Project
Coordinando la Red por la Justicia Ambiental en Colombia
Bajo el objetivo de contribuir a la defensa del derecho a un ambiente sano, la Red de Justicia Ambiental en Bolivia es un espacio para que organizaciones e individuos desarrollen estrategias y argumentos conjuntos usando herramientas legales y académicas.
Teniendo como antecedente el éxito de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, AIDA lanzó la Red en Bolivia, proyecto similar pero adecuado a las particularidades y necesidades de ese país, en 2016. La iniciativa agrupa actualmente a varias organizaciones de la sociedad civil boliviana y a profesionales independientes expertos en justicia ambiental.
Su objetivo es promover —entre actores de la sociedad civil y del ámbito académico— el debate público, la generación de información y la articulación y fortalecimiento de acciones orientadas a la protección del derecho humano a un ambiente sano y de los derechos de la Madre Tierra, así como al uso sostenible de nuestros bienes comunes.
¿Qué hace exactamente la Red?
- Organizar conversatorios, foros y otros eventos para construir capacidades y agendas comunes para hacerle frente a problemáticas ambientales claves.
- Construir argumentos y propuestas sólidas y concretas en temas de justicia ambiental.
- Mejorar la articulación, el aprendizaje y la retroalimentación de acciones colectivas entre personas y organizaciones.
- Difundir información útil a través de formatos sencillos y claros, priorizando el uso de las redes sociales y otras tecnologías de comunicación.
- Promover el desarrollo de políticas ambientales más efectivas en los ámbitos local, departamental y nacional.
Partners:
Crisis energética: es momento de estimular la energía limpia
El futuro Según la Agencia Internacional de Energía, entidad que hace parte del marco de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), la demanda energética global habrá aumentado en un 37 por ciento para el año 2040. Por su parte, la población colombiana pasará de 48 millones en 2015 a 63 millones en 2050, y este crecimiento conllevará un aumento en la demanda de energía, que será aún mayor si la pobreza se reduce. ¿Cómo garantizará Colombia la demanda energética en el futuro? ¿Serán nuestras fuentes energéticas respetuosas con el ambiente y se adaptarán al cambio climático? El pasado Hay que recordar que desde 1960 Colombia ha padecido más de trece apagones de alcance inter-regional. Por ejemplo: En 1966 Bogotá y 300 municipios se quedaron sin servicio eléctrico. En 1980 el 90 por ciento del país se quedó a oscuras por culpa de un apagón, es decir, por una interrupción en el fluido eléctrico en un momento específico, no por un racionamiento o una serie programada de interrupciones. El último gran racionamiento que tuvimos comenzó en marzo de 1992 bajo el gobierno Gaviria y ese mismo año el ministro de Comercio Juan Manuel Santos adelantó en una hora el huso horario para aprovechar más la iluminación solar. Este racionamiento se debió sobre todo a la dependencia de las hidroeléctricas, que se vieron afectadas por la reducción de lluvias y por el aumento de temperaturas como consecuencia del fenómeno de El Niño. La “hora Gaviria” se mantuvo hasta febrero de 1993, cuando aumentaron las precipitaciones. Pero, ¿qué lecciones nos dejó esta experiencia? Las hidroeléctricas y el cambio climático Es comprensible que hace dos décadas los gobernantes de Colombia promovieran la hidroelectricidad, dada la abundancia hidrográfica y pluviosa de varias zonas del país. Además en ese momento no eran tan claros los impactos ambientales y sociales de las represas, ni tampoco los del cambio climático sobre las propias represas. Pero la situación ha cambiado mucho. El Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados analizó diferentes escenarios de cambio climático para centrales hidroeléctricas y térmicas en todo el mundo y concluyó que el aumento de temperaturas reducirá la capacidad de estas centrales hasta en un 30 por ciento en 2080. Con todo y eso en 2015 el 67 por ciento de la electricidad de Colombia fue producida por hidroeléctricas, el 32 por ciento por plantas termoeléctricas (gas, carbón y diésel), y solo el 1 por ciento, por cogeneración y energía eólica. En la siguiente Figura la línea negra representa la variación de la temperatura en el océano Pacífico ecuatorial. Durante el período estudiado se presentan dos picos, correspondientes al fenómeno de El Niño de 2009 y al que vivimos en la actualidad. ¿Qué pasó con la generación eléctrica de Colombia durante estos períodos? La hidroelectricidad redujo bastante su participación y la demanda tuvo que satisfacerse principalmente con fuentes termoeléctricas. Esto demuestra la vulnerabilidad del sistema de generación ante variaciones climáticas, cada vez más frecuentes y más intensas. Por eso como dice la sabiduría popular, no es aconsejable poner todos los huevos en la misma canasta. Depender de una sola fuente energética es arriesgado y por eso el fenómeno de El Niño nos pone otra vez en riesgo de racionamiento. Cuando deja de llover, deja de llover para todas las hidroeléctricas, sin importar cuántas hayamos construido, una