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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

Cattle pass by a wetland in Catamarca, Argentina

Una transición de materias primas en vez de una carrera por materias primas: Sociedad civil pide un cambio de rumbo en la política sobre materias primas

Berlín. Desde hoy y hasta el 8 de octubre, más de 35 organizaciones de Alemania y varios otros países compartirán sus perspectivas sobre la extracción de materias primas y la justicia global durante la Semana Alternativa de las Materias Primas. Lo harán en 25 eventos donde se abordará la economía circular, los derechos humanos y la protección ambiental. La semana está pensada como una intervención de la sociedad civil en la actual política internacional sobre materias primas. El evento destacado será la Cumbre de Materias Primas, que tendrá lugar el 6 de octubre.Mientras Alemania y la Unión Europea aseguran su abastecimiento de materias primas críticas e impulsan nuevos proyectos relacionados con ellas, una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil advierte que no se deben sacrificar los estándares ambientales, de derechos humanos y de participación en aras de acelerar esta provisión.Hannah Pilgrim, coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Materias Primas e impulsora de la Semana Alternativa de las Materias Primas, señaló: "El gobierno federal está estableciendo prioridades totalmente equivocadas con su política de materias primas. No puede mantener el ritmo en una carrera contra China o Estados Unidos. En cambio, debería enfocarse en una política de materias primas sostenible que priorice la reducción de las dependencias externas mediante la disminución del consumo de materias primas y la expansión de la economía circular. Para que los países aliados, ricos en materias primas, lo tomen en serio, debe defender los estándares que tanto costó lograr en materia de derechos humanos y ambiente. A través de la Semana Alternativa de las Materias Primas, reunimos las voces que deben escucharse con mayor claridad en el debate actual: desde las regiones mineras, el mundo académico, los sindicatos y la sociedad civil internacional".Víctor Quintanilla-Sangueza, coordinador de contenido de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), dijo: "La política europea de materias primas implica riesgos significativos para los pueblos de América Latina debido a los graves impactos ambientales y sociales asociados a la extracción de litio, cobre y otras materias primas. Por eso nos sumamos a foros de debate clave —como el que propicia la Semana Alternativa de las Materias Primas—, para amplificar las voces de las comunidades afectadas. Estamos contrarrestando la narrativa predominante de la transición energética con otra que pone la vida en el centro. Cuestionamos quién establece las reglas para los procesos de transición en el norte global y quién asume los costos. Llevamos a cabo este trabajo en colaboración con comunidades y organizaciones de América Latina, incluida la Alianza por los Humedales Andinos".Durante la Semana Alternativa de las Materias Primas, varios de las personas invitadas —de Argentina, Bolivia, la República Democrática del Congo y Portugal— estarán disponibles para entrevistas. A continuación, una selección de ellas:Pía Marchegiani - FARN, ArgentinaNik Völker - MiningWatch Portugal Consulta la agenda de eventosContactos de prensaAK Rohstoffe | [email protected] | + 49 (0)30 41 93 41 82Prensa | [email protected] | +49 1577 7764 847 

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Paisaje tropical en México.
Cambio Climático, Derechos Humanos

