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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

Vista panorámica de la ciudad de Santiago en Chile.

Derecho a respirar aire limpio: De su reconocimiento a su garantía efectiva en América Latina

El derecho a respirar aire limpio es un derecho humano emergente y conexo con los derechos a la salud y a la vida. Su contenido material se encuentra plenamente comprendido dentro del derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible, reconocido por el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Resolución 76/300 de la Asamblea General de la ONU y el artículo 11 del Protocolo de San Salvador. El derecho a un ambiente sano también está reconocido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos (Corte IDH); especialmente en las Opiniones Consultivas 23/17 y 32/25, así como en la sentencia del caso La Oroya vs. Perú, que imponen a los Estados deberes de prevención, regulación y debida diligencia reforzada frente a los riesgos ambientales.Este derecho emergente exige a los Estados adoptar medidas integradas de regulación, supervisión y fiscalización que aseguren el cumplimiento de estándares mínimos de calidad del aire. Ello implica establecer estándares de calidad del aire basadas en evidencia sanitaria y científica; regular emisiones y actividades productivas conforme a criterios de exposición poblacional; implementar sistemas de monitoreo abiertos, interoperables y accesibles al público; y garantizar mecanismos eficaces de inspección, sanción y reparación, con especial atención a las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad.   En este contexto, el reconocimiento del derecho a respirar aire limpio como derecho emergente y operativo permite avanzar hacia un estándar regional de protección integral. Su exigibilidad se sustenta en la obligación general de los Estados de proteger el ambiente y en el deber específico de garantizar condiciones ambientales compatibles con la salud y la vida humana.Retomando los diferentes elementos del derecho a respirar aire limpio, este informe ofrece un análisis del panorama de la calidad del aire en América Latina y de las obligaciones de regulación, supervisión y fiscalización indispensables para la garantía de este derecho. El análisis comparado incluyó a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú, evidenciando el estado de avance de estos países en aspectos como estándares de calidad del aire, redes de monitoreo y medidas de supervisión y fiscalización. A partir de la situación identificada, el informe contiene recomendaciones de política pública indispensables para avanzar hacia la protección efectiva de este derecho. Lee y descarga el informe  

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Alter do Chão, en Pará, que tiene sus aguas del aquifero de amazonia
Fracking

Superior Tribunal de Justiça do Brasil decidirá sobre o futuro do fracking; organizações alertam para riscos climáticos e ameaças aos povos indígenas

