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John Burns / NOAACorte pone fin a la matanza "legal" de la tortuga marina verde
En febrero de 1999, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica decretó la suspensión de la matanza "legal" de la tortuga marina verde. El fallo marca una importante victoria para la conservación de esta especie en peligro de extinción y potencialmente para otras especies también desamparadas en sus países de origen.
Costa Rica tiene el privilegio y la responsabilidad de ser refugio de una de las más grandes poblaciones de esta especie de tortuga marina en el océano Atlántico. Cada dos o tres años, hembras de tortuga marina verde, muchas de ellas con decenas de años de edad, se arrastran lentamente desde su hábitat en el océano hasta sus nidos sobre una playa de 35 kilómetros entre el Tortuguero y el Río Parismina.
En lugar de proteger plenamente a estos ancestrales visitantes, Costa Rica tenía una ley que permitía la captura y matanza de casi dos mil tortugas marinas al año. Desafortunadamente, los cazadores furtivos explotaron esta norma para matar muchas más tortugas de lo permitido, poniendo así en riesgo lsu supervivencia.
Como respuesta a la inacción del Gobierno costarricense y para salvaguardar a la tortuga marina verde, AIDA, a través de CEDARENA, nuestra organización participante en Costa Rica, inició una batalla legal para eliminar esa ley.
AIDA y CEDARENA argumentaron que la ley violaba las garantías constitucionales costarricenses del derecho a un medioambiente sano y “ecológicamente equilibrado”; presentando fuerte evidencia de que la norma producía un impacto oculto en las tortugas marinas verdes. La Corte falló a favor a favor de las ONG y eliminó la ley.
La sentencia en sí misma no termina con las amenazas que se ciernen sobre las tortugas marinas verdes. Sin embargo, posiblemente sí proporcione el tiempo y el espacio que los conservacionistas necesitan para poder concentrarse en intervenir y detener su caza furtiva. ¡Ojalá lo logren!
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Era de por sí ya un momento excepcional. La Alianza Latinoamericana Frente al Fracking había organizado un encuentro regional, estábamos en Colombia personas de 7 países de Latinoamérica reunidas cara a cara. Entonces, nos llegó una gran noticia: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había aceptado nuestra petición para una audiencia. Estallamos en una alegría colectiva. Representantes de organizaciones, abogados, activistas, científicos y habitantes de comunidades afectadas realizábamos el encuentro Territorios Libres de Fracking, ofreciendo talleres, conferencias de prensa y conversatorios sobre la fractura hidráulica —método de extracción no convencional de hidrocarburos— y sus impactos en la vida, la salud y el ambiente. Ahora, no sólo tendríamos un público diferente, sino que sería la primera vez que se hablaría de fracking ante la CIDH. La alegría se convirtió en la encomienda inmediata de preparar en sólo veinte días una exposición que en veinte minutos resumiera de la mejor manera todos y cada unos de los efectos que ha tenido el fracking en el continente americano. Trabajamos día y noche para que todo estuviera listo ese 3 de octubre en Boulder, Colorado. Fue tan poco el tiempo que a Gabriel Cherqui, vocero de las comunidades mapuches afectadas en Neuquén, Argentina, por el megaproyecto Vaca Muerta, le fue imposible conseguir el visado y hacer el trámite necesario para viajar a Estados Unidos. Convertir años en minutos Quizás lo más difícil fue resumir miles de documentos e historias en tan poco tiempo. Nos había tomado años sistematizar la información especializada sobre el tema y conseguir la aceptación de la audiencia informativa, solicitada con más de 120 firmas de respaldo. Otro desafío fue tejer de forma sólida la relación entre el fracking y la violación de derechos humanos, un tema que ya habíamos identificado que a la Comisión le interesaría abordar, dada la inmensidad y complejidad del problema. Desarrollamos una estrategia: Roberto Ochandio, extrabajador, petrolero y geógrafo, expuso los pormenores técnicos necesarios para entender el fracking; Liliana Ávila, abogada de AIDA, enlistó cómo el uso de la técnica ha vulnerado el derecho al ambiente sano, la vida, la salud, la consulta y a la información de las comunidades afectadas; Alejandra Jiménez, de la Alianza Mexicana contra el Fracking, dio a conocer los casos en México, donde el acceso al agua ha sido comprometido; Santiago Cané, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, abordó la contaminación, daños directos, falta de consulta y persecución de las comunidades de Neuquén; y Doris Estela Gutiérrez, presidenta de Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (CORDATEC), habló sobre la promoción de las consultas públicas en Colombia, así como de la criminalización y amenazas a la vida de los defensores del territorio. Destacamos que apostar por los hidrocarburos, y por esta técnica, significa también alejarnos del combate al cambio climático pues el fracking emite metano y otros gases de efecto invernadero que aceleran el calentamiento global. Fue todo un reto. No queríamos dejar la voz de nadie a un lado. Escuchar y aprender: una esperanza La mirada de los comisionados y cómo apuntaban datos y testimonios en los veinte minutos que duró nuestra intervención nos dejaba claro