Las floraciones algales nocivas (FAN) son fenómenos ambientales en los que se dan multiplicaciones explosivas y en corto tiempo de organismos microscópicos de ciertas especies de microalgas que tienen toxinas u otras características que pueden generar un impacto negativo en la vida marina e incluso en la salud humana.
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Permitir la salmonicultura en la Reserva Kawésqar, en plena Patagonia chilena, pone en peligro un ecosistema único, es contrario a la Convención de Washington, a la legislación nacional y a los acuerdos alcanzados en la consulta indígena con comunidades y pueblo Kawésqar.
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El documento elaborado por organizaciones nacionales e internacionales apunta a la incompatibilidad entre este tipo de industria y el objeto de protección de la zona, en la cual, aún sin contar con un plan de manejo establecido, ya existen 57 concesiones salmoneras, 113 en trámite y se han aprobado 6 resoluciones de calificación ambiental luego de la creación de la Reserva. Las comunidades Kawésqar Atap, As Wal Lajep, Grupos Familiares Nómades del Mar, Residentes Río Primero e Inés Caro, entregaron a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) un informe técnico elaborado por las ONG FIMA, Greenpeace y AIDA (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente), que busca aportar información respecto al grave impacto que la industria salmonera genera en los ecosistemas marinos, para ser considerado en el plan de manejo que la entidad de gobierno debe elaborar y ejecutar para dar cumplimiento a la protección de las aguas marinas que conforman la Reserva Nacional Kawésqar. "Hoy CONAF debe garantizar el cumplimiento de lo que se estableció en la Consulta Indígena y prohibir explícitamente la salmonicultura en el plan de manejo de la Reserva, esta definición es clave para la salud futura de los ecosistemas marinos patagónicos", explica Estefanía González, Coordinadora de campañas de Greenpeace "La falta de regulación interna que existe sobre las áreas protegidas, ha permitido una interpretación que arbitrariamente le ha abierto la puerta a la instalación de 57 concesiones salmoneras dentro de esta área protegida y más de 1.000 en toda la zona austral, con desastrosas consecuencias expresadas en el daño ambiental provocado por esta industria, hoy la salmonicultura es completamente incompatible con la mantención de ecosistemas marinos sanos", agrega. Proceso histórico para la protección de los mares australes La creación de la Reserva Nacional Kawésqar en 2018 fue un hito clave para la participación de las comunidades y personas de este pueblo originario en la decisión sobre los ecosistemas que componen su territorio ancestral. En esa oportunidad, a través de la consulta indígena se estableció expresamente la necesidad de proteger las aguas y de impedir el desarrollo de actividades como la salmonicultura, considerando la particular situación de fragilidad ecosistémica del área y el legado cultural Kawésqar, firmemente ligado al mar. En el informe, las organizaciones llegan a la conclusión de que la salmonicultura es una actividad incompatible con los objetivos de protección de las Reservas Nacionales, desde el punto de vista legal y ecosistémico, y en particular con la Reserva Nacional Kawésqar debido a la gran cantidad de riesgos que implica la actividad. Entre los daños que esta industria causa, se encuentran la contaminación biológica al introducir especies exóticas, el uso indiscriminado de antibióticos, las periódicas fugas masivas de salmones y los alimentos y fecas que se depositan en el fondo marino los cuales generan condiciones anaeróbicas y mareas rojas. Todo lo anterior pone en peligro un área marina con una diversidad única en el mundo y que el mismo Estado ha decidido proteger. "Permitir la salmonicultura en la Reserva Nacional Kawésqar haría inútil la protección entregada al área. Este punto ha sido reconocido incluso por la dirección nacional de CONAF que al ser consultada en 2019 por la contraloría sobre el cultivo de salmones dentro de áreas protegidas, señaló que de acuerdo con el marco legal vigente nacional e internacional, entre los que se encuentran la Convención de Washington, no sería admisible una actividad como la salmonicultura en un área que protege