Océanos

Océanos, Derechos Humanos

AIDA celebra acuerdo en la OMC para frenar subsidios nocivos a la pesca

Consideramos que el acuerdo es un “paso crucial” para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo, así como para garantizar la seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras.   Ginebra, Suiza. Como organización ambiental que ha seguido de cerca las negociaciones para limitar a nivel mundial los subsidios a la pesca, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) aplaude que los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) alcanzaran, tras más de dos décadas, un acuerdo vinculante para frenar algunas subvenciones pesqueras perjudiciales, una medida fundamental para lograr un manejo efectivo de nuestros recursos pesqueros, así como para garantizar la seguridad alimentaria mundial y los modos de vida de comunidades costeras. “Este es un paso crucial para procurar la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo”, resaltó Gladys Martínez de Lemos, directora ejecutiva de AIDA. “Exhortamos a los 164 países miembros de la OMC a ratificar el acuerdo lo antes posible y a implementar los cambios necesarios derivados del mismo para aportar de forma significativa a la salud de la vida marina y al bienestar de quienes dependen de ella”. Se estima, cada año, los gobiernos gastan aproximadamente 22 mil millones de dólares en subsidios negativos para compensar costos por combustible, artes de pesca y mejoras a embarcaciones, entre otros. Como resultado de ese apoyo, el 63% de las poblaciones de peces en todo el mundo deben ser reconstituidas y el 34% son pescadas a niveles “biológicamente insostenibles”, según datos recientes. El acuerdo logrado en la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, desarrollada del 12 al 16 de junio, establece la creación de un marco global que reduzca los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no regulada; los subsidios a la pesca de poblaciones sobreexplotadas; y los subsidios a los buques que pescan en alta mar, una zona no regulada. Las disposiciones referentes a la pesca en alta mar representan un logro para América Latina, región cuya industria pesquera se ve gravemente amenazada por agresivas flotas extranjeras que pescan dentro y fuera de jurisdicciones nacionales. El acuerdo contempla también medidas orientadas a una mayor transparencia y responsabilidad en cuanto a la forma en la que los gobiernos apoyan a su sector pesquero. Los países acordaron seguir negociando normas para frenar aquellos subsidios que promueven la pesca en aguas de otros países, la sobrepesca y la capacidad excesiva de una flota para capturar más peces de lo que es sostenible. “Este acuerdo es una de las patas de la mesa que necesitamos a nivel internacional para aportar a la salud del océano”, explicó de su lado Magie Rodríguez, abogada de AIDA. “Nos quedan tres más: el tratado de alta mar, estándares más ambiciosos y rigurosos para la minería oceánica, así como el reconocimiento del rol clave que juega el océano en la crisis climática. Seguiremos trabajamos con nuestros aliados para lograrlo”. Aunque las negociaciones acerca de subsidios a la pesca comenzaron oficialmente en 2001, no fue hasta la Conferencia Ministerial de la OMC de 2017 cuando los países se comprometieron a tomar acciones y a lograr un acuerdo en la siguiente conferencia, que iba a tener lugar en diciembre de 2020, pero que fue suspendida por la pandemia. Este compromiso responde además al cumplimiento de la meta 14.6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En 2021, la Conferencia Ministerial no llegó a un acuerdo, pero sí a un borrador de texto. “El logro de este año no habría sido posible sin la unión de esfuerzos entre diferentes organizaciones, academia, gobiernos y sector privado”, destacó Martínez. Contacto de prensa Victor Quintanilla (México), [email protected], +525570522107  

Read more
Océanos, Derechos Humanos

El Acuerdo de Escazú y el acceso a la Información sobre Subsidios Pesqueros

El Acuerdo de Escazú reconoce el derecho del público de acceder a la información ambiental, definida como “cualquier información escrita, visual, sonora, electrónica o registrada en cualquier otro formato, relativa al medio ambiente y sus elementos y a los recursos naturales, incluyendo aquella que esté relacionada con los riesgos ambientales y los posibles impactos adversos asociados que afecten o puedan afectar el medio ambiente y la salud, así como la relacionada con la protección y la gestión ambientales”. Los datos sobre los subsidios que se otorgan a la pesca califican como información ambiental y deben ser públicos. Ello se debe a que las pesquerías marinas son un recurso natural y a que los subsidios pesqueros son parte de la gestión ambiental, entendida como el conjunto de actividades humanas que tienen el objetivo de ordenar el ambiente mediante instrumentos legales, administrativos y económicos. Los subsidios pesqueros son contribuciones financieras, del Estado al sector pesquero, que proporcionan algún tipo de beneficio con el objetivo de aumentar las ganancias. Son subsidios perjudiciales o negativos cuando disminuyen artificialmente los costos de operación, generando sobrecapacidad y sobrepesca. Entre ellos están los subsidios a la gasolina, aquellos dirigidos a la modernización de la flota y las ayudas para el pago de planillas y otros costos de operación.       Descarga la hoja informativa  

