Project
Coordinando la Red por la Justicia Ambiental en Colombia
Bajo el objetivo de contribuir a la defensa del derecho a un ambiente sano, la Red de Justicia Ambiental en Bolivia es un espacio para que organizaciones e individuos desarrollen estrategias y argumentos conjuntos usando herramientas legales y académicas.
Teniendo como antecedente el éxito de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, AIDA lanzó la Red en Bolivia, proyecto similar pero adecuado a las particularidades y necesidades de ese país, en 2016. La iniciativa agrupa actualmente a varias organizaciones de la sociedad civil boliviana y a profesionales independientes expertos en justicia ambiental.
Su objetivo es promover —entre actores de la sociedad civil y del ámbito académico— el debate público, la generación de información y la articulación y fortalecimiento de acciones orientadas a la protección del derecho humano a un ambiente sano y de los derechos de la Madre Tierra, así como al uso sostenible de nuestros bienes comunes.
¿Qué hace exactamente la Red?
- Organizar conversatorios, foros y otros eventos para construir capacidades y agendas comunes para hacerle frente a problemáticas ambientales claves.
- Construir argumentos y propuestas sólidas y concretas en temas de justicia ambiental.
- Mejorar la articulación, el aprendizaje y la retroalimentación de acciones colectivas entre personas y organizaciones.
- Difundir información útil a través de formatos sencillos y claros, priorizando el uso de las redes sociales y otras tecnologías de comunicación.
- Promover el desarrollo de políticas ambientales más efectivas en los ámbitos local, departamental y nacional.
Partners:
América Latina, unida contra el fracking . ¿Cómo organizarnos para evitar sus impactos?
Mientras en los países del Norte y varios de Europa el fracking se ha prohibido o suspendido, en América Latina, se expande. ¿Podemos hacer algo? La respuesta es sí. Ante la incertidumbre de sus impactos y con la necesidad de generar información y debate, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas trabajan uniendo esfuerzos para evitar y detener los impactos negativos del fracking en el continente. A favor y en contra El fracking o fracturación hidráulica consiste en taladrar miles de metros verticalmente y luego horizontalmente bajo la tierra. Después se inyecta, a muy alta presión, un fluido compuesto de una mezcla de agua, arena y diferentes químicos contaminantes para fracturar rocas que contienen hidrocarburos (gas y petróleo) de difícil acceso y liberarlos. Entre los impactos graves e irreversibles asociados a esta técnica están el uso intensivo y la contaminación del agua, daños a la salud humana (cáncer, malformaciones, alergias y otros) y a otros seres vivos causados por los fluidos, emisión de metano que tien un potencial de calentamiento 25 veces mayor al del CO2, e incluso la generación de sismos. Ante los riegos y la falta de información sobre los impactos, países como Francia, Bulgaria, Escocia, Holanda, Irlanda y, gobiernos subnacionales como el del Estado de Nueva York, en Estados Unidos, le han dado la espalda al fracking, prohibiéndolo o declarando la moratoria del mismo en sus territorios. Los países de América Latina, por el contrario, están dando pasos decididos para explotar hidrocarburos no convencionales a través del fracking. Lo están haciendo con poca o ninguna información sobre sus impactos, y en ausencia de procesos adecuados de información, consulta y participación de las comunidades. Algunos ejemplos evidencian dicha tendencia: México le abrió las puertas al fracking a través de la Reforma Energética de 2013. Se conoce que en el país existen al menos 924 pozos de fracking. Argentina posee la mayor presencia de operaciones de fracking en la región, y las mayores reservas de gas de esquisto del continente. Existen más de 500 pozos de fracking en las Provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro, incluyendo pozos perforados en Auca Mahuida, área natural protegida, y en territorios indígenasde mapuches. En Chile, en 2013, la empresa estatal ENAP perforó un pozo a través de fracking en la Isla de Tierra del Fuego y produjo gas natural. Se tienen previstas nuevas perforaciones en los próximos años. Colombia