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Combatiendo a los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC)
Los encuentras cada día: el hollín del escape de los automóviles y la leña (carbono negro), los gases que hacen que los refrigeradores y aires acondicionados enfríen (hidrofluorocarbonos), el gas natural que hace funcionar tu cocina (metano) y el ozono del nivel del suelo formado por luz solar y emisiones de combustibles fósiles. Los contaminantes climáticos de vida corta están a nuestro alrededor. Su control tiene un gran potencial en la lucha contra el cambio climático.
Los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) son llamados así porque permanecen en la atmósfera un tiempo relativamente corto, desde unos pocos días hasta unas cuantas décadas. En contraste, el dióxido de carbono (CO2) puede permanecer siglos. Sin embargo, los CCVC contribuyen de manera importante al cambio climático, degradan la calidad del aire y tienen impactos graves en la seguridad alimentaria y la salud de las poblaciones más vulnerables del mundo.
De acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, los CCVC son responsables de más del 30 por ciento del calentamiento global (estudios más recientes estiman que su contribución puede llegar al 45 por ciento).
El control efectivo de los CCVC podría generar un avance significativo en la lucha a corto plazo contra el cambio climático, ganando tiempo para implementar soluciones de largo plazo. Implicaría además mejor calidad del aire, reducción de muertes prematuras por enfermedades cardíacas y respiratorias, y la mejora del rendimiento de los cultivos.
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Una acción climática para descarbonizar la energía y la economía
Texto publicado originalmente en La Silla Vacía Frente al incumplimiento de sus compromisos climáticos respecto al sector carbón, Colombia tiene hoy la oportunidad de ser un ejemplo para la región en materia de transición energética justa. Para ello, debe establecer políticas de corto, mediano y largo plazo encaminadas a la identificación, prevención y gestión de impactos climáticos generados por la cadena de este sector; así como a la salida responsable y al cierre progresivo de la minería de carbón con un enfoque de derechos humanos. La extracción, el transporte, la quema y la exportación de carbón para generar energía son una causa importante de la crisis climática y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Siendo el quinto exportador mundial de carbón, el país no es ajeno a esta situación. Tras ser exportado, el carbón colombiano es empleado como fuente fósil de energía en otros rincones del mundo, pero esas emisiones no son tenidas en cuenta en ninguno de los inventarios o informes nacionales en materia de cambio climático. Esto evidencia la responsabilidad del Estado en el agravamiento de la crisis climática pues los impactos de la quema de carbón en cualquier parte del mundo son globales. Un primer paso es reconocer los impactos generados por toda la cadena del carbón, que en este caso han sido subestimados. Los compromisos climáticos del país en materia de mitigación y de adaptación no incluyen los impactos de la cadena del sector carbón. De manera paralela, en los últimos cinco años, Colombia propuso un modelo de expansión de la cadena de explotación del mineral sin considerar las consecuencias en el clima, las personas y los ecosistemas. Aunque actualmente se está discutiendo el rol del carbón, este modelo dejó instaurada una política de ampliación de este sector económico que podría agravar los problemas generados. Si bien el carbón es el mineral que más aporta a la economía nacional, los niveles de pobreza de los departamentos donde se realiza el 90% de la extracción mediante minería a gran escala —La Guajira y Cesar— superan el promedio nacional. Están entre los departamentos con mayor tasa de pobreza y muertes infantiles por desnutrición, siendo comunidades afrocampesinas e indígenas, principalmente del pueblo Wayúu, las más afectadas. Gran parte de la extracción ocurre en El Cerrejón, la mayor mina de carbón a cielo abierto de América Latina. Su operación y crecimiento desde hace casi 40 años han traído la destrucción de ríos, arroyos y ecosistemas endémicos como el bosque seco tropical; contaminación del aire con graves consecuencias para la salud; así como violaciones continuas a los derechos de poblaciones y pueblos en La Guajira. El panorama descrito exige mejorar los controles de los procesos de la cadena del carbón, así como planificar e implementar una estrategia razonable y progresiva que incorpore estándares internacionales para dejar el carbón bajo tierra y cumplir los compromisos climáticos del país. El momento no puede ser más oportuno. Existe un debate nacional acerca de la transición energética, de cómo hacerla justa y de cuál será el rol del carbón y de los combustibles fósiles. La respuesta de la ciencia es clara. En su más reciente informe, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) reiteró que el 80% de las reservas de carbón deben quedarse bajo tierra y que en 2050 el uso de carbón para la generación eléctrica debe reducirse en su totalidad para evitar una elevación catastrófica de la temperatura promedio del planeta. Ante la necesidad de favorecer las condiciones para generar una descarbonización progresiva de la economía y del sistema energético nacional, una coalición de organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento y universidades presentó el 4 de mayo una acción de cumplimiento dirigida a