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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

¿Crecer a costa de la Amazonía?

(Columna publicada originalmente en Animal Político) La extensión de la Amazonia brasileña es de 5,5 millones de km2, de los cuales 44 % están protegidos legalmente. Durante la última semana, la atención del mundo se enfocó en una zona específica: la Reserva Nacional de Cobre y Asociados (Renca), un área de aproximadamente 47 mil km2. La razón fue el decreto emitido el 23 de agosto pasado por el presidente brasileño Michel Temer, que abrió las puertas de la reserva para la explotación de oro, manganas, cobre, hierro y otros. Según el gobierno, la medida ayudaría a revitalizar la minería brasileña, que el año pasado representó 4 % del PIB de Brasil. Algunos días después, luego de críticas de celebridades y del movimiento ambientalista nacional e internacional, el presidente Michel Temer revocó el decreto y publicó otro con prácticamente el mismo contenido. Sin embargo, el 30 de agosto, el juez federal Rolando Valcir Spanhol anuló el decreto de Temer, considerando que hubo una violación constitucional al proceso legislativo de Brasil. Asimismo, consideró que cualquier decreto futuro que facilite la exploración de la reserva sería considerado automáticamente suspendido. La decisión del juez trae consigo una fuerte carga de democracia, la que actualmente se encuentra debilitada en varios países de América Latina. Pone un límite a la actuación de los presidentes y establece el precedente de que asuntos jurídico ambientales no pueden ser tratados con acciones políticas. Es decir, un tema de esa naturaleza debe ser ampliamente discutido nacionalmente, debe respetarse las normas nacionales e internacionales en la materia; se debe garantizar la consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas y otras comunidades tradicionales, y sobre todo garantizar la soberanía ciudadana. Pero, en lugar de discutir el tema con la población brasileña, Temer prefirió hacerlo con empresas de minería canadienses. Según medios nacionales y extranjeros, en marzo de este año el Ministro de Minas y Energía habría anunciado en Toronto, Canadá, la extinción de la Renca y la posibilidad de subastas para la exploración minera allí. Esto representa una fuerte evidencia de cómo el Estado está capturado por empresas, poniendo nuestras vidas y recursos naturales versus por debajo de intereses corporativos. Es importante mencionar que está ampliamente documentado que empresas mineras canadienses han sido responsables por proyectos que han generado en América Latina impactos ambientales, impactos en la salud, desplazamiento forzado, división de comunidades, criminalización de defensoras(es) de la tierra, el territorio y el ambiente, entre otros. El tema de la minería en la Amazonia brasileña es particularmente preocupante por dos razones. La primera es que los proyectos a gran escala ubicados allí no han contribuido al desarrollo, pero sí han generado impactos ambientales y en derechos humanos. La represa Belo Monte, ubicada también en el estado de Pará (como la Renca), es el ejemplo más emblemático de cómo un megaproyecto contribuyó a la deforestación, la disminución drástica del caudal del río Xingú, la muerte de peces, la desaparición de especies, el quiebre de tejidos sociales, la división de comunidades, el incremento de la violencia, la prostitución infantil, etc. Solo el Ministerio Público Federal ha interpuesto un total de 27 acciones civiles públicas, entre ellas una que alega que hubo un etnocidio de los pueblos indígenas de la Volta Grande del río Xingú. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene en sus manos una petición sobre el tema y reconoce, desde el año 2011, que hay una situación de gravedad y urgencia para las comunidades indígenas aledañas a la construcción de la hidroeléctrica. La segunda razón es que el estado de Pará ha sido considerado uno de los estados más violentos de Brasil. Según datos de la Comisión Pastoral de la Tierra, Pará concentra 30% de las muertes relacionadas con conflictos agrarios en Brasil. En mayo de este año, por ejemplo, el estado fue escenario de la Chacina de Pau Darco (matanza en la ciudad de Pau D’arco), en la cual más de 10 personas murieron durante una incursión policial en una hacienda en una zona rural del país. No hay duda de que la instalación de un proyecto minero en la Renca implicaría un incremento de los conflictos en Pará. Finalmente —pese a que seguramente existen muchas razones más—, la ruptura de un dique de relaves mineros, desastre ambiental ocurrido en el municipio de Mariana en 2015, fue clave para saber que Brasil no está listo para lidiar con los riesgos de la minería. El hecho causó la muerte del río Doce, contaminación de otras fuentes de agua, proliferación de enfermedades, pérdida de fauna y flora, etc. El Estado no ha tenido la capacidad de reparar y compensar a las víctimas. Y, casi dos años después, todavía hay presencia de desechos tóxicos en la zona. En suma, es importante que Brasil repiense su modelo de crecimiento y desarrollo: megaproyectos en la Amazonía han representado un retroceso en términos ambientales y sociales, de derechos humanos , pero no en materia de desarrollo. La verdad es evidente y obvia: si Brasil efectivamente quiere crecer, la mejor manera de hacerlo es protegiendo la Amazonía y sus pueblos.  

