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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

Vista panorámica del páramo de Sumapaz en Colombia.

Páramos = agua = vida

Los páramos son ecosistemas de alta montaña que capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Están ubicados entre el límite superior del bosque andino (3.000 m.s.n.m. aprox.) y los glaciares o nieves perpetuas de las montañas (por encima de los 4.500 m.s.n.m. aprox.).Típicamente, es posible encontrar páramos en regiones tropicales cercanas a la línea ecuatorial, sobre todo a lo largo de la Cordillera de los Andes.En América Latina, los páramos cubren más de 30.000 km2. Sudamérica alberga más del 80% de ellos a nivel mundial y Colombia concentra el 50%.Los páramos no están aislados, sino que forman un sistema de alta montaña que mantiene conexiones ecológicas con otros biomas y ecosistemas, trascendiendo fronteras nacionales. Así, en la región andina, conforman un corredor denominado el “collar de perlas”; que va desde la Cordillera de Mérida, en Venezuela, cruzando Colombia y Ecuador, hasta el hundimiento de Huancabamba en el norte de Perú.Allí, el agua que retienen humedales de altura baja poco a poco, formando quebradas y ríos, que descienden hasta llegar a las costas o a la Amazonía.Por su interconexión, los páramos son además puentes naturales o “trampolines” para la migración y dispersión de especies. Su conservación, por tanto, no puede limitarse a zonas específicas, sino a la protección de las relaciones ecológicas, biológicas y culturales que tienen con otros ecosistemas. La importancia de proteger los páramosDebemos proteger los páramos porque son esenciales para sostener la vida. Entre otras cosas, esto se debe a que:Alimentan cuencas hidrográficas claves que a su vez sustentan sistemas agrícolas y ganaderos que aportan al abastecimiento de alimentos para la población. Son la fuente principal de agua para más de 85 millones de personas. En Colombia, el 70% del agua dulce consumida en las grandes ciudades proviene de estos ecosistemas.Albergan una biodiversidad única: más de 3.370 especies de plantas y 250 de animales. Entre las especies endémicas que allí viven están el frailejón (planta con hojas peludas que atrapa la humedad de la neblina y regulan el agua), el cóndor andino, la danta de montaña o tapir andino y el oso de anteojos.Constituyen espacios de vida y hogar de comunidades campesinas e indígenas. Según el censo de páramos de 2018, más de 76.000 personas en Colombia viven en los ecosistemas de páramo del país. Además, su enorme belleza paisajística impulsa el turismo de naturaleza, sosteniendo así modos de vida.Son extraordinarios sumideros naturales de carbono, siendo aliados indispensables para la mitigación a la crisis climática. Pueden retener hasta diez veces más dióxido de carbono por metro cuadrado que un bosque tropical. En puntos específicos de un páramo, como las turberas, la captura de carbono puede alcanzar las 2.000 toneladas.  Foto: Aztlec Flickr (Creative Commons).¿De qué amenazas debemos proteger a los páramos?En contraste con su gran importancia, los páramos enfrentan varias amenazas actualmente. Una de ellas es la crisis climática, que aumenta la temperatura del ambiente y, al estar ubicados en alta montaña, estos ecosistemas no tienen pisos térmicos más fríos a donde desplazarse.Por otro lado, la ganadería y la agricultura extensivas —en especial de papa— afectan extensiones considerables de páramos. Su deforestación o reforestación con especies foráneas también los ponen en peligro, así como la falta de conocimiento sobre su importancia y características.Y sin duda una sus mayores amenazas es la minería. Debido a su formación geológica, en estos ecosistemas hay grandes cantidades de minerales y metales, como oro y plata. La industria minera implica riesgos graves para los páramos porque:Extrae grandes volúmenes de agua y construye infraestructura sobre los humedales, reduciendo su capacidad de regular los flujos hídricos, y puede contaminar con mercurio y otros tóxicos, provocando pérdida de especies y afectando la calidad y disponibilidad de agua en zonas bajas.Cuando desarrolla minería subterránea, puede alterar las dinámicas del flujo del agua subterránea debido a los procesos de desagüe para evitar el hundimiento de túneles. Esto provoca el descenso de acuíferos, el hundimiento del terreno y el desecamiento de fuentes de agua, entre otros impactos.Remueve cobertura vegetal y suelos orgánicos, degradando ecosistemas frágiles como los páramos, debilitando su rol como sumideros naturales de carbono y liberando el carbono almacenado.Puede generar impactos a perpetuidad, por siglos o milenios, tiempos que no pueden predecirse con certeza. Las presas de relaves y otras infraestructuras (escombreras o botaderos) donde los desechos mineros van a parar, por ejemplo, tienen efectos que persisten indefinidamente porque no fueron diseñadas para ser desmanteladas.Conoce más del verdadero costo de la minería en páramos. El emblemático caso del páramo de Santurbán en ColombiaEl de Santurbán es un caso representativo de los conflictos socioambientales que resultan de la intención empresarial de implementar minería en páramos, así como de los esfuerzos ciudadanos para proteger estos ecosistemas y la vida que sostienen. Foto: Alberto Peña Kay. Ubicado en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, el páramo de Santurbán se extiende por 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas, así como 457 especies de plantas y 293 de fauna vertebrada.En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre, que han atraído el interés de conglomerados mineros extranjeros que por décadas han buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema, amenazando con degradarlo.Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán —más de dos millones de personas—, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.Estos esfuerzos han sido liderados por el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Esta coalición de personas defensoras ambientales, apoyada por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil, ha frenado los intentos continuos de la industria minera. La defensa de Santurbán ha incluido litigios, incidencia nacional e internacional.   Conoce más de la defensa del páramo de Santurbán. La protección de los páramos de América LatinaAsí como en el caso de Santurbán en Colombia, pueblos indígenas, comunidades campesinas y ciudadanía en otros países de la región llevan a cabo estrategias jurídicas para proteger los páramos andinos.También en Colombia, comunidades campesinas de Cajamarca, departamento del Tolima, lograron, mediante una consulta popular, rechazar el proyecto minero La Colosa para la extracción de oro en la zona del páramo de Los Nevados. Actualmente defienden judicialmente la validez de la consulta y de la delimitación del páramo.En Ecuador, el pueblo indígena Kichwa Saraguro impulsa una acción legal para proteger más de 27.000 hectáreas del páramo de Fierro Urku que, sin consulta, fueron concesionadas para minería de oro, plata y cobre. Al mismo tiempo, exige el cumplimiento de una acción de protección que suspendió el proyecto minero Loma Larga en el páramo de Quimsacocha hasta garantizar la consulta previa y la realización de estudios de impacto ambiental.De la mano de comunidades y organizaciones aliadas, AIDA trabaja para proteger los páramos y otros ecosistemas que sostienen la vida en América Latina.  

