Project

Coordinando la Red por la Justicia Ambiental en Colombia

Bajo el objetivo de contribuir a la defensa del derecho a un ambiente sano, la Red de Justicia Ambiental en Bolivia es un espacio para que organizaciones e individuos desarrollen estrategias y argumentos conjuntos usando herramientas legales y académicas.

Teniendo como antecedente el éxito de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, AIDA lanzó la Red en Bolivia, proyecto similar pero adecuado a las particularidades y necesidades de ese país, en 2016. La iniciativa agrupa actualmente a varias organizaciones de la sociedad civil boliviana y a profesionales independientes expertos en justicia ambiental.

Su objetivo es promover —entre actores de la sociedad civil y del ámbito académico— el debate público, la generación de información y la articulación y fortalecimiento de acciones orientadas a la protección del derecho humano a un ambiente sano y de los derechos de la Madre Tierra, así como al uso sostenible de nuestros bienes comunes.

 

¿Qué hace exactamente la Red?

 

  • Organizar conversatorios, foros y otros eventos para construir capacidades y agendas comunes para hacerle frente a problemáticas ambientales claves.
  • Construir argumentos y propuestas sólidas y concretas en temas de justicia ambiental.
  • Mejorar la articulación, el aprendizaje y la retroalimentación de acciones colectivas entre personas y organizaciones.
  • Difundir información útil a través de formatos sencillos y claros, priorizando el uso de las redes sociales y otras tecnologías de comunicación.
  • Promover el desarrollo de políticas ambientales más efectivas en los ámbitos local, departamental y nacional.

Partners:

Comisión de Justicia y Paz | ILSA | INDEPAZ | U. de Caldas | U. los Andes

Proyectos relacionados

SOS: ¡Necesitamos gobernar el agua!

Después de Medellín, Bucaramanga y Manizales, los Conversatorios Regionales por el Agua, terminaron su recorrido en Bogotá, donde se concluyó que el problema del agua en Colombia no es su cantidad, sino cómo se gestiona. Fortalecer iniciativas como el Consejo Nacional del Agua, involucrar la participación ciudadana y aprovechar la riqueza acuífera del territorio fueron las principales propuestas para solucionarlo. “La actual situación del agua nos está mostrando una realidad. De las crisis se han sacado las mejores políticas, por eso esta es nuestra oportunidad para decidir una nueva ruta de gestión del recurso hídrico”, aseguró Ricardo Lozano, director de People and Earth y moderador de los cuatro conversatorios. Después de conocer las visiones regionales y hacer un repaso de cómo se gobierna el agua en otros países, Lozano resolvió que lo más importante es garantizar la participación de los usuarios en la toma de decisiones. “Colombia tiene tres veces más agua que México, pero menos población”, señaló el ingeniero Manuel Rafael Rosales Gonzáles, subgerente de Análisis Hidrológico de la Comisión Nacional de Agua Mexicana, al exponer cómo ha sido el recorrido en su país para desarrollar esta política. Dentro de su sistema de gobernanza del agua, además de tener la Ley Nacional de Aguas, México ha definido zonas de veda, de reserva y reglamentadas, con el fin de garantizar que siempre haya disponibilidad del recurso. En las primeras no se puede hacer ningún aprovechamiento legal, debido a que podría darse un deterioro en su calidad o cantidad; las segundas están reservadas para el uso a futuro de alcantarillados, generación de energía del servicio público y garantizar los flujos mínimos para la protección hidrológica, mientras en las terceras se debe llegar a un acuerdo con las comunidades para establecer cómo se van a usar, debido al déficit que existe.     