o cien. Este panorama plantea dudas muy serias los proyectos de generación eléctrica de Colombia, y en todo caso nos obliga a preguntarnos por qué es tan incipiente el avance de fuentes energéticas limpias, a pesar de su gran potencial en el país. Tendencia global En 2015 el Observatorio Global de Energía contabilizó en todo el planeta: 3.165 hidroeléctricas, 2.759 termoeléctricas a gas, 1.440 termoeléctricas a carbón, 1.069 plantas a gasolina/diésel, 652 parques eólicos, 269 plantas de energía nuclear, y 90 plantas de energía solar. Como se puede ver en la Figura 2, el mundo también tiene una gran dependencia de la hidroelectricidad y de los combustibles fósiles: No obstante, algunos países de Europa ya han avanzado en la transición a energías limpias. Dinamarca es un caso emblemático porque que en 2015 el 42 por ciento de su energía fue eólica y el gobierno prevé que la mitad de su energía provenga del viento en 2050. Colombia y el mundo La Figura 3 muestra cómo se distribuyó la generación de electricidad en algunos países entre 2005 y 2013 (en relación con el fueloil debe tenerse en cuenta que debido a las disminución de los precios del petróleo es probable que su uso haya aumentado en 2014 y 2015). Las cifras anteriores confirman el aumento de la energía eólica y la disminución del uso de gas y carbón en países como Dinamarca y Francia. Pero, ¿qué pasa en Colombia? El país aumentó su uso de hidroeléctricas, gas y carbón, mientras que la energía eólica tuvo un retroceso entre 2005 y 2010. Por otra parte en países como Brasil o China se registró un aumento de la energía nuclear. Pero aunque son bien conocidos los impactos ambientales, climáticos y de salud pública de los combustibles fósiles, la energía nuclear tampoco es una opción razonable por sus altos costos y sus riesgos de seguridad, como mostraron las catástrofes de Chernóbil en Ucrania, Fukushima en Japón, Three Mile Island en Estados Unidos o Goiania en el Brasil. La mala idea de las hidroeléctricas Es cierto que las hidroeléctricas producen energía renovable ya que los ríos renuevan sus caudales en forma permanente. Pero esto no quiere decir que su energía sea limpia y respetuosa con el medio ambiente: Las represas producen una gran cantidad de gases de efecto invernadero, porque al inundar ecosistemas aledaños se descompone la materia orgánica de estos y se liberan dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4). Las hidroeléctricas perjudican a los ríos que represan al afectar la oxigenación del agua e interrumpir los flujos migratorios y reproductivos de peces. Y los ríos, como ecosistemas, son sumamente valiosos para cualquier país. Las represas ocasionan graves conflictos sociales y de derechos humanos, pues inundan territorios de comunidades y afectan o eliminan sus formas de subsistencia, como se puede ver en los casos de El Quimbo (Colombia) o Belo Monte (Brasil). En este enlace se puede encontrar un listado más completo de los impactos de las represas, con sus respectivos sustentos científicos. La siguiente infografía de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) e International Rivers presenta algunos de ellos: Energías limpias En la Convención de París el Estado colombiano asumió compromisos muy serios en relación con el cambio climático. Pero esto se contradice con sus política energética y minera, dependiente la primera de hidroeléctricas y termoeléctricas, la segunda concentrada en la extracción de carbón. Y sin embargo hay motivos para la esperanza, porque Colombia tiene un gran potencial de energías limpias. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) publicó en 2015 el Atlas de Clima, Radiación y de Viento de Colombia que identifica las mejores zonas para llevar a cabo proyectos de energía solar o eólica. También se debería explorar el potencial geotérmico del país y estimular los cambios culturales y de consumo que fomenten una demanda energética eficiente. Por supuesto, esta transición será gradual y no se deben ignorar los impactos ambientales que podrían tener estos proyectos. El director de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) le explicó a El Espectador que: “El 80 % de la energía de Colombia viene de fuentes hídricas. Sin embargo, hay un reto mayor en conseguir potencializar (sic) lo eólico y la radiación solar para poder incrementar nuestra matriz energética”. En este sentido, Colombia ya dio un primer paso normativo con la expedición de la Ley 1715 de 2014. Pero debemos hacer más. Así como hay una Agencia Nacional de Hidrocarburos o una Agencia Nacional de Minería, Colombia debería tener una agencia dedicada a promover la eficiencia energética y el aumento de las energías limpias: una entidad que nos prepare para las realidades ambientales y climáticas, presentes y futuras. La Universidad de los Andes ya dio un paso importante con la creación del Centro de Investigaciones en Energía y con su primer foro sobre sistemas de energía del futuro. La Agencia Internacional de Energía propuso la siguiente estrategia “puente”, donde las emisiones de cambio climático relacionadas con energía llegan a su punto máximo en 2020. Sin duda, podríamos seguir este camino.
