Océanos


Tortuga marina

Defender la biodiversidad del océano es defender el bienestar humano

Declaración de organizaciones de la sociedad civil en la COP16 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) El océano es una de las principales reservas de biodiversidad del mundo, además de ser fuente de alimento, de energías renovables y nuestro principal aliado para combatir la crisis climática global. Las poblaciones humanas, además de tener en él su medio de vida, mantienen en torno al océano conexiones culturales que definen su pasado, presente y futuro. Sin embargo, esta inmensa fuente de vida continúa sufriendo daños e impactos cada vez más significativos, mientras que los esfuerzos por protegerlo y restaurarlo no aumentan en la misma proporción.La conexión intrínseca entre océano y clima acoge en sí misma el equilibrio del planeta. Por un lado, el océano regula los patrones climáticos y, por otro, sus características se ven seriamente alteradas por la crisis climática. Los principales indicadores de estos cambios son el aumento de la temperatura y del nivel del mar, la acidificación, la desoxigenación, las modificaciones en las corrientes marinas y una mayor intensidad de huracanes y eventos meteorológicos. Esto afecta el comportamiento de la biodiversidad marina, provocando la pérdida de especies particularmente vulnerables y la fragmentación de hábitats. El blanqueamiento de corales asociado a los cambios en el clima, por ejemplo, altera la dinámica de muchas otras especies que dependen de estos, generando consecuencias en el turismo, la pesca, la resiliencia climática y la biodiversidad, al mismo tiempo que impactos socioeconómicos y culturales.La sobrepesca pone en riesgo a las especies comerciales objetivo y a los ecosistemas marinos-costeros en general. Algunas de las prácticas pesqueras de mayor preocupación son la extracción de especies vulnerables o en peligro de extinción; el incumplimiento o inexistencia de vedas, de la demarcación de zonas de pesca, de las tallas y volúmenes permitidos; así como el abandono de aparejos de pesca que abona a la problemática de la basura marina y causa la muerte de muchos animales que quedan atrapados en ellos. La acuicultura intensiva, como la salmonicultura, destruye directamente el ecosistema marino a través de la contaminación por la constante incorporación de nutrientes y el elevado uso de antibióticos, produciendo anoxia y florecimiento de algas nocivas.La contaminación marina desde fuentes terrestres sigue siendo un factor de estrés importante para el medio marino e implica problemas especialmente serios en los países en desarrollo, donde la gestión integral de desechos es sumamente deficiente. Esto ha resultado en la introducción de sustancias y materiales contaminantes al océano (aguas residuales sin tratamiento previo, desechos sólidos —incluyendo plásticos— y escorrentía agrícola), que provocan cambios en las condiciones de calidad de la columna de agua y de los sedimentos, muchas veces fatales para la biodiversidad marina y que también afectan la salud de las personas.Asimismo, las fuentes marítimas de contaminantes requieren atención prioritaria, siendo el océano el principal medio de transporte de mercancías a nivel global. El tráfico marítimo implica el transporte de sustancias perjudiciales para el medio marino —como hidrocarburos, productos químicos tóxicos, aguas residuales, aguas de lastre, basura y otras sustancias peligrosas— que son descargadas al mar en tareas operacionales rutinarias y en incidentes marítimos. Los hidrocarburos plantean una problemática particularmente compleja porque no solo son transportados como carga, sino que también son utilizados para la propulsión de buques, representando así un escenario de riesgo latente con impactos en la calidad del aire por emisiones atmosféricas de dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y metano, principalmente en buques que utilizan gas natural licuado (GNL) para su propulsión. Además, no puede descartarse el impacto negativo en la fauna marina de las colisiones con embarcaciones y del ruido submarino proveniente de diversas fuentes, factores que todavía carecen de políticas públicas y regulaciones suficientes y efectivas.Adicionalmente, los derrames de hidrocarburos en el medio marino provocan asfixia e intoxicación de especies marinas, bioacumulación de sustancias perjudiciales e incluso la destrucción funcional de hábitats de importancia. Estos impactos afectan a su vez actividades sociales y económicas relevantes —como la navegación, la pesca, el turismo y las actividades portuarias—, además de poner en riesgo la salud y el derecho a un ambiente sano de las comunidades costeras. Los derrames provenientes de la exploración y explotación de gas y petróleo offshore no son debidamente controlados ni regulados por los gobiernos, siendo actividades autorizadas en cercanía de áreas vulnerables como arrecifes de coral. Estas operaciones enfrentan serias limitaciones para prevenir y dar respuesta oportuna a estos episodios con acciones de mitigación, restauración y compensación por los daños ocasionados, trayendo además impactos ambientales poco evaluados como los relacionados con la exploración sísmica, el desmantelamiento de infraestructuras submarinas y plataformas, y el tráfico marítimo asociado.Finalmente, aunque no existen todavía esfuerzos de explotación, la minería submarina representa riesgos imposibles de evaluar en su magnitud, incluyendo la destrucción de hábitats, que podría ser irreversible, y la extinción de especies. Esto es especialmente preocupante considerando lo poco que se conoce sobre las dinámicas ecológicas y fisicoquímicas en los ecosistemas de aguas profundas y en los fondos marinos. El desarrollo de estas actividades intrusivas —sin contar con la información técnica y científica de base que permita identificar de manera objetiva los impactos potenciales, así como la posibilidad o no de la prevención, mitigación o restauración de daños— supondría la alteración de un ecosistema altamente sensible y complejo.En consideración a lo antes expuesto —en nuestro rol de organizaciones de la sociedad civil que trabajamos por la protección y uso sostenible del océano y por la defensa del derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible—, HACEMOS UN LLAMADO URGENTE A LOS ESTADOS PARTE DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA PARA QUE: Incorporen el enfoque ecosistémico —que señala la interdependencia entre la atmósfera, la tierra y el océano— en sus políticas, estrategias y planes de acción nacionales en materia de biodiversidad, teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en la Opinión Consultiva del Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar, que señala que las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero (GEI) se ajustan a la definición de contaminación marina de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Utilicen herramientas de evaluación de impactos ambientales e impactos acumulativos para favorecer la transparencia y la participación ciudadana con enfoque de género y con énfasis en los procesos de consulta y de consentimiento de los grupos en situaciones de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas y las comunidades locales, de manera que el conocimiento tradicional y cultural que proviene de los territorios sea incluido y valorado para promover la implementación de proyectos y actividades de desarrollo humano de forma responsable y justa, ponderando el derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible por encima de los beneficios económicos de corto plazo. Firmen, ratifiquen y se comprometan con la implementación efectiva del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) para estos derechos, y establezcan mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas en cualquier procedimiento ambiental. Apliquen el principio precautorio ante la falta de certeza o de información científica y reconozcan al conocimiento técnico, a la ciencia y a la sabiduría local como fundamentos de los procesos de toma de decisión enfocados en la protección del ambiente y de la biodiversidad. Firmen, ratifiquen y se comprometan con la implementación efectiva del Acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad fuera de jurisdicción nacional (Acuerdo BBNJ), instrumento que permitirá avanzar en la protección de al menos 2/3 partes de nuestro planeta. Esto permitirá: la distribución equitativa de los beneficios derivados del uso de recursos genéticos marinos; el uso de mecanismos de gestión basados en áreas, incluyendo la designación de áreas marinas protegidas; el desarrollo de evaluaciones de impacto ambiental previo a la realización de actividades en altamar; así como el fortalecimiento de capacidades y la transferencia de tecnología marina en beneficio del océano. Continúen aplicando moratorias a las actividades de minería submarina bajo el fundamento de la falta de información técnica y científica suficiente para prever, prevenir, controlar y mitigar los potenciales impactos en la diversidad biológica de los ecosistemas desconocidos que están en aguas profundas y en los fondos marinos. Firmen, ratifiquen y se comprometan con la implementación efectiva del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector de Puerto (Acuerdo MERP) —para prevenir, disuadir y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada—, así como el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, a fin de promover prácticas pesqueras que reconozcan la relevancia de la sostenibilidad del océano. Fortalezcan y armonicen las regulaciones sobre pesca y acuicultura, avanzando también en su correcta fiscalización, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de estas actividades; evitando la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; minimizando los impactos negativos en los ecosistemas marinos y en las especies vulnerables. Implementen las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza (Directrices PPE) a fin de: reconocer la contribución a la economía pesquera de los hombres y las mujeres que trabajan en todas las actividades de la cadena de valor de la pesca; garantizar la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación; contribuir al desarrollo de las comunidades que se dedican a este tipo de pesca; lograr la sostenibilidad de los recursos pesqueros; así como fomentar la cultura y los conocimientos ancestrales y tradicionales en torno a la pesca. Avancen rápida y efectivamente en el proceso de negociación de un instrumento jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos a través de la aplicación del modelo de economía circular y el manejo responsable en todo el ciclo de estos productos. Planifiquen acciones de mitigación y adaptación a corto y mediano plazo para abordar los efectos de la crisis climática en el océano y proteger sus sumideros de carbono mediante estrategias y políticas que contemplen la transición energética justa y equitativa en los sectores dependientes del océano, además de la conservación y restauración de ecosistemas clave como los bosques de manglar, los pastos marinos y los arrecifes de coral con un enfoque holístico y socioecológico. La obligación de los Estados parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de presentar Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) actualizadas para 2025 es una oportunidad para incluir, como compromisos climáticos, medidas orientadas a mitigar los impactos en el océano y su restauración. Estas medidas no deben limitarse a la creación de mercados de bonos de emisiones en el océano, sino más bien asegurar la protección integral de los ecosistemas marinos y costeros, considerando sobre todo su rol fundamental en la regulación del clima. Firmen, ratifiquen y se comprometan con la implementación efectiva del Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe (Convenio de Cartagena); prioricen la generación y aplicación de normativas nacionales sobre estándares y umbrales permitidos de descarga de sustancias contaminantes en el mar, armonizadas con el derecho internacional, además de basadas en programas de seguimiento y monitoreo que respondan a las dinámicas de cada país. Adopten las medidas pertinentes de orden interno para disminuir las presiones antropogénicas que actualmente afectan a los arrecifes de coral, frenando los procesos que están causando su degradación y permitiendo mantener la cobertura coralina en mínimos que garanticen su permanencia y conectividad. Estas medidas incluyen:Regular los estudios de impacto ambiental y planes de manejo de las actividades extractivas y prospectivas de hidrocarburos costa afuera (offshore) y de otras actividades que se llevan a cabo cerca de arrecifes coralinos y de áreas sensibles a blanqueamiento coralino.Evitar autorizar actividades exploratorias y de explotación de hidrocarburos costa afuera en cercanías de arrecifes coralinos.Regular el tránsito de buques cerca de áreas marinas protegidas y zonas marinas especialmente sensibles en cuanto a contaminación por aguas de lastre y a otras tecnologías contaminantes para el medio marino que puedan afectar el estado de los arrecifes coralinos. Esto permitirá también reducir la posibilidad de accidentes y encallamientos. Garanticen los derechos y atiendan las necesidades de las comunidades costeras e insulares, que viven de la pesca —especialmente de la pesca artesanal— y del turismo local y que están siendo afectadas por la crisis climática y por problemas ambientales, buscando su protección frente a la degradación de la diversidad biológica marino-costera. Aumenten sus esfuerzos para crear e implementar programas y actividades de creación de capacidades y transferencia de tecnología marina a fin de reducir las brechas entre países en desarrollo y países desarrollados. Esto permitirá que la protección del océano sea asumida globalmente como un camino hacia la justicia climática y ambiental.  Garanticen el financiamiento de las políticas, programas, planes, estudios y regulaciones, asegurando las partidas presupuestales necesarias para salvaguardar y gestionar los ecosistemas marinos-costeros. Para esto deberán apuntar al uso de todos los medios disponibles dentro de los países, así como a fondos internacionales de financiamiento climático, a proyectos de cooperación e instrumentos multilaterales dedicados al abordaje de la crisis climática y a los mecanismos que se han acordado en el marco de la CMNUCC y del Acuerdo de París, entre ellos el Fondo Verde del Clima (GCF, por sus siglas en inglés), así como los recursos disponibles del sector privado. De igual manera, se deben priorizar mecanismos de financiamiento azul que beneficien a grupos en situación de vulnerabilidad y que tengan un impacto positivo en la salud del océano. La protección efectiva de nuestro océano no es posible sin el compromiso de los Estados parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Por eso, exhortamos a la acción y a la definición de intervenciones nacionales e internacionales urgentes que refuercen la gobernanza del océano.Los riesgos de ignorar la aceleración de los impactos son demasiado grandes. Es momento de priorizar la salud del océano y con ello nuestra propia salud. Organizaciones firmantes:Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)Centro para la Justicia MarinaFondo para el Arrecife Mesoamericano (Fondo SAM)Fundación CethusFundación MarVivaIniciativa para Arrecifes Saludables (HRI)Coral Reef AllianceFundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO)Alianza por Altamar (HSA, por sus siglas en inglés) 

