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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam
La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.
La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.
Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.
En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.
La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos.
Antecedentes
Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.
Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.
El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.
Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.
La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.
Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.
Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.
Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas.
La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam
Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.
Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.
Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.
Voces por el río Motagua: Nazario Pascual.
A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.
En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.
Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.
El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos.
Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana.
En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.
Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones.
Entérate de los detalles de la victoria judicial.
Situación actual
Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.
Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.
Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".
AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.

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Si bien el gas natural suele presentarse como un “combustible de transición”, su extracción, procesamiento y transporte pueden generar emisiones de metano, un gas de efecto invernadero con un alto potencial de calentamiento global.Ante posibles afectaciones que pueden extenderse durante generaciones, las organizaciones llaman al Poder Judicial a proteger la vida y los territorios, garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a un medio ambiente sano e impedir el avance de proyectos que no cumplan con las obligaciones de consulta previa a las comunidades potencialmente afectadas.Contacto para medios:Lorena Zárate [email protected] +52 553902 7481
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Presas de relaves: Aportes desde las ciencias para enfrentar sus riesgos
La minería implica, al inicio, la eliminación de cobertura vegetal y suelo. Luego tienen lugar las excavaciones para extraer metales y minerales del subsuelo. Este proceso genera muchos residuos o relaves: 200 kilos de residuos por cada kilo de material de interés económico en una mina de alta eficiencia.Estos desechos son una mezcla de restos de roca, agua y compuestos químicos usados en la explotación minera. Pero ¿a dónde van a parar estos residuos?Terminan en presas de relaves, depósitos permanentes de residuos mineros ubicados en los mismos territorios donde se realizan operaciones mineras.Pese a ser infraestructuras críticas, pues su falla o colapso puede afectar gravemente al ambiente y a las personas, la discusión previa y transparente en torno a las presas de relaves y sus riesgos es poco usual entre autoridades, empresas mineras y comunidades afectadas.Frente a ese vacío, el 22 y 23 de julio, AIDA —en alianza con la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y el proyecto Encuentra una Persona Experta en Minería (FAIME, por sus siglas en inglés)— organizó en la ciudad de Loja, Ecuador, un evento plural de diálogo académico y divulgación científica acerca de la gestión de riesgos asociados a las presas de relaves.El evento reunió a personas de diferentes territorios y expertas en temas técnicos de América Latina para entablar un diálogo plural entorno a las preocupaciones por el manejo de desechos mineros.La iniciativa es parte de nuestros esfuerzos para promover que las ciencias, incluidos los conocimientos tradicionales, sean una herramienta fundamental y accesible para la defensa de los territorios y del derecho a un ambiente sano de todas las personas.A continuación, compartimos la información y reflexiones clave que el evento dejó sobre las presas de relaves y la gestión de sus riesgos. Preocupaciones e incógnitas en torno a las presas de relavesTodas las rocas trituradas, químicamente procesadas, de las que se extraen los metales y minerales valiosos y sin valor económico para la industria, se quedan en los territorios, en las presas de relaves.Durante la operación de una mina, después de su cierre, y a perpetuidad, las empresas mineras deben asegurar que estas infraestructuras aíslen por completo del ambiente los desechos. La exposición a esta mezcla de residuos mineros implica grandes afectaciones socioambientales. Esto genera preocupaciones y dudas que pocas veces se discuten, incluyendo:Las dimensiones de la presa: ¿Cuántas toneladas de desechos se van a almacenar? La ubicación: ¿Dónde se permitirá guardar estos residuos en perpetuidad?El aislamiento: ¿Cómo asegurar que rocas cargadas de sustancias tóxicas y metales pesados no