Leer másLa pelea nacional por la minería que desató Ibagué
En los primeros días de este mes, al escritorio de Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de Ibagué y ex secretario de Salud de Bogotá, llegó un oficio de la Procuraduría General de la Nación. En siete páginas se le advertía que el proceso de consulta popular que él había iniciado y que busca preguntarles a los ciudadanos si están o no de acuerdo con la minería en su territorio, iba a tener, de ahora en adelante, un acompañamiento preventivo. La viceprocuradora Martha Isabel Castañeda le recordaba a Jaramillo que el Estado es el dueño del subsuelo y le hacía varias precisiones sobre esos procesos relacionados con proyectos mineros. El que él inició ahora iba a examinarse con mucho más detalle. El documento fue emitido el 8 de febrero, el mismo día que se supo del fallo de la Corte Constitucional que frenaba la minería en páramos y reiteraba que a la hora de planear un proyecto para la extracción de recursos, debía haber concertación entre los municipios y el Gobierno. En últimas, explicaba que no puede ser una decisión unilateral. Desde ese día, sin embargo, Jaramillo y el Concejo de Ibagué están en medio de una puja en la que en estos días entraron a participar funcionarios del Gobierno. ¿La razón? El próximo lunes 29 de febrero, desde las 8 a.m., los 19 concejales de la capital del Tolima decidirán si aceptan o no que se lleve a cabo la consulta popular. Para que prospere, se necesitarán mínimo diez votos a favor. Sin embargo, para algunos concejales, alcanzar ese número parece una tarea titánica después de lo que sucedió esta semana. La visita que hicieron, entre otros, María Isabel Ulloa, viceministra de Minas; Ernesto Cardoso, procurador ambiental del Tolima; Antonio Barrera Carbonell, expresidente de la Corte Constitucional, y altos funcionarios de la Andi, puede haber modificado las intenciones de voto. “Nos sentimos intimidados y decir que no es algo mentiroso”, cuenta Camilo Delgado, presidente del Concejo de Ibagué. A sus ojos, además, los pronunciamientos de la Procuraduría han alertado a varios, que ahora temen una destitución o la apertura de una investigación. A lo que se refiere Delgado es a las palabras que pronunció en el Concejo el procurador ambiental del departamento, replicadas por La Silla Vacía: “por hechos similares al que aquí nos ocupa, el órgano de control ha iniciado investigación de carácter disciplinario”. La intención de Ibagué ha alertado al Gobierno porque, como explica Carlos Lozano Acosta, asesor de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), es la primera vez que una capital tomaría una decisión de ese calibre, lo que sentaría un precedente para todo el país. “Pero resulta muy positivo que la gente use estos mecanismos de participación, que son legales y legítimos”, dice. En términos concretos, lo que busca el alcalde Jaramillo es que el Concejo le dé el visto bueno a una consulta que posiblemente se realizaría en junio de este año. Entonces, los ibaguereños tendrían que responder sí o no a la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas, o afectación de la vocación agrícola y turística del municipio, con motivo de proyectos mineros?”