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John Burns / NOAACorte pone fin a la matanza "legal" de la tortuga marina verde
En febrero de 1999, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica decretó la suspensión de la matanza "legal" de la tortuga marina verde. El fallo marca una importante victoria para la conservación de esta especie en peligro de extinción y potencialmente para otras especies también desamparadas en sus países de origen.
Costa Rica tiene el privilegio y la responsabilidad de ser refugio de una de las más grandes poblaciones de esta especie de tortuga marina en el océano Atlántico. Cada dos o tres años, hembras de tortuga marina verde, muchas de ellas con decenas de años de edad, se arrastran lentamente desde su hábitat en el océano hasta sus nidos sobre una playa de 35 kilómetros entre el Tortuguero y el Río Parismina.
En lugar de proteger plenamente a estos ancestrales visitantes, Costa Rica tenía una ley que permitía la captura y matanza de casi dos mil tortugas marinas al año. Desafortunadamente, los cazadores furtivos explotaron esta norma para matar muchas más tortugas de lo permitido, poniendo así en riesgo lsu supervivencia.
Como respuesta a la inacción del Gobierno costarricense y para salvaguardar a la tortuga marina verde, AIDA, a través de CEDARENA, nuestra organización participante en Costa Rica, inició una batalla legal para eliminar esa ley.
AIDA y CEDARENA argumentaron que la ley violaba las garantías constitucionales costarricenses del derecho a un medioambiente sano y “ecológicamente equilibrado”; presentando fuerte evidencia de que la norma producía un impacto oculto en las tortugas marinas verdes. La Corte falló a favor a favor de las ONG y eliminó la ley.
La sentencia en sí misma no termina con las amenazas que se ciernen sobre las tortugas marinas verdes. Sin embargo, posiblemente sí proporcione el tiempo y el espacio que los conservacionistas necesitan para poder concentrarse en intervenir y detener su caza furtiva. ¡Ojalá lo logren!
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Respaldo internacional a la creación de grupo de expertos para investigar el asesinato de Berta Cáceres en Honduras
Las organizaciones firmantes del pronunciamiento apoyamos la creación del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), que surge para colaborar en la investigación por el asesinato de Berta Cáceres Flores, y la tentativa de asesinato contra el defensor de derechos humanos Gustavo Castro Soto. Desde que Berta, lideresa y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue brutalmente asesinada el 2 de marzo de 2016, hemos acompañado la demanda de su familia, del COPINH y de la sociedad hondureña por conocer la verdad y porque haya justicia. En ocasiones anteriores, hemos hecho llamados al Estado hondureño para que realice una investigación independiente y exhaustiva que asegure la identificación, juzgamiento y sanción de los responsables, tanto materiales como intelectuales. En este sentido, preocupa que, pese a las numerosas solicitudes de actores nacionales e internacionales, las autoridades han guardado silencio y hasta la fecha continúan impidiendo la participación plena de los familiares y víctimas. Asimismo, preocupa que las investigaciones actuales no sugieren claridad sobre la autoría intelectual ni sobre los diferentes niveles de participación de quienes están imputados. Ante este panorama, la participación del GAIPE, conformado por profesionales expertos e independientes, constituye una iniciativa importante que permitiría hacer una lectura objetiva del proceso y apoyar para lograr una mayor rigurosidad en las investigaciones, de conformidad con los estándares internacionales. Cabe recordar que la participación de expertos y expertas internacionales en procesos internos ha sido clave para impulsar cambios estructurales en diversos países, en este sentido, se puede citar como experiencia reciente el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) en México. En el caso de Honduras, las organizaciones esperamos que este equipo pueda brindar recomendaciones, entre otras cosas, para superar las causas que promueven la impunidad en los delitos contra defensores y defensoras de derechos humanos. También solicitamos garantizar las medidas de seguridad para que tanto integrantes como colaboradores del GAIPE, puedan desarrollar sus actividades sin injerencias indebidas. Finalmente, exhortamos a las autoridades a dar acceso a la investigación en curso así como aprovechar esta oportunidad de colaboración y mantener una actitud receptiva y transparente que brinde legitimidad al proceso y devuelva la confianza a las víctimas y a la sociedad hondureña, así como a la comunidad internacional.