el ecosistema marino", agrega Victoria Belemmi, abogada de ONG FIMA. Pronunciamiento de Contraloría Por su parte, AIDA presentó un escrito ante la Contraloría General de la República para que esta se pronuncie respecto de la aprobación de un proyecto de ampliación de biomasa de un centro de salmonicultura ubicado en la Reserva Alacalufes, hoy Reserva Nacional Kawésqar, que se encontraba operando en condiciones anaeróbicas. "La aprobación de este proyecto implicó que se autorizó aumentar la producción de salmones en una zona donde ya había evidencia de que la capacidad de carga del lugar estaba superada. El hecho de que el centro estaba ubicado en las aguas bordeando la Reserva Alacalufes (hoy Kawésqar) lo hace aún más grave", comenta Florencia Ortúzar, abogada de AIDA. El bajo nivel de oxígeno que afectaba las aguas fue evidenciado por documentación oficial que reconoce la normativa para ese fin - la Caracterización Preliminar del Sitio que el titular del centro presentó para solicitar la ampliación y varios informes preliminares (INFA) que confirmaban la situación-. Con la aprobación, el centro adquirió autorización para casi triplicar su producción original. Subpesca había notado la situación, incluso interponiendo una observación al respecto dentro del proceso. Sin embargo, poco después emitió su pronunciamiento conforme al proyecto. Luego, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) aprobó el proyecto mediante RCA (Resolución de Calificación Ambiental). Consulte aquí el informe Contacto de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107
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Por Claudia Arancibia (AIDA), Victoria Belemmi (FIMA) y Estefanía González (Greenpeace Chile) Las comunidades indígenas Kawésqar, Atap, As Wal Lajep, Grupos Familiares Nómades del Mar, Residentes Río Primero e Inés Caro sostienen actualmente una lucha contra los daños ambientales de la expansión de la industria salmonera a la Región de Magallanes, la más prístina del país. La presencia de este pueblo en los fiordos y canales patagónicos se remonta a 6.000 años atrás. En febrero pasado, las comunidades Kawésqar y las organizaciones que apoyan la defensa de sus tierras y mares obtuvieron una importante victoria legal. Después de que en 2018 el Tercer Tribunal Ambiental rechazara los reclamos de la comunidad Kawésqar As wal Lajep en contra de la autorización de una salmonera en el Lago Balmaceda, Magallanes, la Corte Suprema de Justicia dio vuelta la sentencia y anuló el permiso ambiental, puesto que la evaluación ambiental del proyecto no consideró las observaciones de las comunidades locales. El precedente es sumamente importante ya que el máximo tribunal del país reconoció el valor de la participación indígena en la evaluación ambiental de proyectos susceptibles de afectar territorios ancestrales. Reafirmó también la obligación del Estado de respetar el proceso de consulta indígena y de cumplir con lo dispuesto en la legislación ambiental nacional y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Chile. El fallo de la Corte Suprema es un paso adelante en el entendimiento de que la participación de las comunidades indígenas, locales y tradicionales —además de ser un derecho— es un insumo valioso para la toma de decisiones sobre el desarrollo. En noviembre de 2020, en otro avance legal importante, el Tercer Tribunal Ambiental reconoció que la falta de oxígeno en aguas de la Patagonia chilena se relaciona con la operación de centros salmoneros. La situación había sido denunciada ante la Superintendencia del Medio Ambiente, pero dicha entidad desconoció la relación de causalidad entre la salmonicultura y esos daños ambientales, argumentando que muchas veces, la disminución de oxígeno se debía a causas naturales como las corrientes marinas, la geografía de la zona y el cambio climático. La sentencia emitida por el Tribunal Ambiental, tras conocer el caso, constituye un precedente clave, pues asocia la producción industrial de salmón con el peligroso porcentaje de zonas con bajos niveles de oxígeno en los mares de la Patagonia chilena. Estas condiciones, conocidas como anaerobismo, se deben a la gran cantidad de materia orgánica (alimento no consumido y heces) que la industria salmonera descarga en el mar, al manejo inadecuado de los peces muertos y a la cantidad