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John Burns / NOAACorte pone fin a la matanza "legal" de la tortuga marina verde
En febrero de 1999, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica decretó la suspensión de la matanza "legal" de la tortuga marina verde. El fallo marca una importante victoria para la conservación de esta especie en peligro de extinción y potencialmente para otras especies también desamparadas en sus países de origen.
Costa Rica tiene el privilegio y la responsabilidad de ser refugio de una de las más grandes poblaciones de esta especie de tortuga marina en el océano Atlántico. Cada dos o tres años, hembras de tortuga marina verde, muchas de ellas con decenas de años de edad, se arrastran lentamente desde su hábitat en el océano hasta sus nidos sobre una playa de 35 kilómetros entre el Tortuguero y el Río Parismina.
En lugar de proteger plenamente a estos ancestrales visitantes, Costa Rica tenía una ley que permitía la captura y matanza de casi dos mil tortugas marinas al año. Desafortunadamente, los cazadores furtivos explotaron esta norma para matar muchas más tortugas de lo permitido, poniendo así en riesgo lsu supervivencia.
Como respuesta a la inacción del Gobierno costarricense y para salvaguardar a la tortuga marina verde, AIDA, a través de CEDARENA, nuestra organización participante en Costa Rica, inició una batalla legal para eliminar esa ley.
AIDA y CEDARENA argumentaron que la ley violaba las garantías constitucionales costarricenses del derecho a un medioambiente sano y “ecológicamente equilibrado”; presentando fuerte evidencia de que la norma producía un impacto oculto en las tortugas marinas verdes. La Corte falló a favor a favor de las ONG y eliminó la ley.
La sentencia en sí misma no termina con las amenazas que se ciernen sobre las tortugas marinas verdes. Sin embargo, posiblemente sí proporcione el tiempo y el espacio que los conservacionistas necesitan para poder concentrarse en intervenir y detener su caza furtiva. ¡Ojalá lo logren!
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“Son parte de mi ser”, dice Leydy Araceli Pech Martin de sus abejas. Las alimenta con dulce de calabaza y se identifica con ellas. Verlas cómo se organizan y trabajan en la colmena para producir miel, reafirma su confianza en la acción colectiva. En su pueblo natal, Ich Eq —nombre que en maya significa “Ojo de Estrella”—, municipio de Hopelchén, en el estado mexicano de Campeche, las familias viven de esa forma: unidas y apoyándose entre sí. De todos los objetivos que Leydy comparte con su comunidad, quizás el más vital sea la defensa de su territorio y sus modos de vida tradicionales, amenazados por la creciente deforestación y por la contaminación tóxica proveniente de la agricultura industrial. La expansión del cultivo de soya en Hopelchén está terminando con grandes extensiones de selva tropical y esparciendo de manera indiscriminada pesticidas nocivos para la salud humana y para el ambiente, en especial para aquellos ecosistemas de los que dependen las abejas, así como las y los apicultores de la zona. Derribando obstáculos De mirada dulce y voz suave, Leydy es una mujer muy ágil. Puede hacer muchas cosas al día. Distribuye su tiempo entre cuidar a sus abejas, realizar labores domésticas, atender a su mamá y a su tío, y estar pendiente de su hijo, Diego Alberto, de 17 años. También atiende el pequeño negocio de Koolel-Kab (“mujeres que trabajan con abejas”), una organización que ella y otras mujeres de Hopelchén fundaron en 1995. Con ellas comparte la crianza y preservación de la abeja melipona beecheii, una especie silvestre sin aguijón que ha sido domesticada por los pueblos mayas de México desde hace cientos de años. De esta abeja se obtienen varios productos —miel, jabones y cremas— que se venden en la tienda de la organización. Pero dedicarse a la apicultura, actividad que su abuelo le enseñó y que en la zona es realizada mayormente por hombres, no le ha sido fácil. Al comienzo, Leydy y sus compañeras fueron subestimadas. “Nos decían que no íbamos a lograr nada, poco a poco fuimos demostrando nuestras capacidades; los señores vieron resultados y reconocieron públicamente que la organización era un ejemplo de lucha”, cuenta. Las mujeres de Koolel-Kab trabajan también por el reconocimiento y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas de la zona. Leydy recuerda que esa lucha comenzó cuando se dio cuenta que otras personas estaban decidiendo sobre el territorio y los recursos naturales de su pueblo, sobre las oportunidades de trabajo y de una mejor calidad de vida para los más jóvenes. Menonitas y empresarios agroindustriales están cultivando soya genéticamente modificada en Hopelchén, deforestando selva y poniendo en riesgo la salud de las personas. El gobierno mexicano autorizó el cultivo sin consultar a las comunidades afectadas. Y, aunque la justicia reconoció esta vulneración de derechos humanos, la siembra ilegal de ese tipo de soya no ha cesado y la siembra de soya tradicional se ha expandido. Un problema relacionado es la fumigación aérea de los cultivos con una mezcla de químicos que no se queda en los campos, sino que llega a casas, fuentes de agua y flores. “No me puedo quedar de brazos cruzados cuando sé lo que está pasando, se ha vuelto una responsabilidad, no hacer nada sería como traicionar mi propia identidad”, dice Leydy con la firmeza que la caracteriza. La búsqueda de justicia es lo que la mueve. Pero también en esa lucha ha tenido que derribar barreras. “Vivimos en un mundo donde solo los hombres pueden hablar, tomar decisiones. Yo he roto con eso y me han cuestionado”. La organización de mujeres mayas forma parte del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, que ha presentado acciones legales nacionales e internacionales para frenar los daños de la agroindustria. AIDA, junto con organizaciones aliadas, apoya esos esfuerzos y ha llevado el caso, en representación de las comunidades, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La fuerza de la unión La fortaleza del Colectivo está en su unidad. De eso Leydy está convencida. Quienes lo conforman trabajan por las necesidades de sus propias comunidades, pero también están en proceso de verse como uno solo, algo que no solo aplica a los pueblos de Campeche sino a los de los estados cercanos de Yucatán y Quintana Roo. “Los mayas somos muchos, cada cosa que hemos logrado no es para una sola persona, es para todos”. Leydy contagia su liderazgo y su capacidad de trabajar en equipo. Su hijo, Diego Alberto, es parte de ese esfuerzo conjunto. “Él se siente contento, sabe mucho de abejas y tiene sus propias iniciativas”. Como Diego Alberto, otros miembros jóvenes de la familia de Leydy se dedican ahora a la apicultura. “Eso me dice que estoy haciendo bien las cosas”, dice orgullosa.