Read more
Océanos, Derechos Humanos

La pesca latinoamericana está en riesgo

Por Magie Rodríguez, AIDA,  y Ernesto Fernández Monge, The Pew Charitable Trusts Texto publicado originalmente en Delfino.   La pesca es fundamental para la economía latinoamericana y, para muchas de las personas que allí viven, una forma de vida. No obstante, esta industria centenaria también está en riesgo. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la región produce 21,5 millones de toneladas métricas de pescado cada año, la cuarta parte de la producción anual mundial. Y, en Latinoamérica, alrededor de 2,3 millones de personas participan en la pesca. Sin embargo, la industria está perdiendo frente a las agresivas flotas extranjeras, provenientes en su mayoría de Europa y Asia, que pescan dentro de las zonas económicas exclusivas (ZEE) de Latinoamérica y en las áreas que están fuera de ellas. A diferencia de los buques nacionales, estas flotas suelen beneficiarse de una financiación sustancial de sus gobiernos de origen, la cual les permite pescar fuera de las aguas de sus propios países. Estas subvenciones a la pesca —destinadas a incrementar la capacidad— son dañinas y pagan el combustible y otros gastos, reducen artificialmente el costo de la pesca y permiten a las flotas pescar en áreas donde, de otro modo, no resultaría rentable hacerlo. Después de más de dos décadas de conversaciones, los 164 gobiernos miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) están más cerca que nunca de acordar un nuevo tratado vinculante a nivel mundial que podría frenar las subvenciones dañinas que permiten a las flotas pescar tanto en aguas de otros países como en altamar. La pesca en altamar, en la periferia de las aguas de otra nación, puede perjudicar a las pesquerías de un país en parte porque permite a los buques extranjeros capturar especies migratorias, como atunes o marlines, antes de que ingresen a la ZEE. Mientras las y los ministros de comercio se preparan para reunirse en Ginebra en una conferencia ministerial de la OMC —del 12 al 15 de junio—, los líderes y lideresas de Latinoamérica deberían presionar por un acuerdo de subvenciones a la pesca que ayude a quienes se dedican a la pesca en sus países a competir mejor con las flotas extranjeras. Para ello, es preciso insistir en que el acuerdo elimine todas las subvenciones de aumento de la capacidad que apuntalan la llamada pesca en aguas distantes y permiten más pesca de la que el mercado sostendría en otras circunstancias. Cada año, los gobiernos de todo el mundo distribuyen 22.000 millones de dólares en subvenciones dañinas a la pesca y, de esa suma, casi dos tercios provienen de solo seis países y de la Unión Europea. El objetivo de aproximadamente un tercio de ese monto, 7.200 millones de dólares, es ayudar a países a pescar en las ZEE de otras naciones y en altamar, en el límite de esas aguas territoriales, según una nueva herramienta basada en investigaciones desarrollada por científicos de la Universidad de California, Santa Bárbara, con fondos de The Pew Charitable Trusts. El aumento de la pesca en aguas distantes se ve impulsado por una triste realidad: tras haber agotado las poblaciones de peces en sus propias aguas, las grandes naciones pesqueras buscan otros lugares para llenar sus redes. Las islas Galápagos de Ecuador llegaron a los titulares el año pasado cuando investigaciones revelaron que en solo un mes, 300 embarcaciones chinas pasaron 73.000 horas pescando en las afueras de la ZEE que rodea las Galápagos. Además, la herramienta muestra por ejemplo que 180 barcos de solo cuatro países (China, Corea del Sur, Taipei Chino y España) pasaron un total de 84.000 horas de pesca en la ZEE de Argentina en 2018. Eso es el equivalente a 9,6 años en el agua. Y ese cometido fue posible gracias a cerca de 92 millones de dólares en subvenciones dañinas. Resulta alentador que líderes y lideresas de la región hayan apoyado durante mucho tiempo la reducción de las subvenciones en aguas distantes: Argentina, Chile y Uruguay copatrocinaron una propuesta de la OMC en 2019 para prohibir tales subvenciones y, en julio de 2021, el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay declaró que tal prohibición tendría “el enorme potencial de tener un impacto significativo en el estado de los océanos y en el sustento de las comunidades pesqueras”. Sin embargo, las grandes naciones pesqueras buscan atenuar el texto del posible acuerdo de la OMC para poder seguir pescando en aguas de otros países. Es por eso que las y los ministros de comercio de Latinoamérica deben seguir presionando para que se eliminen las subvenciones en aguas distantes, ayudando así a garantizar que los peces de sus aguas lleguen principalmente a sus buques, a restituir la ventaja competitiva a las y los pescadores de la región, así como a sostener una industria vital —y una forma de vida— en todo el continente.  