que el Estado —concretamente el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales— incorpore los impactos generados por toda la cadena productiva del carbón en la política pública y medidas concretas orientadas a la mitigación y adaptación a la crisis climática. Las entidades en cuestión deben adoptar las medidas necesarias para reducir las vulnerabilidades sociales y climáticas dentro de sus estrategias de mitigación y adaptación. La acción judicial evidencia la relación del sector carbón con la crisis climática, el rol y la responsabilidad de Colombia como gran exportador de carbón; que la política climática nacional no incluye los impactos generados por dicho sector, sino únicamente los que el cambio climático podría generar en la operatividad normal de la cadena del carbón; y que los instrumentos de control y gestión ambiental del sector carbón no incorporan consideraciones climáticas. El papel del país en la extracción y uso de carbón, así como en sus afectaciones sociales y ambientales a nivel nacional y mundial, está claro. 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Los dilemas de una transición energética justa
La humanidad tiene una tarea urgente por delante: transformar los sistemas energéticos para generar energía sin seguir atiborrando la atmósfera de gases y contaminantes que la calientan. Es un hecho comprobado por la ciencia. De no hacerlo, nuestro planeta ya no será un albergue seguro para la humanidad ni para muchas otras especies. El problema es que la necesaria transición está muy lejos de ser simple. Además de lo difícil que resulta cortar la dependencia en los combustibles fósiles que nos han dominado por siglos, resulta que no cualquier transición sirve. No se trata solo de dejar de quemar dichos combustibles, sino que debemos considerar muchos otros factores, incluso más allá de lo energético, para salir de un modelo de desarrollo que por siglos ha estado separando a la humanidad entre ganadores y perdedores, vulnerando además los derechos humanos. ¿Qué es entonces la transición JUSTA? No existe actualmente un concepto único sobre lo que significa que la transición energética sea justa. En AIDA consideramos que, para ser justa, la transición debe ser equitativa e inclusiva y reconocer que los impactos del cambio climático y de la necesaria transición no se distribuyen de manera uniforme. Así, ciertos grupos —como quienes trabajan en los sectores energéticos tradicionales y/o las comunidades marginadas— pueden verse afectados desproporcionadamente. Para vislumbrar el problema, vale la pena entender que la humanidad sufre hoy varias crisis —todas interconectadas— que afectan la vida y bienestar de las personas, sobre todo de quienes se encuentran en condiciones más vulnerables. La emergencia climática, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, las pandemias globales y las crisis democráticas son algunas de ellas. Y en el centro de todo está la desigualdad social, esa brecha cada vez mayor entre ricos y pobres que genera disparidades en todos los aspectos, incluyendo el acceso a la salud, a la educación y a las oportunidades económicas. Estas crisis están interconectadas y se refuerzan mutuamente. Las respuestas a una pueden contribuir a resolver otras, pero también pueden agravarlas. Por ejemplo, cuando la transición a fuentes de energía limpia no solo ayuda a combatir el cambio climático, sino que también reduce la contaminación del aire y mejora la salud pública, estamos resolviendo dos problemáticas en una. Un ejemplo en el sentido contrario ocurre cuando una transición rápida y sin control a la movilidad eléctrica resulta en la extracción agresiva de minerales raros como el litio, que proviene de ecosistemas frágiles de los que dependen comunidades locales. Entonces, ¿por dónde empezamos? Para asegurar una transición justa debemos guiarnos por los principios de justicia, equidad e inclusión, así como garantizar que las poblaciones en condiciones más vulnerables no se vean afectadas desproporcionadamente. Ya lo decía Naomi Klein en su libro Esto lo Cambia Todo: para abordar la crisis climática debemos entender que el cambio climático no es solo un problema ambiental, sino también de derechos humanos. La transición energética justa requiere no solo terminar con la quema de combustibles fósiles, sino también abordar la desigualdad económica, incluir la perspectiva de género, fortalecer las redes de seguridad social, proteger los derechos de los/as trabajadores/as, respetar los derechos de los pueblos indígenas, empoderar a las comunidades para que participen en las decisiones que afectan sus vidas, así como reparar a quienes han sido afectados por el actual modelo económico y energético. ¿Y qué rol puede jugar el litigio? El litigio ya se está moviendo al ritmo de los dilemas de la transición energética. Así, hemos visto un aumento en los juicios que parecieran ir en contra de la transición energética, tales como demandas que impugnan proyectos de generación de energía renovable o regulaciones en favor de la transición, o que obstaculizan la transición de cualquier otra forma. Pero, ¿se puede decir que siempre son litigios “regresivos”? Un juicio para impugnar el permiso ambiental de un emprendimiento de generación eólica podría estar bloqueando la transición, pero no es necesariamente regresivo. Si se trata, por ejemplo, de un megaproyecto, a cargo de una empresa transnacional que exportará toda la energía generada sin beneficiar a las comunidades locales, y si además pretende emplazarse en tierras indígenas sin participación local, entonces