Para Luis Fernando Rico, gerente de Isagén, esto demuestra que el Estado colombiano se ha ausentado en el tema de las hidroeléctricas. “La sociedad no debería renunciar a la fuente de energía más económica que se conoce. Los embalses producen sus impactos y ante crisis como esta hay reducciones, pero el sector eléctrico está preparado para afrontarlo. Claro, hubo una falla financiera importante, porque en un período normal la demanda del país es 80 % de origen hídrico, pero en sequía se reduce a 51 %”, recordó. Frente al fenómeno de la sequía, Nelson Ómar Vargas, subdirector de hidrología del Ideam, recordó el valor de los acuíferos. “Tenemos una oferta invisible que no se está mirando, un oro azul enterrado que no conocemos: el agua subterránea. Su cantidad es tres veces mayor que la superficial disponible y 74 % del territorio nacional guarda este potencial. De hecho, 280 de los 318 municipios categorizados en riesgo de desabastecimiento tendrían la posibilidad de hacer un uso mixto del agua”, afirmó Vargas. Por esto, de acuerdo con Carlos Lozano Acosta, asesor legal del área de agua dulce de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), se debe garantizar el derecho al agua, lo cual implica el acceso a la información y a datos confiables. “En Colombia ha habido un gran avance en la información respecto a que la situación del agua se haga pública, como sucedió con el Estudio Nacional del Agua 2014. Sin embargo, acceder a información de proyectos e infraestructura muchas veces no se nos permite. Hay unos proyectos mineros con una influencia grande sobre el agua y no hemos sabido nada de esta información”. El conversatorio terminó con un segundo panel sobre la necesidad de fortalecer la capacidad interinstitucional, incluyendo la creación del Consejo Nacional del Agua según se estableció en el Plan de Desarrollo 2014-2018. Ante esto, Ximena Barrera, directora política de WWF, dijo que a partir de lo demostrado por experiencias de gobernanza como la francesa y la mexicana, es muy importante establecer una política multinivel que garantice la participación, además de “entender la importancia de contar con un buen sistema de información y conocimiento”. Pensar en esos retos será una de las funciones del Consejo Nacional del Agua, pues en los conversatorios quedó claro que se necesita un espacio que articule los problemas alrededor del líquido. Según Carlos Arturo Álvarez, asesor de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico, el Ministerio de Ambiente será su secretaría técnica, pero queda en el aire la pregunta de quién será el doliente. ¿A quién entregarle la dirección para que se comprometa con las comunidades? ¿De dónde podrían venir los recursos para asegurar la disponibilidad del agua? ¿Cómo exigir una educación que forme más especialistas en estos temas? Preguntas que deberán responderse cuando se cree el esperado Consejo.