Read more
Océanos, Contaminación Tóxica

Seminario web "Hablemos de las ballenas: ¿Qué pasa en Chile y cómo protegerlas?"

¿Sabías que el cambio climático y la industria de la salmonicultura son de las grandes amenazas que enfrentan las ballenas actualmente? Conversamos con Susannah Buchan y Luis Bedriñana, científicos/as con amplia experiencia en torno a las ballenas en Chile, sobre el estado actual de conservación de estos cetáceos, los esfuerzos por protegerlos y los principales riesgos.   Panelistas Susannah Buchan, oceanógrafa. Luis Bedriñana, biólogo marino. Moderó: Florencia Ortúzar, abogada, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).   grabación  

Read more
Fortalecimiento de Capacidades, Océanos, Minería

Seminario web "Minería oceánica bajo la lupa"

Dado que la minería oceánica no es un tema de conocimiento general, el objetivo de este seminario web fue exponer sus características básicas, incluyendo qué es, cómo funciona y por qué representa un riesgo ecológico para el océano, así como un riesgo social para las comunidades que dependen de los recursos marinos. Adicionalmente, expertos y expertas explicaron en detalle el panorama actual del tema, poniendo énfasis en el rol de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos (ISA por sus siglas en inglés), organismo encargado de regular las actividades mineras en el fondo del océano.   Panelistas Sergio Cambronero, Director General, Pelagos: Minería oceánica (definición, características básicas, impactos y riesgos). Diego Lillo, abogado becario, Programa de Ecosistemas, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): ¿Qué es la Autoridad de los Fondos Marinos, qué hace y por qué debería importarnos?. Gina Guillén, Embajadora de Costa Rica en Jamaica: Panorama actual de las negociaciones para regular la minería oceánica. Moderó: María José Gonzalez-Bernat, asesora científica, Programa de Ecosistemas, AIDA.   Grabación   Presentaciones 1. Presentación de Sergio Cambronero, Pelagos:   2. Diego Lillo, AIDA:   3. Presentación de Gina Guillén, Embajadora de Costa Rica en Jamaica:  

Read more
Océanos, Derechos Humanos

Un avance para la participación de comunidades indígenas en decisiones que afectan sus territorios

Desde 2018, AIDA trabaja en alianza estratégica con Greenpeace Chile y ONG FIMA para excluir el cultivo industrial de salmón de las áreas protegidas de la Región de Magallanes, en plena Patagonia chilena, y para defender los derechos de las comunidades Kawésqar, habitantes ancestrales de los canales y fiordos de la zona. Estas comunidades lograron recientemente un triunfo legal importante que reconoce su derecho a participar en la evaluación ambiental de proyectos que afectan sus territorios y sus modos de vida. La empresa Nova Austral pretendía relocalizar nueve centros de cultivo de salmones (que ya están en operación) desde el Parque Nacional Alberto de Agostini hasta la Reserva Nacional Kawésqar. El Servicio de Evaluación Ambiental del gobierno chileno autorizó el traslado de cuatro de los nueve centros de cultivo sin implementar mecanismos de consulta a las comunidades Kawésqar y rechazando luego sus solicitudes de participación ciudadana. Lo hizo bajo el argumento de que no había efectos ambientales nocivos que las afecten. La autoridad ambiental ignoró las implicaciones de ese tipo que las granjas de salmón han tenido en la región de Los Lagos (extremo norte