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Panel solar en una comunidad de Cuetzalan, México

Autogeneración: Cómo democratizar el acceso a la energía

En el modelo tradicional y dominante, la electricidad es producida por grandes centrales y es distribuida en extensas redes que comprenden un sistema eléctrico. Son actividades reservadas a grandes compañías eléctricas, de propiedad privada o gubernamental.  Por tanto, el sistema energético actual, basado en fuentes fósiles —carbón, gas y petróleo—, no solo es una de las principales causas de la crisis climática mundial, sino que también es inequitativo porque está concentrado en pocas manos, además de limitar el acceso a los recursos y la participación pública en la toma de decisiones.  Esto exige que la transición energética no consista únicamente en un cambio de matriz energética, sino en la construcción de un nuevo sistema energético que —entre otras cosas— permita democratizar el acceso a la energía en base a fuentes limpias y renovables.  La autogeneración de energía, como modelo descentralizado de producción, es una oportunidad para caminar en ese sentido. ¿Qué significa el acceso democrático a la energía?La energía es necesaria para que las personas puedan acceder a mejor alimentación, agua limpia, oportunidades laborales, educación y otros derechos. Por tanto, la energía es también un derecho y una condición para garantizar el goce de otros derechos humanos.  Y la democracia energética es un principio y también un movimiento que busca que las decisiones sobre la energía —cómo se genera, quién la genera y quién se beneficia– estén en manos de la gente y no concentradas en grandes empresas o élites, priorizando el uso de energías limpias y renovables, además de sistemas descentralizados, con un enfoque de justicia social.  Por tanto, el acceso democrático a la energía implica:Control comunitario de los recursos energéticos.Participación ciudadana en la planificación energética.Distribución equitativa de beneficios.   Esto contrasta con los sistemas tradicionales centralizados, a menudo monopólicos, que han generado inequidades traducidas en, por ejemplo, comunidades que pagan tarifas elevadas por la electricidad o que sufren los impactos de esta cuando se genera a gran escala, pero sin tener voz en las decisiones que les afectan.En América Latina, la incorporación activa de comunidades indígenas, rurales y tradicionales en proyectos energéticos se vislumbra como un pilar para alcanzar una transición con justicia social y ambiental, cerrando brechas de acceso a la energía y fortaleciendo la democracia energética.En este sentido, la autogeneración de energía es la materialización de la democracia energética al permitir que comunidades enteras administren sus decisiones sobre energía y se reapropien de eslabones clave de la cadena de valor eléctrica, como la generación y la gestión. ¿Qué es la autogeneración de energía?La autogeneración es un modelo descentralizado de producción de electricidad que aprovechafuentes de energía limpias y renovables (como el sol, el agua o el viento), disponibles localmente. Este esquema es empleado en proyectos que muchas veces son de pequeña escala y que las personas pueden aprovechar de forma individual o colectiva para atender sus necesidades energéticas en ámbitos urbanos o rurales e incluso en zonas alejadas de las redes de distribución.Es un modelo que permite avanzar, desde lo local, en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero — que agravan la crisis climática— sin repetir el modelo extractivista. Reconoce el derecho de las comunidades de generar su propia energía para atender sus necesidades y contribuye, al mismo tiempo, a reducir los niveles de pobreza energética y la dependencia de redes eléctricas centralizadas.La autogeneración de energía puede desarrollarse bajo dos modalidades:Generación distribuida: Un esquema de autoproducción a pequeña escala, con conexión a redes de distribución cercanas para inyectar la energía excedente.Sistemas autónomos (off-grid): Un esquema de autoproducción de circuito cerrado y desconectado de las redes de distribución. En este modelo, las personas usuarias dejan de ser agentes pasivos para desempeñar un papel activo en la generación y gestión de energía desde el lugar donde se encuentren. Una persona o comunidad autogeneradora produce y a la vez consume energía.   