. Aunque no lo puntualiza, el interrogante hace referencia al proyecto La Colosa, que se llevará a cabo en el municipio de Cajamarca, a un poco más de 34 kilómetros de Ibagué. Según Jaramillo y varios grupos ambientales, ese proyecto, del que la empresa Anglo Gold Ashanti espera extraer unos 29 millones de onzas de oro a partir de 2020, afectaría la cuenca del río Coello, que alimentará un acueducto complementario de la ciudad. “Además, estaría en juego nuestra vocación agropecuaria y turística. No tenemos vocación minera y queremos cuidar nuestras fuentes hídricas. No queremos que suceda lo que ha pasado con el carbón en La Guajira”, advierte Jaramillo. Y aunque Anglo Gold Ashanti le dijo a este diario que no se pronunciaría sobre la consulta popular, en varias ocasiones ha reiterado que su proyecto no tendrá ninguna influencia técnica en la capital tolimense ni en ningún otro municipio distinto a Cajamarca. De hecho, aseguran que han ido devolviendo los títulos mineros que tenían en Ibagué y hoy tienen cuatro que, dicen, no están relacionados con La Colosa ni sobre terrenos de acueducto. Pero, en palabras de Jaramillo, hay un plan sobre la mesa para hacer llegar al sector recreativo de Totumo unas bandas transportadoras desde Cajamarca y para crear unos espacios para lavar el oro extraído. Incluso, para Humberto Quintero, concejal de Cambio Radical y quien votará negativamente el lunes porque considera que la pegunta de la consulta es ambigua y abstracta y porque cree que extralimitaría sus funciones, aún no hay claridad sobre si la compañía tendrá área de influencia en la ciudad. A los ojos de Acosta, todas estas presiones son el reflejo del gran efecto que podría tener la minería en Tolima en un futuro. “¿Es posible que estemos frente a un posible escenario de distrito minero?”, se pregunta. Para él, el hecho de que Anglo Gold hubiese decidido demandar en 2013 el acuerdo al que llegó Piedras, municipio que también le dijo que no a La Colosa por medio de una consulta popular, sugiere que sí hay intereses de por medio. “Al realizar la consulta popular, el Concejo de Piedras aprobó un acuerdo que consideramos ilegal e inconstitucional, como es la prohibición de minería por parte de una autoridad local. Por esta razón, presentamos una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado. Esa corporación consideró que quien debía resolverlo era el juez administrativo de Ibagué y le ordenó darle trámite a la demanda. Eso fue en 2013. Pero hoy el proyecto La Colosa no tiene ninguna incidencia ni interés técnico en Piedras ni en Ibagué”, responde la compañía. Pero el tema de fondo de este álgido debate es el mismo que la Corte aclaró hace dos semanas pero que sigue generando pujas y presiones: ¿pueden los municipios decidir si quieren o no minería en sus territorios? Para César Rodríguez Garavito, experto en temas ambientales y director de Dejusticia, el asunto es más que claro. “Debe haber una concertación de estos territorios con el Gobierno. Cómo se debe hacer, es un tema que la Corte deja abierto, pero lo que sí aclara es que se pueden usar mecanismos de participación ciudadana. Debe haber un acuerdo para definir cuál es el lugar que le corresponder a la consulta popular, que es una especie de instrucción de la ciudadanía al mandatario local para que con esa manifestación vaya a esa concertación”. Para Rodríguez, que ha seguido de cerca este proceso, las advertencias de la Procuraduría no tienen fundamento en los fallos de la Corte ni en la Constitución misma. “Están haciendo un uso inapropiado de una herramienta de control preventivo”, argumenta. “Es –reitera Jaramillo– un matoneo de varias entidades que yo jamás había visto y que va desde destitución hasta pérdida de investidura. Definitivamente, lo que es claro es que Bogotá no está acostumbrada a que los pueblos decidan. Este país es cada vez más centralista, pero nosotros tenemos derecho a decidir”.