de la Patagonia) y que representan uno de los riesgos más graves de la expansión de la industria hacia el extremo sur de la Patagonia, una zona prístina. Esos efectos incluyen la contaminación biológica por la introducción de especies exóticas, el uso indiscriminado de antibióticos, las frecuentes fugas masivas de salmones, así como los alimentos y fecas que se depositan en el fondo marino generando pérdida total o parcial de oxígeno y mareas rojas. Asimismo, el órgano ambiental pasó por alto que la salmonicultura es incompatible con los objetivos de protección de la Reserva Nacional Kawésqar. Uno de ellos es “dar cumplimiento a las demandas fundamentales del pueblo Kawésqar”. De hecho, para la creación de la reserva, en 2018, se realizó un proceso de consulta indígena, en el cual se acordó excluir la acuicultura industrial de especies exóticas, considerando la fragilidad de los ecosistemas del área y el legado cultural indígena, estrechamente ligado al mar. Ante el atropello gubernamental, las comunidades Kawésqar —con apoyo de la coalición formada por AIDA, Greenpeace Chile y FIMA— llevaron el caso a la Corte Suprema de Justicia con la presentación de un recurso de protección de garantías constitucionales. El 31 de enero, la Corte hizo justicia y ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental iniciar procesos de participación ciudadana como paso previo a la autorización del traslado de los cuatro centros de cultivo de Nova Austral al interior de la Reserva Nacional Kawésqar. La sentencia adquiere trascendencia al tener en cuenta que el Estado chileno ha sido permanentemente cuestionado por los bajos estándares de cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, el instrumento internacional más importante para garantizar los derechos indígenas, entre ellos el derecho a la consulta previa. Una de las principales críticas es que la regulación de los mecanismos para incorporar la consulta indígena a la evaluación ambiental incentiva que esta no se realice. Esta crítica cobra más relevancia en los proyectos evaluados por Declaración de Impacto Ambiental, para los cuales se aplica un mecanismo consultivo de menor incidencia que la consulta y que además está sujeto a una gran discrecionalidad de parte de la autoridad para que se lleve a cabo. Además, justamente en esos casos, entre los que está la relocalización de granjas de salmón, la participación ciudadana no es obligatoria, como si lo es para proyectos evaluados por estudios de impacto ambiental. Esto disminuye más aún la posibilidad de las comunidades de hacerse escuchar en este tipo de procedimientos. Desde AIDA consideramos que el fallo de la Corte es un aporte a la profundización de la participación ciudadana como herramienta para mejorar la toma de decisiones ambientales. La decisión pone de relieve la voz de las comunidades indígenas en los asuntos que afectan su territorio ancestral. Además, amplía el ámbito geográfico de la participación ciudadana al reconocer que estas comunidades ejercen un interés legítimo en la conservación ambiental, rompiendo así con la idea de que la afectación directa depende solo de su proximidad al lugar de residencia de las personas. Finalmente, esperamos que este sea el primer paso para rechazar del todo la instalación de granjas de salmón en la Reserva Nacional Kawésqar, en cualquier área protegida y, en general, en los mares de la Patagonia chilena.  