que estábamos abriendo una ventana a la esperanza. El carácter multifacético del fracking —con aspectos como el desarrollo, la contaminación, el cambio climático y los derechos humanos— llamaba su interés. No sólo presenciábamos la primera vez que se hablaba de fracking ante la Comisión, sino una audiencia donde cinco expositores resumían la preocupación de más de 120 solicitantes, con una sola causa en común. Lo que vino después fue un diálogo en el que los comisionados nos preguntaron por media hora más detalles sobre la técnica, dudas sobre el desarrollo en los países, la calidad del agua, los daños a la salud pública y una preocupación ante lo mucho que nos aleja esta técnica de las metas climáticas. Solicitamos a la Comisión que inste a los Estados a que adopten medidas para evitar violaciones a los derechos humanos relacionadas con el fracking; a que generen información pública, veraz e imparcial, basada en evidencia científica; y a que protejan los derechos humanos allí donde el uso de la técnica avanza a ciegas. Le pedimos dar seguimiento al tema, particularmente a los impactos negativos del fracking en los derechos económicos, sociales y culturales; en la vida de mujeres, niños, niñas y adolescentes; y en la vida y territorios de pueblos indígenas. Le requerimos dar seguimiento a las agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos y buscar medidas de protección para quienes están en riesgo. Quedaron muchas preguntas, muchas otras preocupaciones que como Alianza hemos detectado en América Latina, pero ciertamente este momento nos fortaleció. En lo que respecta al derecho internacional, esta audiencia sienta precedentes regionales y hace uso de los argumentos de la Opinión Consultiva 23 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sobre derechos humanos y ambiente. Es claro que este momento fue un pequeño paso, pero también fue claro que hay oídos dispuestos a escuchar. Por nuestra parte, seguiremos haciendo uso de las herramientas legales del derecho internacional para proteger a las comunidades que puedan verse afectadas por el fracking.
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Entre las conclusiones preliminares de su visita a Brasil, la Comisión llamó la atención de autoridades y de la sociedad para solucionar urgentemente las reiteradas violaciones de derechos que sufren pueblos indígenas. Resaltó el caso de la comunidad indígena Muratú de Paquiçamba (Pará) afectada por la implementación de la represa Belo Monte. Río de Janeiro, Brasil. Al finalizar su visita al país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a las autoridades y sociedad en general visibilizar, atender y resolver con urgencia la violación reiterada de los derechos humanos de pueblos indígenas. Resaltó el caso de la comunidad indígena Muratú, afectada por los daños ambientales causados por la implementación de la represa Belo Monte. En Brasil, los pueblos indígenas “sufren episodios frecuentes de violencia y falta de atención por parte de los servicios públicos, además de enfrentar dificultades y obstáculos crecientes para la demarcación de sus tierras…”, dijo la Comisionada Antonia Urrejola Noguera, Relatora para Brasil, al presentar las conclusiones preliminares. "Brasil ha sido uno de los mayores violadores de derechos humanos de los pueblos indígenas. En la reunión con la Comisión, la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) presentó estos casos y expresó su preocupación en el escenario político actual, en el cual el discurso de odio y de racismo ha sido casa vez mayor, incluso por la vía institucional", afirmó Luiz Eloy Terena, asesor jurídico de la APIB. El pasado 7 de noviembre, una delegación de la CIDH visitó la Aldea Muratú, en la Tierra Indígena Paquiçamba, estado de Pará, una de las comunidades indígenas afectadas por la represa Belo Monte. Es la primera vez que la Comisión visita el área. Allí escucharon testimonios de indígenas y ribereños, que luchan por mantener su modo de vida tradicional pese a la muerte de miles de peces, la contaminación del rio Xingú, el despojo forzado de sus tierras sin una reubicación adecuada y el desarrollo de proyectos productivos inadecuados culturalmente. Líderes de la aldea denunciaron que estos daños afectan en mayor medida a mujeres y niños y niñas. La Comisión también escuchó a representantes de la ciudad de Altamira, la más próxima a la hidroeléctrica. “Resaltamos la importancia de la visita histórica de la Comisión a la Aldea Muratú, y el reconocimiento de los impactos negativos que la represa Belo Monte ha causado en los derechos humanos de los habitantes del Xingú”, expresó Astrid Puentes Riaño, Codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Corresponde ahora al gobierno de Brasil adoptar las decisiones y recomendaciones de la Comisión, cumpliendo con las normas de derecho y la protección de las personas en su país”. En esa visita, las personas afectadas se mostraron especialmente preocupadas por la implementación, el próximo año, de un plan de manejo del caudal del río Xingú, denominado hidrograma de consenso, que dejaría sin agua suficiente para subsistir a las comunidades indígenas y ribereñas de la zona, así como a especies de plantas y animales. “Los comisionados tuvieron la oportunidad de confirmar la gravedad de los impactos y la urgencia de revisar los criterios para definir el caudal residual que el río Xingu debe mantener