de peces cultivados por metro cuadrado, que supera la capacidad de carga de las aguas. ¿Y las sanciones? Pese a los avances descritos, las autoridades chilenas todavía enfrentan problemas graves para fiscalizar adecuadamente la salmonicultura y para evitar los daños que su expansión está causando. Un problema es que las sanciones impuestas a las empresas infractoras no han sido suficientemente ejemplificadoras ni disuasivas. A pesar de múltiples procedimientos sancionatorios en contra de varias empresas, no se observan esfuerzos por mejorar estándares sanitarios y ambientales, antecedentes que no han sido considerados por las autoridades ambientales a la hora de otorgarles permisos para operar. Un ejemplo es el escándalo protagonizado por la empresa Nova Austral S.A., conocido como “Salmon Leaks”. En 2019, una investigación periodística destapó que la empresa escondía la información real de la cantidad de peces que moría diariamente en las granjas ubicadas en el Parque Nacional Alberto de Agostini, en Magallanes. Posteriormente, un segundo reportaje reveló que además la empresa adulteraba con maquinaria pesada el fondo marino —prácticamente muerto— para esconder su condición anaeróbica y obtener permiso para seguir cultivando salmones en espacios marinos biológicamente deteriorados. La Corte de Apelaciones de Punta Arenas sancionó estos hechos con la multa máxima y con la suspensión de un ciclo productivo. Posteriormente, en 2020, el Consejo de Defensa del Estado demandó a la empresa por posible fraude debido a que cobraba beneficios tributarios de la Ley Navarino incumpliendo su obligación de “efectuar un uso racional de los recursos naturales de la región de Magallanes, preservando la naturaleza y el medioambiente”. Producto de ello, la Tesorería General de la República retuvo cuatro pagos que cubren hasta cuatro meses de subsidios de la ley. Pese a los múltiples escándalos y sanciones impuestas, la empresa sigue publicitando la “sustentabilidad” de su salmón como el rasgo principal de su producción. El futuro de la Reserva Kawésqar Previa aprobación del Servicio de Evaluación Ambiental, Nova Austral ahora busca relocalizar cuatro de sus concesiones acuícolas al interior de la Reserva Nacional Kawésqar, mientras que otros seis proyectos están actualmente en evaluación ambiental para lo mismo. Lo más grave es que esta reserva no cuenta aún con un Plan de Manejo que salvaguarde sus objetivos de protección, lo que la deja expuesta a impactos graves tanto a su riqueza ecosistémica como a los derechos ancestrales de las comunidades indígenas Kawésqar. Es urgente que la incompatibilidad de la salmonicultura con los objetivos de creación de la reserva quede expresada de manera clara en el plan de manejo con la prohibición de esta actividad. Tenemos mucho que aprender de las comunidades Kawésqar, que reafirman la protección de los mares del archipiélago patagónico como la base para proteger su cosmovisión, su identidad cultural y sus modos de vida. ¿Qué necesita el resto del país para defender con el mismo énfasis una zona vital no sólo para Chile, sino para el mundo?
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O estado do Pará completa 15 anos consecutivos como líder em queimadas e desmatamento da Amazônia, segundo dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes). Nos últimos anos, quase metade do desmatamento na Amazônia Legal ocorreu no Pará, estado que também concentra as seis Terras Indígenas mais desmatadas em 2020. Nesse contexto de completa vulnerabilidade e desequilíbrio ambiental, qualquer megaempreendimento que se pretenda instalar legalmente na região deve ser metodicamente planejado e executado segundo as mais avançadas técnicas de gestão ambiental. O principal instrumento de diagnóstico socioambiental anterior à implantação de projetos com alto potencial de impacto é a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), conhecida internacionalmente como Environmental Impact Assessment (EIA). A AIA é um processo que busca antever as consequências socioambientais de uma decisão governamental que autoriza a instalação de um empreendimento. É uma ferramenta de gestão ambiental utilizada internacionalmente que foi implementada pela primeira vez em 1969 nos Estados Unidos. A AIA inaugura uma nova perspectiva global sobre a importância de se