Read more
Arrecifes de coral, Océanos, Derechos Humanos

Reafirmando la protección legítima del derecho a un ambiente sano

En diciembre de 2016, dos mujeres de Veracruz decidieron defender en los tribunales al Sistema Arrecifal Veracruzano frente a los impactos graves e irreversibles que la ampliación del puerto de Veracruz implica para el ecosistema de coral más grande del Golfo de México y para los beneficios que brinda a la biodiversidad y a la población local.  Representadas por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, las residentes de la zona metropolitana de Veracruz presentaron una demanda de amparo contra el proyecto debido a que su permiso ambiental resultó de una evaluación de impactos fragmentada que no consideró la totalidad de los riesgos para los arrecifes. En AIDA apoyamos estos esfuerzos desde el comienzo y presentamos un primer escrito legal (Amicus Curiae) para respaldar la demanda con información detallada sobre la importancia de los servicios que los arrecifes prestan: captura de carbono, generación de oxígeno, provisión de alimentos, protección contra tormentas y huracanes, entre otros. En abril de 2017, el juzgado que atendió el caso rechazó el amparo —y con ello la solicitud de las demandantes de suspender las obras del proyecto— argumentando que no demostraron tener “una afectación real y relevante” en sus derechos; es más, que no tenían un “interés legítimo” en la causa. Hablar de interés legítimo —conocido también como legitimación activa— es referirnos a la capacidad de una persona para reclamar por un daño ante una corte, en cualquier ámbito. En un accidente de tránsito, por ejemplo, sólo tú tienes el interés legítimo para reclamar la reparación del daño que tu vehículo pudo sufrir, que debe ser individual y cuantificable. Sin embargo, en temas de daño ambiental, la situación es más compleja. La degradación de un ecosistema afecta a más de una persona e incluso trasciende generaciones.   Las residentes de Veracruz apelaron el revés judicial a su demanda y el caso pasó a revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal del país. Ante las limitaciones del juzgado para reconocer en su fallo el derecho de todas las personas de acceder por igual a justicia en temas ambientales, AIDA —en alianza con Earthjustice— presentó ante la Suprema Corte un segundo escrito legal, solicitando la ampliación de los requerimientos para el interés legítimo. Aportamos evidencia técnica y jurídica para el reconocimiento de los derechos humanos al ambiente sano y al acceso a la justicia, consagrados en el derecho internacional. Estos derechos obligan al gobierno mexicano a permitir que toda persona, cuyos derechos fundamentales sean amenazados por la degradación ambiental, tenga la posibilidad de lograr justicia sin importar que su conexión con el ecosistema amenazado sea indirecta o remota. La Environmental Law Alliance Worldwide se unió a la lucha con un escrito que analiza decisiones judiciales de distintas jurisdicciones que reconocen el derecho de cualquier persona, organización de la sociedad civil o residentes de un lugar para presentar demandas contra proyectos y decisiones que pueden afectar negativamente el ambiente. El 9 de febrero pasado, más de cinco años después de interpuesta la demanda, las residentes de Veracruz y los arrecifes de la zona obtuvieron una importante victoria. En una decisión unánime —que como tal genera un precedente obligatorio para todos los tribunales del país— la Suprema Corte determinó que las autoridades violaron el derecho al ambiente sano de las personas de Veracruz al autorizar la ampliación portuaria. Se trata de un fallo histórico, valioso para México y para la región por varias razones: Ratifica que la proximidad a un proyecto no define quiénes son las personas afectadas ni quiénes pueden reclamar la protección de su derecho al ambiente sano ante las cortes. Reafirma que no necesariamente se debe probar un daño cuantificable e individualizable para acceder a la justicia ambiental; basta con demostrar que un proyecto o actividad, al degradar un ecosistema, daña o amenaza con causar daños (económicos, sociales, culturales, sanitarios, etc.) a una comunidad. Reconoce un interés legítimo ampliado, así como el carácter colectivo del derecho a un ambiente sano y de la participación pública en los procesos de evaluación ambiental. Sienta un precedente con capacidad para transformar la manera en la que se realiza la evaluación de impacto ambiental en el país, resaltando la incorporación de los principios de prevención y de precaución. Señala las obligaciones internacionales de México; entre ellas las adquiridas bajo el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). En AIDA, como organización y como personas, celebramos este gran paso en el fortalecimiento de la defensa del derecho al ambiente sano en la región. Estamos felices de haber contribuido a su logro y esperamos que la implementación de la sentencia ocurra siguiendo los más altos estándares.  