y Brasil han realizado licitaciones públicas y suscrito contratos con empresas petroleras para la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking. La empresa estatal petrolera de Bolivia suscribió en 2013 un convenio con su par de Argentina para estudiar la potencialidad de hidrocarburos no convencionales en territorio boliviano. Unidos es mejor Con la facilitación de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), 32 organizaciones de la sociedad civil —incluida AIDA— e instituciones académicas de siete países de la región, se unieron para conformar un Grupo Regional para prevenir los impactos del fracking a través de la generación de información y debate. El grupo busca contribuir a que el derecho a la vida, la salud de las personas y un ambiente sano sean respetados en América Latina. Su estrategia consiste en priorizar las siguientes acciones: Identificar las operaciones de fracking en la región, sus impactos y comunidades afectadas. Organizar seminarios virtuales y presenciales de capacitación. Desarrollar estrategias de incidencia para detener el fracking a nivel internacional. El Grupo tiene como valor agregado la experticia de sus miembros, su visión regional y el apoyo institucional que brindará a las organizaciones de cada país. Dada su naturaleza plural, está abierto a la participación de nuevas instituciones y personas interesadas en el tema. Logros importantes Muchas organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, e instituciones de la región han desarrollado estrategias para generar información, sensibilizar a la población, promover el debate público, e incidir ante tomadores de decisiones para detener al fracking. Sus esfuerzos han resultado en: Más de 50 ordenanzas municipales que declaran la prohibición o moratoria del frackingen municipios de Argentina, Brasil y Uruguay . Muchas de ellas se han basado en la aplicación del principio de precaución; y en la preservación de las aguas superficiales y subterráneas, la salud y vida de las personas. Resoluciones judiciales que suspenden la ejecución de contratos petroleros susceptibles de realizar frackingen cuencas petroleras de Estados brasileños como Sao Paulo, Piauí, Bahía y Paraná. Jueces han ordenado además que la Agencia Nacional de Petróleo de Brasil no realice nuevas licitaciones en las cuencas comprometidas hasta que los impactos ambientales y riesgos del fracking sean suficientemente conocidos en Brasil. Esas decisiones judiciales han respondido a acciones promovidas por el Ministerio Público Federal de Brasil. Publicaciones sobre los impactos del fracking, sensibilización a comunidades y un proyecto de ley apoyado por más de 60 diputados nacionales y casi 20,000 personas para prohibir el fracking en México (). Información sobre los impactos del fracking, sensibilización de la sociedad civil, y promoción del debate público en Colombia y Bolivia. Estos logros animan a profundizar la articulación y el trabajo conjunto entre organizaciones. Estamos avanzando en los esfuerzos regionales para evitar los impactos del fracking en comunidades y promover un futuro energético humano y renovable.
Leer másMéxico aún puede salvar los arrecifes de Veracruz
Veracruz es hogar de una cordillera submarina formada por al menos 23 arrecifes de coral que recorren seis islas y se extienden por kilómetros. Se trata del Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV): el ecosistema de coral más extenso del Golfo de México y que ahora está en peligro. Hace más de 20 años, en 1992, el Gobierno mexicano declaró al SAV Área Natural Protegida bajo la figura de Parque Nacional. Y, en 2004, lo enlistó como Humedal de Importancia Prioritaria Internacional bajo laConvención de Ramsar por ser un ecosistema único y amenazado por la contaminación y las actividades portuarias de Veracruz. Pero, en 2012, dio un paso atrás al decretar la modificación de los límites del sitio para ampliar el puerto de Veracruz, proyecto que dañará gravemente la rica biodiversidad que los arrecifes albergan. En marzo de 2014, el daño fue confirmado cuando el Juez Tercero de Distrito del Estado de Veracruzdeclaró válida la modificación. México tiene una gran deuda que saldar con el sitio y con la población que depende del mismo, pues