembre de 2010, AIDA y organizaciones colegas en Brasil solicitamos las medidas cautelares a la Comisión en un contexto de gravedad y urgencia caracterizado por: Un proceso de licenciamiento irregular. Una evaluación de impacto ambiental y social (EIAS) insuficiente, sólo estaba en portugués y no contenía todos los posibles impactos del proyecto ni las medidas de mitigación para garantizar los derechos de las comunidades. El incumplimiento de las más de 60 condicionantes ambientales, sociales e indígenas establecidas comosalvaguardas de los derechos de los afectados en la licencia previa del proyecto. Ausencia de consulta y consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas afectadas. En respuesta, la CIDH solicitó a Brasil suspender inmediatamente el proceso de licenciamiento de la hidroeléctrica e impedir cualquier obra hasta que se cumplan ciertas condiciones: Realizar procesos de consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada para llegar a un acuerdo con cada comunidad afectada. Garantizar que las comunidades indígenas afectadas accedan a la EIAS del proyecto en un formato comprensible que incluya la traducción a idiomas indígenas. Adoptar medidas para proteger la vida e integridad personal de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, y para prevenir la diseminación de enfermedades y epidemias entre las comunidades indígenas afectadas. La respuesta de Brasil y la OEA El Gobierno brasileño rechazó las medidas, calificándolas de precipitadas e injustificadas; llamó a consulta a su Embajador ante la OEA; retiró a su candidato para Comisionado de la CIDH; y, argumentando austeridad económica, ordenó la suspensión de los fondos para la Comisión y para su contribución anual a la OEA. Foto: Una de las 3000 casas demolidas por Norte Energía para paso al embalse de la represa. Crédito: Letícia Leite/Instituto Socioambiental (ISA) El panorama se tornó más sombrío cuando el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, declaró a la BBC: "La CIDH hace recomendaciones. Nunca son ordenes obligatorias para los países…ningún país estará violando ningún tratado si no hiciera lo que la Comisión le pide. La Comisión como tal no tiene fuerza obligatoria". Esas declaraciones destructivas dieron pie a que los Estados inconformes con decisiones de la CIDH iniciaran unproceso de reforma al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH) que duró más de dos años e intentó debilitar los mecanismos de la Comisión. Un paso atrás El 29 de julio de 2011, a cuatro meses de otorgar las medidas cautelares, la Comisión las modificó. Retiró su solicitud de suspensión del licenciamiento y de las obras del proyecto bajo el argumento de que el asunto de fondo era el debate sobre la consulta previa y el consentimiento informado. De ese modo, la CIDH solicitó a Brasil adoptar medidas para proteger la vida y la integridad personal y cultural de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, así como la salud y el territorio de todas las comunidades indígenas afectadas. Esta modificación representó un gran retroceso no solo para las comunidades indígenas del Xingú, sino también para las miles de comunidades de la región cuyas vidas e integridad personal están en riesgo por la inadecuada implementación de proyectos como Belo Monte. Las comunidades indígenas de Brasil tenían la esperanza de que la Comisión mantuviera la solicitud de suspensión de la represa, y los protegiera mientras tomaba una decisión sobre su caso, el cual fue presentado en 2011 por AIDA y organizaciones colegas de Brasil. Contra reloj Tras cuatro años, Brasil no solo ha incumplido las medidas cautelares, sino que ha solicitado reiteradamente que éstas sean levantadas bajo sus propias condiciones. Peor aún, el Estado ha permitido la continuidad de la construcción de la represa Belo Monte, la cual tiene un avance del 70%. Foto: Construcción de la represa Belo Monte sobre el río Xingú, Brasil, junio de 2014. Crédito: Programa de Aceleración del Crecimiento (Creative Commons). Hace un par de meses, Norte Energía S.A., la empresa a cargo de la