afecten el suelo, las fuentes de agua, la biodiversidad y a las personas? La seguridad: ¿Cómo garantizar que la infraestructura no ponga en peligro la vida de las personas y el ambiente del que dependen? El evento puso de manifiesto que la ciencia como herramienta de defensa territorial permite nombrar las amenazas de las presas de relaves, describirlas y profundizar en los riesgos específicos que se deben gestionar en cada territorio.Porque quienes tienen o potencialmente tendrán estos llamados “pasivos” ambientales a perpetuidad donde antes había un camino, un bosque o un río tienen múltiples incógnitas que deben ser respondidas.Incluso para personas expertas en temas técnicos relacionados, las presas de relaves son estructuras desafiantes. Quienes trabajan de cerca con el tema pueden confirmar que no siempre se tienen datos completos o libres para monitorear estas infraestructuras en todo su ciclo de vida. Son varios factores los que permiten entender en cada proyecto particular aspectos relacionados con el diseño, la construcción, la operación, el monitoreo, el cierre y poscierre, los efectos del cambio climático y la resiliencia de las presas de relaves.En la mayoría de los proyectos, esta información se mantiene reservada y solo puede ser estudiada por las empresas mineras y los organismos de control gubernamentales. Enfrentando las narrativas usualesGobiernos y empresas suelen asegurar que aplican los mejores estándares en cada fase de la operación minera, pero poco o nada dicen de los riesgos para el ambiente y las personas de los desechos mineros. Lastimosamente, muchas generaciones han vivido desastres por el colapso de estas presas:2019: Brumadinho, Minas Gerais, Brasil.2014: Mount Polley, Columbia Británica, Canadá.2010: Las Palmas, Maule, Chile.2010: Huachocolpa, Huancavelica, Perú.1965: El Cobre, Valparaíso, Chile. Estos desastres no se vieron venir pese a los monitoreos o no se evitaron. Si bien pueden parecer lejanos, las comunidades aledañas cargan con las pérdidas humanas y con los daños ambientales. Además de estas catástrofes bien conocidas, cada año se registran colapsos de estas estructuras en todo el mundo. En el sitio web de Wise Uranium está disponible una cronologia de fallas de presas de relaves desde 1960. Un diálogo académico plural y fructíferoHablar de los riesgos asociados a las presas de relaves fue clave para entender las preocupaciones de quienes ya viven junto a estas infraestructuras. También para tener en cuenta que con cada nuevo proyecto de minería metálica nuevas poblaciones se verán obligadas a coexistir con estas piscinas de residuos. Sin importar dónde estén o puedan ubicarse, entender y gestionar los riesgos es indispensable.El evento en Ecuador nos mostró que hay presas de todo tipo, dentro y fuera del continente (en Canadá, Chile, Brasil, Ecuador y Perú). Nos permitió conocer más de estándares, sistemas de monitoreo comunitarios, experiencias de restauración y exigencias frente a los riesgos.En mesas de trabajo de personas expertas —técnicas y ciudadanas— compartimos conocimientos y experiencias, preguntas, y algunas pocas respuestas. Construimos alianzas para seguir difundiendo información y construir una comunidad que espera crecer.Una de las discusiones más impactantes estuvo relacionada con el riesgo tolerable. Incluso cuando conocemos los riesgos y los gestionamos, estos siguen presentes. ¿Cuánto riesgo podemos y queremos tolerar? Las respuestas varían si vienen de la industria y de algunos gobiernos. Pero si nos concentramos en las poblaciones en riesgo, la respuesta es NINGUNO. Por supuesto. ¿Quién de nosotros/as, en nombre del desarrollo y de la transición energética, dejaría su casa ahora mismo para vivir junto a una presa de relaves? Usando las ciencias para renovar la esperanza y acortar brechasEscuchamos experiencias de comunidades donde la calidad del agua se ha visto afectada por proyectos de minería metálica. En estos casos, por ejemplo, usar las ciencias como herramienta de defensa territorial se traduce en tener una línea de tiempo de los parámetros de calidad del agua, monitoreados por la comunidad, en demostrar a empresas y autoridades que la calidad del agua cambió y en exigir cambios inmediatos. También se refleja en comunidades directamente afectadas que proponen estudios y monitoreos específicos para sus territorios, los desarrollaron y usan los resultados para fortalecer sus procesos de toma de decisiones y sus acciones legales.Sin embargo, para muchas comunidades el desarrollo de estudios científicos ajustados a sus realidades es una ilusión. Existen brechas tanto de financiamiento como de falta de herramientas técnicas que limitan que las comunidades usen la mejor ciencia disponible para la defensa de sus territorios y medios de vida. Por eso AIDA y FAIME buscan poner a personas consultoras y equipos de técnicos en contacto con comunidades y con organizaciones que las apoyan para contribuir a que la mejor ciencia disponible deje de ser un privilegio. GraciasDesde AIDA agradecemos la participación de personas expertas y representantes de diversas comunidades de la región en el diálogo académico. Seguiremos propiciando estos espacios y encontrando caminos para que las comunidades afectadas por minería tengan en las ciencias una herramienta útil y eficiente para la defensa de sus derechos.