vulneró la protección que le había otorgado. Dicen que es de sabios rectificar y el Gobierno mexicano todavía puede evitar la degradación de este entorno vital, el cual alberga una gran variedad de fauna marina y es barrera natural contra olas, tormentas y huracanes (más frecuentes e intensos debido al cambio climático). La oportunidad para hacerlo es más que propicia pues el país será sede el próximo año de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica. México firmó ese Convenio y en virtud del mismo está obligado a salvaguardar la diversidad biológica y el patrimonio natural de su territorio. En diciembre de 2014, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en representación de 13 organizaciones e individuos, enviaron una carta al Secretariado del Convenio solicitándole dos cosas: evaluar los daños que la ampliación del puerto causará, y pedir que México revoque la autorización del proyecto debido a los serios impactos que tendrá sobre la diversidad de vida en el SAV. El proyecto contraviene el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe. Además de revocar el permiso que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) dio al proyecto de ampliación del puerto en 2013, México tiene en sus manos la oportunidad de obtener asesoría técnica y financiamiento internacional para preservar el Sistema Arrecifal Veracruzano. Para ello, el país debe incluir al sitio en el Registro Montreux, mecanismo contemplado por la Convención de Ramsar para proteger de manera prioritaria humedales que estén amenazados gravemente o que vayan a estarlo como consecuencia del desarrollo tecnológico, la contaminación u otra actividad humana. El SAV encaja muy bien en ese perfil. Al incluir al SAV en el Registro Montreux, una misión de asesoramiento de Ramsar visitará el sitio y brindará al Gobierno mexicano apoyo y recomendaciones sobre las acciones adecuadas para su conservación. Es sin duda una forma rápida de atender ecosistemas en riesgo con una suma de esfuerzos nacionales e internacionales. Durante la 12ª Conferencia de las Partes de la Convención de Ramsar, realizada hace poco en Punta del Este, Uruguay, AIDA abogó ante la delegación del Gobierno mexicano por la inclusión de los arrecifes veracruzanos en el Registro Montreux. Otro entorno amenazado por la ampliación del puerto de Veracruz es la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas. En junio de 2014, la SEMARNAT otorgó a la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER) laautorización ambiental para explotar roca basáltica en la reserva. Lo hizo a pesar que el Programa de Manejo del sitio prohíbe el uso de explosivos, actividad que alterará para siempre la zona, y la hará más vulnerable de lo que ya es a fenómenos climáticos. Además, el ruido y la presencia de personal en el lugar afectará el comportamiento de la fauna, en especial del mono aullador, especie en peligro de extinción. La roca extraída servirá a la construcción de las escolleras del nuevo puerto. En abril de 2015, AIDA y CEMDA lanzaron una petición ciudadana a través del sitio de internet Change.org para solicitar que el titular de la SEMARNAT, Juan José Guerra Abud, revoque el permiso concedido para la explotación de roca en Los Tuxtlas, y que Alejandro del Mazo, titular de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, incremente la protección del Sistema Arrecifal Veracruzano inscribiéndolo en el Registro Montreux. La petición ha sido firmada al momento por más de 34,000 personas y está entre las más apoyadas. El Estado de Veracruz es famoso por su tradición pesquera y su gastronomía basada en peces y mariscos. Que ambas características continúen depende en gran medida de la preservación del Sistema Arrecifal Veracruzano, albergue esencial para las larvas de peces no sólo de Veracruz, sino de todo el país. En 2010, esa barrera coralina amortiguó el embate del huracán Karl de categoría cuatro en la ciudad de Veracruz. ¿Valdrá entonces la pena que el Gobierno de México reconsidere sus decisiones y le devuelva a los arrecifes de Veracruz la protección sólida que una vez les dio? ¿Es el desarrollo portuario válido cuando implica la degradación de ecosistemas frágiles y valiosos para la biodiversidad y la seguridad de las personas?