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Vista áerea de un barco contenedor.

Transporte marítimo: ¿Qué se está haciendo para reducir su contaminación?

El transporte marítimo es la actividad de mover mercancías de un destino a otro por mar. Es fundamental para el comercio, representando un 80 % del transporte mundial de mercancías. Sin embargo, esta industria es al mismo tiempo una fuente importante de contaminación, particularmente de gases de efecto invernadero (GEI), aquellos que calientan el planeta, y también de otros contaminantes nocivos para la salud humana. Por ello, este sector requiere descarbonizar sus actividades, es decir, reducir sus emisiones de GEI tanto en el transporte como en la carga y descarga de mercancías en los puertos alrededor del mundo.   ¿Cuánto contamina el transporte marítimo internacional? Cada año se mueven 10.000 millones de toneladas de carga por vía marítima y esto provoca el 2.9 % de las emisiones globales de GEI —entre ellos dióxido de carbono (CO2)—, porcentaje cercano al que emite Japón. Esto se debe a que los barcos utilizan enormes cantidades de petróleo para desplazarse, emitiendo en conjunto cerca de 1.000 millones de toneladas de GEI. Las cifras mencionadas no incluyen las emisiones que se generan en los puertos de carga, que no están automatizados y que también utilizan fuentes de energía fósil. La principal fuente de energía de los buques que mueven mercancías en el mundo es el heavy fuel oil, un combustible fósil altamente contaminante, que produce emisiones de CO2 que aceleran el calentamiento global. En 2023, las emisiones de GEI del transporte marítimo aumentaron 20% respecto de 10 años atrás, según Naciones Unidas. Y proyecciones publicadas por la Agencia Europea de Medio Ambiente apuntan que pueden llegar a un 17% de las emisiones mundiales en 2050 si no se toman medidas para descarbonizar el sector. El calentamiento y consecuente derretimiento del Ártico —región geográfica alrededor del Polo Norte— evidencia los impactos de las emisiones del transporte marítimo en el clima mundial: Según Clean Arctic Alliance, el Ártico (uno de los principales reguladores del clima mundial) se está calentando hasta cuatro veces más rápido que el planeta en su conjunto. Lo anterior se debe en gran parte a las emisiones de carbono negro u hollín del transporte marítimo, cuyo residuo surge tras la quema de combustibles pesados en los buques. El carbono negro se libera en estado gaseoso y sólido. Como gas, contribuye al efecto invernadero en la atmósfera; y como partícula sólida, acelera el deshielo al depositarse sobre la nieve y el hielo.   ¿Cómo afecta la contaminación del transporte marítimo a la salud humana? El transporte marítimo internacional genera contaminantes como el carbono negro y partículas que impactan en la salud humana. De acuerdo con el Instituto de Salud Global de Barcelona, que revisó 32 estudios sobre las emisiones del transporte marítimo, se estima que esta industria podría ser la responsable de unas 265 mil muertes prematuras en todo el mundo (2020). Esto quiere decir que el 0,5% de la mortalidad mundial estaría asociado a sus emisiones. Aunque la contaminación atmosférica del transporte marítimo es un problema universal, afecta desproporcionadamente a las poblaciones costeras, especialmente a las que viven cerca de puertos y de otras operaciones industriales.         ¿Quién es responsable de prevenir la contaminación del transporte marítimo? La Organización Marítima Internacional (OMI) es la agencia especializada de Naciones Unidas responsable de generar normas para un transporte marítimo seguro, eficiente y libre de contaminación. En 2023, los 175 países que integran la OMI acordaron reducir entre un 20 % y un 30 % (respecto a 2008) las emisiones de GEI generadas por la industria al 2030 y en al menos un 70 % al 2040. El pacto se completa con una meta para conseguir un balance de emisiones cero (de modo que los gases arrojados a la atmósfera sean neutralizados o compensados por los sumideros) para "cerca del año 2050". En ese marco, en los siguientes meses y hasta abril de 2025, las reuniones en la OMI estarán enfocadas en conseguir la descarbonización del transporte marítimo a través de una transición energética justa. En este período, serán analizadas y discutidas una serie de medidas técnicas y económicas que permitan alcanzar los objetivos de la estrategia de reducción de emisiones de los barcos. Los retos principales de estos esfuerzos incluyen: Cubrir la demanda de combustibles cero emisiones del mercado en el volumen necesario para atender a toda la flota marítima mundial. Superar la brecha de costos entre combustibles fósiles y combustibles bajos en emisiones. Que los buques adapten su tecnología para realizar una transición rápida hacia el uso de combustibles menos contaminantes.   El proceso de descarbonización del transporte marítimo requiere del trabajo conjunto de diversos actores: Estados, empresas, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de gobernanza internacional. Se trata de un proceso complejo que abarca toda la cadena de transporte de mercancías del mundo. Para que la descarbonización del sector sea justa, se deben considerar las responsabilidades compartidas, pero también las necesidades y capacidades diferenciadas de los países frente a los costos de abandonar los combustibles fósiles en el transporte marítimo. Se deben tener en cuenta también los efectos que ya está generando el calentamiento del planeta en países vulnerables —económica y climáticamente—, como los países insulares, los países menos desarrollados y los países en vías de desarrollo. Fuentes - Organización Marítima Internacional, "Introducción a la OMI". - Natalie Mueller, "Transporte marítimo: la contaminación olvidada", Instituto de Salud Global Barcelona. - Michelle Carrere, "Acuerdos para reducir las emisiones del transporte marítimo son considerados 'débiles' por organizaciones ambientales", Mongabay. -Paula Mateu, "El transporte marítimo reducirá las emisiones un 30% en 2030 pero las oenegés lo ven insuficiente", La Vanguardia.  

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Medusa flotando en el fondo marino.

Perspectivas sobre participación pública en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos

La minería oceánica es la amenaza más reciente para la salud del océano, ecosistema que juega un rol fundamental en la mitigación de la crisis climática al absorber grandes cantidades de dióxido de carbono generadas por actividades humanas.Los fondos marinos representan el 90% del medio marino y albergan una gran diversidad de vida, incluyendo especies que únicamente habitan allí. La ciencia ha demostrado que la minería submarina causaría daños irreversibles.La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA por sus siglas en inglés) es el organismo encargado de regular el uso de los recursos disponibles en el fondo oceánico y de asegurar beneficios para toda la humanidad. Sin embargo, las negociaciones que se han dado ante la ISA desde 2021 para establecer las reglas, regulaciones y procedimientos necesarios para dar inicio a la minería submarina se han caracterizado por la falta de transparencia del organismo y por la poca imparcialidad de su Secretaría.Este seminario web fue organizado en el marco de la tercera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP3 de Escazú), tratado que busca garantizar la participación pública, así como el acceso a la información y a la justicia, en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. En el evento, expusimos los problemas de transparencia que se han presentado en las negociaciones ante la ISA de los últimos años y cómo ello ha dificultado el acceso a información y a participación pública en un asunto ambiental clave: la preservación del océano. PanelEmilio Godoy, periodista de investigación en ambiente y energía: Perspectiva de la prensa.María Jesús Ovalle, analista ambiental internacional y exdelegada de Chile ante la ISA: Perspectiva diplomática.Camila Rivera, Líder de relaciones externas para Latinoamérica, The Oxygen Project: Perspectiva de jóvenes ambientalistas.Moderó: María Paula Conrado, científica junior, Programa de Ecosistemas, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación 

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Vista aérea de la Reserva Nacional Kawésqar, Chile