tentar prever as consequências socioambientais de grandes alterações na natureza. Neste relatório, analisamos a AIA do projeto Volta Grande do Xingu, um megaempreendimento canadense da empresa Belo Sun que prevê a extração de 74 toneladas de ouro ao longo de 20 anos de operação. A sua localização é a mais polêmica possível: Volta Grande do Xingu, próximo a três Terras Indígenas e a poucos quilômetros da Hidrelétrica Belo Monte. Segundo seu projeto, trata-se da maior mina de ouro a céu aberto do Brasil, localizada bem no coração da Amazônia. No relatório Boas Práticas a Nível Mundial para os Estudos de Impacto Ambiental (EIA)4, foram compilados princípios e características essenciais para uma AIA democrática e de alta qualidade. Neste relatório, compararemos esses princípios com a AIA do Projeto Volta Grande da Belo Sun. A proposta do relatório não é exaurir a análise, mas debater a necessidade de se alterar a forma como ela é realizada. O objetivo, portanto, é comparar o processo de AIA do projeto Volta Grande do Xingu com as boas práticas internacionais sobre AIAs, avaliando minuciosamente se o projeto em questão se adéqua ou não aos padrões necessários para a concretização de um projeto de tamanha envergadura. BAIXAR O ANEXO Relatório "Boas Práticas Globais Para Estudos de Impacto Ambiental"
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La minería oceánica consiste en el aprovechamiento de depósitos minerales ubicados más allá de los 200 m. de profundidad en el océano. Si bien el interés por desarrollarla se remonta a 1960, las ideas iniciales nunca se llevaron a cabo por factores como los bajos precios de los metales, el acceso relativamente fácil a materias primas en los países del Sur Global, múltiples dificultades técnicas e incertidumbre jurídica. En los fondos oceánicos, existen principalmente tres tipos de recursos de gran interés económico: nódulos polimetálicos; costras ferromagnesianas y depósitos masivos de sulfuros, generados por las fumarolas hidrotermales. Actualmente, el interés por estos recursos ha retomado fuerza debido a cambios geopolíticos y a una mayor demanda desde el sector de las energías renovables no convencionales. Al momento, se han confirmado 30 contratos de exploración minera ubicados en los océanos Pacífico, Atlántico e Índico que involucran a 21 contratistas de todo el mundo entre empresas, autoridades gubernamentales e institutos de ciencia y tecnología. Desafortunadamente, sabemos muy poco de los ecosistemas en los fondos oceánicos y de los impactos reales de este tipo de minería. Algunos científicos consideran que la recuperación del hábitat tomaría de décadas a siglos y que, en algunos casos, los daños podrían ser irreversibles debido a que ciertos entornos son únicos. Impactos socioecológicos Aunque la minería oceánica podría estimular la economía, es preciso enfatizar los impactos sociales que implica, sobre todo para las comunidades locales más necesitadas, las cuales dependen de los recursos naturales para su subsistencia. En ese ámbito, la minería oceánica ha sido asociada con dilemas como la intromisión extranjera, la disrupción cultural, la distribución desigual de riquezas, la pérdida de acceso a zonas naturales de caza y alteraciones en la distribución y migración de especies, lo cual generaría variaciones en la cantidad y calidad de la pesca. Entre los impactos ecológicos está el aumento de material particulado en la columna de agua, la mortalidad de organismos, la destrucción de hábitats, riesgos sobre bacterias y virus desconocidos en los océanos o especies invasoras que lleguen a través de los equipos de extracción, y riesgos de derrames accidentales originados por los insumos empleados, entre otros. También preocupa la gestión ambiental de esta actividad. El organismo encargado de regular la minería oceánica es la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA por sus siglas en inglés), fundada en 1994 por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La ISA tiene jurisdicción sobre el fondo y subsuelo marino en aguas internacionales. Actualmente, elabora una propuesta de reglamento para la explotación minera oceánica que ha recibido múltiples cuestionamientos. La Coalición para la Conservación de las Profundidades Oceánicas, una alianza de más de 80 organizaciones que opera desde 2004 y cuyo objetivo