construcción, solicitó la licencia de operaciónde la represa al Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Una vez otorgada la licencia, comenzará el relleno del embalse de la hidroeléctrica y con él la inundación de una parte de la selva del Amazonas casi de la mitad de tamaño de la ciudad de Río de Janeiro. Por otro lado, la Comisión aún no ha transmitido al Estado brasileño la petición del caso en el que se debería tratar la existencia o no de un proceso de consulta previa a la autorización del proyecto. Ello ocurre pese a que, al modificar las medidas cautelares, la propia Comisión señaló que dicha discusión se debía realizar en el marco de una petición.¿Cuál es el riesgo? Que la Comisión tome una decisión sobre el caso cuando sea demasiado tarde. Un gran reto Aunque se han registrado avances mínimos en la protección de las comunidades indígenas afectadas por Belo Monte como consecuencia directa de las medidas cautelares, los cuales no han sido reconocidos oficialmente por el Estado, el camino recorrido ha evidenciado que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no es perfecto y que es vulnerable a presiones políticas. Es urgente superar esa vulnerabilidad siendo que el objetivo final es tener un Sistema realmente eficiente para los destinatarios de su protección: las víctimas de violaciones de derechos humanos. En ese contexto y a cuatro años de lo que parecía una importante conquista, Belo Monte nos ha enseñado que el acceso a un sistema de protección de derechos humanos no puede estar supeditado a la agenda económica y política de algunos Estados, no si buscamos la protección efectiva de los derechos humanos en la región. En el actual contexto regional, el Sistema tiene y tendrá bajo su conocimiento muchos más casos como Belo Monte. Si bien no son casos fáciles de resolver, no podemos elegir la inacción frente al sufrimiento de miles de víctimas. La CIDH está aún a tiempo de actuar y esperamos que Belo Monte pase de un ser un retroceso a ser un ejemplo de avance en el acceso a la justicia. AIDA no cesará en sus esfuerzos por lograr que el ambiente y los derechos de las comunidades de la cuenca del Xingú en Brasil sean plenamente respetados.

Cuatro recomendaciones para la Cumbre de las Américas

La inequidad en América Latina ha aumentado escandalosamente en los últimos años. Esto impide el ejercicio de la democracia. La región todavía es la más desigual del planeta y si queremos acercarnos al desarrollo, debemos actuar seriamente al respecto.  Justamente "Prosperidad con Equidad" es el tema de la VII Cumbre de las Américas de la OEA que tendrá lugar el 10 y 11 de abril en Panamá. En la Cumbre se reúnen Jefes de Estado y de Gobierno para comprometerse en acciones concertadas a nivel nacional y regional para enfrentar los desafíos del continente.  El reto principal, pienso, es dejar de hacer ciertas cosas o al menos actuar diferente. Bien lo decía Eli, una indígena Ngobe en Panamá. "Con que nos dejen tranquilos quedo contenta", respondió cuando le preguntamos qué quería del gobierno.   Aprovechando la consulta con la sociedad civil que hizo la OEA, en AIDA analizamos dos de los ocho Mandatos para la Acción, el documento que negociarán los Estados en la Cumbre de las Américas. Hicimos recomendaciones sobre los mandatos relacionados con energía y medio ambiente: 1. Dejar de considerar a las represas fuente de energía sostenible Los Mandatos de la Cumbre establecen que los países se acogerán a la iniciativa de Naciones Unidas de Energía Sustentable para Todos (SE4ALL). Dado que el sector energético es clave para atacar la desigualdad y avanzar hacia la sostenibilidad, recomendamos acoger esta iniciativa siempre y cuando las represas hidroeléctricas no sean consideradas como energía limpia. Entre otras cosas, las represas: Producen gases de efecto invernadero, agravando el cambio climático, especialmente en regiones tropicales. Causan daños irreparables al ambiente y pueden generar violaciones a los derechos humanos. Terminan costando casi el doble de lo presupuestado, incluso sin considerar los daños