Read more
Arrecifes de coral, Océanos, Derechos Humanos

Suprema Corte de Justicia ordena proteger los arrecifes y humedales veracruzanos

En su sentencia, determina de manera unánime que las autoridades violaron el derecho al medio ambiente sano de los veracruzanos al autorizar la ampliación del Puerto de Veracruz.Las autoridades ambientales no utilizaron la mejor información científica; tampoco analizaron la expansión portuaria de manera integral ni mucho menos consideraron todos sus impactos.El fallo implica que las autorizaciones para el proyecto quedan infundadas y que sus impactos deben evaluarse nuevamente, esta vez de manera integral, para determinar la viabilidad de la obra.   Este miércoles 9 de febrero, residentes veracruzanos lograron una victoria ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en una acción de amparo interpuesta para defender el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) y sus servicios ambientales frente al proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz. Por unanimidad, las y los ministros que integran la Primera Sala de la Suprema Corte votaron a favor del proyecto de sentencia que protege los arrecifes veracruzanos y que transforma la manera como opera el  procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Está decisión apuntala la protección al derecho al medio ambiente sano que viene haciendo la Suprema Corte y, sobre todo, cambiará la manera en que las autoridades ambientales realizan la Evaluación de Impacto Ambiental. La Corte sostuvo que “la protección de los humedales es una prioridad nacional e internacional que ha llevado a nuestro país a emitir una estricta regulación de este ecosistema y, en términos de la normativa citada, cualquier análisis que se haga con relación a los humedales debe guiarse por un criterio de máxima precaución y prevención”. En este sentido, señaló que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), violó el derecho al medio ambiente sano de las personas al autorizar el proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz, toda vez que  “no atendió a la mejor información científica disponible; no analizó ni evaluó de manera completa cada uno de los diferentes impactos ambientales que el proyecto y su modificación podrían ocasionar, además de que el proyecto y las obras vinculadas al mismo se analizaron de manera fragmentada”. Como resultado, la SCJN ordenó dejar insubsistentes las autorizaciones para tal ampliación y volver a evaluar de manera completa, para así  poder pronunciarse sobre los impactos ambientales de manera plena y determinar la consecuente viabilidad o no de la obra.  “CEMDA presentó este amparo, junto con la comunidad, para proteger y contribuir a la conservación del Sistema Arrecifal Veracruzano, así como a los arrecifes y los servicios que brindan, toda vez que son clave para el bienestar de las personas que viven en la conurbación de Veracruz-Boca del río-Medellín”, explicó Xavier Martínez Esponda, Director Operativo de CEMDA. Para el CEMDA este caso es un precedente que transformará la manera en la que la Semarnat y las autoridades estatales realizan la Evaluación de Impacto Ambiental en el país. Martínez Esponda señaló que, “con esta decisión, los principios de prevención y precaución deberán arraigarse mucho más en los procesos de toma de decisiones. Asimismo,  las autoridades e inversionistas deberán aprender la lección de que resulta más caro, en todos los sentidos, no presentar sus proyectos de manera completa, que cumplir en tiempo y forma con la Evaluación de Impacto Ambiental”. El Sistema Arrecifal Veracruzano es un Parque Nacional y un humedal de importancia internacional, según la Convención Ramsar. Tiene un gran valor ambiental siendo el sistema de arrecife de mayor tamaño de la región centro del Golfo de México. Este sistema de arrecifes alberga la mayor biodiversidad de especies del oeste del Golfo de México y es, además, el hogar de varias especies protegidas, tales como la tortuga carey, la cual está en peligro crítico. El SAV contribuye también a mitigar el impacto de las olas producidas por tormentas y huracanes, fenómenos que se han incrementado en frecuencia e intensidad como consecuencia del cambio climático.  El proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz se fraguó a finales de los noventa y su ejecución incluyó planes para nuevas obras de rompeolas, canales de acceso y navegación, accesos terrestres, terminales e instalaciones portuarias. Estas obras vulnerarán arrecifes y pastos marinos en el área, pues serían impactados por el aumento de sedimentación ocasionado por las obras de construcción. Por la importancia del caso, organizaciones internacionales de protección ambiental acompañaron el proceso. Al respecto, Alejandra Serrano Pavón, abogada de la organización internacional Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), se interesó en el caso por la oportunidad de animar a la Corte a interpretar de manera amplia el derecho al acceso a la justicia en defensa del ambiente. ELAW presentó un escrito legal (Amicus Curiae) que apoya el amparo, a través del cual brindó ejemplos de diversos países alrededor del mundo que reconocen una amplia interpretación de este derecho, el cual permite a “cualquier organización de la sociedad civil o, al menos residentes de un lugar, entablar una acción judicial para proteger al medio ambiente”.  Las organizaciones internacionales Earthjustice y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) también entregaron de manera conjunta a la Suprema Corte un escrito legal de apoyo al amparo. Guillermo Zuñiga, abogado colaborador de Earthjustice, enfatizó que sus vínculos con estos arrecifes son importantes y personales: “Yo crecí en Veracruz.  Soy xalapeño. Esa zona me vio nacer”. Recordó “estar en ríos y playas veracruzanas, disfrutando, creciendo junto con mi familia. Yo quiero que los niños de Veracruz tengan la oportunidad de disfrutar la riqueza de biodiversidad como yo lo hice”. Por su parte, Sandra Moguel, abogada de AIDA, enfatizó que “no es la proximidad de un proyecto lo que determina quiénes son las personas afectadas y quiénes deberían tener acceso a la justicia  para defender su derecho a un medio ambiente sano”. En el escrito, AIDA explica que el derecho internacional obliga al gobierno mexicano a permitir que toda persona, cuyos derechos fundamentales sean amenazados por el daño ambiental, acceda a recursos judiciales, incluso si su conexión con el ecosistema amenazado es indirecta o remota.  Por las razones anteriormente expuestas, celebramos ampliamente esta decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte y hacemos votos para que en el proceso de ejecución de la sentencia, la Semarnat cumpla con lo que se le ha mandado bajo el estándar más alto de protección consagrado en el  Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú. Suscriben: AIDA Earthjustice ELAW CEMDA Contactos de prensa: Ricardo Ruiz, CEMDA, [email protected], 5559644162 Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], 5570522107  