es la protección de las profundidades marinas, cuestionó que la propuesta establezca que la forma de vigilancia ambiental dependa de la ISA o de los contratistas. Ya en 2018, la coalición comentó que una revisión y asesoramiento científico independientes son clave para todos los documentos ambientales, especialmente para las Evaluaciones de Impacto Ambiental y los Planes de Vigilancia y Ordenación del Medio Ambiente. Es pertinente mencionar que además de regular la explotación minera en aguas internacionales, la ISA es responsable de asegurar la protección ecológica de los océanos ante los potenciales efectos nocivos de actividades desarrolladas o relacionadas con los fondos marinos. El hecho de que el monitoreo ambiental sea ejecutado por los propios involucrados supone el riesgo de problemas ambientales por conflictos de interés. Mirando a futuro Los fondos oceánicos son las áreas habitables más grandes de nuestro planeta. Allí existen ecosistemas de espléndida belleza de los cuales no conocemos prácticamente nada y que podrían sufrir daños irreversibles por proyectos de minería oceánica, según han advertido científicos y conservacionistas a nivel global. Los océanos sanos desempeñan una función integral en la regulación global del clima, y son esenciales para garantizar la seguridad alimentaria y los medios de vida de millones de personas en todo el mundo. Además, el desconocimiento significativo sobre el funcionamiento de las profundidades oceánicas dificulta todo intento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y proyecciones a futuro. De hecho, en casi cada nueva inmersión, nuevas especies son descubiertas. Y aún queda mucho por aprender sobre la relación entre los fondos oceánicos y la crisis climática, la acidificación de las aguas y las presiones que ejercen las actividades antropogénicas (de origen humano). Sin un conocimiento adecuado de las especies, los ecosistemas, los procesos ecológicos y sus conexiones, las EIA no pueden ser efectivos. El concepto de patrimonio común de la humanidad debería ser central en cualquier propuesta y sería prudente adoptar medidas de protección legal como el Principio de Precaución, así como acciones previas de exploración e investigación. Por tanto, la ISA tiene por delante una inmensa responsabilidad ante el planeta y la humanidad. Por el bien de un futuro sustentable y del legado natural de las próximas generaciones, esa autoridad debe garantizar la protección adecuada de los océanos y, en caso de finalmente permitirse la minería oceánica en alta mar, prestar mucha atención a las medidas de prevención y mitigación utilizando un enfoque precautorio y adaptativo, en colaboración con otros organismos internacionales.
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La Convención para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe (Convención de Cartagena) y su Protocolo para las áreas y la vida silvestre especialmente protegidas (Protocolo SPAW) establecen que los Estados parte tienen la obligación de regular la protección de las especies y ecosistemas vulnerables de la región. Los criterios revisados de nominación de especies (1, 3, 4, 5, 6 y 10) determinan la necesidad de incluir a las especies esenciales para ecosistemas vulnerables —como los arrecifes coralinos, manglares y pastos marinos— en las listas de especies de los Anexos II y III del Protocolo SPAW. Las medidas nacionales o regionales implican de forma diferenciada procesos de protección, monitoreo biológico de especies, zonas de recuperación pesquera; análisis de datos de capturas, estado de salud de los ecosistemas, dinámica y tamaño de poblaciones; períodos de veda; y reglamentación de la captura, posesión, transporte, comercio o prohibición total del uso de las especies. En 2018, el Comité Asesor Científico y Técnico (STAC) priorizó la evaluación de los peces herbívoros y actualmente el Grupo de Trabajo de Especies lleva a cabo la evaluación de los peces loro mediante la integración y análisis de datos científicos y regulatorios. Once de los 17 países que han firmado el Protocolo han generado medidas de regulación sobre peces herbívoros. Algunas experiencias de regulación están vigentes, otras no y están aquellas que entraron en vigor recientemente. Descarga la hoja informativa en español Descarga la hoja informativa en inglés Descarga la hoja informativa en francés