Ejemplos de autogeneración de energía en América LatinaExisten a lo largo del continente casos de éxito en la implementación del modelo de autogeneración que fortalecen el movimiento regional por la democratización de la energía. A continuación, algunos ejemplos:México - "Energía para el Yeknemilis (Buen Vivir)". Iniciativa comunitaria desarrollada en la Sierra Nororiental de Puebla para promover la soberanía energética desde el territorio mediante la instalación de sistemas fotovoltaicos en espacios de uso comunitario.Colombia - Proyecto solar comunitario en Isla Fuerte. Instalación de una microrred solar con baterías (150 kW pico y 348 kWh de almacenamiento), no conectada al Sistema Interconectado Nacional, capaz de abastecer de electricidad continua a los 250 hogares de la isla caribeña.Brasil - Cooperativa de Energía Renovable Percília e Lúcio. Iniciativa comunitaria, fundada por la ONG Revolusolar y desarrollada por residentes de las favelas Morro da Babilônia y Chapéu Mangueira en Río de Janeiro. Allí se instalaron paneles solares que lograron reducir las tarifas eléctricas en más de un 50%.Chile - Cooperativa de Abastecimiento de Energía Eléctrica Curicó. Iniciativa de origen comunitario que opera en la Región del Maule con la instalación de paneles solares para suministrar energía eléctrica a las redes rurales y a instalaciones comunitarias.   Desafíos para la autogeneración de energíaPese a los avances, la implementación masiva y efectiva de este modelo enfrenta desafíos importantes en el continente. Los principales son:Regulación inadecuada (compleja o insuficiente). A menudo, la regulación interna de los países dificulta o hace imposible implementar este tipo de esquemas. Esto se debe a limitaciones a la cantidad de megavatios (MW) que se puede producir, requisitos contractuales complejos o falta de figuras jurídicas adecuadas.Financiamiento limitado. Muchos hogares de bajos ingresos no pueden costear la inversión inicial en paneles solares u otras tecnologías. Y los apoyos gubernamentales o créditos para estos proyectos son escasos. El riesgo es que la autogeneración quede concentrada en quienes tienen la capacidad económica para implementarla, excluyendo a los sectores de la población más afectados por la pobreza energética.Infraestructura eléctrica ineficiente. Las redes locales, muchas veces, no tienen la capacidad suficiente o técnica para integrar la energía generada de forma descentralizada, lo que limita el aprovechamiento de la inyección de energía excedente. Además, la inclusión de sistemas de almacenamiento ante la variabilidad de las energías renovables, así como la falta de respaldo de red, incrementan los costos de los proyectos.   Autogeneración de energía, un camino sólido hacia la transición justaLa búsqueda de un acceso equitativo a la energía con herramientas como la autogeneración es congruente con la necesidad de garantizar que la transición energética ponga a las personas en el centro y priorice como objetivo final mejorar sus condiciones de vida.Los esquemas de producción de electricidad pensados desde y para las comunidades son una vía importante para garantizar el acceso a energía asequible, segura, sostenible y moderna para todas las personas.Porque hablar de transición energética justa implica recuperar la energía como una herramienta para satisfacer necesidades humanas en un contexto de inequidades y de recursos finitos.   Conoce más sobre transición energética justa en América Latina.  