Read more
Arrecifes de coral, Océanos, Derechos Humanos

Llaman a la Suprema Corte a proteger el arrecife veracruzano

Organizaciones nacionales e internacionales hacen un llamado a la Primera Sala para proteger el Sistema Arrecifal Veracruzano, amenazado por los impactos ambientales negativos e irreversibles de las obras de ampliación del Puerto de Veracruz.La decisión, que saldrá en los próximos días, será un importante precedente en materia de acceso a la justicia en lo que respecta a la defensa del medio ambiente como derecho humano.   Organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil —como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) y Earthjustice— hicieron un respetuoso llamado a los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para votar a favor de los derechos humanos de acceso pleno a la justicia y al medio ambiente sano, y de la protección del arrecife veracruzano. En los próximos días, la SCJN emitirá su decisión sobre el amparo que habitantes de la conurbación Medellín-Boca del Río interpusieron en 2016 en contra de la ampliación del Puerto de Veracruz debido a los impactos ambientales negativos e irreversibles que la obra tendría sobre los arrecifes que se encuentran en dicha zona. Entre los argumentos presentados en la demanda, está el hecho de que el proyecto ha sido presentado de forma fragmentada y sin considerar todos los arrecifes presentes en la Manifestación de Impacto Ambiental, incluyendo los arrecifes sumergidos descubiertos recientemente en la zona, los cuales tienen un altísimo valor ambiental. La decisión de la Suprema Corte será un importante precedente en materia de acceso a la justicia, pues la Primera Sala pretende determinar si ciudadanos cercanos al arrecife tendrían el derecho de exigir al poder judicial la protección del ecosistema amenazado. Resolver que esas personas sí pueden buscar protección judicial implicaría un avance importante para la defensa del medio ambiente como derecho humano. En abril del 2017, el Juzgado de Distrito negó la suspensión de las obras de ampliación del puerto al considerar que las y los demandantes no demostraron tener “una afectación real y relevante” en sus derechos. Las y los demandantes apelaron esa decisión. La SCJN decidió atraer el caso y se espera que el próximo 12 de enero se pronuncie al respecto. El proyecto de sentencia del ministro José Luis Alcántara Carrancá Gutiérrez sienta un importante precedente al concluir que (i) los habitantes del área metropolitana de Veracruz sí acreditan un interés legítimo para promover el juicio de amparo en contra del proyecto para proteger el arrecife; y que (ii) las autoridades violaron el derecho al medio ambiente sano al autorizar la ampliación del Puerto de Veracruz sin analizarla de manera integral y sin considerar todos los impactos, incluidas las afectaciones acumuladas por otros problemas que enfrenta el arrecife. En la demanda se argumenta que el interés legítimo en materia ambiental se sustenta en que las y los demandantes habitan el entorno adyacente al ecosistema que les presta servicios ambientales. Asimismo, la exposición recoge el contenido del Acuerdo de Escazú en materia de participación ciudadana en torno a la protección del medio ambiente, así como el derecho de acceso a la justicia en materia ambiental. Organizaciones internacionales de la sociedad civil hicieron llegar amicus curiae (escritos legales) a los ministros de la Corte, ofreciendo datos relevantes que considerar en la sentencia. Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) presentó un amicus curiae donde se analizan varias decisiones emitidas por cortes de distintas jurisdicciones, que reconocen el derecho de cualquier persona, organización de la sociedad civil o al menos residentes de un lugar para presentar una demanda cuestionando proyectos y decisiones que pueden afectar negativamente el medio ambiente. Esto servirá como referencia para que la Primera Sala realice una interpretación amplia sobre el interés legítimo en el juicio de amparo, en consideración también de las obligaciones que ha adquirido México al ratificar el Acuerdo de Escazú. Y el amicus presentado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earthjustice aporta elementos técnicos y jurídicos, solicitando el reconocimiento de los derechos humanos de acceso a la justicia y al medio ambiente sano consagrados en el derecho internacional. Estos derechos obligan al gobierno mexicano a permitir que toda persona, cuyos derechos fundamentales sean amenazados por el daño ambiental, tenga acceso a recursos judiciales, incluso si su conexión con el ecosistema amenazado es indirecta o remota. De esa forma, y de obtener una decisión favorable, la SCJN confirmaría el derecho que tienen las personas y pueblos de salir a defender los ecosistemas de los que dependen sus proyectos de vida. Los océanos y los arrecifes son ecosistemas muy importantes para el bienestar de las personas, particularmente de los habitantes de las zonas aledañas, pues prestan servicios ambientales de gran valor como mitigar los efectos de la crisis climática al capturar carbono y generar oxígeno. Asimismo, son fuente de alimento y fungen como barrera de protección contra tormentas y/o huracanes. La cultura veracruzana, incluidas muchas de sus tradiciones y gastronomía, sería impensable sin los arrecifes que viven en sus aguas. Por todo lo anterior, se reitera el llamado respetuoso de organizaciones nacionales e internacionales a que los integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte voten a favor del proyecto del ministro Alcántara Carrancá a fin de:  a) Garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano a través de la adopción de todas las medidas que permitan la preservación y la protección de los arrecifes veracruzanos en riesgo; y b) reconocer la importancia de revocar las autorizaciones del proyecto y de evaluarlo de manera completa, haciendo uso de la mejor información científica y considerando la totalidad de arrecifes y humedales que se encuentran en su zona de influencia. Contactos de prensa: Ricardo Ruiz (CEMDA), [email protected], 5559644162 Victor Quintanilla (AIDA), [email protected], 5570522107  