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Termina un año como ningún otro. Esta nueva realidad hace que cada victoria y logro diario, por pequeño que sea, tengan un sabor más reconfortante. Por eso, estamos orgullosos de decir que en 2020 hubo avances importantes en nuestro trabajo por un ambiente sano y justicia climática en América Latina. 1. Salvaguardando alta mar A nivel mundial, más del 99% de alta mar —aguas fuera de la jurisdicción nacional— está desprotegido. Para remediarlo, durante el último año, hemos liderado la representación de América Latina en la High Seas Alliance (Alianza de Alta Mar). Hemos colaborado con gobiernos para negociar un ambicioso tratado en el marco de Naciones Unidas para proteger estas aguas y a especies migratorias clave de tiburones, ballenas, tortugas y atunes. Alta mar es esencial para la salud del océano en el largo plazo y como sumidero de carbono que ayuda a mitigar la crisis climática. 2. Incidiendo para la desinversión en la Amazonía Por casi una década, hemos trabajado para detener la represa Belo Monte, que ha desplazado a miles de indígenas y acabado con cientos de especies únicas. Este año, nuestro testimonio contribuyó a que el Fondo Global de Pensiones de Noruega, el mayor fondo estatal del mundo, excluya de su cartera de inversiones a Eletrobras, uno de los principales financiadores de la represa, debido a las violaciones de derechos ambientales y daños ambientales causados por el proyecto. Es un paso importante en la búsqueda de justicia para las comunidades afectadas. 3. Defendiendo a los páramos de la minería Continuamos protegiendo de la minería a páramos en Colombia y Ecuador. Estos bosques y humedales biodiversos, situados a gran altitud, son sumideros de carbono clave que además abastecen de agua fresca a millones de personas y son hábitat de especies amenazadas. Nuestro equipo aportó conocimientos legales y técnicos. En el caso de Santurbán, en Colombia, ayudamos a construir capacidades entre los abogados locales que ahora lideran la demanda judicial para proteger este páramo. 4. Protegiendo a personas defensoras del ambiente América Latina es la región más peligrosa del mundo para las personas que defienden el ambiente. Este año, AIDA reunió a más de 70 prominentes defensores y defensoras ambientales de 14 países del continente para compartir información actualizada sobre riesgos y estrategias efectivas de defensa. Los y las participantes discutieron en torno a sus retos, identificaron vacíos de conocimiento y desarrollaron nuevos enfoques para protegerse y proteger sus territorios. 5. Frenando el desarrollo energético extractivo Nuestra pericia legal y técnica ha sido fundamental para detener la expansión de los combustibles fósiles. En Colombia, continuamos con el litigio para mantener la moratoria judicial al fracking y ayudamos a impedir una mayor expansión de la minería de carbón. Apoyamos a comunidades afectadas por plantas eléctricas a carbón en Chile y lideramos los esfuerzos para que instituciones financieras internacionales rindan cuentas por financiar proyectos hidroeléctricos dañinos en Colombia y Guatemala. Este trabajo es esencial para promover una transición justa hacia una energía realmente limpia. 6. Preservando la biodiversidad marina en la Patagonia La región de Magallanes, en Chile, es hogar de algunas de las ballenas y delfines más grandes, así como una de las zonas más prístinas de nuestro planeta. La mayor amenaza ambiental para esta región es la producción industrial de salmón. Con base en nuestro trabajo previo, usamos la ley para detener el cultivo de salmón y evidenciar los daños que esa industria causa. Nuestro trabajo logró cerrar una granja de salmón y sentó un precedente para el cierre de otras siete, las cuales están bajo revisión en tribunales chilenos. 7. Fortaleciendo la gestión de tierras indígenas en Colombia En coalición con cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, continuamos protegiendo sus tierras de la minería ilegal. Frente a cientos de proyectos propuestos, ayudamos a implementar estrategias legales para demandar un nuevo plan de manejo territorial que reconozca la autoridad tradicional de los indígenas. También ayudamos a fortalecer las capacidades de las comunidades mediante talleres sobre protección ambiental.