El pueblo Kawésqar y la defensa de su "maritorio" en Chile

Por Liliana Ávila y Cristina Lux*   Hace poco más de un mes, la comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar nos hizo una invitación muy especial. La cita era cerca del mar, cerca de su territorio o, siendo más precisos, cerca de su “maritorio”, un lugar de islas, islotes y archipiélagos. Allí las fronteras entre mar y tierra se confunden y los árboles crecen de lado, adaptados al intenso viento intenso. El maritorio es un concepto y es también una forma de habitar y comprender el mundo. Evoca la imagen del “territorio”, pero visto desde y en el mar. Como concepto surgió en el contexto de la denominada nisología o estudio de las islas.  El lugar al que fuimos se encuentra en los fiordos de Magallanes, la región más austral de Chile, aproximadamente a dos horas de Punta Arenas, la capital regional. Los Kawésqar nos cuentan que, hace menos de un siglo, este maritorio era su espacio vital. Allí sus abuelos y abuelas navegaban entre fiordos, construían sus canoas, pescaban y buceaban. Se metían al mar gélido sin trajes especiales de neopreno, protegidos con aceite de lobo marino, y allí conocían los secretos que sus profundidades albergan. Este pueblo desarrolló —en medio de fiordos, vientos y climas intensos— sistemas propios de pensamiento y de vida. Pero la vida del pueblo Kawésqar ha cambiado con radicalidad en las últimas décadas. Eso también nos lo cuentan.  Aquel territorio inmenso que generaciones previas habitaron por siglos ahora está cercado. El proceso de exterminio estuvo acompañado de la mercantilización de la tierra, de la creación de extensos potreros y —de forma más reciente—, del desarrollo y expansión de la industria de la salmonicultura. La producción industrial de salmón tiene impactos graves y permanentes en los ecosistemas marinos. Eso lo saben bien las comunidades Kawésqar.  El salmón es una especie exótica para Chile y carnívora, que se cultiva en enormes granjas: hectáreas cubiertas de jaulas en el mar. La introducción de especies exóticas —que amenazan a las nativas—, el uso excesivo de antibióticos, los escapes de salmones, la generación de basura, el tratamiento de grandes cantidades de mortalidades de salmón, la descarga excesiva de materia orgánica al mar y la generación de entornos anaeróbicos (pérdida total o parcial de oxígeno, necesario para que la vida prospere) son apenas algunos de los impactos del cultivo de salmón en Chile. Estos impactos no solo se acumulan en las aguas y en el fondo del mar, también penetran la vida de las comunidades Kawésqar. El maritorio navegado por sus abuelos y abuelas es ahora un espacio profanado. Los procesos de reconstrucción de su identidad, la apropiación de lugares sagrados y los ritos que hacen parte de su memoria colectiva han sido afectados por el desarrollo de una industria que solo ve en el mar un espacio de explotación económica, no el lugar sagrado donde —en un tiempo no muy lejano—, hombres y mujeres desarrollaron sus cosmovisiones y modos de vida. A pesar de todo, el pueblo Kawésqar es un pueblo vivo que se encuentra, que se junta en torno al mar y que discute acerca de estrategias para recomponer su tejido cultural. Se une también para honrar a sus abuelos y abuelas, para activar la memoria genética que los une al mar, para sumergirse en sus aguas y luchar por un maritorio libre de salmones y por un país que se reconozca en la diversidad cultural que atraviesa su historia. Nosotras nos conectamos también con el legado Kawésqar. Nadar junto a personas de la comunidad en aquellos mares navegados durante miles de años, nos permitió asomarnos a una ventana que desdibuja el presente y nos muestra alternativas. Un presente que posibilita la vida y la convivencia con el mar, sus ecosistemas y sus equilibrios. Su lucha —acompañada por AIDA, ONG FIMA, Greenpeace y tantas otras organizaciones— ha dado frutos. Ha logrado visibilizar los impactos de la salmonicultura en Chile y la necesidad de abandonar la dependencia de ella.   Pero los retos son aún gigantes. La salmonicultura aún devasta los mares dentro y fuera de áreas protegidas, en las zonas más remotas de la Patagonia, tomándose los espacios que alguna vez compartieron todos los pueblos y seres vivos que habitaron el territorio. Mientras, el pueblo Kawésqar sigue recorriendo su territorio —pensado y vivido en y desde el mar—, identificando y recomponiendo su historia, nadando en las aguas que les rodean. No pierden la esperanza de volver a su mar para seguir existiendo dentro de él.    *Liliana Ávila es coordinadora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA; Cristina Lux es abogada del Programa de Clima.  

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Reserva Nacional Kawésqar, Magallanes, Chile

5 años de la Reserva Nacional Kawésqar: los temas que siguen pendientes para su protección

Comunidades locales denuncian que la zona se encuentra altamente exigida por la salmonicultura, que no está cumpliendo con la normativa ambiental. El 30 de enero del año 2019, se publicó en el Diario Oficial el decreto que dio origen a la Reserva Nacional Kawésqar, en Magallanes, que se extiende por 2 mil 842 hectáreas entre fiordos y penínsulas patagónicas. Con esta calificación se buscaba garantizar la protección de esta zona, su territorio y biodiversidad, así como establecer que es deber del Estado procurar su conservación. Este 2024 se cumplen 5 años de este hito, lo que lleva a la pregunta: ¿se está logrando el objetivo? Los reclamos de la comunidadCon la calificación de Reserva Nacional, esta zona fue separada del Parque Nacional Kawéskar, que ofrece una protección más amplia. A juicio de las comunidades locales, esta división administrativa determina de forma antojadiza qué priorizar y separa la tierra del mar, como si fueran elementos independientes, lo que hace "que las divisiones y confusiones crezcan a todo nivel", dice Eric Huaiquil Caro, miembro de las Comunidades Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar. También, acusa que los "acuerdos que se tomaron en la consulta indígena no han tenido respuesta".  Por último, Caro pide que la conservación de esta reserva se haga "sin salmoneras y esperamos que eso quede fijado en el Plan de Manejo que será sometido a consulta en el mes de marzo de 2024". Una zona sobreexigidaDentro de la Reserva Nacional Kawésqar están los bosques de alga parda más ricos del país, cuyo ecosistema se considera clave en el combate del cambio climático, ya que pueden absorber altos niveles de dióxido de carbono y regenerar sistemas marinos. A pesar de que el Estado debe garantizar su protección, la zona está experimentando una gran presión por parte de la industria de la salmonicultura. A modo de ejemplo, existen 133 concesiones aprobadas en toda la Región de Magallanes y 85 en trámite, de las cuales 68 aprobadas y 57 en trámite están en la Reserva Nacional Kawésqar, "lo que nos parece insólito porque está comprobado que la industria salmonera no es sustentable ni compatible con el cuidado ecosistémico de la reserva. Esto es fundamental en la creación del Plan de Manejo de la Reserva, que actualmente se está diseñando y que debe establecer la incompatibilidad de la industria con el mandato de protección de la zona, tal como está documentado en el informe que hemos realizado junto a las comunidades", afirma Cristina Lux, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)."El 43% de las concesiones aprobadas al interior de la Reserva Nacional Kawésqar ha presentado condiciones de anaerobia dentro del marco de sus operaciones, de acuerdo con información obtenida de los Informes Ambientales para la Acuicultura. Esto quiere decir que sufren o han sufrido pérdida total o parcial de oxígeno, lo que afecta las condiciones de vida de toda la biodiversidad de la zona”, agrega Estefanía González, subdirectora de Campañas de Greenpeace Chile.De ahí que el impacto, dice Sofía Barrera , abogada de ONG FIMA, es “enorme y altamente destructivo”.“Para empezar, estos centros de cultivo se concentran en apenas siete sectores (Península Staines, Seno Taraba, Estrecho Poca Esperanza y Canal Vlados, Seno Glacier, Seno Skyring, Isla Desolación y Golfo Xaltegua), lo que también concentra los efectos sinérgicos. Algunos de estos son el impacto de las rutas de las embarcaciones, la matanza de lobos marinos para evitar que ataquen las jaulas de salmones, la sobreproducción de salmones, la presencia de basura fuera de los polígonos de concesiones y la detección del virus ISA en los centros de cultivo, que termina por enfermar al resto del ecosistema marino, algo que ha sido reconocido por los Tribunales Ambientales", agrega Barrera. "Además, la dispersión de materia orgánica desde los centros de cultivo provoca eutrofización, eventos de floración de algas nocivas (FAN), generando alteraciones significativas en la calidad del agua y afectando la vida marina", aporta González.A juicio de las representantes de estas tres organizaciones, a pesar de las prohibiciones legales y de las exigencias ambientales, que muchos de estos proyectos se hayan ingresado y aprobado mediante declaraciones de impacto ambiental, plantea cuestionamientos legales y políticos. "¿Por qué la autoridad no está velando por el cuidado real de esta zona? ¿Qué intereses se están cuidando y cómo está influyendo la industria salmonera en nuestras autoridades?", plantea Barrera.Lamentablemente, añade González, cuando se han pedido explicaciones, "no hemos recibido respuestas ni certezas. Por ello es urgente avanzar hacia un plan de manejo que resguarde realmente este ecosistema y no permita más centros que pongan en riesgo a la biodiversidad". Contacto de prensaVíctor Quintanilla (AIDA), [email protected], +521 5570522107 