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Un proyecto de mina de Odyssey y AHMSA amenaza en BCS a especies que México y EU defienden

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).– Por medio de una carta dirigida a Alfonso Flores Ramírez, titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Gobierno de Baja California Sur (BCS) realizó algunas observaciones técnicas del proyecto de minería submarina “Don Diego” con las que concluye que no es ambientalmente viable. Dicho proyecto, promovido por la empresa estadounidense Odyssey Marine Explorations, a través de su filial Exploraciones Oceánicas y con participación de Minera del Norte S.A., subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA), es el primero en su tipo a nivel mundial y pretende dragar 91 mil hectáreas de fondo marino para extraer 350 millones de toneladas de arena fosfática en el Golfo de Ulloa en aquel estado. Actualmente, “Don Diego” se encuentra en una segunda evaluación de su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por parte de la Semarnat, después de haber desistido en una ocasión y tras la acusación de organizaciones de que el proyecto representa un riesgo para los ecosistemas marinos y la actividad pesquera y turística de la región. Ahora, el Gobierno de BCS a través de Rodrigo Guerrero Rivas, Secretario de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales de la entidad, advierte que el desarrollo minero no es viable ambientalmente y que podría exacerbar un conflicto de índole internacional, informó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). A través de la carta –hecha pública por el Cemda– la instancia local emite opiniones técnicas que hacen referencia a que en la MIA de “Don Diego” se puede detectar conflictos ambientales con el sector minero y conflicto internacional por mortalidad de tortuga marina amarilla, así como metodologías, estudios y estadísticas insuficientes para establecer el grado de afectación a especies locales, dispersión de sedimentos, resiliencia y ecotoxicidad y manejo de combustibles. La zona en que Exploraciones Oceánicas pretende echar a andar su proyecto, está considerada como Región Marina Prioritaria para la Conservación según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), y también como zona de abundancia de tortugas marinas y tránsito de ballenas azules, grises y jorobadas, además de ser hábitat de lobos marinos y de una variedad de especies de algas, poliquetos, moluscos e invertebrados. En un primer análisis del desarrollo minero, la institución estatal utiliza como referencia el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional Pacífico Norte, mediante el que detectaron dos conflictos ambientales con el sector minero: El primero es de conservación pues, señalan, el desarrollo provocaría afectaciones a ecosistemas bentónicos, succión o daño físico de organismos por la draga (aparato utilizado para succión de productos marinos), daño o muerte de organismos, bioacumulación de metales pesados y elementos radiactivos, así como incremento de mortalidad de mamíferos y tortugas marinas. Adicionalmente, la misiva señala que el proyecto minero se ubica dentro de Unidades de Gestión Ambiental (UGA) en las que, entre otras cosas, se establece que no se “permitirán actividades mineras cuando éstas puedan afectar poblaciones y hábitat de especies en riesgo y prioritarias de conservación o causen efectos de acumulación de metales pesados que pongan en riesgo la salud pública por consumo de productos pesqueros”. En contraste con la afirmación que se lee en la página oficial de “Don Diego” y afirma que utiliza la experiencia de los mejores consultores y científicos del medio ambiente en el mundo y que se realizaron numerosos y extensos estudios, el Gobierno de BCS indica que ciertas metodologías, estudios y estadísticas son insuficientes para establecer el grado de afectación por las actividades que el proyecto pretende realizar durante 50 años. Tal es el caso de la evaluación de resiliencia y ecotoxicidad, mediante la que Don Diego sostiene que “no existen evidencias de contaminación que afecten a la fauna marina”, pero que realizó sin hacer mención a investigaciones oceanográficas locales-regionales, sino con datos marinos que incluyen a especies costeras del Reino Unido. Además de no haber evaluado el impacto de su actividad con especies locales, los promoventes del proyecto, señala la carta, realizaron un estudio que “no permite determinar de manera clara los impactos ambientales producidos por el ruido en otras especies marinas (incluyéndose a las tortugas marinas)”. Además de concluir con que el proyecto “Don Diego” no es ambientalmente viable, el Gobierno de BCS hizo mención de que su desarrollo podría “exacerbar de una manera muy significativa” la intención del Gobierno de Estados Unidos de implementar un embargo pesquero “que tendría graves impactos socioeconómicos no sólo en el estado de BCS, sino también en el resto del país”. El embargo al que se hace referencia es una posibilidad que surgió luego de que, en agosto pasado la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) extendiera a México una certificación negativa por no adoptar un programa regulatorio comparable al de aquel país para afrontar la pesca incidental de la tortuga amarilla –una especie en extinción– en el Golfo de Ulloa, donde se pretende echar a andar el proyecto. La tortuga amarilla o caguama (caretta caretta) es una especie catalogada En Peligro de Extinción y considerada como Especie Prioritaria para la Conservación en México, por el Programa de Conservación de Especies en Riesgo (PROCER), pero diversas asociaciones civiles han denunciado que “Don Diego” es una amenaza latente. Recientemente, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) pidió al Comité Científico de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas (CIT) hacer un análisis de dicho proyecto y a instar al Gobierno Mexicano a proteger a la especie. Ante el riesgo, indica un comunicado del Cemda, Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, dijo que “ahora, con un embargo en puerta por parte del gobierno estadounidense, lo menos que Semarnat debería hacer es aprobar el proyecto”. Finalmente, la misiva dirigida al funcionario de la Semarnat, insta a considerar la aplicación del Principio Precautorio para evaluar el proyecto minero y con ello apegarse a la legislación en materia internacional y nacional pues, de lo contrario podría incurrirse en “la creación de un riesgo con efectos todavía desconocidos y por lo tanto imprevisibles”. Entre los acuerdos internacionales que, mencionan, hay que cumplir, se encuentran la Declaración de Río de Janeiro y el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