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Ante la intención del gobierno municipal de Lázaro Cárdenas de invalidar el decreto de creación y programa de manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam para abrir la zona al turismo no sostenible, AIDA y CEMDA presentaron un escrito legal con argumentos de derecho ambiental internacional, derechos humanos y justicia climática para defender al humedal de importancia internacional. Ciudad de México. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un escrito legal (Amicus Curiae) con argumentos de derecho ambiental internacional, derechos humanos y justicia climática para defender al Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, Quintana Roo, de las pretensiones del gobierno municipal de Lázaro Cárdenas de abrir la zona a desarrollos turísticos no sostenibles. La autoridad municipal presentó a la SCJN una Controversia Constitucional en contra del decreto de creación y del programa de manejo del área protegida para invalidar estos instrumentos y, según lo ha manifestado públicamente, dar vía libre a la urbanización y al desarrollo turístico. Esa pretensión vulnera el interés público ya que los ecosistemas de Yum Balam podrían verse degradados por proyectos de turismo masivo, dragados en la bahía, plantas desalinizadoras o de tratamiento de aguas, deforestación y por la huella de miles de visitantes. El sitio alberga múltiples ecosistemas terrestres, costeros y marinos tales como selvas, sabanas, cenotes, lagunas, dunas costeras, manglares, pastos marinos y arrecifes coralinos. En el escrito, ambas organizaciones solicitan, entre otras cosas, que se mantenga la protección de Yum Balam, que se resuelva la no modificación del polígono del área protegida y que no se permitan obras de turismo masivo que alteren sus características ecológicas. Yum Balam, humedal de importancia internacional bajo la Convención Ramsar, tiene 6,495.13 hectáreas de manglares y 24,461.8 hectáreas de pastos marinos. Estos ecosistemas almacenan 38.5 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), equivalentes a las emisiones de 9.4 millones de personas al año por el uso de hidrocarburos. “La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe actuar de forma progresiva y conforme a las obligaciones internacionales de México, entre ellas la de reducir las emisiones causantes de la crisis climática”, dijo Camilo Thompson, abogado de AIDA. “La conservación de los humedales costeros, su biodiversidad y servicios ambientales es fundamental para lograr justicia climática y asegurar un ambiente sano para las futuras generaciones”. En el escrito se evidencia que una política de desarrollo turístico masivo en un área protegida como Yum Balam puede causar pérdida de biodiversidad, uso no racional de humedales costeros y desequilibrio ambiental, entre otros daños irreversibles. Se demuestra además que cambios de uso de suelo como los propuestos incrementarían no sólo la demanda turística, sino también la demanda inmobiliaria y poblacional (residente y estacional) en la zona, excediendo la capacidad de carga y resiliencia de Yum Balam. “Dar vía libre a la pretensión del municipio sería una decisión regresiva, contraria al interés colectivo y una violación directa del derecho humano al ambiente sano”, dijo Xavier Martínez, Director Operativo de CEMDA. “Permitir proyectos de turismo masivo en Yum Balam implicaría privilegiar el interés de algunos propietarios privados y/o ejidales a costa del valor del ambiente sano y los derechos de las generaciones futuras”. Yum Balam es un sitio de gran biodiversidad. Ahí viven especies amenazadas y en riesgo como el mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle blanco (Laguncularia racemosa), tortugas marinas carey (Eretmochelys imbricata) y caguama (Caretta caretta), que anidan y desovan en las Islas de Holbox y Grande. Protege alrededor del 90% de las aves endémicas de la Península de Yucatán. Además, es zona de distribución de peces loro, especies bajo protección especial, y de alimentación del tiburón ballena (Rhincodon typus), especie amenazada. Sus ecosistemas también brindan servicios de aprovisionamiento de alimentos y compuestos genéticos. La pesca ha sido uno de los principales medios de vida para la población de la zona con registros de captura de aproximadamente del 31% de la producción estatal de pescado. La administración y regulación del área protegida corresponde exclusivamente a la Federación y, por tanto, sólo puede ser modificada en su extensión y, en su caso, en los usos de suelo permitidos por la propia Federación. La importancia de Yum Balam es también regional debido a los humedales costeros del Gran Ecosistema del Mar Caribe, que se ha visto diezmado por la pérdida del 59% de su cobertura en los últimos 44 años, entre 1975 y 2019. La amenaza de actuar de forma regresiva al desconocer el decreto de creación de Yum Balam agravaría la situación de los ecosistemas marino-costeros de la región frente a la crisis climática global. Contactos de prensa: Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], 5570522107 Ricardo Ruiz, CEMDA, [email protected], 5559644162