Read more
Océanos, Cambio Climático, Derechos Humanos

Los avances que la COP26 deja para el océano

Hubo mucha expectativa sobre si la vigésimo sexta versión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) seguiría la línea adoptada en la COP25 de diciembre de 2019, cuando el liderazgo de Costa Rica, Fiyi, Francia y las Islas del Pacífico, entre otros países, aseguró que el océano se convirtiera en un componente clave de la acción climática dentro de las negociaciones internacionales. Aunque el océano es cada vez más reconocido por su papel en la mitigación y adaptación al cambio climático, las actividades humanas continúan amenazando su salud. Se estima que su regeneración será posible solo con una drástica reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar la temperatura media del planeta a 1.5°C. En la COP26, realizada el mes pasado en Glasgow (Reino Unido), la presencia del océano en las negociaciones fue menor a la esperada. Aun así, se lograron grandes avances gracias al empuje de algunos países, organizaciones y movimientos sociales, como el de jóvenes y el de indígenas. A continuación, se detallan los logros más relevantes que resultaron de la COP26 en materia de océano y cambio climático: Gracias a la movilización de sectores que luchan por el tema océanico y a la presión de diferentes actores sociales, se logró que el preámbulo del Pacto de Glasgow mencione “la importancia de garantizar la integridad de todos los ecosistemas, incluidos los bosques, el océano y la criosfera […]”. Asimismo, el artículo 21 del documento final reconoce el papel de los ecosistemas marinos como sumideros de carbono y enfatiza la importancia de la protección, conservación y restauración de los ecosistemas terrestres y marinos en la reducción de gases de efecto invernadero. Es un gran paso que reafirma la estrecha relación entre el océano y el clima. La COP26 hizo un llamado a que los órganos constituyentes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático consideren vías para integrar y fortalecer un enfoque sobre el océano en sus planes de trabajo. También abrió paso a la organización formal de un diálogo anual sobre océano y clima, presidido por el presidente del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico, a partir de 2022. El antecedente de este avance es el diálogo celebrado en 2020. Los presidentes de Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá acordaron el fortalecimiento del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, uno de los más grandes y diversos del mundo y que será una zona libre de pesca. La Corporación Andina de Fomento anunció un aporte de un millón de dólares como cooperación técnica al proyecto. También en la línea del financiamiento, el Reino Unido anunció una contribución de 6 millones de euros para PROBLUE, fondo administrado por el Banco Mundial que apoya proyectos relacionados con la protección del océano y la economía azul. De otro lado, se anunciaron 145 millones de dólares destinados al Fondo Mundial para los Arrecifes de Coral, mientras que se pusieron 20 millones de dólares a disposición del apoyo a soluciones basadas en la naturaleza y a comunidades costeras vulnerables. Se lanzó la declaración “Océano por el clima” —respaldada por más de 100 organizaciones de sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, academia y otros sectores—, que exhorta a los países a intensificar las medidas para limitar el aumento de la temperatura media del planeta a no más de 1.5ºC, así como a colocar al océano en el centro de sus políticas, entre ellas las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional. Asimismo, 20 países firmaron la tercera declaración “Because the Ocean”, que llama a los países a integrar el océano, el clima y la biodiversidad a sus planes para cumplir con el Acuerdo de París. En cuanto a conservación, los estados del Océano Índico Occidental lanzaron la iniciativa de la Gran Muralla Azul, cuyo objetivo es conservar y restaurar la biodiversidad marina y costera. Por otra parte, Fiyi anunció un plan para emitir un bono azul en 2022, el cual ofrecerá oportunidades atractivas de inversión para proyectos respetuosos con el océano. Se prevé recaudar hasta 50 millones de dólares para financiar la creación de nuevas áreas marinas protegidas, pesquerías sostenibles y soluciones basadas en la naturaleza para proteger a comunidades vulnerables ante el cambio climático y sus efectos. Belice se comprometió de su lado a desarrollar un proyecto pionero para financiar el mantenimiento y creación de áreas marinas protegidas. Más países se sumaron a la iniciativa “30x30”, que pretende conservar el 30 por ciento de la superficie terrestre y marina para 2030. Los países del G7 mostraron su apoyo a esta propuesta en su reunión previa a la COP26.   Además de las propuestas específicas relacionadas con el océano, cabe destacar que muchas otras iniciativas presentadas en el marco de la COP26 tienen un impacto indirecto, entre ellas las que buscan la reducción de un 45% de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo para 2030 y la neutralidad de emisiones para 2050, de suma importancia para combatir la acidificación del océano y el blanqueamiento de los corales. Aunque muchas personas consideran que la acción climática en torno al océano debe ser mucho más contundente en las negociaciones internacionales, existe consenso en que se está avanzando en la dirección correcta: el océano no estará más ausente de las negociaciones climáticas.  

Read more