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Nuestra visión para un futuro justo

América Latina es clave para la protección de la biodiversidad y la lucha contra la crisis climática a nivel mundial. Sus bosques, humedales y ecosistemas marinos están entre los sumideros de carbono más importantes del planeta, un servicio debilitado por actividades como la explotación y uso de combustibles fósiles. En AIDA vislumbramos una región donde el ambiente y las comunidades, especialmente las que están en situación de alta vulnerabilidad, cuenten con protecciones duraderas. Para lograrlo, seleccionamos casos que sientan precedentes y que resultan en herramientas y estrategias nuevas, posibles de replicar y que sumen a la protección del ambiente sano en la región. Tras celebrar 25 años de trabajo en favor del derecho a un ambiente sano en la región, AIDA está lista para encarar un nuevo cuarto de siglo como una organización robusta y multidisciplinaria. En los próximos años, continuaremos y fortaleceremos con nuestra búsqueda de justicia ambiental y climática mediante dos iniciativas interconectadas, cada una con ejes de trabajo definidos:   1. Promoción de una transición energética justa Una transición energética justa implica transformar las relaciones de poder entre quienes más contaminan y el resto del mundo, evitar la profundización de conflictos socioambientales y proteger los derechos de las comunidades y personas involucradas en procesos de generación de energía. Al ser un asunto que no puede ser abordado solo a nivel país, AIDA aportará su visión regional para incrementar el alcance de decisiones locales y nacionales, potenciar estrategias legales y fortalecer una propuesta de transición para el continente. Nos enfocaremos en: Evitar la dependencia del petróleo y el gas. Detener la extracción y el uso del carbón. Promover energías renovables y sostenibles. Abogar por un financiamiento y gobernanza climáticos basado en derechos humanos.   2. Protección de sistemas que sostienen la vida Los servicios ecosistémicos que sostienen la vida en América Latina y en el mundo —entre ellos la captura y almacenamiento natural de carbono para mitigar la crisis climática, la provisión de alimentos, aire y agua limpios— están en riesgo por la falta de acciones ambiciosas y efectivas. Para garantizar la subsistencia de los sistemas de vida en el continente, tanto en comunidades rurales como en grandes ciudades, AIDA centrará sus esfuerzos en: Proteger el océano, desde las costas hasta alta mar. Preservar las fuentes de aguas dulce y los territorios tradicionales Defender la cultura y los medios de vida tradicionales. Mejorar la calidad del aire.   En los años que vienen, desde nuestro rol regional, seguiremos aportando a soluciones centradas en las personas y en la naturaleza para enfrentar efectivamente y desde los esfuerzos colaborativos los desafíos ambientales y sociales en el continente.  