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Paso histórico en el aire

Columna de opinión de Astrid Puentes, directora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), sobre lo que ha sucedido pasados tres meses del anuncio del Gobierno Colombiano de suspender las fumigaciones con Glifosato.    El 14 de mayo pasado, el gobierno colombiano anunció con bombos y platillos un gran cambio en la política antidrogas: la suspensión de las fumigaciones aéreas con glifosato para erradicar cultivos de uso ilícito de coca y de amapola.  La decisión tuvo repercusión internacional y fue ampliamente celebrada dado que Colombia es el único país que todavía aplica dichas fumigaciones, pese a que, tras décadas de implementación, éstas han demostrado ser inefectivas y causado graves impactos ambientales y sociales.   Pero, a tres meses del anuncio, las fumigaciones continúan. Cabe entonces preguntarse en qué va la implementación de la decisión histórica tomada por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE).   La medida fue precedida por semanas de intenso debate generado a partir del informe de la OMS que concluyó que el glifosato podría causar cáncer. Con base en ello y en decisiones de la Corte Constitucional, el Ministerio de Salud recomendó aplicar el principio de precaución y suspender las fumigaciones con glifosato para evitar posibles daños graves e irreversibles a la salud y al ambiente en Colombia.   Por siete votos a favor y uno en contra (el de la Procuraduría General de la Nación), el CNE hizo historia al anunciar la suspensión de las fumigaciones, se impusieron dos condiciones: que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) “revoque o suspenda” el Plan de Manejo Ambiental (PMA) que permite la aspersión con glifosato en el país; y que, en el plazo de un mes, un comité técnico creado por el CNE formule recomendaciones para ajustar la política antidrogas.   La información disponible sobre el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG) da cuenta que ambas condiciones aún no se cumplen. Mientras tanto, las fumigaciones en Putumayo y otras zonas del país, continúan.  El 11 de agosto, la Asociación Campesina del Catatumbo publicó un comunicado del Ministerio del Interior según el cual esa entidad “no ha tomado una decisión sobre la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito en el Catatumbo”.   Lo anterior es incoherente con la decisión del CNE de suspender del todo las fumigaciones. ¿Por qué hacer una diferencia con el Catatumbo? ¿Existe realmente intención alguna de implementar la suspensión?   ANLA puede y debe revocar el Plan de Manejo Ambiental para las fumigaciones   Hay al menos tres razones para ello: La ANLA tiene la facultad de suspender o revocar licencias ambientales o autorizaciones para los planes de manejo ambiental cuando éstas o las condiciones y exigencias establecidas no se cumplen.  Para hacerlo, no requiere autorización del beneficiario del permiso. La evidencia de que el glifosato podría causar cáncer a las personas y la correspondiente decisión del CNE deberían ser razón suficiente para que la ANLA revoque de inmediato el Plan de Manejo del PECIG.  La ANLA puede tomar esa decisión de oficio, sin ninguna solicitud de por medio, en especial ante situaciones de riesgo grave para la salud y el ambiente.  Para ello fue precisamente para lo que fue creada. La ANLA cuenta con información suficiente y adicional para revocar o suspender la autorización el Plan de Manejo Ambiental del PECIG.  Incluso en junio y julio, el Ministerio de Salud le envió la documentación científica en la que basó su recomendación.  En mayo pasado la Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia concluyó que las fumigaciones son poco efectivas y que generan muy graves daños ambientales y en la salud.    Desde marzo pasado, el famoso PMA del PECIG está en proceso de actualización debido  a nuevas condiciones presupuestales y de reglamentación, y al acuerdo con Ecuador en la controversia ante la Corte Internacional de Justicia, organismo ante el cual Colombia se comprometió a no fumigar alrededor de la frontera.    Dado el riesgo de cáncer que el uso del glifosato implica, la ANLA debería revocar el Plan de Manejo del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato, en lugar de actualizarlo.  Además, si el CNE decidió suspender del todo las fumigaciones con glifosato, el programa que ampara esa práctica carece de sentido.  Hasta el nombre habría que cambiar.   ¿Qué espera la ANLA para viabilizar la decisión del CNE y suspender las fumigaciones?   Nuevas sustancias requieren nuevos permisos   Respecto de la segunda condición para implementar la suspensión de las fumigaciones, el Ministerio de Salud dijo en respuesta a un derecho de petición enviado por varias organizaciones a mediados de junio, no tener conocimiento de las sustancias usadas como alternativa al glifosato.  Un mes antes, en mayo, medios de comunicación informaron que la Policía está probando otras sustancias químicas. ¿Está la Policía haciendo pruebas sin las autorizaciones sanitarias requeridas?   Después de todo, si el gobierno colombiano está buscando sustancias químicas o incluso biológicas para reemplazar al glifosato en la erradicación de cultivos de coca y de amapola, debería tener los permisos ambientales y sanitarios del caso.  Las normas colombianas son claras: El uso de sustancias químicas requiere de una licencia ambiental, la cual requiere a su vez de un estudio de impacto ambiental previo en el cual se analicen los posibles daños al ambiente y la salud, así como las maneras de prevenirlos o mitigarlos.    Cuando el programa de fumigaciones aéreas con glifosato parte del Plan Colombia comenzó a implementarse, se insistió en la necesidad de tener una licencia ambiental nueva. Las autoridades argumentaron en ese entonces que la erradicación era parte de un programa anterior y que una nueva licencia no era necesaria.  Negarse a una nueva licencia ambiental y continuar usando el mismo plan de manejo ambiental para el PECIG, incluso ante el cambio de la sustancia, sería ignorar abiertamente las exigencias normativas y por ende, la obligación del Estado de proteger la salud y el ambiente, y el estado de derecho.   Por ahora es claro que las condiciones establecidas para suspender las fumigaciones están dadas.  Hay evidencia suficiente que la política no es efectiva y que causa graves daños en la salud y en el ambiente.  Colombia y el mundo están pendientes.  ¿Cuánto más tendremos que esperar?

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