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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam
La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.
La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.
Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.
En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.
La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos.
Antecedentes
Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.
Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.
El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.
Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.
Foto: Mayela Sánchez García.
La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.
Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.
Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.
Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas.
La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam
Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.
Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.
Foto: Mario Winter.
Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.
Voces por el río Motagua: Nazario Pascual.
A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.
En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.
Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.
El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos.
Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana.
En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.
Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones.
Entérate de los detalles de la victoria judicial.
Situación actual
Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.
Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.
Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".
AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.
Proyectos relacionados
Suprema Corte de Justicia ordena proteger los arrecifes y humedales veracruzanos
En su sentencia, determina de manera unánime que las autoridades violaron el derecho al medio ambiente sano de los veracruzanos al autorizar la ampliación del Puerto de Veracruz.Las autoridades ambientales no utilizaron la mejor información científica; tampoco analizaron la expansión portuaria de manera integral ni mucho menos consideraron todos sus impactos.El fallo implica que las autorizaciones para el proyecto quedan infundadas y que sus impactos deben evaluarse nuevamente, esta vez de manera integral, para determinar la viabilidad de la obra. Este miércoles 9 de febrero, residentes veracruzanos lograron una victoria ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en una acción de amparo interpuesta para defender el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) y sus servicios ambientales frente al proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz. Por unanimidad, las y los ministros que integran la Primera Sala de la Suprema Corte votaron a favor del proyecto de sentencia que protege los arrecifes veracruzanos y que transforma la manera como opera el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Está decisión apuntala la protección al derecho al medio ambiente sano que viene haciendo la Suprema Corte y, sobre todo, cambiará la manera en que las autoridades ambientales realizan la Evaluación de Impacto Ambiental. La Corte sostuvo que “la protección de los humedales es una prioridad nacional e internacional que ha llevado a nuestro país a emitir una estricta regulación de este ecosistema y, en términos de la normativa citada, cualquier análisis que se haga con relación a los humedales debe guiarse por un criterio de máxima precaución y prevención”. En este sentido, señaló que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), violó el derecho al medio ambiente sano de las personas al autorizar el proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz, toda vez que “no atendió a la mejor información científica disponible; no analizó ni evaluó de manera completa cada uno de los diferentes impactos ambientales que el proyecto y su modificación podrían ocasionar, además de que el proyecto y las obras vinculadas al mismo se analizaron de manera fragmentada”. Como resultado, la SCJN ordenó dejar insubsistentes las autorizaciones para tal ampliación y volver a evaluar de manera completa, para así poder pronunciarse sobre los impactos ambientales de manera plena y determinar la consecuente viabilidad o no de la obra. “CEMDA presentó este amparo, junto con la comunidad, para proteger y contribuir a la conservación del Sistema Arrecifal Veracruzano, así como a los arrecifes y los servicios que brindan, toda vez que son clave para el bienestar de las personas que viven en la conurbación de Veracruz-Boca del río-Medellín”, explicó Xavier Martínez Esponda, Director Operativo de CEMDA. Para el CEMDA este caso es un precedente que transformará la manera en la que la Semarnat y las autoridades estatales realizan la Evaluación de Impacto Ambiental en el país. Martínez Esponda señaló que, “con esta decisión, los principios de prevención y precaución deberán arraigarse mucho más en los procesos de toma de decisiones. 