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Esperanza para la Ciénaga Grande, semilla de la magia de Macondo

“La Ciénaga Grande es uno de los mitos de mi infancia”, Gabriel García Márquez en Vivir para Contarla, 2002. Hoy supe que el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia dio un paso sin precedentes para salvar uno de los ecosistemas fundamentales para la identidad del país: la Ciénaga Grande de Santa Marta. Como colombiana y como abogada ambientalista, sentí gran alegría y también un orgullo inmenso por el trabajo de mis colegas en AIDA que —junto con nuestros aliados de la Universidad del Norte, la Universidad de Florida y otras personas comprometidas con la defensa ambiental— buscan la preservación de la Ciénaga. El gobierno inscribió oficialmente al sitio en el Registro Montreux, una lista mundial de humedales que están en riesgo de desaparecer, y que permitirá a ese país contar con apoyo técnico y financiero especial para salvar al sitio. Cuando escuché la buena noticia, pensé inmediatamente en las mariposas amarillas de Macondo. También en el coronel Aureliano Buendía, parado frente al pelotón de fusilamiento y recordando cuando su abuelo lo llevó a conocer el hielo. Me vino a la mente aquel mundo mágico creado magistralmente por Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, un imaginario que nació en la Ciénaga Grande de Santa Marta. A comienzos del siglo XX, después de la Guerra de los Mil Días, el coronel Nicolás Ricardo Márquez, abuelo del Nobel colombiano, pasó por la Ciénaga para establecerse luego en Aracataca. Y el autor, acompañado de su abuelo, atravesó varias veces la Ciénaga cuando iba a visitar a sus padres en Barranquilla. En 1950, la recorrió nuevamente junto con su madre cuando iban a vender la casa de sus abuelos. Allí encontró la chispa para contar la historia de una de las obras clásicas de la literatura universal. No exagero entonces al afirmar que sin la Ciénaga no tendríamos mariposas amarillas ni a Macondo en la memoria. En ese lugar surgió la semilla del, así llamado por la crítica literaria, realismo mágico. Por ello incluso una cachaca como yo —como nos llaman quienes habitan el Caribe a las personas del interior del país—, que vive hace años fuera de su tierra, se identifica tan profundamente con la Ciénaga. Un tesoro internacional Por ello y por muchas otras razones, en AIDA decidimos actuar en defensa de la Ciénaga, considerado Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar. En el sitio está la laguna costera más grande del país, que conecta las aguas dulces del río Magdalena con las del mar Caribe. Es hogar de diversas especies de mangle, bosque seco tropical y bosque ripario, así como de varias especies de animales, entre ellas a la zorra manglera, el mono aullador, el manatí, la garza roja, el pato cucharo y aves migratorias. La Ciénaga alberga además una de las mayores pesquerías artesanales, de la que dependen cientos de familias ubicadas a lo largo y ancho del entorno. Como humedal costero, es esencial para la regulación climática, la absorción de contaminantes de la atmósfera y el control de inundaciones. Pero la Ciénaga está gravemente amenazada. La expansión de la agricultura y de la ganadería, así como proyectos de infraestructura a gran escala, han causado deforestación y desvío de aguas. Y los pobladores de la zona, así como los peces y otros animales, están sufriendo las consecuencias. Por eso me uní a los esfuerzos por conservar la Ciénaga y por eso cada persona en Colombia, en la región y en el mundo, debería hacer lo mismo. La esperanza de un mañana más sano La inscripción de la Ciénaga en el Registro Montreux me llena de esperanza. Aunque es triste y hasta vergonzoso reconocer que un humedal tan esencial para el país esté en tan mal estado, es un paso importante que el gobierno reconozca valientemente la situación y está dispuesto a pedir ayuda para manejarla adecuadamente. Mis colegas y yo, y los activistas que se han unido a la causa, estamos inspirados para seguir haciendo todo lo posible para que la Ciénaga recobre su vitalidad. Y esperamos que el gobierno y otros actores de la sociedad colombiana hagan lo mismo. Al final, ¿qué sería de Colombia, de América Latina y del mundo sin las mariposas amarillas, sin la magia de la naturaleza que nos envuelve y da vida?