Narrativa verde, financiamiento fósil: CAF frente a sus compromisos climáticos

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) destaca por su potencial como pieza clave para impulsar la transición energética en la región. La institución ha expresado un firme compromiso de convertirse en el banco verde del continente, aspirando a liderar el financiamiento de proyectos que promuevan un desarrollo sostenible y resiliente, alineado con las metas climáticas globales. Dada su capacidad para movilizar recursos y su influencia en los mercados regionales, CAF tiene el potencial de desempeñar un rol estratégico en la transformación hacia economías bajas en carbono.Este rol adquiere una urgencia particular en el contexto energético de 2026. La guerra en Oriente Medio, iniciada el 28 de febrero, y la fuerte disrupción del tránsito por el estrecho de Ormuz expusieron nuevamente la vulnerabilidad de los mercados energéticos frente a shocks geopolíticos y de suministro. En ese contexto, las decisiones de las instituciones multilaterales de desarrollo pueden contribuir a diversificar la matriz energética regional o profundizar la dependencia de nueva infraestructura fósil.Sin embargo, el posicionamiento verde de CAF convive con tensiones relevantes en su práctica institucional. Su lista de exclusión no incluye restricciones para el carbón, el petróleo o el gas por motivos climáticos, a diferencia de otras instituciones financieras de desarrollo que sí lo han hecho. En el caso del gas, CAF va más allá de simplemente no excluirlo, al promoverlo activamente dentro de su agenda de transición energética, clasificándolo como "recurso renovable" y continuando con el financiamiento de infraestructura gasífera. Dicha clasificación ha sido ampliamente cuestionada por la evidencia científica, que muestra que las emisiones de metano, principal componente del gas, a lo largo de la cadena tienen un potencial de calentamiento global significativamente superior al del dióxido de carbono en horizontes de corto plazo, por lo que debe incorporarse a cualquier evaluación de compatibilidad con las trayectorias climáticas. Esa evaluación debe considerar también los riesgos de lock-in.   A estas tensiones se suma una dimensión institucional. La limitada disponibilidad de información sistematizada sobre las operaciones de CAF, particularmente en el sector privado, dificulta evaluar de manera integral los impactos sociales, ambientales y climáticos de los proyectos financiados. En comparación con otras instituciones financieras de desarrollo (IFD), persisten brechas en materia de transparencia y rendición de cuentas, lo que afecta su posicionamiento como banca de desarrollo alineada con la sostenibilidad.En este contexto, el presente informe tiene por objetivo analizar la coherencia entre la narrativa institucional de CAF como banco verde y sus decisiones de financiamiento en el sector energético. Para ello, se examinan sus inversiones en gas fósil, los impactos asociados y el marco internacional aplicable en materia de cambio climático y financiamiento sostenible. A partir de este análisis, se identifican brechas y se proponen elementos que permitan fortalecer su rol en una transición energética justa, coherente con los compromisos climáticos internacionales. Lee y descarga el informe 

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Agricultor en la región del Quinío, Colombia

Victoria para la justicia climática: Colombia incluye obligaciones climáticas en estudios de impacto ambiental