se trata de un proyecto orientado a una “transición injusta” que no nos sirve porque refuerza el mismo modelo, aquel nos tiene tan mal encaminados. A este tipo de casos se refiere el informe Litigio por la Transición Justa en América Latina, publicado en enero de 2023 por el Centro Sabin para el Derecho del Cambio Climático de la Universidad de Columbia, traducido al español por AIDA. El informe cuestiona el propósito del litigio por la transición justa, preguntándose si fomenta o por el contrario obstruye una transición energética y resiliente al clima. Al respecto, sus autores/as concluyen que los litigios de este tipo no pueden calificarse del todo como regresivos o no regresivos en relación con la transición. Como tal, consideran que el litigio por la transición justa debe verse y entenderse como una nueva categoría de litigio climático, con fundamentos propios y diversos. El tema permite reflexionar en torno a la complejidad de la tan anhelada transición. Ante este tipo de dilemas, en AIDA optamos generalmente por analizar cada caso, sin casarnos con una postura dogmática. Pero una constante y, en ese sentido, un valioso punto de partida es que todo lo que se lleve adelante en favor de la transición energética —sean proyectos, políticas o acciones— debe tener un enfoque fuerte y decisivo en el ambiente, los derechos humanos y de género. Sin eso no hay justicia; y sin justicia no hay remedio ni solución. Entonces creemos que el litigio sí tiene un rol, no solo en que la transición se lleve a cabo, sino también en que sea justa. La imperiosa necesidad de cambiar nuestros sistemas energéticos es también una oportunidad de construir un nuevo sistema que, a diferencia del que hoy reina, nos una y sea para todas las personas y seres vivos del planeta. Seguiremos entonces usando la herramienta del litigio para impugnar intentos de transición que busquen enfrascarnos en más de lo mismo.
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El arrecife veracruzano y la oportunidad de cambiar la realidad
Texto publicado originalmente en Animal Político. El arrecife veracruzano o Sistema Arrecifal Veracruzano —el más grande del Golfo de México— es protagonista de la historia y cultura del país. Este sitio de anidación de peces y larvas sirve de barrera protectora contra tormentas y huracanes, constituye la fuente de subsistencia de cerca de 15,000 personas dedicadas a la pesca y atrae al turismo de buceo y snorkel, entre otros servicios ambientales. Ello motivó a dos personas residentes de Veracruz, representadas por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, a presentar una demanda judicial para proteger su derecho humano al medio ambiente sano en 2016, argumentando que la evaluación de impacto ambiental fragmentada de la ampliación del puerto de Veracruz impedía conocer las afectaciones a los arrecifes coralinos del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV). Fue hasta febrero de 2022 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó por unanimidad, en su sentencia 54/2021, que los permisos ambientales para el proyecto son ilegales. El fallo obliga a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) evalúe de nuevo y exhaustivamente la totalidad de las obras que conlleva la ampliación portuaria, use la mejor información científica disponible e identifique los impactos de las obras en los ecosistemas de la zona. También ordena elaborar planes de restauración y requerir peritajes internacionales. En diciembre de 2022, en su oficio SRA/DGIRA/DG-06257-22, la SEMARNAT autorizó nuevamente la ampliación del puerto de Veracruz, haciendo caso omiso del criterio de la Suprema Corte; más grave aún, ignoró por completo las oportunidades de participación pública que dispone la propia legislación ambiental. En este sentido, parecería que la autoridad ambiental recopila las autorizaciones fragmentadas en una sola para “simular” un cumplimiento de la sentencia. En esta fase del proceso judicial, el Quinto Juzgado de Distrito del Séptimo Circuito –que está a cargo de determinar si la sentencia se cumplió o no– tiene la oportunidad de confirmar que la reciente autorización de impacto ambiental desacata los criterios establecidos por la Suprema Corte. El tribunal tiene en este momento la enorme responsabilidad de hacer que la sentencia 54/2021 transforme la realidad social y ambiental. De no ser así, permitiría que sea solamente una decisión judicial con estética argumentativa en papel. El fallo considera la posibilidad de requerir asistencia técnica internacional. En particular, el Secretariado de la Convención Ramsar —tratado intergubernamental para la protección de humedales de importancia internacional como el arrecife veracruzano— puede brindar apoyo especializado al gobierno mexicano para realizar esa evaluación de impacto ambiental, pero únicamente ante una solicitud específica de la propia autoridad ambiental. Esta petición gubernamental constituiría un buen gesto de la voluntad política para el cumplimiento de la sentencia en cita. En conclusión, el fallo histórico 54/2021 y su ejecución representan la gran oportunidad de México para generar un parteaguas en la evaluación de impacto ambiental y en la aplicación efectiva de la ley. En el marco del Día Mundial de los Océanos, la reflexión es que tanto las autoridades como la sociedad civil no nos conformemos con el consuelo de una sentencia protectora, sino que realmente actuemos en consecuencia para garantizar una protección real para los arrecifes coralinos de Veracruz.
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