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HOY, más que nunca, necesitamos seguir trabajando por la justicia y la protección del planeta
Quienes trabajamos para proteger nuestro planeta, para mejorar el ambiente en el que vivimos, para preservar nuestras fuentes de agua, y para concretar acciones que contrarresten efectivamente el cambio climático, estamos convencidos que ante los resultados de las elecciones en Estados Unidos, nuestro trabajo es más necesario que nunca. Es igual de esencial el involucramiento de cada uno de ustedes para lograr la justicia ambiental. Hoy, especialmente, reiteramos nuestro compromiso con la justicia, con el ambiente y con los derechos humanos. Cada una de las personas que trabajamos en AIDA estamos comprometidas con hacer de nuestro planeta un lugar mejor para vivir. Estamos conscientes que la tarea es dura. Tenemos la responsabilidad histórica de mostrar que podemos encontrar soluciones pacíficas que aseguren un futuro promisorio para las generaciones presentes y futuras. Trabajar juntos es HOY un imperativo. Es necesario que todos reaccionemos al unísono, nos involucremos y colaboremos para construir la esperanza y el camino hacia un futuro pacífico, próspero, respetuoso y tolerante; un futuro en el que las y los guardianes de la naturaleza sigan cumpliendo esa tarea, conservando su cultura y sus modos de vida. ¡Agradecemos el apoyo y la solidaridad de cada uno de ustedes, algo que nos llena de energía para juntos seguir adelante!
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Lucha contra el cambio climático: Tiempo de convertir las promesas en acciones
El Acuerdo de París contra el cambio climático comenzó a regir hoy y con él la implementación efectiva de los compromisos que los países del mundo, desarrollados y en camino de serlo, hicieron para contrarrestar el problema. Esos aportes nacionales hicieron posible el consenso global y ahora no pueden ser menos ambiciosos, pero sí mejores. El 5 de octubre, los países de la Unión Europea ratificaron el Acuerdo de París adoptado en la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de diciembre de 2015. De ese modo se alcanzó la ratificación de al menos 55 países que juntos representaran el 55 por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, requisito para la entrada en vigor del acuerdo. Esa vigencia es un logro político global importante al que contribuyeron varios países de América Latina que ratificaron el acuerdo de forma temprana: Argentina, Bolivia, Brasil, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú, entre otros. Luego, China y Estados Unidos, los más grandes emisores mundiales, también le dijeron sí al nuevo pacto por el clima. Ahora todos los países que ratificaron el Acuerdo de París pueden poner en marcha sus compromisos nacionales contra el cambio climático, aquellos que presentaron como aportes para la adopción del acuerdo el año pasado. Los compromisos incluyen, entre otras cosas, reducción de emisiones contaminantes, financiamiento de acciones climáticas, actividades de adaptación y mitigación. “Estas contribuciones son legalmente vinculantes y solo podrán ser mejoradas, aumentando así la ambición de las medidas establecidas en las mismas, pero ya no se podrá ir hacia atrás en ellas”, explica Andrea Rodríguez, abogada de AIDA. Para que los compromisos sean una realidad, en cada país se tienen que impulsar acciones orientadas a contar con las normas necesarias y con instituciones fortalecidas. Así se podrán implementar con éxito estrategias climáticas de las que salgan programas, proyectos y tareas específicas de adaptación y mitigación. Desde el punto de los recursos económicos, aquellos de los que dependen los países más vulnerables para hacerle frente a los impactos de los cambios extremos en el clima, la puesta en vigencia del Acuerdo de París puede resultar en un marco financiero internacional más solido, predecible y transparente. Contar oportunamente con dinero suficiente y administrado adecuadamente es clave para que los compromisos se concreten y sean cada vez más ambiciosos. “La entrada en vigor del Acuerdo de París es hito a nivel mundial para al fin comenzar la transformación urgente de la economía y la sociedad hacia un futuro realmente sostenible; la evidencia irrefutable de los impactos del cambio climático nos obliga a ejercer la responsabilidad histórica de actuar rápido y mostrar resultados”, afirma Astrid Puentes, codirectora de AIDA. “América Latina debe demostrar su liderazgo mundial, implementando soluciones adecuadas y alejándose de decisiones anticuadas que aumentan la vulnerabilidad de nuestros países, sacrifican el desarrollo y afectan aún más a personas y comunidades”.
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