En Colombia, un caso que empezó como una exigencia para el sector carbón terminó convirtiéndose en una regulación para todos los proyectos que requieren un licenciamiento ambiental en el país.Se trata de la publicación de la Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales, una "llave maestra" regulatoria que exige cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) e incluir medidas de mitigación y adaptación climática en proyectos de minería, hidrocarburos, energía e infraestructura, entre otros.Dicha metodología fue publicada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia a finales de julio de 2026, en cumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado dictada en 2023.Esta importante resolución fue resultado de una acción de cumplimiento presentada por una coalición liderada por AIDA e integrada también por el Colectivo de Abogados y Abogadas "José Alvear Restrepo" (CAJAR), Censat Agua Viva, el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), POLEN Transiciones Justas, la Universidad de Magdalena e investigadores.La nueva metodología para estudios ambientales representa un gran avance para mejorar la protección del derecho a un ambiente sano y la garantía del derecho a un clima sano a través de medidas preventivas.También significa una victoria para el litigio climático en la región en la que se evidenció que el Estado colombiano incumplió compromisos climáticos específicos, y se logró un fallo que ordenara a una de las autoridades competentes adoptar acciones concretas para la adecuada gestión climática.La estrategia empleada y el precedente alcanzado bien pueden ser replicados en otros países de la región. Un camino de tres años hacia la justicia climáticaEn mayo de 2023, AIDA lideró la coalición de organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento, investigadores y una universidad que presentó una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El objetivo era exigir que se cumplieran las leyes relacionadas con el manejo de la crisis climática en el sector carbón.En Colombia, ni la normativa ambiental ni la de gestión del cambio climático contemplan la mitigación de GEI ni los impactos climáticos generados por el sector carbón, pese a la relevancia en el país de los proyectos carboníferos y al rol de estos en la profundización de la crisis climática.Colombia es el mayor extractor y exportador de carbón de América Latina por un amplio margen: en 2024, concentró el 87.67 % de la extracción regional y el 99.84 % de las exportaciones, con un peso relevante en su balanza comercial e infraestructura ferroviaria y portuaria. Además, ocupa el tercer lugar regional en su consumo final (24.52 %) y en los últimos 12 meses casi el 5% de la electricidad del país se generó a partir de carbón.Pero sin una regulación específica, las autoridades ambientales carecen de herramientas para establecer medidas efectivas para prevenir, mitigar y gestionar los impactos climáticos de la actividad carbonífera.El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón a la coalición en primera instancia. Y el Consejo de Estado —la máxima autoridad en asuntos administrativos del país—, la confirmó en segunda instancia. De modo que le ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 1931 de 2018, norma que establece las acciones mínimas que el país debe realizar para honrar sus compromisos climáticos a nivel internacional.Y aquí es donde el caso logró ir más allá de su objetivo inicial: la sentencia generó una obligación específica para el ministerio de regular la inclusión de impactos climáticos no solo en los proyectos del sector carbón, sino en todos los proyectos que requieren licencia ambiental. Es decir, incluye al sector minero, de hidrocarburos, energético y de infraestructura, entre otros.Esto implica, entre otras cosas, cuantificar las emisiones de GEI de dichos proyectos y evaluar cómo las medidas de compensación ambiental pueden aportar al cumplimiento de los compromisos climáticos de Colombia ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.También se le ordenó a la entidad de gobierno expedir la resolución mediante la cual se adopte el Reporte Obligatorio de Emisiones, lo que significaría que los grandes emisores de gases de efecto invernadero sean obligados a reportar anualmente el número total de emisiones de forma desagregada. De igual modo, se le ordenó expedir el plan de gestión de cambio climático del sector ambiente y gestionar acciones de coordinación con los planes territoriales de cambio climático. Una sentencia relevante y replicableLa publicación de la metodología para estudios ambientales, por parte del Ministerio de Ambiente, marca un hito en materia de licenciamiento ambiental al incorporar procedimientos específicos para que, desde los estudios de impacto ambiental, se consideren los impactos climáticos generados por los proyectos que buscan ser licenciados.Asimismo, incluye un enfoque sobre licenciamiento ambiental y derechos humanos, consideraciones sobre emisiones indirectas y una serie de nuevos lineamientos para la evaluación de los impactos ambientales de los proyectos.También, sienta un precedente regulatorio que evidencia, en la práctica, la inviabilidad climática de nuevos proyectos de extracción y quema de carbón.Se trata, en suma, de un instrumento regulatorio que busca cerrar vacíos en los procesos de licenciamiento ambiental, así como fortalecer la evaluación de las falencias asociadas a los impactos climáticos de determinados proyectos, particularmente del sector carbonífero. Y que incorpora una perspectiva de derechos humanos, algo que ocurre por primera vez dentro de un proceso de licenciamiento ambiental.Su alcance es ambicioso: una mayor exigencia técnica y de gestión climática elevaría los costos de cumplimiento de proyectos a carbón —encareciéndolos frente a alternativas más limpias— y podría contribuir a las estrategias de sustitución del carbón en el marco del cumplimiento de las obligaciones climáticas del país.Las órdenes de la sentencia del Consejo de Estado no se agotan con la publicación de la metodología. También existen otras órdenes que buscan incorporar lineamientos específicos para la gestión del cambio climático.Entre ellos, el Reporte Obligatorio de Emisiones, una herramienta clave para establecer procesos de monitoreo, verificación y control de las acciones de mitigación que implementen los grandes generadores de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el ministerio solamente publicó un borrador de la resolución que adopta tal instrumento que, de concretarse, representaría un avance regulatorio único en la región y con un gran potencial de ser replicado.En otras palabras, la sentencia del Consejo de Estado constituye un precedente muy importante para la región por dos razones: demuestra que el litigio estratégico puede traducirse en acciones regulatorias concretas para enfrentar la crisis climática, y evidencia la necesidad de actualizar los marcos normativos para incorporar medidas específicas de mitigación y adaptación al cambio climático en sectores y procedimientos concretos.Por ello, será importante diseñar estrategias que permitan replicar en otros países de la región tanto el enfoque de litigio como los resultados alcanzados durante la implementación.  

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