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El proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz se fraguó a finales de los noventa y su ejecución incluyó planes para nuevas obras de rompeolas, canales de acceso y navegación, accesos terrestres, terminales e instalaciones portuarias. Estas obras vulnerarán arrecifes y pastos marinos en el área, pues serían impactados por el aumento de sedimentación ocasionado por las obras de construcción. Por la importancia del caso, organizaciones internacionales de protección ambiental acompañaron el proceso. Al respecto, Alejandra Serrano Pavón, abogada de la organización internacional Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), se interesó en el caso por la oportunidad de animar a la Corte a interpretar de manera amplia el derecho al acceso a la justicia en defensa del ambiente. ELAW presentó un escrito legal (Amicus Curiae) que apoya el amparo, a través del cual brindó ejemplos de diversos países alrededor del mundo que reconocen una amplia interpretación de este derecho, el cual permite a “cualquier organización de la sociedad civil o, al menos residentes de un lugar, entablar una acción judicial para proteger al medio ambiente”. Las organizaciones internacionales Earthjustice y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) también entregaron de manera conjunta a la Suprema Corte un escrito legal de apoyo al amparo. Guillermo Zuñiga, abogado colaborador de Earthjustice, enfatizó que sus vínculos con estos arrecifes son importantes y personales: “Yo crecí en Veracruz. Soy xalapeño. Esa zona me vio nacer”. Recordó “estar en ríos y playas veracruzanas, disfrutando, creciendo junto con mi familia. Yo quiero que los niños de Veracruz tengan la oportunidad de disfrutar la riqueza de biodiversidad como yo lo hice”. Por su parte, Sandra Moguel, abogada de AIDA, enfatizó que “no es la proximidad de un proyecto lo que determina quiénes son las personas afectadas y quiénes deberían tener acceso a la justicia para defender su derecho a un medio ambiente sano”. En el escrito, AIDA explica que el derecho internacional obliga al gobierno mexicano a permitir que toda persona, cuyos derechos fundamentales sean amenazados por el daño ambiental, acceda a recursos judiciales, incluso si su conexión con el ecosistema amenazado es indirecta o remota. Por las razones anteriormente expuestas, celebramos ampliamente esta decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte y hacemos votos para que en el proceso de ejecución de la sentencia, la Semarnat cumpla con lo que se le ha mandado bajo el estándar más alto de protección consagrado en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú. Suscriben: AIDA Earthjustice ELAW CEMDA Contactos de prensa: Ricardo Ruiz, CEMDA, [email protected], 5559644162 Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], 5570522107
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BID debe garantizar su salida responsable del proyecto Hidroituango
Continúa investigación del financiamiento del proyecto independientemente del pago anticipado del préstamo por las Empresas Públicas de Medellín (EPM). El Grupo BID concluyó de manera anticipada el préstamo para Hidroituango ante la incertidumbre relacionada con la entrada en operación de la obra. El proceso de investigación sobre el incumplimiento de las políticas del BID en Hidroituango sigue independiente de terminación anticipada del préstamo. La construcción de la represa Hidroituango, un proyecto que ha generado una crisis humanitaria y ambiental sin precedentes en Colombia, fue financiado por el BID Invest, brazo privado del BID, el cual invirtió millones de dólares en la hidroeléctrica y facilitó la inversión de mil millones de dólares adicionales de otros bancos internacionales. La oficina de Transparency Hub del BID Invest informó al Movimiento Ríos Vivos (MRV) – el cual representa a las comunidades afectadas por Hidroituango – que el banco concluyó su involucramiento en el proyecto tras recibir el prepago de los fondos desembolsados por parte de las Empresas Públicas de Medellín (EPM). Además, señaló que el proceso de investigación sobre el cumplimiento de las políticas del BID Invest que cursa ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) continuará, independientemente de la salida del Grupo BID del proyecto. En relación con la comunicación enviada por el BID Invest al MRV, el movimiento y las organizaciones internacionales acompañantes, Center for International Environmental Law (CIEL) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), consideran lo siguiente: En primer lugar, las organizaciones firmantes consideramos que la continuación de la queja ante el MICI evidencia el respeto por la integridad e independencia del mecanismo de queja y compromiso por atender las preocupaciones de las comunidades afectadas por los proyectos financiados por el Grupo BID. Asimismo, resaltamos que el hecho de que el BID concluya su involucramiento en el proyecto, por razones de un prepago voluntario generado por la incertidumbre ante el cumplimiento de próximos hitos de la obra, no implica ni ausencia ni retiro de la inversión. Por el contrario, el prepago de EPM al Grupo BID evidencia que efectivamente el banco desembolsó fondos y financió el proyecto, y que Hidroituango es un proyecto marca BID. En consecuencia, creemos acertado que el MICI, como mecanismo de rendición de cuentas en este caso, continúe con sus funciones de investigación, y que el Directorio y la administración del Banco se mantengan comprometidos con el proceso y sus hallazgos. En segundo lugar, como lo ha formulado el MICI en informes finales que han reconocido el incumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales por parte del banco, como es el caso de los proyectos hidroeléctricos Generadora San Mateo y San Andrés ubicados en la microrregión de Yich K’isis en Guatemala, “en caso de salida de los Proyectos, el BID Invest deberá adoptar las previsiones necesarias para asegurar una salida responsable de las Operaciones”. Consideramos que el pago de la deuda de la EPM al BID abre una posibilidad histórica para que el banco concluya su involucramiento de manera responsable y construya participativamente con las comunidades un Plan de Salida que le permita restaurar los medios de vida impactados y legitimarse como institución financiera internacional. Esta posibilidad llena de esperanza a las comunidades del MRV afectadas por el proyecto Hidroituango, quienes por años han reclamado el cese de su financiamiento por parte del BID y su salida responsable. En tercer lugar, las organizaciones firmantes esperamos que el BID cumpla con su compromiso por la transparencia en sus operaciones, garantizando el principio de máximo acceso a la