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Selva amazónica

La triple crisis planetaria: Qué es y qué soluciones existen

Quizás has escuchado que la humanidad enfrenta “una triple crisis planetaria”. En palabras del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, esta crisis “amenaza el bienestar y la supervivencia de millones de personas en todo el mundo”. Pero, ¿a qué se refiere? La triple crisis planetaria se refiere a tres problemas interrelacionados: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Cada uno de estos problemas es una crisis en sí misma con sus propias causas y efectos, pero las tres convergen y se retroalimentan. Las tres afectan los derechos humanos y, de forma más intensa, para personas en condición de vulnerabilidad.   La crisis climática Naciones Unidas considera la alteración del clima como el problema más urgente de la humanidad y la mayor amenaza a los derechos humanos. El cambio climático, es decir, los cambios a largo plazo en las temperaturas y patrones climáticos del planeta, puede alterar por completo los ecosistemas. Aunque existe un cambio climático que ocurre por el comportamiento natural del planeta, el que estamos enfrentando es causado por las actividades humanas: desde la Revolución Industrial se ha visto un cambio acelerado en el comportamiento promedio del planeta. Una de las causas principales es la explotación y uso de combustibles fósiles. Por ello, la crisis climática se refiere a las consecuencias del cambio climático producido por actividades humanas, que son, entre otras: el aumento de la intensidad y gravedad de eventos naturales como sequías, incendios, tormentas, el aumento del nivel del mar, el derretimiento de los polos, cambios en los ciclos hidrológicos y climáticos que afectan la biodiversidad que depende de ellos, e impactos al disfrute de los derechos humanos.   La crisis por contaminación y residuos El sistema económico dominante, dependiente del consumo, implica la generación de altos niveles de contaminación y desechos que tienen un gran impacto en la salud humana y en la de los ecosistemas. En particular, la contaminación del aire es la principal causa de enfermedades y muertes prematuras a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud calcula que cada año 7 millones de personas mueren prematuramente a causa de la mala calidad del aire. La degradación del aire es causada por las emisiones de fábricas, del transporte y de incendios forestales. También respiran aire contaminado en sus hogares quienes carecen de acceso a tecnologías menos dañinas para cocinar o mantener el calor. La contaminación del aire está relacionada con el cambio climático, pues muchas de las emisiones también calientan el planeta. La contaminación por plásticos y microplásticos es otra preocupación mundial pues afecta a la biodiversidad, tarda siglos en descomponerse y es un derivado del petróleo, un combustible fósil. Cada vez más estudios encuentran que los plásticos están afectando la salud de las personas y de otros seres vivos. No podemos dejar de lado la contaminación provocada por las actividades extractivas que, además de generar emisiones de gases efecto invernadero y dejar a su paso químicos tóxicos para la salud, degradan fuentes de agua dulce y grandes extensiones de territorio.   La crisis por pérdida de biodiversidad La pérdida de biodiversidad se refiere a la disminución y a la desaparición de la diversidad biológica: flora, fauna y ecosistemas. Esta crisis tiene a las dos anteriores como causa, a lo que se suma la explotación excesiva de los recursos y el cambio de uso de tierras —que se traducen en sobrepesca, venta y caza ilegal, así como deforestación— y la introducción de especies no nativas e invasoras. Esta pérdida implica también el declive de muchas especies de las que dependemos. Sus impactos se extienden hasta la afectación del suministro de alimentos y del acceso al agua. Un ejemplo es la Amazonía, el mayor bosque tropical del mundo y un estabilizador climático global. Alberga 10% de la biodiversidad conocida del planeta y es el lugar ancestral de vida de más de 470 pueblos indígenas y tradicionales. Pero está en peligro por diversas amenazas como la colonización, la deforestación y las actividades extractivas. Tal es así que el punto de no retorno de la Amazonía, en el que los niveles de deforestación anulen su capacidad de regeneración, ya no es un escenario futuro.   Acciones ante la triple crisis planetaria La triple crisis planetaria es un problema multifactorial, con diversos actores y cuyo abordaje correcto necesita propuestas y soluciones desde todas las especialidades. Aunque las acciones locales y los cambios individuales en nuestro estilo de vida ayudan, muchos de los cambios necesarios requieren decisiones a escala global y cambios profundos de los sistemas de producción, económicos, políticos y sociales. De acuerdo a Naciones Unidas, algunas de las acciones que ayudarían a enfrentar la triple crisis planetaria y que requieren participación global son: Limitar el aumento de la temperatura mundial a 1.5 grados: esto significa que las emisiones mundiales deberían reducirse un 45 % para 2030 con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Acelerar la expansión de energías renovables limpias: para lograr el punto anterior, se requiere una reducción drástica del uso de combustibles fósiles para dar paso a sistemas energéticos basados en fuentes renovables, sostenibles en el tiempo y respetuosos del ambiente y de las personas. Además de combatir el cambio climático, esto reduciría la contaminación del aire. Invertir en adaptación y resiliencia: esto significa considerar a quienes ya sufren los impactos de la crisis climática en las soluciones, con énfasis en las naciones, personas y comunidades en situación de vulnerabilidad y que menos responsabilidad tienen en estas crisis. Conservar y proteger el 30% del planeta: esto aplica particularmente a las áreas de importancia para la biodiversidad, incluyendo el océano. Implica también acciones para mitigar el cambio climático. Mejorar el sistema alimentario: esto incluye cambios en la forma de riego y el manejo de suelo, así como la producción de alimentos más saludables y la reducción del desperdicio de alimentos. No dejar a nadie atrás: las medidas descritas deben llevarse a cabo de manera simultánea y con un enfoque de protección de los derechos humanos pues representan una oportunidad para reducir las desigualdades que son causa y consecuencia de las crisis.   Avances ante la triple crisis planetaria Estas crisis amenazan no solo nuestras fuentes básicas de sustento, sino incluso nuestra salud mental. Y, aunque hay mucho por hacer, se han logrado avances que muestran la necesaria cooperación mundial. Estos son algunos de los más recientes: El Tratado de Alta Mar, concebido para proteger dos terceras partes del océano, fue adoptado en junio de 2023, y debe ser ratificado por 60 países para entrar en vigor. Naciones Unidas reconoció el derecho a un ambiente sano, limpio y saludable como derecho universal. 175 naciones acordaron crear un instrumento global para abordar la contaminación por plásticos.   Nuestras decisiones de consumo individuales y el activismo ayudan a no ser indiferentes y aportan a nuestra comunidad directamente. Pero también es importante exigir, como ciudadanas y ciudadanos, que nuestros representantes en instancias de toma de decisiones garanticen mayor participación y compromiso en la adopción de acciones clave.    

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Parque Nacional Yasuní, Amazonía, Ecuador.