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Río Xingú en el estado brasileño de Pará, en plena Amazonía.

A Volta Grande do Xingu sob ameaça

Riscos socioambientais do projeto de mineração da Belo Sun na Amazônia brasileira A Volta Grande do Xingu é o trecho em que o rio Xingu desenha uma ampla curva — daí o nome — na Amazônia paraense, região de alta biodiversidade e riqueza sociocultural, habitada por povos indígenas e comunidades tradicionais cujos modos de vida dependem do rio. Esse território vem sendo pressionado por sucessivos projetos extrativos: primeiro a Usina Hidrelétrica de Belo Monte e, agora, o Projeto Volta Grande, de mineração de ouro, da empresa canadense Belo Sun. Frente a essas ameaças, em agosto de 2026, as organizações nacionais e internacionais que atuam na defesa da Volta Grande do Xingu, reunidas na Aliança da Volta Grande do Xingu (AVGX), enviaram — junto com a Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA) — uma comunicação formal ao Grupo de Trabalho da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos.No documento, as organizações denunciam o descumprimento, pelo Estado brasileiro, do dever de proteger os direitos humanos — quanto aos deveres de regular, autorizar com base técnica, prevenir, fiscalizar e conduzir a consulta — e o descumprimento, pela Belo Sun, da responsabilidade autônoma de respeitar os direitos humanos e exercer a devida diligência, com urgência adicional após a licença de instalação do projeto, autorizada formalmente em 15 de abril de 2026.    Os argumentos baseiam-se em um conjunto de normas internacionais que define o que os governos e as empresas devem fazer para proteger as pessoas quando uma atividade econômica pode afetar seus direitos. Algumas dessas normas são obrigatórias para o Brasil, como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (exigível perante a Corte Interamericana) e a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Outras são padrões de referência mundial, como os Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos e as Diretrizes da OCDE. O caso é objeto de atenção internacional há mais de uma década. O próprio Grupo de Trabalho da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos ouviu depoimentos das comunidades em sua visita ao Brasil, em 2015. Em março de 2024, Relatorias Especiais da ONU enviaram carta conjunta aos governos do Brasil, do Canadá e dos Estados Unidos, assim como à empresa, sem que ainda tenham sido adotadas medidas corretivas suficientes. Leia e baixe o nota informativaConsulte a comunicação enviada ao Grupo de Trabalho da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos 

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