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Berta Cáceres: punto de quiebre contra la impunidad
Hace ya más de un mes del asesinato de Berta Cáceres, incansable defensora de derechos humanos y el ambiente en Honduras. El hecho generó en poco tiempo un movimiento mundial de repudio y búsqueda de justicia. Es un punto de quiebre para la defensa del ambiente, los derechos humanos en general y, en especial, para la lucha por los derechos de las mujeres y pueblos indígenas de América Latina y el mundo. Por ello el 3 de marzo no se olvida. No alcanzan las palabras para describir adecuadamente quién era y es Berta Cáceres. Ella representaba a la mujer, indígena, ambientalista, mamá, hija, hermana, colega y amiga. Como describió la BBC, es la hondureña que le dobló el brazo al Banco Mundial y a China, pues su trabajo condujo al retiro de dichas inversiones. Por ello su asesinato nos ha dolido tanto. Por ello, en una reacción sin precedentes, en cuestión de horas, miles de organizaciones, instituciones y personas —a nivel mundial— repudiamos el hecho y exigimos justicia. Punto de no retorno Irónicamente, la noche que Berta fue asesinada, vi Selma, película que narra un momento clave de la lucha del Dr. Martin Luther King y el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos por el respeto efectivo de los derechos de los afroamericanos. Hace 51 años, el 7 de marzo de 1965, la marcha que partió de Selma hacia Montgomery, en Alabama, fue reprimida violentamente, generando otras tres marchas que sirvieron como catalizador para que la ley de derechos electorales fuera aprobada, con lo que se evitaron obstáculos fundamentales para ejercer el voto. La película me hizo pensar en cómo el asesinato de Berta debe ser el catalizador para romper con la impunidad sistemática de casos como éste en Honduras y en la región. Es tiempo de evidenciar que la indignación y los pedidos de justicia e investigación de organizaciones y autoridades internacionales tienen un impacto. Honduras, como la Alabama de 1965, acumula años de violaciones sistemáticas a los derechos humanos vinculadas en gran parte a proyectos de infraestructura y minería. Días antes de su muerte, Berta y el COPINH, la organización que dirigía, habían denunciado amenazas por su oposición a la represa Agua Zarca y a los desplazamientos de familias que ésta implica. Hacía años que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había otorgado a ella medidas cautelares que Honduras no estaba cumpliendo. Tras el crimen y dada la gravedad de la situación, el 5 de marzo, la CIDH otorgó medidas cautelares a la familia de Berta, al COPINH y a Gustavo Castro, único testigo del asesinato y quien debe recibir protección. Pero, días después, Néstor García, miembro del COPINH, fue asesinado también. A Gustavo se le impidió regresar a su país pese a que cooperó con la investigación y a que puede continuar haciéndolo en virtud del Tratado de Cooperación Judicial entre México y Honduras. El COPINH y familiares de Berta siguen denunciando amenazas. La OEA, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Relatores Especiales de la ONU y congresistas de Estados Unidos, Costa Rica y la Unión Europea exigieron también investigaciones objetivas y efectivas sobre los hechos. Hay pocos avances hasta el momento. Así lo evidencian la falta de respuesta del Gobierno hondureño y las conclusiones de la Misión Internacional de Observación. La situación en Honduras prueba la realidad alarmante de toda América Latina, particularmente grave en Brasil, Colombia, Perú y México. Múltiples informes concluyen que la región está bajo fuego. Las personas que protegen sus derechos, su tierra y la naturaleza, arriesgan su integridad, libertad e incluso su vida. Financiamiento irresponsable El caso de Berta evidencia también la responsabilidad de las empresas, entidades financieras y otras entidades vinculadas con la represa Agua Zarca. Las amenazas a los derechos humanos y al ambiente del proyecto han sido denunciadas hace años. Por ello el Banco Mundial y la empresa Sinohydro se retiraron del proyecto en 2014. El FMO de Holanda y el Banco Finlandés lo hicieron recién el 16 de marzo, después del asesinato de Néstor García. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) congeló también el financiamiento al proyecto hace pocos días. La situación demuestra además que las hidroeléctricas son una pésima solución energética por sus impactos socioambientales. Honduras y la región tienen opciones para producir energía que promuevan realmente el desarrollo y la disminución de la pobreza. Ya es tiempo de aprender y avanzar al siglo XXI implementando dichas alternativas. El indignante asesinato de Berta y la situación de Gustavo y del COPINH me recuerdan a un amigo periodista que tuvo que salir de su país por lo que escribió. Él decía que las industrias extractivas, incluyendo la hidroenergía, son las repúblicas bananeras de nuestro siglo. Creo que tiene razón. La extracción incontrolada de recursos naturales es hoy para los derechos humanos en América Latina lo que las dictaduras en los 60. No podemos darnos el lujo que suceda lo mismo. Esta vez el resultado debe ser diferente. Lo ocurrido en Honduras debe ser un parte aguas para que por fin se apliquen los estándares internacionales en materia de derechos humanos y ambiente. En el caso de Berta, debe haber cuanto antes una investigación seria, independiente y efectiva. Se debe evidenciar la responsabilidad de las empresas involucradas en Agua Zarca. El proyecto debe ser analizado para hallar alternativas adecuadas. Honduras y todos los Estados involucrados deben implementar correctivos para que lo acontecido no se repita. Quienes trabajamos por las causas compartidas con Berta seguiremos exigiendo justicia. Cada país del continente americano la necesita y merece.
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