10 buenas noticias ambientales desde América Latina en 2023

Está por terminar un año turbulento para el mundo en muchos sentidos y en el que la crisis climática todavía es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos como humanidad. Sin embargo, siempre vale la pena evaluar y reconocer los avances en la búsqueda de justicia ambiental y climática en la región. Así, al cerrar el 2023, celebramos tratados, decisiones e hitos que nos ayudan a mantener la esperanza para continuar defendiendo al planeta y a sus habitantes.   1. El mundo tiene un tratado para preservar la vida en alta mar Tras dos largas semanas de negociaciones, y décadas de trabajo previas, los Estados miembros de Naciones Unidas acordaron un tratado de alta mar, orientado a proteger más de la mitad del planeta y dos terceras partes del océano. El nuevo tratado proporcionará una ruta para establecer áreas protegidas en alta mar, así como para evaluar y gestionar las actividades humanas que puedan afectar la vida en esta vasta zona. También ayudará a lograr el objetivo mundial de proteger el 30% del océano para 2030. Casi 80 países lo han firmado y está en proceso de ratificación para entrar en vigor. 2. El pueblo ecuatoriano decide proteger la Amazonía Ecuador celebró una consulta popular en la que la ciudadanía debía decidir si estaba o no de acuerdo en detener la explotación petrolera en una parte del Parque Nacional Yasuní, una de las zonas más biodiversas del planeta. Y la gran noticia es que cerca del 60% de la población decidió proteger esta región de la Amazonía y dejar una parte del petróleo bajo tierra. Al reconocer el valor de un ecosistema clave para la estabilización del clima global, este resultado rebasa los alcances nacionales y es una muestra esperanzadora de ambición climática que puede impulsar la necesaria transición energética justa a nivel mundial. 3. La ONU reconoce el activismo por el derecho a un ambiente sano Naciones Unidas otorgó el Premio de Derechos Humanos 2023 a la Coalición Mundial de la Sociedad Civil, Pueblos Indígenas, Movimientos Sociales y Comunidades Locales por el Reconocimiento Universal del Derecho Humano a un Ambiente Limpio, Sano y Sostenible. Es un premio que se entrega cada cinco años y es la primera vez desde su creación que es otorgado a una coalición mundial, galardonando el rol esencial de la coalición en el reconocimiento del derecho a un ambiente sano por parte de la Asamblea General de la ONU en 2022, décadas de esfuerzos de la sociedad civil y los espacios de participación pública. 4. Crece el respaldo para la moratoria a la minería submarina Se trata de un llamado para que la Autoridad Internacional de Fondos Marinos haga una pausa en las negociaciones para regular la explotación submarina de yacimientos minerales mientras se obtiene la información necesaria para entender los impactos de esta actividad extractiva en el océano, las especies y las personas. La adhesión más reciente fue la de México en noviembre, la cual fortaleció el pedido que ya han hecho países de la región como Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá y República Dominicana en favor de una moratoria a la minería submarina. Puedes unirte y conocer más siguiendo el hashtag #DefendTheDeep 5. Se gesta un Tratado de No Proliferación de Fósiles Colombia, uno de los principales productores de carbón, fue el primer país latinoamericano en unirse al llamado por un Tratado de No Proliferación de Fósiles, iniciativa mundial que busca complementar el Acuerdo de París y al que se han unido ciudades, representantes gubernamentales electos y organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. El objetivo de la propuesta, liderada por países insulares del Pacífico, es crear un plan de seguimiento para detener la expansión del uso de combustibles fósiles e iniciar una transición justa. Puedes conocer los detalles, visitando el sitio de Fossil Fuel Treaty. 6. Señales de esperanza para una “zona de sacrificio” en Chile Aunque todavía queda mucho por hacer, sucesos recientes dan luces de esperanza de que las cosas podrían mejorar en la bahía de Quintero y Puchuncaví, cuya población ha sufrido décadas de contaminación proveniente de un conjunto de empresas. En mayo y tras 58 años de operación, los hornos y la caldera de la Fundición Ventanas se apagaron definitivamente.  Asimismo, la multinacional dueña de la termoeléctrica Ventanas II, ubicada también en la bahía, anunció su cierre definitivo para fines de este año. Además, la Corte Suprema emitió tres sentencias que hacen referencia al incumplimiento de una sentencia de 2019 —la cual ordena al Estado adoptar 15 medidas para identificar las fuentes de contaminación y reparar la situación ambiental de la zona— y que otorgan herramientas para hacerla cumplir. Conoce más del caso en Chao Carbón. 7. Gobierno colombiano debe tomar acciones climáticas concretas En el plazo de un año, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia debe adoptar medidas concretas de adaptación y mitigación a la crisis climática. Esa fue la orden del Consejo de Estado, un alto tribunal, como resultado de un litigio en el que se demostró que la entidad incumplió obligaciones climáticas contenidas en la legislación nacional. Colombia, al ser el mayor exportador de carbón térmico de América Latina, tiene la obligación de incorporar en sus compromisos climáticos la dimensión real de los impactos de la extracción, transporte y quema de carbón. Este caso puede convertirse en un precedente de litigio climático estratégico y exitoso a nivel regional y mundial. 8. Cajamarca, en Colombia, sigue siendo un ejemplo de democracia ambiental Las consultas populares se respetan. Un tribunal colombiano lo dejó claro al reafirmar la legalidad de la consulta popular en la que el pueblo de Cajamarca rechazó el proyecto de megaminería de oro La Colosa, de la multinacional Anglogold Ashanti. El fallo representa un triunfo para la democracia participativa y para la defensa de los territorios campesinos frente al extractivismo, generando un precedente importante para respetar otras consultas populares a lo largo del país y servir de ejemplo al resto de la región. 9. Nace una alianza regional para proteger los humedales andinos Organizaciones socioambientales diversas se unieron para conformar la Alianza por los Humedales Andinos, cuyo objetivo principal es promover la protección y conservación de estos ecosistemas —así como del agua, la biodiversidad, los territorios y los modos de vida de comunidades indígenas y campesinas que dependen de ellos— en América Latina, con énfasis en Argentina, Bolivia y Chile. Los humedales andinos —entre ellos salares, lagos y lagunas— son reconocidos mundialmente como ecosistemas de alta significancia ambiental y social, pero también muy frágiles y amenazados por la crisis climática y por actividades extractivas como la minería de litio, cobre y de otros minerales considerados “críticos” para la transición a nuevas formas de generar energía. 10. AIDA celebra 25 años de trabajo en favor del ambiente sano Este año, celebramos nuestro 25 aniversario, un cuarto de siglo dedicado a la defensa del derecho a un ambiente sano en América Latina. Nuestro viaje e impacto han sido posibles gracias a una gran comunidad de personas aliadas con quienes hemos colaborado y con quienes compartimos este año de festejos. Este hito en nuestra historia nos permitió reflexionar en torno a los logros alcanzados, reflejados en nuestro Informe Anual 2023, y definir una visión de futuro para los próximos años que tiene como eje transversal la búsqueda de justicia climática y ambiental en la región. ¡Gracias por ser parte de estos 25 años y de las décadas que están por venir!  

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Arrecifes de coral, Océanos

Autoridad ambiental mexicana vulnera obligaciones internacionales con nuevo permiso para ampliación portuaria que amenaza al Sistema Arrecifal Veracruzano