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Cambio Climático, Derechos Humanos

Cambio climático: El combustible perfecto para huracanes

Una sucesión de huracanes inusuales golpeó con una fuerza brutal al continente en sólo un par de semanas. Harvey e Irma dejaron ciudades sumergidas bajo el agua, daños graves en hogares e infraestructura e incluso la pérdida de vidas; mientras que Lidia, Katia y José llegaron con lluvias intensas que provocaron inundaciones y otros daños. ¿Cómo es que estos fenómenos tomaron tanta fuerza? El cambio climático es una gran parte del problema. Los huracanes Harvey e Irma son ejemplos de lo que una tormenta alimentada con suficiente combustible puede hacer: territorios inundados, deslaves, inmuebles dañados, muertes y miles de afectados. En este caso, es el cambio climático el que da energía a los huracanes y les agrega potencia. Lo hace al aumentar la temperatura del aire y producir a su vez mayor humedad, de la cual se alimentan las tormentas, haciéndose por tanto más intensas y realmente violentas. Además, el calentamiento global ha acelerado el deshielo en las regiones más gélidas del mundo. Y el derretimiento de glaciares ha hecho que el nivel se eleve. En los últimos 20 años, el nivel del mar ha aumentado anualmente 3,2 milímetros. Esto, sumado al aumento de la temperatura en los océanos, que deriva en mayor humedad, significa más potencia disponible para los huracanes, que también obtienen energía de los océanos. Sin embargo, los huracanes no son fenómenos aislados. América Latina se enfrenta año tras año a una serie de catástrofes naturales que el cambio climático agrava, de la más variada naturaleza. Al ser una región vulnerable, los daños causados son también más intensos. La vulnerabilidad de una región Eventos relacionados con el clima extremo, la crisis del agua, los desastres naturales y la capacidad para sobrellevar los efectos del cambio climático, son los riesgos con mayor impacto a nivel mundial este año, según el Informe de Riesgos Globales 2017 del Foro Económico Mundial. Estos riesgos ya se viven en América Latina, donde la vulnerabilidad ambiental es un hecho. Revisemos algunos ejemplos recientes ocurridos en diferentes países: Este mes en México, el huracán Katia causó inundaciones, deslaves, infraestructura dañada y pérdidas humanas. Ese país es uno de los más vulnerables del mundo ante los efectos del cambio climático debido a su ubicación entre los océanos —que lo dejan expuesto a tormentas, inundaciones y huracanes— y sus altos niveles de pobreza.  El noroeste de Perú, lluvias intensas que ocurrieron luego de un periodo de sequía extrema, causaron el desborde de ríos, el colapso del sistema de alcantarillado, derrumbes y deslizamientos. Lo anterior dejó como saldo más de 90 muertos, 110.000 damnificados y unas 150.000 personas sin hogar. En Colombia, el 1 de abril, una gran avalancha producida por lluvias intensas arrasó con el pueblo de Mocoa, en el departamento de Putumayo. En Chile, los cambios extremos del clima provocaron intensas sequías que causaron en el verano incendios forestales que destruyeron más de 500 mil hectáreas y arrasaron el centro y sur del país. El fenómeno natural El Niño, potenciado por el cambio climático, afectó gravemente al Corredor Seco Centroamericano el año pasado. La falta de lluvias, que comenzó a mediados de 2014 y tuvo una duración inusual, provocó la pérdida de cultivos de cereales básicos y la muerte de ganado en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.  Y ¿cómo apagamos el fuego? La ola de sucesos climáticos extremos a lo largo de la región y del mundo debería ser visto como un llamado a la acción. Gobiernos y ciudadanos deben actuar juntos para buscar soluciones y reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Los gobiernos deberían orientar sus esfuerzos a: Reducir la emisión de los contaminantes climáticos de vida corta, gases que permanecen poco tiempo en la atmósfera y cuya disminución permite tener resultados en menos tiempo. Planificar y gestionar adecuadamente el territorio, identificando los lugares más vulnerables y construyendo infraestructura estratégica y flexible, que soporte y aminore el impacto de los fenómenos naturales. Preservar entornos naturales que cumplen funciones climáticas vitales, como los bosques y manglares que capturan dióxido de carbono de la atmósfera, o los arrecifes de coral, que sirven de barrera natural contra tormentas y huracanes. Usar los recursos económicos destinados a combatir el cambio climático con base en las necesidades de las propias comunidades, que a menudo no son debidamente consultadas, desaprovechando su conocimiento local para tomar mejores decisiones. Todos podemos contribuir a la lucha. Acciones cotidianas como un consumo responsable de agua y energía, usar menos el automóvil, reciclar y cambiar nuestros hábitos de consumo dañinos para el ambiente, hacen una gran diferencia. AIDA trabaja junto con gobiernos, organizaciones y comunidades para promover en América Latina un desarrollo compatible con los retos impuestos por el cambio climático. ¡Conoce más de a qué nos enfrentamos con el cambio climático y cómo hacerlo mejor en un seminario en línea este 29 de septiembre!  

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