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Organizações acionam CIDH após escalada de invasões na Terra Indígena Ituna/Itatá, no Pará
Entidades pedem resposta urgente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e reforço do monitoramento internacional; cerca de 300 pessoas já estariam envolvidas na ocupação e no avanço para o interior da área destinada à proteção de indígenas isolados.Brasília. O Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (Opi) e outras cinco organizações acionaram a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) diante da escalada das invasões à Terra Indígena Ituna/Itatá, no Médio Xingu, no Pará, área protegida para povos indígenas isolados.Em manifestação urgente enviada à Comissão, Opi, Justiça Global, Conselho Indigenista Missionário (Cimi), Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), Movimento Xingu Vivo Para Sempre (MXVPS) e Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA) pedem que a CIDH adote providências imediatas diante do risco à vida, à integridade e à existência física e cultural dos povos indígenas isolados da região.O documento foi apresentado no âmbito da Medida Cautelar MC-382/10, concedida pela CIDH em 2011 em favor das comunidades indígenas da Bacia do Xingu e posteriormente ampliada para incluir, entre seus eixos, a proteção específica dos povos indígenas isolados.Lei estadual precedeu escalada das invasõesAs organizações alertam a Comissão para os efeitos da Lei estadual nº 11.665/2026, publicada em 12 de agosto, que criou a Área de Proteção Ambiental (APA) Bacajaí nos municípios de Altamira e Senador José Porfírio.A área e o perímetro definidos para a nova unidade de conservação coincidem com os da Terra Indígena Ituna/Itatá. Mapa produzido pelo Opi/Mapi, a partir de dados da Funai e do Estado do Pará, mostra que os 21 vértices descritos na legislação estadual coincidem integralmente com o perímetro da terra indígena.A TI possui aproximadamente 142,4 mil hectares e está interditada pela Funai desde 2011. Atualmente, vigora sobre o território a Portaria de Restrição de Uso nº 1.335/2025, que proíbe o ingresso, a permanência e a circulação de pessoas não autorizadas devido à presença registrada de povo indígena isolado.A legislação estadual prevê mecanismos de regularização fundiária e ambiental de imóveis e ocupações dentro da APA, inclusive por meio do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Atualmente, 288 imóveis inscritos no CAR estão sobrepostos a cerca de 89% da TI Ituna/Itatá.Desde a publicação da lei, as organizações registraram movimentações de antigos invasores para retornar à região, destruição de estruturas de controle de acesso e abertura de picadas clandestinas. Mensagens recebidas pelo Opi em 13 de agosto também documentaram articulações para ingresso na terra indígena.Cerca de 300 pessoas estariam envolvidasA situação atingiu um ponto crítico nos dias 15 e 16 de agosto. Durante uma atividade de monitoramento, servidores da Funai encontraram, às margens do Igarapé Ituna, cerca de 100 pessoas acampadas, além de 35 motocicletas e quatro veículos.De acordo com informações relatadas pelos próprios ocupantes aos servidores, outro grupo de aproximadamente 200 pessoas avançava para regiões mais internas do território com o objetivo de abrir estradas e demarcar lotes, utilizando foices, facões, roçadeiras e motosserras. Ser vidores da Funai foram ameaçados durante a abordagem, segundo o documento.Diante da escalada, a Defensoria Pública da União já havia acionado, em 17 de agosto, os ministérios da Justiça e Segurança Pública e dos Povos Indígenas, solicitando o envio imediato da Força Nacional e a atuação da Polícia Federal na região. Calcula-se que hoje já estejam cerca de 300 invasores na área, o que indica ação coordenada e financiada.Organizações pedem resposta internacionalNa manifestação, as seis organizações solicitam que a CIDH: incorpore imediatamente os novos fatos ao acompanhamento da MC-382/10; cobre do Estado brasileiro informações urgentes sobre as medidas adotadas para conter as invasões e manter a Restrição de Uso; emita comunicado público manifestando preocupação com a Lei nº 11.665/2026 e os riscos aos povos indígenas isolados; mantenha e reforce o monitoramento internacional da proteção territorial da Ituna/Itatá; acompanhe o cumprimento das medidas emergenciais requeridas pela DPU, especialmente o envio da Força Nacional e a atuação da Polícia Federal; cobre do Estado brasileiro garantias de segurança aos servidores da Funai responsáveis pela fiscalização do território.O documento foi também incorporado à reunião de trabalho da MC-382/10 que ocorreu no dia 18 de agosto, durante o 196º Período Ordinário de Sessões da CIDH.Para as organizações, a situação reúne os critérios de gravidade, urgência e risco de dano irreparável que justificam uma resposta imediata. O documento ressalta que povos indígenas isolados apresentam especial vulnerabilidade epidemiológica e que contatos não consentidos podem produzir consequências irreversíveis para sua sobrevivência física e cultural.Sobre a MC-382/10A Medida Cautelar MC-382/10 foi concedida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em abril de 2011 em favor das comunidades indígenas da Bacia do Xingu diante do quadro de danos e insegurança provocado pela instalação da usina de Belo Monte e teve seu alcance ampliado em julho daquele ano. Entre os eixos abrangidos está a proteção específica dos povos indígenas isolados da região.A Ituna/Itatá integra esse contexto de proteção. Sua interdição pela Funai também está relacionada às condicionantes indígenas do licenciamento da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, cujo Estudo de Impacto Ambiental já registrava, em 2009, fortes indícios da presença de indígenas isolados na região.Documento: Ofício JG nº 89/2026 – Manifestação urgente sobre a Lei estadual (PA) nº 11.665/2026 e os riscos aos povos indígenas isolados da TI Ituna/Itatá.Informações para imprensaHelena Palmquist | Assessoria de Comunicação – Opi | [email protected] | 91 985476006 (WhatsApp)
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