información del proyecto, de forma sencilla y amplia, en los términos contemplados en la misma política de acceso a la información del banco. Es conforme a estos términos que solicitaremos reuniones con el Directorio del BID en fechas próximas. Hoy el BID tiene la oportunidad de hacer efectivo su compromiso de mantener altos estándares de integridad, transparencia y rendición de cuentas con respecto de sus operaciones, no solo en Colombia sino en toda América Latina. Por ello, insistimos en la necesidad de que i) la toma de decisiones sea más transparente sobre las inversiones o préstamos remanentes que existen para financiar este proyecto desde el Grupo BID, tanto su ala pública como privada y, tal como ya se había precisado en la petición del 6 de diciembre del 2021, ii) se construya con las comunidades un plan de salida responsable, eficaz y participativo. Contactos de prensa: Milena Florez, Movimiento Ríos Vivos (MRV), [email protected], +57 319 2131656 Carla García Zendejas, CIEL, [email protected], +1 202 374 2550 Yeny Rodríguez Junco, AIDA, [email protected], +57 310 7787 601
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Solicitan declarar en peligro a seis humedales del Pantanal en Brasil, Bolivia y Paraguay
VERSIÓN EN PORTUGUÉS En el Día Mundial de los Humedales, organizaciones solicitaron acción urgente al Secretariado de la Convención Ramsar para que realicen una visita de asesoramiento a los humedales afectados gravemente por incendios, y que los gobiernos de los tres países inscriban a los sitios en la lista mundial de humedales en riesgo de desaparecer. Gland, Suiza.- Organizaciones de la sociedad civil enviaron una alerta urgente al Secretariado de la Convención Ramsar por los daños que han provocado los incendios al Pantanal —el humedal tropical más grande del mundo— en Brasil, Bolivia y Paraguay. Solicitan el envío de una misión de asesoramiento a seis humedales del Pantanal ubicados en estos países y enlistados como sitios de importancia internacional bajo la Convención, y solicitan inscribirlos en el Registro de Montreux, la lista mundial de humedales en riesgo grave. La alerta fue enviada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para la Diversidad Biológica y por Ecologia e Ação (ECOA) en el marco del Día Mundial de los Humedales. Las organizaciones también exhortan a los tres gobiernos a implementar medidas para preservar el Pantanal como ecosistema transfronterizo. Los sitios Ramsar para los cuales se pidió la inscripción al registro Montreux y la visita de asesoramiento técnico son el Pantanal boliviano; la Reserva Particular do Patrimonio Natural SESC Pantanal, la Reserva Particular do Patrimonio Natural Fazenda Rio Negro, el Parque Nacional del Pantanal Matogrossense y la Estación Ecológica Taiamã en Brasil; así como el Parque Nacional Río Negro en Paraguay. “Una designación en peligro bajo la Convención Ramsar es crucial para combatir los grandes incendios sin precedentes del Pantanal, que ahora amenazan a Bolivia, Brasil y Paraguay”, dijo Alejandro Olivera, científico y representante en México del Centro para la Diversidad Biológica. “Las políticas públicas que promueven la expansión de la agricultura y la ganadería y que permiten la quema dentro del Pantanal se han combinado con una colaboración transfronteriza limitada para crear un polvorín. Los incendios que dañan los ecosistemas continuarán si no hay compromisos más fuertes para proteger estos humedales”. En 2020, un año golpeado por la pandemia de Covid-19, los incendios devastaron 4 millones 300 mil hectáreas de la región del Pantanal, la mayor cifra registrada desde 1998. Ese mismo año, los incendios quemaron el 100 por ciento del Parque Nacional Pantanal Matogrossense. En julio de 2021, sólo en Mato Grosso, la superficie del Pantanal quemada fue cinco veces mayor que la de São Paulo, con más de 740 mil hectáreas afectadas por incendios. Al menos 10 millones de animales murieron en tres meses. “Estamos pidiendo a los Estados cumplir con las obligaciones adquiridas ante la Convención, generando mecanismos coherentes e implementando políticas y normas para proteger el Pantanal”, explicó Claudia Velarde, abogada de AIDA. “Una misión de asesoramiento a los seis sitios Ramsar podría brindar asistencia especializada a los gobiernos brasileño, boliviano y paraguayo para superar las condiciones que generan riesgo para la conservación y el uso racional de este humedal clave”. Asimismo, la inscripción de los sitios en el Registro de Montreux implica ayuda económica, así como apoyo y asesoría técnica, para la recuperación del Pantanal en los tres países. “Mandamos una alerta urgente para que Bolivia, Brasil y Paraguay se enfoquen en el Pantanal como el humedal transfronterizo de agua dulce más grande del mundo”, dijo Andre Siqueira, Director Presidente de ECOA. “La Convención de Ramsar no puede alcanzar sus objetivos si los ecosistemas que protege son dañados significativamente por el uso continuado del fuego, el agronegocio y la falta de recursos adecuados para combatir los incendios”. La biodiversidad y riqueza ecológica del Pantanal es incalculable. En el bioma —conjunto de ecosistemas próximos que comparten clima, flora y fauna— hay al menos 3.500 especies de plantas, cerca de 600 de aves, 150 de mamíferos, 175 de reptiles, 40 de anfibios y 300 de peces de agua dulce. Algunas de ellas están en peligro de extinción en otras regiones, como el tuyuyú y el jaguar, el ciervo de los pantanos, la nutria gigante y el guacamayo, especies emblemáticas del bioma. El Pantanal alberga la mayor concentración de algunas especies de animales como el jaguar y el caimán. Contactos de prensa: Alejandro Olivera (México), Centro para la Diversidad Biológica, +52 (612) 104-0604, [email protected] Victor Quintanilla (México), AIDA, +521 5570522107, [email protected] André Luiz Siqueira (Brasil), ECOA, +55 67 33243230, [email protected]
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