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La pandemia por el nuevo coronavirus ha traído un cambio de perspectiva sobre la importancia de muchos temas, entre ellos el acceso a la salud y a la tecnología, así como la desigualdad presente en muchos aspectos de nuestras vidas. Pero también ha renovado la discusión acerca de la necesidad de actuar frente a la mayor amenaza que la humanidad enfrenta: la crisis climática. Mi intención no es causar alarma o pánico, sino enfatizar que aún hay mucho por hacer. La vida en el planeta surgió en el océano y tras millones de años se adaptó para ser posible en tierra, dando paso a la existencia humana. Aunque no vivamos en el océano, este ecosistema es clave para sostener la vida. Es el principal regulador climático del planeta. Las corrientes marinas marcan la pauta respecto a las estaciones y es la interacción entre corrientes de aire y corrientes marinas el origen de las tormentas tropicales, huracanes y tifones. De otro lado, los manglares —que sirven de unión entre el océano y la tierra— y los arrecifes de coral son barreras naturales contra tormentas tropicales. Por tanto, un océano saludable significa un clima saludable y debemos procurar su conservación lo antes posible. Lamentablemente, la evidencia científica da cuenta que el océano sufre de sobrecalentamiento, acidificación y de pérdida de oxígeno. Ante esa dura realidad, existen tres grandes oportunidades para la adopción de medidas de protección del océano con un enfoque climático. Pese a que fueron postergados debido a la pandemia, existen tres procesos de negociación a nivel internacional que aún representan importantes ventanas de oportunidad para salvar el océano y, al mismo tiempo, el clima y nuestro futuro. 1. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático El primer escenario es el de las negociaciones climáticas, en las cuales los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se reúnen para revisar sus compromisos, los avances en el cumplimiento de estos y los desafíos pendientes en la lucha global contra la emergencia climática. Durante la 25ª Conferencia de las partes (COP25), realizada en 2019, se abrió la posibilidad de iniciar un diálogo sobre la importancia del océano en la acción climática. Se les solicitó a los países parte, organizaciones observadoras y otras instituciones enviar sus aportes sobre el tema para ser analizadas durante la próxima reunión del Órgano Asesor Técnico Científico. La idea es integrar de forma más activa los ecosistemas marinos en los planes de adaptación y mitigación al cambio climático, así como destacar su rol en la creación de resiliencia climática planetaria. No hay una fecha definida para la próxima reunión del Órgano Científico y deberemos esperar a noviembre de 2021 para la siguiente cumbre climática de la ONU. 2. Tratado de Alta Mar Otro aspecto clave en la protección del océano y sus beneficios es la conservación y manejo sostenible de los recursos marinos. A ello apunta justamente la negociación de un Tratado de Alta Mar en el marco de Naciones Unidas. Las áreas marinas fuera de la jurisdicción nacional o alta mar, que representan aproximadamente la mitad de la superficie del planeta, están bajo poca o ninguna regulación. Lo que se busca con el tratado es crear un marco jurídico integrado que regule las actividades productivas en alta mar mediante evaluaciones de impacto ambiental, herramientas de manejo espacial que incluyen áreas marinas protegidas, gestión de recursos genéticos marinos, la creación de capacidades tecnológicas, así como la transferencia de tecnología. Los ecosistemas en alta mar son altamente productivos y capaces de capturar carbono y regular el clima. Son además esenciales para la seguridad alimentaria presente y futura. La última Conferencia Intergubernamental para la negociación del Tratado de Alta Mar estaba programada para marzo del 2020, pero fue pospuesta para marzo dl próximo año. 3. Convenio de Diversidad Biológica Finalmente, tenemos la negociación de las metas de gestión de la biodiversidad para la próxima década bajo el Convenio de Diversidad Biológica. Estas metas son amplias y abarcan a diversos ecosistemas. En cuanto al océano, lo que se impulsa es la protección del 30% del océano para 2030. Esta meta requiere crear áreas marinas protegidas biológicamente significativas, basadas en la ciencia y gestionadas adecuadamente. Sin el Tratado de Alta Mar, esta meta es imposible de lograr. Las negociaciones del Convenio estaban planificadas para noviembre del 2020, pero fueron postergadas para el segundo trimestre de 2021. La relación entre estas tres negociaciones es innegable y necesaria. Sin áreas marinas protegidas creadas bajo un enfoque científico y sin un océano cuyos recursos sean gestionados de manera sostenible, no tendremos una acción climática efectiva. Esta pausa en las negociaciones nos da tiempo para informarnos y aprender más de la importancia del océano. Es un momento para reflexionar sobre por qué es necesario proteger al menos el 30% del océano, incluyendo alta mar. En juego están la resiliencia climática, la seguridad alimentaria y nuestro futuro. Es el tiempo perfecto de pensar en las sabias palabras de Sylvia Earle: “Sin océano, no hay vida, no hay verde sin azul”.
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