socioambientales. Además, construir estos dinosaurios de la energía toma más tiempo del previsto. Tres represas cuyas obras están actualmente suspendidas lo demuestran: Belo Monte (Brasil), suspendida por protestas de comunidades afectadas cuyas compensaciones se han incumplido. Lleva un año de retraso y enfrenta multas y el posible pago de intereses adicionales por préstamos del BNDES. El Quimbo (Colombia), cuyo llenado está suspendido por orden judicial por la falta de evaluación de impactos al sector pesquero. Barro Blanco (Panamá), suspendida por orden del gobierno mientras se revisen —y esperamos remedien— las irregularidades del estudio de impacto ambiental. Ante ello, le recordamos a la Cumbre que en diciembre pasado, más de 200 organizaciones, redes y movimientos del mundo solicitamos que gobiernos, organismos internacionales e instituciones financieras dejen de considerar a las represas fuente de energía sostenible e implementen soluciones realmente sostenibles. 2.  Reconocer el impacto del cambio climático en los derechos humanos La Cumbre considera el cambio climático como punto prioritario de su agenda, lo cual es positivo. Se debería incorporar la relación con los derechos humanos y el compromiso de respetarlos en todas las acciones climáticas. El cambio climático causa y causará serios impactos en América Latina que están comprometiendo el goce de los derechos humanos. Naciones Unidas y la Asamblea General de la OEA han reconocido que el respeto y disfrute de los derechos humanos están intrínsecamente conectados con el cambio climático. El Banco Mundialconcluyó que el cambio climático complica los esfuerzos para acabar con la pobreza, algo con clara implicación en los derechos humanos. Incluso el reciente borrador del texto de negociación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático contempla la necesidad de respetar los derechos humanos. Por tanto, la Cumbre debería considerar que el vínculo entre cambio climático y derechos humanos debe ser incorporado a todas las acciones que pretendan combatir la inequidad y promover mejores estándares de vida. 3. Incluir el compromiso de implementar acciones de mitigación Considerando el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, todos los Estados deben mostrar voluntad para implementar acciones de mitigación frente a los impactos del cambio climático. De esta manera, aunque no les corresponde mitigarlos en la misma medida, todos los países deberían contribuir a esa tarea. Los Mandatos para la Acción de la Cumbre se refieren a acciones de adaptación al cambio climático. Pero las tareas de mitigación no deberían quedar fuera. Ello reflejaría la realidad de la región, en la que se están desarrollando importantes esfuerzos para enfrentar el problema. 4. Reconocer que la corrupción atenta contra la equidad e incluir acciones para erradicarla Los Mandatos para la Acción reconocen los impactos de la corrupción en cuanto al uso de la tecnología para mejorar la participación. Pero la corrupción es un problema estructural en la regióny las acciones para enfrentarla deben ser parte de la gobernabilidad democrática. La corrupción tiene una relación directa con la inequidad en la región, impidiendo el verdadero avance y la lucha contra la pobreza.  

No más grandes represas: La verdad sobre ellas

AIDA solicita a Relatores Especiales de la ONU investigar ilegalidad de autorización otorgada al proyecto hidroeléctrico Las Cruces en México

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) indicó que el Estado mexicano incumplió con su obligación de consultar y obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados por el proyecto. Ciudad de México, México. En representación de las personas y comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Las Cruces en Nayarit, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) solicitó a Relatores Especiales de la Organización de las Naciones Unidas investigar la ilegalidad de la autorización otorgada al proyecto por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 18 de septiembre de 2014. La autoridad ambiental