Leer másBelo Monte y cómo no producir energía en el siglo XXI
El 12 de diciembre de 2015, la represa Belo Monte, en Brasil, comenzó a ser llenada. El proyecto más importante del programa energético de la presidenta Dilma Rousseff es también un monumento a cómo no debe producirse energía en el siglo XXI. Además de su alto costo, la represa está asociada con corrupción y grandes impactos socioambientales. Belo Monte sería la tercera represa más grande del mundo. Se construye al noreste de Brasil, en el río Xingú, afluente clave del Amazonas. Produciría en promedio solo la tercera parte de su capacidad máxima. Inundará 516 km2 (el tamaño de la ciudad de Chicago) de bosque amazónico, áreas cultivables y zonas urbanas de Altamira, Pará. “…el gobierno y la sociedad brasileños no toleran y no tolerarán la corrupción. La democracia brasileña se fortalece cuando la autoridad asume el límite de la ley como su propio límite. Muchos de nosotros luchamos para eso justamente cuando las leyes y los derechos fueron vilipendiados durante la dictadura…”, dijo Rousseff ante la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre pasado. Habló de incluir las “cuestiones de las comunidades indígenas” en los compromisos climáticos del país. También en septiembre, la casa de doña Antonia Melo en Altamira fue demolida por Norte Energía, consorcio constructor de Belo Monte. Antonia lidera el Movimiento Xingú Vivo para Siempre que defiende los derechos de los habitantes de la cuenca del Xingú. La de Antonia es una de las cerca de 3,000 familias desplazadas por una represa que afectará a 40,000 personas en total, muchas de ellas indígenas. El 24 de noviembre de 2015, la autoridad ambiental autorizó la operación de Belo Monte pese al incumplimiento de condicionantes socioambientales esenciales e ignorando dictámenes técnicos ambientales y de la autoridad de protección de los indígenas. Desde 2011, cuando la construcción comenzó, varias comunidades indígenas han sufrido daños serios a su salud, integridad, territorio y cultura. Éstos han empeorado ante la proximidad de la operación de la represa. Los servicios públicos, incluyendo los de centros de salud y de atención a la niñez —de por sí precarios—, colapsaron. La violencia creció exponencialmente: los asesinatos se duplicaron, los accidentes de tránsito aumentaron 144% y la violencia sexual y prostitución estallaron, afectando a niñas y adolescentes sin que las denuncias al respecto sean atendidas. Aunque se entregaron más de 2,600 viviendas a las familias desplazadas, éstas denuncian defectos estructurales, falta de transporte público y servicios esenciales. Las casas no tienen conexión al alcantarillado, una de las condicionantes de la licencia. El discurso de Rousseff resulta paradójico frente a la realidad. Ella fue víctima de la dictadura, pero ahora usa recursos de ese régimen para implementar Belo Monte. El Ministerio Público Federal presentó más de 20 demandas contra el proyecto y jueces ordenaron la suspensión de sus obras en al menos seis ocasiones. Dichos fallos fueron anuladas por petición del gobierno de Rousseff, aplicando la suspensión de seguridad, intrumento legal irónicamente creado por la dictadura. La última vez fue en enero pasado cuando el Tribunal Federal de Justicia suspendió el llenado de la represa por el incumplimiento de obligaciones referidas a la protección de las comunidades indígenas. El fallo fue anulado día después. La corrupción también salpicó al proyecto. Según confesaron ejecutivos de las empresas Camargo Correa y Andrade Gutiérrez, se pagaron sobornos millonarios para su implementación. El tema es parte de Lava Jato, la mayor investigación contra la corrupción de la historia de Brasil. Los impactos de Belo Monte han sido denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas. Las respuestas fueron lentas o inexistentes. En abril de 2011, la CIDH urgió a Brasil suspender las obras por la falta de consulta libre, previa e informada con las comunidades indígenas. La reacción de Brasil fue contundente: retiró su candidato a la CIDH, a su embajador ante la OEA, dejó de enviar sus aportes anuales a ese organismo e inició un proceso de “fortalecimiento” del Sistema Interamericano que terminó reformando el reglamento de la Comisión. La CIDH dejó de pedir la suspensión de obras, pero sí acciones urgentes para proteger a las comunidades indígenas afectadas. En 2011, éstas demandaron a Brasil y cuatro años después, en diciembre de 2015, la Comisión inició el trámite del caso. Ese organismo podría priorizar el caso, tomar una decisión pronto y evitar mayores daños. Como dice doña Antonia, la lucha continúa. Rousseff aún puede demostrar que su gobierno no tolera la corrupción y que, a diferencia de la dictadura, no vilipendia las normas. La CIDH y otras autoridades tienen la oportunidad histórica de exigir respetar los derechos humanos y ayudar a que los países alcancen un desarrollo que no sacrifique las personas. Deben hacerlo pronto, pues Belo Monte ya esta llenándose
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