BRASÍLIA 24 de agosto de 2026 — Organizações indígenas e da sociedade civil alertam que a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a possibilidade de liberação do fracking no Brasil pode afetar a segurança de comunidades indígenas e povos em isolamento voluntário, além de comprometer fontes hídricas estratégicas, como os aquíferos Guarani e da Grande Amazônia.O STJ se pronunciará no próximo dia 09 setembro sobre a possibilidade de o fraturamento hidráulico, ou fracking, ser utilizado para a extração de petróleo e gás em reservas não-convencionais. O julgamento, de alcance nacional, analisará se a técnica é compatível com a Constituição Federal, a legislação ambiental e os compromissos climáticos assumidos pelo Brasil no âmbito do Acordo de Paris.Nesse contexto, Amigos da Terra - Amazônia Brasileira, Operação Amazônia Nativa (OPAN), Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), Federação dos Povos e Organizações Indígenas de Mato Grosso (FEPOIMT), Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA) e Associação Indígena Tapayuna (AIT) apontam que as comunidades e povos ameaçados não foram consultados ou convidados a participar do processo. Entre os territórios que poderiam ser afetados estão as Terras Indígenas de Xetá, Estação Parecis, Manoki e Rio Formoso, além das comunidades quilombolas de Manoel Ciríaco dos Santos e Apepú.As organizações solicitam que o STJ aplique o princípio da precaução, um critério do direito ambiental segundo o qual a falta de certeza científica não deve impedir a adoção de medidas preventivas quando houver possibilidade de danos graves ou irreversíveis.O entendimento do STJ também levanta uma discussão mais ampla sobre o modelo de desenvolvimento e os compromissos climáticos do Brasil.“A decisão judicial pode apontar o caminho para um modelo de desenvolvimento compatível com a emergência climática, ao conter a expansão de uma técnica extrativista de alto impacto ambiental. Em um contexto de crise global que requer o abandono dos combustíveis fósseis, como reconheceu o próprio governo do Brasil durante sua presidência da COP sobre Mudança do Clima, o STJ deverá avaliar se os possíveis benefícios econômicos e uma maior soberania energética justificam os impactos do fraturamento hidráulico sobre amplas extensões de território e sobre as comunidades que nelas vivem”, comentou Santiago Cané, advogado da Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA).Riscos para os povos indígenas e seus territórios“O impacto do fracking nesses territórios representaria uma ameaça direta à sobrevivência, aos modos de vida e aos direitos dos povos indígenas. Avançar sem a realização de consulta prévia, livre e informada, além de violar compromissos nacionais e internacionais de proteção aos direitos indígenas, poderia expor essas populações a doenças, danos territoriais irreversíveis e graves desequilíbrios socioambientais”, afirmou Luciane Simões, da Amigos da Terra - Amazônia Brasileira.O caso da antiga Reserva Indígena Tapayuna ilustra essa preocupação. A reserva foi extinta durante a ditadura militar e atualmente está inserida em blocos de exploração de hidrocarbonetos. Recentemente, o tribunal de Diamantino, no estado de Mato Grosso, reconheceu a violência histórica cometida contra o povo Kajkwakratxi-Tapayuna e ordenou a demarcação de suas terras em 24 meses. Permitir o fracking nessa área poderia entrar em conflito com os efeitos dessa decisão e desconsiderar o caráter tradicional do território.A esse cenário se soma a situação do licenciamento ambiental no país: “Temos que levar em consideração todos esses riscos, lembrando também da situação frágil do licenciamento ambiental no Brasil atualmente. Sem mecanismos fortes para proteger os territórios e os direitos dos povos indígenas, o aval para o fracking poderá agravar os impactos de outras atividades que já os pressionam", afirmou Andreia Fanzenes, Coordenadora do Programa de Direitos Indígenas da OPAN, da Operação Amazônia Nativa.Essas preocupações também foram reconhecidas pelo Estado brasileiro que, em nota técnica do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, alertou que a exploração de hidrocarbonetos perto de comunidades indígenas pode causar doenças e perturbar o equilíbrio ambiental necessário para a sua sobrevivência.Impactos ambientaisAs organizações alertam que o fraturamento hidráulico pode colocar em risco a segurança hídrica devido ao seu alto consumo de água e ao risco de contaminação por substâncias químicas, metais pesados e materiais radioativos, com possíveis impactos em sistemas estratégicos como o Aquífero Guarani —compartilhado com a Argentina, o Paraguai e o Uruguai— e o Sistema Aquífero Grande Amazônia. Além disso, as operações de fracking poderiam gerar sismos e comprometer a estabilidade de infraestruturas críticas, como as barragens hidrelétricas.Aos impactos territoriais e hídricos soma-se a dimensão climática. Embora o gás natural seja frequentemente apresentado como um “combustível de transição”, sua extração, processamento e transporte podem gerar emissões de metano, um gás de efeito estufa com elevado potencial de aquecimento global.Diante de possíveis consequências que podem se estender por gerações, as organizações pedem ao Poder Judiciário que proteja a vida e os territórios, garanta o direito das gerações presentes e futuras a um meio ambiente saudável e impeça o avanço de projetos que não cumpram as obrigações de consulta prévia às comunidades potencialmente afetadas.Contatos para entrevista:Francisco Pinilla - [email protected] (61) 984015965Aldrey Riechel - [email protected] (11) 954717033 

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