avaló el proyecto que sería construido sobre el río San Pedro Mezquital sin que los pueblos indígenas afectados hubieran sido consultados, y sin contar con un estudio que evaluara integralmente sus impactos sociales y ambientales. Aunque la Comisión Federal de Electricidad (CFE), promotora del proyecto, asegura haber llevado a cabo un proceso de consulta con los pueblos indígenas, las comunidades afectadas por la hidroeléctrica no reconocen haber sido consultadas. Asimismo, representantes del gobierno indígena tradicional Cora y Huichol han manifestado su rechazo total a la hidroeléctrica, y la urgencia de defender sus derechos territoriales. La propia Semarnat confirmó en su autorización al proyecto que las poblaciones de San Blasito y Saycota desconocen la realización de una consulta previa por lo que dicha entidad autorizó el proyecto condicionándolo a realizar una consulta.  "Ese condicionamiento no es obstáculo para que exista un incumplimiento de la obligación del Estado, dado que la consulta debió llevarse a cabo antes de la autorización del proyecto para cumplir con el requisito básico de ser previa. Incluso si en este momento se llevara a cabo una consulta, ello no evitaría la violación, ya consumada, de los derechos de las comunidades a ser consultadas previamente y a obtener su consentimiento libre, previo e informado", explicó María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA. Una de las más graves violaciones de derechos humanos se presenta en perjuicio de los pobladores de San Blasito. Este lugar será inundado y sus residentes desplazados forzosamente, sin contar con medidas de reubicación ni compensación adecuadas. Asimismo, la construcción de la hidroeléctrica también representa un riesgo inminente para la garantía de otros derechos humanos de las comunidades indígenas y ribereñas de la zona. "Denunciamos ante los Relatores que los derechos al medio ambiente sano, la vivienda adecuada, la salud, el acceso al agua potable, y a la vida digna de las comunidades se verán seriamente vulnerados en caso de implementarse este proyecto", señaló Sandra Moguel, abogada de AIDA. "El río San Pedro Mezquital, además de ser un ecosistema estratégico y albergar lugares ceremoniales centrales para estos pueblos indígenas, constituye fuente principal de alimentación y agua potable para éstos".  Estos impactos no fueron evaluados integralmente antes de autorizar el proyecto. Por ello, AIDA pidió que los Relatores de la ONU evalúen la ausencia de un Estudio de Impacto Social que respalde la autorización de Las Cruces. "La falta de evaluación de los impactos sociales implica que tampoco se plantearon medidas de mitigación adecuadas", indicó Moguel. "Esto constituye a su vez una afectación directa al derecho de las comunidades a acceder a información completa sobre los impactos del proyecto". La omisión del Estado de garantizar el derecho a la consulta previa en este caso se presentó también en el marco de la emisión del decreto que levantó la veda del río San Pedro Mezquital. Tres días antes de autorizarse el proyecto hidroeléctrico, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tomaron esta decisión con el fin de permitir el aprovechamiento de parte del caudal del río para la generación de electricidad, abriendo paso al proyecto hidroeléctrico y sin consultar con las comunidades afectadas. AIDA solicitó a los Relatores Especiales de la ONU investigar los hechos mencionados, y llevar a cabo una visita al sitio donde está previsto construir la hidroeléctrica para que conozcan de primera mano las afectaciones al ambiente y a los derechos humanos de las comunidades ribereñas y pueblos indígenas Cora, Tepehuano, Mexicanero y Huichol. De construirse Las Cruces, el caudal del río San Pedro Mezquital cambiará drásticamente, afectando sitios sagrados indígenas, actividades productivas de las que depende el sustento de los pobladores de la zona, e impactando Marismas Nacionales, humedal de importancia prioritaria internacional y ecosistema estratégico protegido. Consulte el informe enviado a Relatores Especiales de la ONU.  