En un escrito legal, AIDA y Earthjustice evidenciaron cómo la Secretaría de Medio Ambiente no reevaluó adecuadamente el impacto ambiental del proyecto en los arrecifes, declarados Patrimonio de la Humanidad, de acuerdo con los términos dispuestos por la Suprema Corte.   Ciudad de México, México. Las organizaciones internacionales AIDA (Asociación Interamerican para la Defensa del Ambiente) y Earthjustice presentaron hoy un escrito legal ante el Juzgado Quinto de Distrito de Veracruz con el fin de garantizar la protección del Sistema Arrecifal Veracruzano frente al proyecto de ampliación del puerto de Veracruz. Al autorizar nuevamente el proyecto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no solo incumplió un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que también desconoció obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de protección del ambiente y los derechos humanos, incluido el derecho humano a un medio ambiente sano, garantizado en la Constitución mexicana. Así lo evidenciaron ambas organizaciones en el escrito legal (Amicus Curiae o "Amigo del Tribunal"). En él solicitan que el juzgado —que está a cargo de determinar si la sentencia de la SCJN se cumplió o no— establezca el desacato y obligue a la Semarnat a examinar de nuevo el proyecto con base en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental requerido por el alto tribunal. "Las autoridades deben cumplir con la orden de la Suprema Corte y proteger este tesoro natural de México.  El derecho humano a un medio ambiente sano no puede ser ignorado", dijo Guillermo Zúñiga, originario de Veracruz y abogado de Earthjustice. "El arrecife no sólo alberga la mayor biodiversidad de especies en la región central del Golfo de México, sino que también ayuda a mitigar el impacto de marejadas y huracanes. Las personas que crecimos aquí y las que ahora tienen aquí su hogar conocemos el valor de este santuario donde la tierra y el mar armonizan en unidad". El 9 de febrero de 2022, residentes de Veracruz lograron una victoria ante la Suprema Corte en una acción de amparo interpuesta para defender el Sistema Arrecifal Veracruzano —el arrecife más grande del Golfo de México— y sus servicios ambientales frente al proyecto de ampliación del puerto de Veracruz. La Suprema Corte ordenó la revocación de los permisos para las obras al determinar que la Semarnat, al avalar el proyecto, violó el derecho al medio ambiente sano de las y los veracruzanos. Pese a la importancia ecológica, cultural y económica del Sistema Arrecifal Veracruzano, la autoridad ambiental había autorizado la ampliación portuaria de forma fragmentada, dividendo el proyecto en 15 fragmentos y diluyendo su verdadero impacto. Además, excluyó por completo de su análisis un arrecife no emergente ("La Loma") ubicado en el área del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. En su fallo, la Suprema Corte ordenó a la autoridad ambiental reevaluar el proyecto de manera integral, holística y completa. Además, dispuso que la nueva evaluación se hiciera conforme los elementos que componen el derecho a un ambiente sano, así como los principios de prevención y precaución, consagrados en el derecho internacional. Y pidió también solicitar el apoyo del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas y del Comité Internacional de Humedales de la Convención Ramsar para diseñar un esquema de protección para el Sistema Arrecifal Veracruzano. "En este momento, el juzgado tiene la oportunidad de confirmar el efecto transformador del fallo de la Suprema Corte y sentar un precedente valioso para la protección real, no solo en papel, de los arrecifes veracruzanos y del derecho universal a un ambiente sano", señaló Sandra Moguel, abogada del Programa de Ecosistemas de AIDA. "Incluir a las autoridades internacionales de la Convención Ramsar implicaría fortalecer con conocimiento técnico y transparencia la evaluación de impacto ambiental del proyecto". Como se demuestra en el escrito, al otorgar un segundo permiso al proyecto —el 30 de diciembre de 2022— la Semarnat incumplió la sentencia de la Corte y las obligaciones del Estado mexicano porque: No requirió un nuevo estudio de impacto ambiental —obligatorio para proyectos de esta envergadura según el derecho internacional y la legislación nacional— para analizar los impactos acumulativos de todos los segmentos del proyecto original. Al contrario, la autoridad ambiental basó su evaluación en las manifestaciones originales deficientes. Aun así, dejó fuera de su análisis tres de los segmentos originales. No sometió su nueva evaluación a una consulta pública ni publicó información nueva sobre los impactos del proyecto antes de autorizarlo otra vez. De esta manera, desconoció los derechos de las personas de Veracruz a la participación pública y al acceso a información en la toma de decisiones en asuntos ambientales. Todavía no ha solicitado el apoyo del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas ni del Comité Internacional de Humedales. La participación de dicho comité es de particular importancia debido a su experiencia y conocimiento técnico en la protección de áreas protegidas y humedales.   El Sistema Arrecifal Veracruzano es Área Natural Protegida designada por legislación nacional, humedal de importancia internacional bajo la Convención Ramsar y Patrimonio de la Humanidad bajo la UNESCO.   AIDA es una organización internacional sin fines de lucro que lleva 25 años protegiendo el derecho humano a un ambiente sano en el continente americano. Earthjustice es la principal organización de derecho ambiental de interés público sin fines de lucro de Estados Unidos de América.  Su objetivo social como persona jurídica se enfoca en utilizar el poder de la ley y la fuerza de la asociación para proteger la salud de las personas, preservar sitios magníficos y la vida silvestre, promover la energía limpia y combatir el cambio climático.   Contactos de prensa Sandra Moguel, AIDA, [email protected], (español e inglés) Guillermo Zúñiga, Earthjustice, [email protected] (español) Kathryn McGrath, Earthjustice, [email protected] (inglés)  

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Reserva Nacional Kawésqar, Chile

Chile: Nuevo rechazo a salmoneras en Magallanes

Por sexta vez, el tribunal ambiental invalidó el permiso ambiental de un centro de cultivo en la Reserva Nacional Kawésqar. La sentencia se dio en contra del Centro de Salmones Colo Colo, propiedad de la empresa Acuícola Cordillera. Este rechazo se suma a otros cinco que responden a denuncias de las comunidades locales por el incumplimiento del propósito de protección del área protegida.   El Tercer Tribunal Ambiental, con sede en Valdivia, resolvió a favor de la invalidación presentada por Comunidad Indígena Aswal Lajep, Comunidad Indígena Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, Comunidad Indígena Atap, Comunidad Indígena Residente Río Primero, Greenpeace y personas naturales para anular la Resolución Ambiental que autorizó a la empresa Acuícola Cordillera instalarse en la Reserva Nacional Kawésqar. En su fallo, los ministros indicaron que este proyecto, al haberse presentado de forma paralela a otros dos centros (Pérez de Arce y Leucotón), los cuales se encuentran muy cercanos, produciría impactos al medio ambiente de forma simultánea, por lo que no puede ejecutarse si no se evalúan sus efectos de forma conjunta. Además, los proyectos comparten rutas de navegación desde Punta Arenas hasta el último tramo al interior del Golfo Xaultegua, afectando de forma incremental el ambiente. Por otra parte, un punto importante de la sentencia se refiere a que el titular declaró que su proyecto no afectaría el fondo marino, sin embargo utilizó un valor límite para evaluar la dispersión de contaminantes, que era aproximadamente 10 veces superior al establecido por el conocimiento científico. Para la representante de la comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, Leticia Caro, este fallo es muy importante ya que "aún cuando la escalada política empresarial de amedrentamiento contra la defensa de nuestro territorio y contra quienes nos colaboran amorosamente ha ido creciendo, el trabajo constante y con convicción siempre da frutos generosos; solo aplicando y reclamando lo que creemos justo, siendo así que entendemos que estos son proyectos fraccionados que nunca debieron evaluarse por sí solos, tomando en cuenta los impactos sinérgicos que estos provocan en su conjunto en nuestro territorio ancestral". Cabe señalar que la autorización ambiental fue otorgada mediante Declaración de Impacto Ambiental (DIA), no Estudio de Impacto Ambiental (EIA), por lo que en su evaluación no se realizó participación ciudadana. Además, desde esa instancia, ya contaba con múltiples observaciones por parte de los organismos encargados de su evaluación, algunas de ellas relacionadas con las causales que determinaron la anulación del permiso ambiental. "Junto a las comunidades Kawésqar, habitantes de la región y organizaciones como Greenpeace y la Asociación Interamerican para la Defensa del Ambiente (AIDA), estamos trabajando por la real protección de esta área tan importante para la preservación ecológica, pero también para la cosmovisión ancestral de las comunidades", indica Macarena Martinic, Coordinadora de Acceso a la Justicia en ONG FIMA. "Es importante señalar que con este sexto rechazo se hace cada vez más evidente la incompatibilidad de esta industria con los objetos de protección de la Reserva Nacional Kawésqar". Por su parte, desde Greenpeace, su vocera Silvana Espinosa, agrega: "Valoramos que por sexta vez el Tribunal Ambiental establece que proyectos simultáneos y cercanos producen un impacto acumulado y sinérgico que afecta al medio ambiente como un todo. Esta situación se vuelve imperante de resolver bajo el escenario de crisis climática que vivimos, donde es inaceptable sumarle más cargas a los ecosistemas de los cuales depende también nuestra propia existencia. Es por ello que esperamos que no se otorgue ningún nuevo permiso ambiental a la industria de la salmonicultura que ya ha demostrado en varias ocasiones la destrucción que genera en el medio marino y en la biodiversidad de nuestros fiordos y canales patagónicos". Contacto de prensa Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107  

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