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Al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, C. Andrés Manuel López Obrador A las y los integrantes del gabinete del Poder Ejecutivo Federal A la opinión pública Considerando – Que el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “La planeación (del desarrollo nacional) será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo”. – Que el gobierno federal que tomó posesión el primero de diciembre pasado ha hecho declaraciones a favor de la participación de la ciudadanía en las decisiones trascendentales que afectan la vida pública del país. – Que el Plan Nacional de Desarrollo es un documento rector, a partir del cual se derivan todos los programas de política pública del gobierno federal. El conjunto de organizaciones que suscriben este comunicado solicitan al C. Presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gabinete que se abran espacios de participación ciudadana para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. El proceso debe ser completamente distinto al realizado por la administración pasada, el cual se caracterizó por la generación de espacios que no tuvieron realmente en cuenta las preocupaciones planteadas desde sociedad civil. Por lo anterior, solicitamos que para los temas principales de la agenda pública se establezcan mesas de diálogo entre actores de la sociedad civil y gobierno, cuyas conclusiones tengan incidencia efectiva sobre el Plan Nacional de Desarrollo para tener reales mecanismos de participación democrática y deliberativos, tal como lo establece nuestra Carta Magna. Atentamente Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA CartoCrítica, investigación, mapas y datos para la sociedad civil Centro Mexicano de Derecho Ambiental Centro para la Diversidad Biológica Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible Fundar, Centro de Análisis e Investigación Greenpeace México Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) Reforestamos México
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En los aniversarios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo (4 de diciembre), la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos (9 de diciembre) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre), grupos de la sociedad civil de todo el mundo llaman la atención sobre las amenazas únicas que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en el contexto de los megaproyectos y otras intervenciones de desarrollo. Las personas defensoras de los derechos humanos son una fuerza crítica para la protección de los derechos humanos y son parte integral para lograr el desarrollo sostenible. Son vitales para proteger la tierra y el medio ambiente, asegurar condiciones de trabajo justas y seguras, combatir la corrupción, respetar las culturas tradicionales y hacer responsables a los gobiernos. Sin embargo, aquellas personas que expresan sus opiniones o buscan incidir en el desarrollo y las inversiones son estigmatizados de manera rutinaria como “anti-desarrollo”, y están sujetos a hostigamiento judicial, amenazas y ataques violentos. Desde la adopción de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos hace 20 años, se estima que unas 3.500 personas defensoras de los derechos humanos han sido asesinadas por su labor pacífica en la defensa de los derechos de los demás. Sólo en 2017, al menos 312 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron asesinados, 67 por ciento de los cuales trabajaban en defensa de la tierra y el territorio en el contexto de grandes inversiones, industrias extractivas y grandes empresas. Hoy en día, los mismos gobiernos que adoptaron estos importantes instrumentos de derechos humanos pueden en realidad socavar esos esfuerzos a través de las acciones de sus bancos nacionales de desarrollo o la cooperación bilateral y multilateral para el desarrollo. Cuando las intervenciones de desarrollo ignoran los derechos humanos, o se imponen a las comunidades sin su consentimiento o participación, a menudo no logran generar desarrollo o reducir la pobreza, y en su lugar terminan contribuyendo a abusos de los derechos y poniendo a las personas defensoras en riesgo. Es por eso que la Campaña Personas Defensoras en el Desarrollo hace un llamado a los bancos de desarrollo, los Estados y otros actores del desarrollo para que cumplan con estos aniversarios de derechos humanos, destacando el importante papel que desempeñan las personas defensoras en el desarrollo sostenible y comprometiéndose públicamente a: Asegurar que las intervenciones de desarrollo apoyen la realización de los derechos humanos y eviten abusos, Promover un entorno propicio para la participación pública en los procesos de desarrollo, y Tomar las medidas necesarias para salvaguardar a las personas defensoras en el contexto de las actividades de desarrollo. Lea la Carta Abierta firmada por más de 200 grupos Encuentre aquí más información
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