Autorización de hidroeléctrica Las Cruces es ilegal

El permiso otorgado por la Semarnat para la construcción del proyecto sobre el río San Pedro Mezquital, en Nayarit, viola normas nacionales e internacionales en materia ambiental y de derechos humanos. México, Distrito Federal. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces en el río San Pedro Mezquital, Nayarit. Dicho permiso es ilegal porque viola legislación nacional e internacional en materia ambiental y de derechos humanos. En representación de las comunidades ribereñas y los pueblos indígenas afectados, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) informará de esa vulneración a las instancias nacionales e internacionales pertinentes. La ilegalidad del permiso radica en que los miembros de los pueblos indígenas Cora, Huichol, Tepehuano y Mexicanero nunca fueron consultados ni se obtuvo su consentimiento previo, libre e informadosobre el proyecto en los términos que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por otro lado, el consentimiento para el cambio de uso de suelo y expropiación de sus tierras fue solicitado a las asambleas comunales bajo engaños, condicionamientos y hasta intimidación. Además, el mismo documento de la autorización reconoce que las comunidades de San Blasito y Saycotal, las que serán desalojadas a causa de la construcción de la hidroeléctrica, desconocen las actas de la supuesta consulta que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entidad que promueve el proyecto, habría hecho. "Segúnlos estándares internacionales, consultary obtener el consentimiento previo, libre e informadode los pueblos indígenas no sólo consiste en comunicarles el proyecto, lo que hizo la CFE en este caso[1]; sino también en que los pueblos afectados participenen procesos de diálogo y negociación de buena fe,desde la fase de planificación de la hidroeléctrica, conforme a sus costumbres y tradiciones, a través de procedimientos culturalmente adecuados yconforme a sus métodos tradicionales para la toma de decisiones, contando con información precisa sobre la naturaleza yconsecuencias del proyecto antes y durante la consulta, y con el objetivo de llegar a un acuerdo", afirmó María José Veramendi, abogada senior de AIDA.  La construcción de Las Cruces implicará el desalojo forzoso de habitantes de territorios indígenas, en su mayoría Cora, y la afectación de 14 sitios sagrados de Coras y Huicholes. Todo ello tendrá consecuencias negativas sobre sus derechos a la vivienda adecuada, al agua, a los medios de subsistencia, a la cultura y a la educación. En materia ambiental, la Semarnat no tomó en cuenta los criterios y lineamientos establecidos por la Convención Ramsar, tratado intergubernamental firmado por México para la protección de Marismas Nacionales, humedal de importancia prioritaria internacional bajo la Convención y en el cual desembocan las aguas del río San Pedro. Ese sitio, así como la actividad pesquera y agrícola que sostiene, se verán afectados por la disminución en el caudal del río causada por la hidroeléctrica. En 2009, la Secretaría de la Convención Ramsar exhortó al Gobierno mexicano a considerar los bienes y servicios ambientales, y el patrimonio cultural vivo de la zona antes de autorizar Las Cruces. Dicha recomendación fue ignorada. "La Convención Ramsar no prohíbe infraestructura en este tipo de ecosistemas, pero establece criterios y estándares internacionales para la toma de decisiones en el manejo de tales sitios[2]. Es muy lamentable que la Semarnat, como autoridad encargada de velar por los compromisos internacionales en materia ambiental de México, no haya tomado en consideración las guías de la Convención, y mucho menos las recomendaciones específicas de esos diplomáticos para Marismas Nacionales", dijo Sandra Moguel, abogada de AIDA. La Semarnat también ignoró las opiniones técnicas de autoridades como la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). Esa instancia señaló que las especies pesqueras de Nayarit y el sur de Sinaloa disminuirán drásticamente de construirse Las Cruces ya que dependen de Marismas Nacionales, sitio que a su vez depende del agua dulce y los nutrientes del río San Pedro. Los estudios del proyecto tienen carencias y las medidas de mitigación y compensación por los daños que la construcción de la hidroeléctrica pueda causar en los ecosistemas, la flora y fauna de la zona son cuestionables. "Es un retroceso para los protección del ambiente y los derechos humanos en México que pone en riesgo al río San Pedro Mezquital, a Marismas Nacionales, y a las especies y comunidades que dependen de esos entornos naturales", añadió Moguel. Desde marzo de 2014, AIDA, en representación de las comunidades y pueblos cuyos derechos han sido vulnerados, envió comunicaciones a diversos Relatores Especiales de Naciones Unidas y a la Convención Ramsar alertando sobre los riesgos para el ambiente y los derechos humanos que implicaba autorizar la hidroeléctrica. Con el otorgamiento de la autorización, AIDA comunicará a dichas instanciasla materialización del riesgo y solicitará que se exija al Estado mexicano revocar la autorización por ilegal yconsultar a los pueblos indígenas afectados. [1] Autorización de Impacto Ambiental del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, p. 57 [2] Autorización de Impacto Ambiental del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, p. 62