en la región de la Vuelta Grande para garantizar la subsistencia física y la cultura de los ribereños e indígenas”, comentó Biviany Rojas, del Instituto Socioambiental (ISA). En 2011, las comunidades indígenas y ribereñas del Xingú —representadas por AIDA, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH) y Justiça Global— presentaron una denuncia contra Brasil por el caso ante la CIDH. Ese mismo año, la Comisión otorgó medidas de protección urgente para los pueblos indígenas afectados. El caso inició formalmente en diciembre de 2015 y, en mayo de este año, las organizaciones presentamos nuestros argumentos finales. Con base en ellos y los argumentos del Estado brasileño, la Comisión publicará un informe en el que concluya si hubo o no violaciones a los derechos humanos, pudiendo emitir recomendaciones para que Brasil las repare. Demostrar avances y respeto a los derechos de los pueblos indígenas —en casos como Xucuru, el de los pueblos del Xingú y Guyraroka— representan una oportunidad importante para Brasil hacia el fortalecimiento del estado de derecho y del progreso del país. Contactos de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Isabel Harari (Brasil), ISA, [email protected], +5561998261213
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A Comissão destacou o caso do povo Juruna, da Terra Indígena Paquiçamba (PA), que vive próximo a barragem e sofre graves causadas pela implantação do empreendimento. Rio de Janeiro, Brasil. No encerramento de sua visita ao país, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) chamou a atenção das autoridades e da sociedade em geral para visibilizar, atender e solucionar urgentemente a situação de repetida violação dos direitos humanos dos povos indígenas. A CIDH também destacou o caso do povo Juruna, afetado pelos danos socioambientais causados pela implementação da usina hidrelétrica (UHE) Belo Monte, no Pará. No Brasil, os povos indígenas "sofrem episódios de frequentes episódios de violência e falta de atenção por parte dos serviços públicos, além de enfrentar dificuldades e obstáculos crescentes na demarcação de suas terras",disse Antônia Urrejola Noguera, relatora da CIDH para o Brasil, ao apresenataras conclusões preliminares. "O Brasil tem sido um dos maiores violadores dos direitos humanos dos povos indígenas. Nessa audiência com a CIDH, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) levou esses casos e a preocupação com o cenário político atual, onde o discurso de ódio e racismo tem sido cada vez maior, inclusive pela via institucional" relatou Luiz Eloy Terena, assessor jurídico da Apib. No último dia 7 de novembro, a delegação da CIDH visitou a aldeia Mïratu, na Terra Indígena Paquiçamba, do povo Juruna, uma das comunidades indígenas afetadas pela barragem de Belo Monte. É a primeira vez que a Comissão visita o local. Ali, a CIDH ouviu os depoimentos de indígenas e ribeirinhos que lutam para manter seu modo de vida tradicional apesar da morte de milhares de peixes, da contaminação do Xingu, do despejo forçado de suas terras sem um remanejamento para perto do rio e o desenvolvimento de projetos produtivos inadequados. As lideranças relataram que esses impactos afetam de maneira diferenciada à mulheres e crianças. A Comissão também ouviu representantes da cidade de Altamira. "Nós ressaltamos a importância da visita histórica da Comissão à TI Paquiçamba, , que reconheceu os impactos negativos que Belo Monte causou nos direitos humanos dos habitantes do Xingu", disse Astrid Puentes, codiretora da Associação Interamericana para a Defesa do meio ambiente (AIDA). "Corresponde agora ao governo do Brasil adotar decisões e recomendações da CIDH, cumprindo com normas de direito e à proteção das pessoas de seu país". Durante a visita as pessoas se mostraram particularmente preocupadas com a implementação, no próximo ano, do plano de manejo para o fluxo do rio Xingu, chamado de Hidrograma de Consenso. O hidrograma não prevê um fluxo de água suficiente que garanta a sobrevivência das comunidades indígenas e ribeirinhas da região, e pode levar à extinção diversas espécies de plantas e animais. "Os comissionários tiveram a oportunidade de confirmar a gravidade dos impactos e a urgência de revisar os critérios para definir a vazão residual que o rio Xingu deve manter na região da Volta Grande para garantir a subsitência física e cultura dos ribeirinhos e indígenas", comenta Biviany Rojas, Instituto Socioambiental (ISA). Em 2011, as comunidades do indígenas e ribeirinhas do Xingu, representadas pela AIDA, Sociedade Paraense para a Defesa dos Direitos Humanos (SDDH), Movimento Xingu Vivo para Sempre, Prelazia do Xingu, CIMI e Justiça Global, apresentaram uma denúncia contra o Brasil pelo caso. No mesmo ano, a Comissão concedeu medidas urgentes de protecção aos povos indígenas afetados. O caso foi iniciado formalmente em dezembro de 2015 e, em maio deste ano, as organizações apresentaram os argumentos finais. Com base nesse documento e nos argumentos do estado brasileiro, a Comissão publicará um relatório no qual concluirá se houve ou não violações aos direitos humanos, podendo emitir recomendações de reparação que deverão ser cumpridas pelo Brasil. Contatos de Imprensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], + 521 5570522107 Isabel Harari (Brasil), ISA, [email protected], + 5561998261213
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